Hay personas importantes que ocupan cargos que requieren de una detallada atención a lo que dicen, lo que callan, cuándo, dónde, et cetera. Para evitar lamentables y casi siempre irremedialbes metidas de pata, existen profesionales que pueden ser contratados para dar asesoría en este sentido. Muchas de esas personas importantes parecen no hacer uso, o hacer caso omiso, de los consejos de dichos profesionales.

Ayer, el cardenal Norberto Rivera calificó de “aberrante” el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la legalización y constitucionalidad de matrimonios homosexuales en el Distrito Federal. Dijo también que “las injusticias cometidas en contra de las personas homosexuales no deben ser justificación para otorgar falsos derechos”.

La declaración fue hecha de manera escrita y leída por un matrimonio heterosexual al término de una misa en la Catedral Metropolitana: “Las uniones de facto o legaloides de personas del mismo sexo son intrínsecamente inmorales, pues contradicen el proyecto divino y desvirtúan la naturaleza del matrimonio elevado por Cristo a la dignidad de sacramento.”

Rivera no toma en cuenta varios puntos muy relevantes: el matrimonio no es una institución creada por la iglesia; el matrimonio civil es un tema de igualdad de derechos, no de calidad moral de nada ni de nadie; la iglesia y el Estado se separaron hace muchos años, por lo tanto el matrimonio civil no tiene nada que ver con el matrimonio religioso; México es un Estado laico, y eso significa que ni la educación ni las leyes ni las políticas públicas tienen por qué considerar la postura de ninguna institución religiosa.

¿Algún gobernador o presidente emite opiniones públicas sobre quién debe comulgar y quién no, sobre qué debe considerarse pecado o cuál de los sacramentos necesita actualizarse? No. Entonces, ningún miembro del clero debe hacer declaraciones públicas sobre quién debe o no casarse por lo civil, o sobre qué grupo de personas califica como una familia y debe ser reconocida como tal por el Estado. La iglesia no tiene por qué tomarse atribuciones que le competen únicamente al Estado. Su autoridad termina donde se cierra la puerta del templo.

Imagen: Correo.