Mañana es la infame fecha de entrada en vigor de la SB 1070, mejor conocida como “Ley Arizona” y que convierte en delito del fuero penal a la migración ilegal en el estado del cual toma su nombre. Desde su aprobación en el senado estatal y antes de la ratificación por parte de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, esta nueva legislación se enfrentó al repudio no sólo de los migrantes legales e ilegales en Estados Unidos, sino a los gobiernos de sus países de procedencia (entre ellos México), quienes exigieron al gobierno estadounidense tomar cartas en el asunto.

Debido al grado de autonomía que poseen las entidades en Estados Unidos, su presidente, Barak Obama, no podía simplemente vetar la ley. Lo que sí se podía hacer, y de hecho se hizo, era mandar un proyecto a la Suprema Corte alegando que la ley violentaba las libertades individuales y esperar que los jueces tomaran una decisión que retrasara la aplicación de esta ley o que la invalidara parcial o totalmente.

El día de hoy, después de meses de deliberación, la juez federal Susan Bolton decidió bloquear las partes más polémicas de la ley. Aunque aún no se anuncia cuáles fueron esos fragmentos, Bolton declaró que basó su decisión no por apoyar la migración ilegal, sino porque la ley daba un margen muy amplio de maniobra a los agentes migratorios, lo cual podría causar diversos atropellos a las libertades humanas:

Hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley. Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que sólo el gobierno federal tiene autoridad para imponer.

Que algo quede claro, suspender ciertas partes de esa ley no significa que la migración deje de ser un delito, simplemente se redujo la posibilidad de hacer más fuerte la discriminación racial en Arizona. El que esta ley haya sido debilitada tampoco significa que los gobiernos mexicano y estadounidense puedan dejar de hacer su trabajo en lo que a la migración ilegal respecta.

Por el contrario. Esto nos ha demostrado que debemos hacer todo lo posible por reducir la migración ilegal y que debemos crear más oportunidades para los mexicanos en su propio país. O como dijo el presidente Felipe Calderón ante el Congreso estadounidense hace meses:

México no es un país que celebre el éxodo de sus ciudadanos; tampoco es un país que celebre la violación de las leyes locales y nacionales de su vecino del norte. Pero la solución al problema migratorio pasa por la prosperidad económica mexicana que pasa, inevitablemente, por la prosperidad de Estados Unidos.

Foto: El Economista