Pues finalmente sí hay una demanda de inconstitucionalidad. Esto lo digo porque ya en el mes de marzo cuando se aprobaron las reformas conocidas como "ley de geolocalización" una de los miembros de Vivirméxico comentó precisamente los "detalles" e imprecisiones que contemplaban estas reformas y en consecuecia las violaciones que se podían dar a la libertad y al derecho a la privacidad que debemos gozar.

Precisamente, en alusión a esas violaciones es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de incostitucionalidad con la reforma de los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la ley Federal de Telecomunicaciones.

A través de dichas reformas lo que se establecía o bueno hasta el momento lo que se establece es:

... se consigna a cargo del Ministerio Público o de la autoridad judicial, cuando se trate de investigaciones en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, la obligación de solicitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la localización geográfica en tiempo real, de las comunicaciones que estén relacionadas con aquellos conceptos; solicitud que se podrá formular por simple oficio o comunicación por medios electrónicos.

Es decir, y por lo cual la CNDH pone la demanda, se le da atribuciones a la Procuraduría General de la República y de justicia de las entidades federativas para solicitar la información con empresas de telecomunicaciones por el hecho de que se pretende aprehender a autores o coparticipes de dichos delitos, sin que se prevea la intervención de jueces para que autoricen la medida, la supervisen y revoquen en su momento, señala la CNDH a través de un comunicado.

Tales reformas se consideran contrarias a las garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica y derecho a la privacidad consagradas en la Constitución. La demanda se ejerció en razón de que las reformas carecen de limitación temporal y otorga facultad discrecional e ilimitada a las Procuradurías.

Y claro, a parte de la violación a los derechos constitucionales, aquí radica el principal temor, pues de todos es sabido y hasta aceptado por el propio Gobierno que existe un alto índice de corrupción y de colusión de autoridades con el crímen organizado, por lo que contar con estas atribuciones sin la autorización y supervisión de un juez puede prestarse a mayores violaciones.

Hay que aclarar que en las reformas se contempla el castigo tanto para las empresas de telecomunicaciones que se nieguen a proporcionar la información,  como para las autoridades investigadoras que utilicen los datos e información para fines distintos a la investigación de delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, pero ¿no es mejor que de antemano se prevenga esta posibilidad?

Es cierto, necesitamos acelerar los procedimientos y facilitar las posibilidades de investigación cuando realmente se está cometiendo un delito de este tipo y para lograr que la víctima sea rescatada en el menor tiempo posible, sin mayor daño a su persona. Pero también me pasa por la cabeza, que entre los vericuetos legales, la inconstitucionalidad que en este momento señala la CNDH ¿podría ser señalada por la defensa de un criminal y lograr que el proceso en su contra se venga abajo y quede libre? Si se caen por cosas menores ¿no también debemos prever esto? Y no beneficiar a la impunidad.

Foto: Ministerio TIC Colombia

Ileana Fernández

Publicista de profesión; curiosa, observadora y analista por costumbre. Más artículos del autor »