El día de ayer expuse el escenario general del Informe anual 2012 que elaboró Amnistía Internacional (AI) para el caso de México. Ya sabemos que las violaciones a los derechos humanos están a la orden del día, pero eso no hace más llevadero el reporte. En la entrega anterior se expuso la situación del ejército, la marina y la policía, así como de la tortura y las cárceles. En esta última parte se tocarán más temas, pero que están interrelacionados entre sí.

Los "otros" migrantes

Cuando se habla de migración, se suele apelar a la doble moral. Por un lado, cuando son nuestros migrantes, es decir, paisanos que se van a Estados Unidos, se exige respeto y hay indignación cuando se conocen los abusos que cometen los vecinos del norte con ellos. Pero cuando se trata de los otros, los que cruzan por nuestro país, pero no son de aquí, entonces se les trata igual o peor. Para muestra, el informe de AI:

En febrero, la CNDH informó de que, en un periodo de seis meses, habían sido secuestrados 11.000 migrantes. Las medidas de los gobiernos federal y estatales para prevenir y castigar los abusos y garantizar el acceso a la justicia siguieron siendo inadecuadas. Se conocieron más casos de malos tratos a manos de funcionarios de inmigración y de colusión con bandas delictivas, pese a las medidas para acabar con los funcionarios corruptos.

Claro, se aprobaron leyes sobre refugiados y migración para mejorar la protección legal de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, pero los reglamentos necesarios para garantizar su aplicación efectiva se redactaron sin consultas adecuadas y seguían pendientes al finalizar el año. Entonces cada vez que se encuentran un montón de torsos que no se pueden identificar dicen: seguro son migrantes -de los otros- y ya, como si esa fuera razón suficiente para dejar las cosas en el olvido.

Indígenas también son discriminados

Junto a los otros migrantes, están los indígenas en la deuda histórica de trato digno. AI ya había advertido que la discriminación a ambos sectores sigue siendo generalizada y constante, y lo repite ahora:

Los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación y desigualdad sistémicas en relación con el derecho a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación. Continuaron realizándose proyectos económicos y de desarrollo en tierras indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. El proyecto de ley para regular las consultas con las comunidades indígenas seguía paralizado.

¿Recordamos a la comunidad indígena wixárika? A la que se supone ya le "regresaron" unas pocas hectáreas para ser nombradas reserva minera nacional libre de explotación, pero nadie dice nada del otro montón de hectáreas que todavía tienen concesiones mineras en la zona. ¿O mejor hablamos de las playas privatizadas en Nayarit? También lugar sagrado de los huicholes, ¿o de la presa que les quieren poner? Ya sé, mejor recordamos a los zoques que están metidos en el lío entre Oaxaca y Chiapas por los Chimalapas o de los tarahumaras que mueren de hambre.

Periodistas y defensores de derechos humanos, abierta la temporada de caza

El 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa y ese mismo día encontraron muertos a dos periodistas en Veracruz, ni siquiera se había superado la impresión del asesinato de la periodista Regina Martínez cuando se dio el hallazgo. Y no importan las reformas que se aprueban para proteger a los periodistas, las cosas no sólo no cambian, empeoran.

La situación de los defensores de derechos humanos no es mejor, ya hasta el padre Solalinde anunció su retirada temporal, ante las amenazas de muerte. El que también denunció amenazas de muerte fue Francisco Toledo, otro defensor de los derechos humanos.

Y eso que ni siquiera es el año que revisó AI. Al respecto, el informe comenta que la impunidad siguió siendo la norma en la mayoría de estos crímenes -los del año pasado, en sus cuentas, al menos nueve periodistas murieron violentamente y decenas más sufrieron ataques e intimidación-, pese a la existencia de una fiscalía federal especial para los delitos contra periodistas. Sobre los defensores de derechos humanos señaló:

Más de 20 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas o ataques en 2011. Las investigaciones oficiales no habían identificado a los autores al concluir el año. La provisión de protección a defensores y defensoras era a menudo lenta, burocrática e inadecuada.

¿Y qué pasó con ellas?

Las mujeres no podían faltar en el informe, pues a pesar de los discursos y los "días mundiales de" la violencia en su contra siguió siendo generalizada. AI apuntó que se denunció un gran número de homicidios de mujeres en muchos estados y los responsables siguieron eludiendo la justicia en la mayor parte de los casos. La legislación que mejoraba el acceso a la justicia y la seguridad para las mujeres en situación de riesgo siguió siendo inefectiva en muchas zonas.

Otra deuda para el sector femenino fue la relacionada a derechos sexuales y reproductivos. Al respecto señala:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por un pequeño margen de votos una acción de inconstitucionalidad para anular los cambios en las Constituciones de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que establecían el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Siete de los 11 jueces de la Suprema Corte alegaron que los cambios eran inconstitucionales y limitaban los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, esta mayoría era insuficiente para anular los cambios, lo que hacía temer que las mujeres pudieran encontrarse con obstáculos adicionales a la hora de acceder a servicios de aborto en los 17 estados que habían adoptado disposiciones similares.

Los providistas no lo ven, pero este fallo poco tuvo qué ver con la legalización del aborto y mucho qué ver con la criminalización de la mujer. Aunque siempre quedará Puebla, en donde las mujeres que aborten no serán criminales, sino enfermas mentales.

En general, eso fue lo que planteó el informe anual de AI, en el cual quedó de manifiesto, una vez más, que en cuanto a derechos humanos, en México aún tenemos muchas deudas pendientes.