Cuando la sociedad civil se dijo hasta la madre del crimen organizado, no estaba bromeando. Grupos paramilitares que manifiestan —a través de comunicados en internet— estar del lado de la sociedad civil se han entregado al “aniquilamiento” de grupos delictivos. Su participación como nuevas piezas en este ajedrez sangriento ha echado luz en mascares como la ocurrida recientemente en Veracruz, donde fueron sembrados 35 cuerpos en una de sus vialidades principales. Pero también en carnicerías ocurridas al interior de centros de rehabilitación en Ciudad Juárez, Durango y Chihuahua. La participación de estos grupos paramiliatares, aparentemente financiados por empresarios —o, incluso, gobiernos locales— pone una nueva variable en la interminable “Guerra contra el Narco”.

Aunque hasta ahora su operación había sido silenciosa, un comunicado emitido ayer por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, puso los reflectores sobre ellos. Dirigido a propósito de las actividades de grupos paramilitares como los “Matazetas” —aunque sin nombrarlos explícitamente—, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) refirió que “cualquier otra expresión al margen de la ley que pretenda erigirse en combatiente del crimen carece de la legitimidad necesaria y con independencia de causa o motivación enfrentará la fuerza del Estado”. Reiteró que los tres niveles de Gobierno se encuentran trabajando en la depuración de los cuerpos policiacos y combatiendo a los grupos delictivos sin distinción alguna entre organizaciones, por lo que no existe necesidad o motivación alguna que justifique un “combate a la delincuencia” paralelo a los esfuerzos del Gobierno o fuera de la ley. “Cualquier otro (camino) es reprobable por la sociedad y por el gobierno federal”.

Este comunicado tiene como contexto las investigaciones que actualmente realiza la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a un grupo paramilitar autodenominado “Matazetas”, a quien se le relaciona con la siembra de los 35 cadáveres en el área conurbada de Boca del Río, Veracruz. Esto tras la aparición de videos en internet donde reivindican los asesinatos de presuntos integrantes del cártel de los Zetas. Como en otros casos, el tema debe tomarse con pinzas hasta tener más información respecto a estos grupos. ¿Por qué? Dos razones. Por un lado, la ciudadanía se ha declarado hasta la madre ante el lento avance de las Fuerzas Armadas —muchas veces en retroceso de los Derechos Humanos—, obteniendo este tipo de grupos el apoyo incondicional de varios sectores; entre ellos, empresarios, a quienes se les apunta como sus promotores.

Pero por el otro, es preocupante que grupos armados tomen en su manos la ley. No sólo porque ponen en evidencia la incompetencia de muchos órganos de nuestro de gobierno para realizar sus labores, sino que también anidan la posibilidad de que, eventualmente, se conviertan en grupos fuera de control. Los ejércitos mercenarios —grupos paramilitares en América Latina— nunca han salido bien librados del juicio histórico, y Colombia es quizá uno de los países de nuestro continente que dan fe de ello; comienzan trabajando para un amo, pero al poco tiempo alguien les dobla la apuesta. Alrededor del mundo, grupos terroristas, guerrillas e incluso cárteles de narcotráfico han nacido de esta clase de maniobras desesperadas, promovidas desde el seno de la sociedad, de los gobiernos —nacionales o extranjeros— e incluso de las mafias. Lo que sí es indudable, es que la paciencia de la ciudadanía se está agotando.

Imagen: Noticias en Michoacán