En México, y supongo que en varios países latinoamericanos, pocas cosas otorgan tanta impunidad para declarar e infringir la ley como una sotana. Apenas el martes aquí mismo recogimos una frase del cardenal Norberto Rivera, quien se refirió a los periodistas como “prostitutos y prostitutas de la comunicación”, por lo que se ha venido publicando sobre las actividades ilícitas de algunos sacerdotes.
Llama la atención que el respaldo a los insultos del jerarca haya salido, no de las organizaciones católicas alineadas con los intereses del cardenal, sino del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien llamó a los medios a ser tolerantes con las expresiones del líder religioso y a quienes reprendió:
“No se vale que en un momento dado se desprestigie a organizaciones y a personas, simplemente porque puede aparecer alguna situación que no está comprobada y que simplemente forma parte de una nota negra, de una nota dura”.
El encargado de la política interna del país se equivoca. No se trata de inventos ni de descalificaciones gratuitas para desprestigiar a nadie. Para hablar sólo de los dos casos más notables, en contra de Norberto Rivera existen denuncias formales por encubrimiento del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, mientras que el Vaticano decidió disciplinar en mayo de 2006 a Marcial Maciel por sus “debilidades”. ¿Dónde está la difamación? ¿Desde cuando se decretó que informar en este país sea un acto deleznable? Claro está que no se puede ser autoridad y militante religioso al mismo tiempo. El secretario actúa como lo segundo.
