Cuando leí 1984 de George Orwell, las imágenes del "Gran Hermano" y la "policía del pensamiento" me parecieron realmente tétricas, leer ese nivel de control sobre los individuos es apabullante y lo es aún más ver cómo poco a poco nos acercamos hacia eso. El día de ayer se aprobó, con 315 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, la llamada Ley de Geolocalización y la derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados fue celebrada por Isabel Miranda y Alejandro Martí, dos de los principales promotores de las nuevas medidas.

¿De qué va esta ley? En primer lugar no es una ley, son reformas a diversas leyes, como el Código de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se supone que el propósito de estas reformas es fortalecer las herramientas de la autoridad en el combate de delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas. En la minuta se lee lo siguiente:

  • Establecer mecanismos legales que obliguen a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones a colaborar con el Ministerio Público o con las autoridades judiciales en la localización geográfica o geolocalización, en tiempo real, de las comunicaciones relacionadas con diversos ilícitos;

  • Derogar los dispositivos legales que han dado vida al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil;

  • Inhibir el robo de celulares y su uso para fines delictivos;

  • Incluir en los equipos una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio;

  • Garantizar que todos los establecimientos penitenciarios, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos.

Sí, sí, todo eso "parece" muy bien. Después de todo, los impulsores de la ley son destacadas figuras de la sociedad civil, como Alejandro Martí, presidente del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (S.O.S), e Isabel Miranda de Wallace, presidente de la Asociación Alto al Secuestro, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 y aspirante a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el PAN. Con semejantes credenciales no pueden estar equivocados, ¿no, NO?

Pues mucho me temo que con todo y el argumento de autoridad, esta vez les falló. El problema, como siempre está en las letras chiquitas -es decir algunos párrafos de las reformas-:

En cuanto a las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, se contempla la adición de un artículo 133 Quáter, en el cual se consigna a cargo del Ministerio Público o de la autoridad judicial, cuando se trate de investigaciones en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, la obligación de solicitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la localización geográfica en tiempo real, de las comunicaciones que estén relacionadas con aquellos conceptos; solicitud que se podrá formular por simple oficio o comunicación por medios electrónicos (cursivas añadidas).

Es decir, se les está dando poder para que pedir la localización de las personas sólo "por sospecha" y sin una orden judicial. Eso atenta contra las libertades de la ciudadanía. Al respecto, se advierte en Human Rights Geek:

En primer lugar la solicitud la realiza la PGR sin autorización judicial. Lo anterior es suficiente para determinar su inconstitucionalidad. Por otra parte, las circunstancias y condiciones para la adopción de la medida tampoco son suficientemente detalladas. Por ejemplo no señala si un tercero no sospechoso en una investigación también puede ser sujeto de la vigilancia. Y prácticamente no existen medidas adicionales para prevenir el abuso, como el detalle de los requisitos de la solicitud, temporalidad, etcétera.

Es una ley con buenas intenciones que, como en todo "superpoder", sólo sirve en las manos correctas, pero en las equivocadas puede hacer bastante mal. Los defensores arguyen que con esta medida el país vivirá un clima de seguridad y justicia. Al parecer, el costo será la libertad. También los defensores dicen que el que nada debe nada teme y si no quieres que te localicen apaga tu celular. Eso es cierto, si no quieren ser localizados, se apagará el celular y seguramente es algo que ya pensaron justo los secuestradores y demás mafia que se pretende combatir.

Si me negué a inscribir mi celular al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ahora ya no hay opción. El problema es que ya son reformas aprobadas y no creo que se interponga una acción de inconstitucionalidad. Sólo queda un juicio de amparo o apagar el celular. Espero que se tarden un poco más en instituir el "crimental" -o crimen mental-, porque entonces sí me va a ir como en feria.

Imagen: Diodoro