“Un país de lectores”. En esta frase se condensaron las buenas intenciones que vieron nacer a la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, la cual, a pesar de su decreto en 2008, ha encontrado numerosas dificultades para su aplicación. De todos los punto que constituyen esta ley, los referentes al precio único de libros ha sido el que más resquemor ha causado. Intelectuales, libreros, editores, escritores y lectores se han manifestado en contra de este apartado. Pero también, otros actores del mundo editorial y la literatura se han mostrado a favor. Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el precio único de libros no es una medida que contravenga a la Constitución, fallando en contra del amparo que la cadena de supermecados Costco había interpuesto.

En torno a esta polémica medida han existido numerosas declaraciones. Aunque el ánimo hacia esta disposición es de franca desconfianza, aún prevalece la duda generalizada de en qué consiste el mentado precio único de libros y cuáles son los alcances que contempla. Empecemos por ahí.

Como su nombre lo indica, esta disposición legal pretende fomentar, por un lado, la lectura y, por el otro, actuar en beneficio de las librerías independientes. Lo segundo, la piedrita en el zapato de esta Ley, se busca a través de que las casas editoriales fijen un precio único de libros (Artículo 22); es decir, que cada ejemplar que salga al mercado —o que entre como importación— tenga un mismo precio tanto en la librería de la esquina como en la de un supermercado, o la una cadena comercial. Éste precio no podrá disminuir antes de que hayan pasado 18 meses desde que fue puesto a la venta por un editor o un importador, y todas las librerías deberán acatar ese precio a través de consultarlo en el registro nacional.

Ahora, no todos los libros estarán sujetos a este plazo de 18 meses. Los libros usados, antiguos, descatalogados o artesanales podrán tener un precio distinto al señalado (artículo 26). Tampoco lo tendrán los libros que adquieran el Estado, las bibliotecas o las escuelas, universidades y otros centros de formación y enseñanza (Artículo 25).

Debido a estos artículos, la Ley fue considerada por la cadena Costco como una clara contravenencia a la libertad de mercado. Sin embargo, en tras una cerrada votación de la SCJN —seis votos a cinco— se declaró que la medida no se opone a los establecido en la Constitución en torno al libre mercado. A decir del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, esta Ley busca favorecer los puntos de venta en detrimento de la “guerra de descuentos”, donde las cadenas de librerías o los supermercados tienen la ventaja. Supongo que por ello no es de extrañarse que el amparo haya sido interpuesto por una de las cadenas donde se pueden encontrar los títulos a un precio menor que en otros establecimientos.

El poeta Gabriel Zaid ha sido uno de los defensores más apasionados de esta ley. A través de recrear una breve historia del libro y los libreros en nuestro país —figura que cada día es más escasa— destaca que las librerías independientes se encuentran en desventaja con las grandes cadenas libreras. No sólo porque el público lector en nuestro país es escaso, sino porque la dinámica comercial no les permite hacer los descuentos que las grandes empresas pueden hacer debido a los volúmenes de compra que manejan o a los grandes descuentos que tienen con las casa libreras. Los detractores de esta ley señalan que si los libreros independientes fracasan, se debe a la poca capacidad de competencia de los libreros. Zaid responde a esto:

Los darwinistas ven todo esto filosóficamente. Si la ley de la selva destruye el medio ambiente en vez de mejorarlo, y convierte la selva en un desierto, el resultado (por definición) es óptimo, inmejorable. Cualquier intervención para que no se extienda el desierto, o para que reverdezca, sería antinatural. Si los bosques, el agua y la vida desaparecen, no hay que lamentarlo: no eran competitivos.

Y no sólo eso. También señala algunos puntos que, a su consideración, será definitorios para quien desea triunfar —o de menos sostenerse— en un país que es de todo, menos (aún) de lectores, cuando el precio deje de ser una variable para el consumo de libros:

• Surtido (su amplitud o, al contrario, su foco, como la especialización en un tema)
• Ambiente de la tienda
• Personal (el papel del librero: ése que recomienda, ayuda a descubrir, da un trato personalizado)

Entre los opositores a esta ley se encuentra Vicente Fox, quien en su momento aplicó el veto presidencial a la Ley, siendo ésta decretada hasta el mandato actual de Calderón. Las razones que esgrimió para esta decisión son, básicamente, la mismas que han expuesto el resto de los detractores. La candidata a doctora por la Universidad de Montreal, Fabiola Rodríguez Barba, recupera en su exelente texto los puntos principales del veto:

• Atentaba contra el libre mercado
• Afecta la libre competencia
• La aplicación de un precio único es una práctica monopólica
• Afectará al consumidor final, que se verá privado de los descuentos

Otros han añadido que el peleado mercado editorial cerrará aún más sus filas hacia los autores favoritos, impidiendo la entrada de nuevos talentos, ya que para recuperar la inversión de un libro “no exitoso”, deberán esperar hasta 18 meses para los remates. Sin embargo, como la misma Rodriguez Barba y Zaid consideran, esta disposición no pone en jaque el libre mercado o la libre competencia. Al contrario, establecen medidas para que, dentro de sus posibilidades reales, los distintos distribuidores de libros puedan competir. De hecho, sin estas disposiciones, se estaría favoreciendo la creación de monopolios, donde sólo las grandes cadenas dominan el panorama librero.

Imagen: PsicoTrópico de Cáncer