Los crímenes de odio son definidos como ataques contra una persona por pertenecer a algún grupo social por su edad, raza, etnia, religión, género, nacionalidad u orientación sexual. El asesinato de Bárbara Lezama en la capital de Puebla ha causado revuelo dentro de la comunidad LGBT de dicha ciudad, quienes sospechan que este delito pudo haber sido motivado por transfobia.

El transexual fue encontrado muerto en su departamento con huellas de ahorcamiento y golpes en el cuerpo. La Red de Democracia y Sexualidad (Demysex) ha condenado este homicidio y ha solicitado a las autoridades que conduzcan una investigación seria para esclarecer el caso. Así mismo, han exigido que no se asuma el típico “crimen pasional” sin realizar las indagaciones pertinentes.

En un país donde la discriminación por orientación sexual está a la orden del día, Puebla es considerado como uno de los estados con mayor índice de homofobia, no sólo dentro de la ciudadanía, sino también desde el aparato gubernamental. Hace tan sólo un mes, Guillermo Almazán, titular del Instituto Poblano de la Juventud, propuso la creación de un centro de rehabilitación para los homosexuales en el estado. Otro incidente ocurrió cuando Aldo Cruz Pérez, entonces director de los Centros de Readaptación Social (Ceresos), emitió comentarios homofóbicos en un acto oficial, que a la postre le costaron el trabajo.

El gobierno poblano, encabezado por Rafael Moreno Valle, tiene ante sí una cuenta pendiente con la comunidad LGBT. Si bien el PRD ha lanzado una iniciativa para establecer sociedades de convivencia en la entidad, dicha propuesta ha sido acusada de ser una mera simulación, condenada a perderse entre la burocracia partidista. Ahora, habrá que enfocarse también en no permitir los crímenes de odio por homofobia, pues desairarlos sólo suma una raya más al tigre en cuestiones de discriminación en la entidad.

Imagen: Pretty Rockless