Desde hace cinco años, los mexicanos se han unido a otros migrantes latinoamericanos en Illinois para exigir mayores derechos para la comunidad latina en dicho estado. Este año, además, se manisfestarán en contra de la “caza” de migrantes ilegales en Arizona.

Ya sea por la falta de la reforma migratoria que prometió Barak Obama o por simple prejuicio local, el senado de Arizona aprobó una ley que permite detener e interrogar a cualquier persona que parezca haber entrado al país de manera ilegal. La ley básicamente criminaliza a los migrantes ilegales.

Aclaremos algo: la migración ilegal ya es considerada un delito en Estados Unidos. Sin embargo es un delito administrativo para el cual el único castigo es la deportación. De aprobarse esta ley, Arizona sería el primer estado en convertir la migración ilegal en un delito del tipo penal. Esto significa que se puede penar con cárcel.

Arturo Sarukhán, embajador mexicano en Estados Unidos, ya se pronunció en contra de la ratificación de esta ley por parte de la gobernadora Jan Brewer. También movilizó a la población mexicana en Estados Unidos a través de los consulados y alertó a los consultores legales. Cuenta con cinco días antes de Brewer se vea obligada a tomar acción. La gobernadora puede promulgar o vetar la ley, pero si no toma acción alguna la propuesta se convertirá automáticamente en ley estatal.

Es claro que Estados Unidos debe defender su territorio y debido a los altos índices de violencia en México, es lógico para los estadounidenses asumir que algunos de los migrantes son culpables de la alza en los niveles de violencia en su país. Sin embargo, ¿le conviene a Estados Unidos en general tomar este tipo de medidas?

Desde mi punto de vista, no. Para empezar, es extremadamente caro detener mexicanos en la frontera, y si a esto sumamos los costos administrativos de mantenerlos encarcelados e interrogarlos, a la larga se volverá insostenible. Además, muchos migrantes ilegales llevan años en ese estado y tienen hijos nacidos ahí y con ciudadanía estadounidense. ¿Es lo mejor para los niños ser puestos al cuidado de trabajadores sociales mientras sus padres cumplen una condena por entrar al país de manera ilegal? No lo creo. Es cierto, Arizona debe velar por los intereses de sus ciudadanos, pero esos niños también lo son y no es lo mejor para ellos ser separados de sus padres.

Quedan cinco días para decidir el destino de la propuesta y de los migrantes latinoamericanos en Arizona. De ser aprobada, podría sentar precedente y servir a otros estados para proceder de la misma forma. Pero si es vetada, puede convertirse en una importante base del debate migratorio en Estados Unidos.

Foto: Inmigración al Día