Tras el encuentro de casi cuatro horas celebrado entre el rector de la UNAM y la presidencia de la República, todo parece indicar que generar consensos es el siguiente paso. Un paso enorme que, muy probablemente, el gobierno de Felipe Calderón —ya con el tiempo encima— no alcance a dar en el último tramo de su mandato. La “apertura al diálogo” le llegó un poco tarde al Gobierno Federal y ahora parece que el gran logro de su mandato se reducirá —si es que llega a haber alguno— en sentar las bases de la solución al creciente problema de la inseguridad que durante su sexenio ha alcanzado niveles insospechados.

La misma reunión, agendada para la semana pasada, tuvo que posponerse debido a los incidentes ocurridos en el Casino Royale de la ciudad de Monterrey, los cuales siguen poniendo de manifiesto dos problemáticas que asolan al país a la par de la violencia: la corrupción y la impunidad. Temas que en el documento Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, realizado por catedráticos de la máxima casa de estudios son mencionados como fundamentales en la construcción de una estrategia eficaz contra el crimen organizado.

Este documento consta de 30 recomendaciones al Gobierno Federal donde se hace énfasis en una política de Seguridad Nacional que tenga a la protección de la ciudadanía como eje rector, en vez de la confrontación frontal que ha derivado en los llamados “daños colaterales”; el peor eufemismo castrense para designar las bajas de civiles. El retiro de las fuerzas armadas, el manejo de la problemática droga como un asunto de salud pública —incluido el debate en torno a su legalización— y las reformas en materia económica y política, además de un enfoque de prevención del delito, parecen ser los puntos más polémicos de estas recomendaciones. Especialmente porque se contraponen a la estrategia actual del Gobierno Federal.

Felipe Calderón, después de escuchar lo que fue considerado como un “apretado resumen” del documento por parte de José Narro, expresó el meollo de la cuestión: hay un consenso claro en los objetivos de ambos proyectos, pero también un disenso enorme en las vías para alcanzarlo. Y aquí apelo a la suspicacia acostumbrada —a veces, incluso, malintencionada— del diario La Jornada, la cual debemos tomar con pinzas, pero no desacreditar de primera instancia:

En esa reunión, sin explicitarlo, el mandatario dejó entrever su rechazo a la propuesta universitaria: “Soy partidario de hacer acuerdos, pero tenemos uno muy bueno (el Acuerdo Nacional por la Seguridad) y en lo que hemos fallado es en hacerlo cumplir”.

Difícilmente cualquier gobierno —el que sea— echaría para atrás la estrategia que ha desarrollado durante todo un sexenio. Sin embargo, los resultados deficientes que hasta ahora ha rendido el Acuerdo Nacional por la Seguridad dejan en claro que, tal y como van las cosas, más que poniendo una solución a la inundación del barco, se está tapando con los dedos los agujeros de bala que por aquí y por allá aparecen, siempre un paso detrás del crimen organizado que se ha mostrado súmamente hábil para hacer metástasis e ir abarcando otros rubros lejanos ya al tráfico de droga.

De seguir así, jugando al gato y al ratón, lo único que conseguiremos serán más escenarios como los ocurridos hace unas semanas en el Territorio Santos Modelo o en ciudad Juárez; y los que se sigan sumando a la lista. Ahora, que también retirar al ejercito de las calles implica dejar a la ciudadanía a merced de las balas. La policía militarizada en varias regiones del país se ha convertido en un mal necesario ante la mezquindad y crueldad inhumana de los grupos del crimen organizado. Transitar del modelo de ataque frontal a uno preventivo y de “candados” en el sistema para evitar las ganancias ilegales —producto del tráfico de drogas, armas, personas y lavado de dinero—, no se puede hacer de la noche a la mañana.

Por lo pronto, la búsqueda de estos consensos entre presidencia y sociedad civil —representada por los académicos de la UNAM— se realizará de un modo similar a la resolución de la CONAGO, trabajando en grupos discutiendo las medidas y tratando de llegar a consensos. Quedan pendientes, a modo de “tarea”, un debate sucinto de la legalización de las drogas y la designación de representantes del Gobierno Federal para comenzar a dialogar con los académicos. Ésta podrá no ser LA solución por sí misma, pero al menos es un cambio de estrategia que inicia con el tiempo encima y con el terrible pasmo que los tiempos electorales siempre significan.

¿El futuro de México podrá ser resuelto por el tan esperado diálogo?

Imagen: La Jornada