trans.jpg El próximo mes de marzo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal iniciará un nuevo y controvertido debate. Los diputados de Alternativa Socialdemócrata intentarán sacar adelante una iniciativa en materia de derechos de transexuales, travestis y transgéneros, de modo que cualquier ciudadano tenga el derecho de decidir su personalidad jurídica y cambiar ante la ley de sexo.

Sin embargo, la propuesta va más allá, pues prevé que quien decida hacerlo, pueda someterse, de manera legal y oficial, a un tratamiento médico y quirúrgico que le permita cambiar su sexo, de manera gratuita.

La iniciativa, como otras anteriormente aprobadas en la propia Asamblea, ciertamente plantea el reconocimiento de derechos de una minoría, pero presenta un aspecto áspero: más allá del reconocimiento legal de la identidad de quienes puedan beneficiarse con las reformas a la ley a muchos no termina de convencerles que el gobierno pague con dinero de los contribuyentes un proceso de cambio de sexo a entre 200 y 250 solicitantes al año, según datos del impulsor de la iniciativa.

Vaya, pues, el propio Manuel Mondragón, secretario de Salud del DF, ha dejado ver que el sistema de salud de la capital no cuenta con los especialistas ni el equipo médico; incluso afirma que los estudios y resultados que conoce sobre este procedimiento son poco promisorios, particularmente en las reacciones psicológicas y emocionales que desarrollan los pacientes. El debate se abre y afortunadamente hasta ahora la posición de los viejos guardianes de la moral no ha ensuciado la discusión.