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Desde hace un tiempo, el actual gobierno de México ha decidido declararse en contra del crimen organizado que reinaba en el país, y como muestra de ello en sus discursos oficiales, anuncios y comunicados nos recuerdan que la “lucha contra el crimen organizado y la inseguridad” día a día se recrudece.

Personalmente he sido testigo de ello, los operativos que en Nuevo León y Michoacán se han realizado, han arrojado resultados que hasta hoy sorprenden mucho. Lejos de alarmarnos o sorprendernos, sabemos son muchos los funcionarios públicos que están relacionados, de una manera u otra con ilícitos y crimen, pero nunca habíamos sido testigos de que la Justicia les llegara como marea alta.

El día de hoy se da a conocer que tras detenciones, pesquisas y averiguaciones de ilícitos, 27 funcionarios y alcaldes fueron acusados de proteger al cartel de “La Familia Michoacana.”

A la vista de todos salta que entre los detenidos se encuentran 7 presidentes municipales y 5 colaboradores muy cercanos del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Entre ellos están su ex asesora y ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández González; el también ex procurador de Justicia, Miguel García Hurtado; y el ex director de Formación Policial, Mario Bautista Ramírez.

Desde mi punto de vista figuras de mucho peso en la impartición de justicia y gobierno del Estado. Esto deja ver que si estos altos mandos tenían relaciones con el narco, no es una locura mencionar que el Estado de Michoacán estaba gobernado por los criminales.

El artículo que leí en El Universal está por demás interesante, y sin pensarlo dos veces hago la pregunta: si esto pasó en el estado de Michoacán ¿qué sucederá en los estados de la frontera norte? No quiero ni imaginarlo.

Foto: El_Enigma