urge-tarifa.jpg Este lunes, 22 mil microbuseros de 76 rutas de transporte amenazaban con poner de cabeza a la Ciudad de México. Esta vez el amago no incluiría bloqueos ni cierres de vialidades, sino que se limitaría a la suspensión del servicio con el único fin de lograr un aumento a la tarifa que actualmente cobran.

Ayer domingo, el paro que afectaría a 6 millones de personas quedó conjurado. Las autoridades capitalinas cedieron y se comprometieron a revisar las tarifas el próximo mes de marzo, aunque en teoría los concesionarios tendrían que cumplir con algunas condiciones como la sustitución de las unidades viejas, poner en marcha nuevos sistemas de recaudación, operar sólo en rutas autorizadas, con paradas fijas y capacitarse —lo que quiera que eso signifique.

Dos aspectos son destacables en esta negociación. Los usuarios experimentarán el golpe al bolsillo antes que ver cualquier cambio en el servicio, además de que nada garantiza que con la nueva tarifa en la bolsa de los microbuseros, tales compromisos —que por cierto datan de hace muchísimo tiempo— se cumplan. Por otro lado, una vez concretado el aumento, es la idea de instrumentar un nuevo régimen que garantice la actualización de la tarifa cada año, indexándola a la inflación, lo que evitaría nuevos jaloneos que pongan en medio de la disputa a los usuarios.

Tanto decir que no, para ceder al chantaje.

Enlace: Microbuseros obligan a GDF a revisar tarifas.