Imagine la siguiente situación: una adolescente de 14 años sufre de acoso sexual por parte de uno de sus familiares. Cansada, decide acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia. Al llegar, el responsable la mira con recelo. La cuestiona sobre cómo se daba este acoso. La niña señala que era una actitud que se repetía constantemente, a lo que el funcionario responde que, si se dio de forma reiterada, es porque había consentimiento por parte de ella (?). Al final, el MP desestima la acusación, preguntándole a la joven si no considera que se vestía de manera muy provocativa.

Esta historia es completamente real. Mario Patrón, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, denunció cómo la Agencia Central de Investigación desoyó a la chica por diversos prejuicios. De acuerdo con las cifras, van 136 quejas en los últimos 18 meses por casos similares. De hecho, tuvo que intervenir la comisión para que se le diera seguimiento a la denuncia de acoso sexual; de no haber actuado, el Ministerio Público habría hecho oídos sordos al reclamo.

Situaciones como éstas son las que han orillado a movimientos como la Marcha de las Putas, una manifestación en diferentes puntos del país en el que se promueve el respeto hacia las mujeres sin importar cómo luzcan. Resulta muy decepcionante enterarse que estos actos de discriminación vienen desde las autoridades, sobre todo las que se encargan de impartir justicia.

Es tristísimo saber que una acusación tan grave como el acoso sexual puede ser pasada por alto sólo por un juicio erróneo hacia quien interpone la denuncia. Asumir que una mujer se busca ser violada o abusada sólo por como se viste es una actitud machista que debemos desarraigar. Por desgracia, en un país donde se cree que los embarazos no deseados van a bajar si se prohiben las minifaldas, suena como un cambio muy improbable a corto plazo, sobre todo en las cúpulas políticas. Autoridades: los primeros que tienen que entender que “¡no es no!” deberían ser ustedes.

Imagen: News of AP