Los detectores moleculares son una estafa. A pesar de la cantidad de pruebas que refutan su fiabilidad, el gobierno mexicano se empecina en usarlo en el combate al narcotráfico. Cada una de estas varitas mágicas puede costar hasta 36 mil dólares —es decir, casi medio millón de pesos—. Si consideramos que se han comprado más de 900 unidades, son más de 450 millones de pesos que se han ido en superchería. Aún así, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República continúan usándolo —y, desgraciadamente, inculpando a inocentes—.

Los detectores moleculares GT200 son fabricados por la empresa británica Global Technical Ltd. La compañía argumenta que su aparato posee un sensor capaz de crear una atracción electromagnética (?) con determinadas sustancias. El gobierno de Reino Unido ya investiga a este consorcio por prácticas fraudulentas, e incluso ha alertado a otros países (como el nuestro) sobre la ineficacia del sistema. En México, la comunidad científica también se ha alzado para protestar contra el uso indiscriminado de estos detectores, sin encontrar una respuesta positiva a sus quejas.

Afortunadamente, hay jueces en México que se toman su papel con profesionalismo y no sólo se dedican a despachar sospechosos. Karla Macías Lovera, jueza decimocuarta de distrito en Veracruz, tuvo en sus manos el expediente de Ernesto Cayetano, un indígena mixe de 53 años que fue puesto a disposición tras ser señalado por el GT200. Macías se interesó en el funcionamiento de los detectores moleculares, por lo que reunió evidencia científica para determinar si el resultado de este aparato podía ser utilizado como prueba jurídica.

Tras documentarse, la jueza Macías dictaminó que el GT200 no aportaba prueba alguna, por lo que decidió absolver a Cayetano de los cargos imputados. Desafortunadamente, este caso es una excepción en un sistema jurídico en el que se asume la culpabilidad de los acusados. ¿Cuántas personas se encuentran en una situación similar? El Instituto Federal de la Defensoría Pública fue incapaz de proveer cifras sobre el número de individuos encarcelados o en proceso penal por culpa de los detectores moleculares. Sin embargo, no creo que sean pocos, considerando el afán por justificar el gasto en estos dispositivos o la necesidad de aportar resultados en la guerra contra el narcotráfico a como dé lugar.

Me gustaría que en México las jurisprudencias tuvieran el mismo peso que en otros países. Este tipo de decisiones deberían marcar un precedente para que los jueces decidan con bases científicas en casos similares. No obstante, el verdadero éxito se dará cuando el gobierno federal haga caso al clamor de los investigadores y retire estos aparatos de circulación. Si el gasto ya está hecho, por lo menos que este error no siga cobrando víctimas por mera superstición.