Si bien el panorama para el Gobierno Federal no pinta nada bien, y menos con los recientes acontecimientos que ensombrecen la opinión aún del más optimista, en su lucha contra las prácticas monopólicas se siguen dando pasos, con ello nos referimos a la ratificación por parte de La Comisión Federal de Competencia (CFC) de las multas por un total de 150 millones de pesos a seis empresas farmacéuticas bajo el cargo de colusión (es decir, acuerdo secreto de dos o más empresas para perjudicar a otras) contra el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las empresas involucradas habían esgrimido el recurso de reconsideración ante la resolución dictada el pasado mes de febrero, argumentando que sus medidas correspondían a acciones unilaterales basadas en previsiones sobre el comportamiento de los competidores y no favoreciendo prácticas monolópicas, mismo que fue desechado por mayoría de votos por el pleno de la CFC.

La técnica utilizada por las farmacéuticas era la siguiente: la empresa ganadora incrementaba el precio en licitaciones posteriores para dar paso a otro ganador (que a su vez ofrecía una cotización similar a la ofrecida por el ganador de la licitación anterior), ello explicable si hay colusión entre competidores asegurando una secuencia preestablecida de posturas ganadoras y perdedoras, en este caso en perjuicio del IMSS.

A pesar de lo contundente de la resolución, una de las empresas afectadas, Eli Lilly México considera que no están obligadas a pagar ya que la CFC no puede ser juez y parte, e iniciarán un proceso legal “para hacer valer su inocencia”, según declaraciones de su Director general, Carlos Baños. Y a como suelen cocinarse las cosas en este país, no dudemos lo consigan.

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