El día de hoy —tras permanecer 41 días en el tintero— el Diario Oficial de la Federación (DOF) ha publicado la “Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”, mejor conocida por sus impulsores como la Ley 5 de Junio; nombrada así en conmemoración de los 49 niños que perdieron la vida durante el incendio de la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Sus padres y familiares, principales impulsores de esta legislación, han avanzado un trecho importante, pasando de la indignación a la acción. Ahora que la Ley 5 de Junio es una realidad, cabe preguntarse: ¿Y ahora qué sigue?

La pregunta no es retórica. La participación ciudadana es un fenómeno joven en nuestro país. Pruebas de ello son la todavía reciente creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) —creada durante el sexenio pasado—, la escasez de mecanismos de participación directa sin mediación de algún partido político —como las candidaturas ciudadanas o las consultas populares— y las constantes dilaciones para atender las demandas ciudadanas, como puede comprobarse al revisar la historia de la Ley 5 de Junio: veintisiete meses desde la tragedia para que la Cámara de Diputados la aprobara, prácticamente, por unanimidad; 40 días para que el Presidente la firmara; y mientras tanto, acciones de presión continuas para que el tema no cayera en el olvido.

Los impulsores de esta ley —padres, deudos, activistas e, incluso, legisladores— han manifestado que su labor no termina el día de hoy. Si bien se cierra un capítulo en la historia de este movimiento con la publicación de la Ley 5 de Junio, uno nuevo comienza; uno que parece más complicado, pues requiere de más tiempo y esfuerzo, ya no sólo de activistas y legisladores, sino de la ciudadanía y las autoridades. La nueva ley de guarderías contempla la creación de un “Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la atención, el cuidado y el desarrollo integral infantil”, que viene a relevar las funciones del Sistema Nacional de Guarderías. Este Consejo contempla la acción conjunta de varias Secretarías Federales: Salud, Desarrollo Social, Educación, DIF y Trabajo y Previsión Social. Labor complicada en un país donde tanto ciudadanía como gobierno no estamos acostumbrado a trabajar en equipo —véase el trabajo de nuestros legisladores como ejemplo—.

Una de las funciones de este Consejo será la creación de un Registro Nacional de Centros de Atención, el cual debe ser alimentado constantemente por las dependencias estatales. Para ello, los Estados y el DF deberán redoblar esfuerzos en las labores de inspección. La Ley 5 de Junio contempla un nuevo reglamento para la implantación y correcto funcionamiento de las guarderías y estancias infantiles. El cual debe ser observado de manera periódica por inspectores que no sean susceptibles a la corrupción para alterar los resultados de sus reportes. Y es aquí donde la participación ciudadana toma su verdadero cariz. Como ciudadanos, nos toca estar al día de en qué escuela están nuestros hijos; si cumplen o no con las normatividades; si se reportan o no los accidentes —que suceden— ante las dependencias, y si estos son investigados para determinar si fue un accidente o una negligencia.

A la pregunta ¿Y ahora qué es lo que sigue? Parece haber una sola respuesta: involucrarnos en nuestro papel de ciudadanía, que es similar al de un encargado de obra: revisar que se esté haciendo el trabajo de manera adecuada. En este y otros rubros. Un paso enrome y complicado, que será una prueba no sólo para el gobierno, sino también para el tejido social.

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