La educación pública ha sido tema de polémica internacional en los últimos tiempos. Por un lado, en Estados Unidos —uno de los otrora líderes en este rubro—, maestros de escuelas públicas denuncian los malabares que deben realizar para estirar los presupuestos en época de recortes. En Chile, miles de estudiantes se oponen a la privatización del sector educativo, manifestándose a favor de continuar con la línea de educación gratuita y universal que inauguró Salvador Allende. En nuestra país, por un lado, los rechazados de las escuelas de educación media superior demandan un aumento en la cobertura; por el otro, enfrentamos todavía grandes problemas para fortalecer —ya no digamos elevar— el nivel de la educación básica; que, como sabemos, es alarmantemente bajo en secundaria.

El hecho de que ayer por la tarde, el Senado aprobara —con algunas modificaciones— la iniciativa de volver obligatorio el bachillerato, es una avance enorme. Al menos el primero que busca resarcir la enorme deuda que los distintos gobiernos se han pasado de mano en mano: la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Amparados bajo la premisa de que la Ley sólo estipula que su responsabilidad va desde el preescolar hasta la secundaria, el bachillerato se ha visto como un privilegio, un pilón o una forma de ingresar al mundo laboral a través de la educación técnica. Sin embargo, ahora será una obligación constitucional, tanto del Estado (Artículo 3°) como de los padres (Artículo 31), proporcionar este tipo de educación a sus hijos. Y con esta obligación, viene un dolor de cabeza terrible: ¿De dónde saldrán 500 mil millones de pesos para instaurarla?

Según el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, se requerirá una inversión de más de 500 mil millones para implementar, dentro de once años, la educación media superior en todo el país. Recordemos que, como denunciaron muchos estudiantes rechazados de bachillerato, actualmente no existen los inmuebles suficientes para atender a esta población; como tampoco existe el personal calificado —y la Reforma Educativa de la SEP en ese aspecto no ayuda mucho—. Habrá que volver a rascarle a los presupuestos y, de paso, a los —¡ay!— impuestos; que ni son pocos, ni son bajos, ni los pagamos todos. Incluso en el Senado también se tocó el punto de las colegiaturas deducibles de impuestos, pues aunque es una ayuda a la clase media —tambaleante—, es un detrimento a la hora de rascar centavos debajo del asiento del sillón par a acompletar presupuestos.

Ahora, tampoco debemos obviar a la “tía de las muchachas”: Elba Esther Gordillo. Ella y su sindicato —e incluso su Secretaría (Lujambio, su yerno, etcétera…)— se han encargado de ordeñar hasta lo imposible al presupuesto educativo entre escuelas fantasma, aviadores, visitas del Dalai Lama y otras prácticas churriguerescas de la maña consagrada. El padrón de maestros es un primer paso para lograrlo, aunque hay que tener bajo a la mira al señor Claudio X, que parece tener una marcada relación de amor-odio con la señora Monstruillo. Comenzar a quitarle la educación de nuestros jóvenes de las garras —y de paso, el dinero de nuestros impuestos— es un primer paso. Pero no olvidemos que la tarea sí es titánica (aunque no imposible).

Actualmente nuestro nivel de cobertura educativa es de los más bajos cuando somos comparados con nuestros pares latinoamericanos, como Chile y Brasil. Sólo hay capacidad para atender al 60 por ciento de los egresados de la educación básica, es decir, cuatro millones 187 mil jóvenes egresados de la secundaria. De ahí que se fije un tope de hasta 10 años a partir del próximo ciclo escolar, para que se aplique de carácter universal esta medida en nuestro país. Un avance excitante, sin lugar a dudas, que nos impondrá muchos retos a los ciudadanos y políticos para lograr concretarlo. ¿Cómo iremos a llegar al ciclo educativo2021-2022?

Imagen: Proyecto Ecología Cultural Latinoamericana