Como cada año el tema de los rechazados en instituciones de educación superior toma relevancia y genera preguntas en torno a las políticas educativas que el país viene aplicando.

Hoy el Instituto Politécnico Nacional ha anunciado que el próximo sábado habrá un nuevo examen de ingreso pero sólo para aquellos jóvenes que no fueron aceptados tras la primera convocatoria.

La convocatoria se abre a los aspirantes que no obtuvieron un lugar en los exámenes del 26 y 27 de mayo, por lo que para la inscripción será indispensable presentar el folio de dicho examen. Quienes quieran participar deberán elegir tres opciones de licenciatura de las áreas de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias Médico Biológicas. Los resultados del examen se darán a conocer el próximo martes.

Sin duda una buena decisión si es que es producto de la evaluación de la capacidad del Instituto para otorgar ese aumento en la matrícula. Sin embargo, es un paliativo a una problemática mucho mayor. Este anuncio se hace el mismo día en que se espera que jóvenes rechazados hagan una marcha del Ángel de la Independencia a las oficina de la Secretaría de Educación Pública, donde instalarán un plantón para exigir el cumplimiento de sus demandas.

Entre las peticiones de estos alumnos se encuentra la cancelación de los exámenes de admisión a la educación media superior y superior; aumento de presupuesto a las universidades de la capital del país; y la creación de nuevas instituciones de educación pública.

Desde mi punto de vista, creo que es muy fácil plantear demandas como estas, pero también debemos detenernos a analizar una por una, entendiendo el problema que hay detrás.

Para empezar a dimensionar el problema de la falta de oferta educativa es importante decir que de los jóvenes en el país en edad de estudiar la universidad, entre 19 y 23 años, son alrededor de 10 millones, de los cuales sólo el 32.8% está inscrito en este nivel de educación.

Además es cierto que la inversión en educación en México no es el adecuado y que no se ha aumentado la oferta educativa en el país. Ayer en La Jornada se publicó un artículo en el que durante los últimos sexenios se ha privilegiado el otorgamiento de becas y créditos para estudiar en universidades privadas, descuidando la atención a la educación pública. De hecho, se dijo que un tercio de la matrícula en educación superior es en instituciones particulares.

Por si esto fuera poco, fue en 1978 cuando se creó la última institución de educación pública en el país, la Universidad Pedagógica Nacional. De ese entonces a la fecha la oferta educativa ha tenido que subsistir con ampliaciones en la matrícula, pero no con la creación de instituciones. Por esta parte sí es necesaria la atención de las autoridades.

Por otra parte, la exigencia de la eliminación de los exámenes de admisión se me hace exagerada. En primer lugar porque los exámenes son filtros para darle preferencia a aquellos que demuestra mayores aptitudes para cursar la licenciatura. No se trata de discriminación o segregación sino de una manera de seleccionar a aquellos con mejor rendimiento. De hecho, la baja disponibilidad de lugares hace más necesarios este tipo de controles.

Incluso, aunque hubiera la posibilidad de una cobertura universal de educación, los exámenes no debería dejar de aplicarse pues sirven como medición para conocer el nivel académico de los aspirantes.

Desafortunadamente al problema educativo no se le ve una solución en el corto plazo ya que tanto cambios en el presupuesto como la creación de más instituciones implicaría resultados en el largo plazo. Además tenemos que voltear a ver el panorama laboral, pues de nada servirá ampliar la capacidad del sistema educativo si no se crean las condiciones necesarias para que el mercado laboral integre a todos los egresados, o luego nos estaremos preocupando por los altos niveles de desempleo y subempleo.

¿La solución? Reformas educativa y laboral, un plan transexenal y mucha paciencia.

Imagen: La Jornada Michoacán