A pesar de los avances a raíz de la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, México aún tiene niveles muy bajos en transparencia. De acuerdo a un estudio realizado por Fundar: Centro de Análisis e Investigación y Article 19, 17 estados de la República tienen calificaciones reprobatorias en acceso a la información mientras que los resultados a nivel nacional tampoco son muy alentadores.

Para llegar a estas conclusiones, se midieron los alcances de la legislación federal y de las diversas legislaciones locales en la materia de transparencia. Se compararon entre sí y con las leyes de otros países. Además se midió con qué fidelidad se ajustan las legislaciones locales a lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo sexto. Dicho artículo establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado.”

Como resultado, Guerrero, Baja California Sur, Querétaro, Baja California, Quintana Roo y Sonora, en escala de 0 a 1, obtuvieron puntajes menores a los 0.53 puntos de acuerdo al Índice del Derecho al Acceso a la Información en México. Los otros once estados reprobados son: Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo al estudio, las principales causas de las bajas calificaciones son:

  • La falta de mecanismos de designación que permitan garantizar la independencia de las y los comisionados o consejeros de información para realizar el mandato de protección del Derecho de Acceso a la Información.
  • La ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia.
  • La complejidad de los requisitos para solicitar información y el elevado costo del acceso a la misma. Por ejemplo, algunas legislaciones como las de Baja California Sur, Durango y Guerrero todavía no prevén ni siquiera sistemas electrónicos como parte de los medios para ingresar solicitudes de información.
  • La exclusión de algunas organizaciones que reciben financiamiento público: los partidos políticos quedanfuera de las obligaciones y muy pocos estados consideran a los sindicatos como sujetos obligados por ley.

A nivel nacional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información tuvo una evaluación de 0.65.

Si bien es responsabilidad de lo gobiernos locales y federal crear los mecanismos y herramientas de accesoa la información, también es deber de los ciudadanos exigir calidad en dichos servicios. Hay leyes de transparencia estatales que ni siquiera cuentan con disposiciones logísticas ni aclaran la forma en al que los funcionarios de dichas instituciones serán electos.

Recordemos que son nuestros representantes los que aprueban esas leyes, que son nuestros impuestos los que pagan sus sueldos y que, básicamente, trabajan para y por nosotros. Debemos exigir que cumplan con su trabajo y con su compromiso hacia los electores.

Foto: Banksy | Vía Cine Premiere