En estos días, el Ayuntamiento de Puebla ha recibido críticas por obstaculizar el reparto de condones en el Zócalo de la capital como parte de una campaña de prevención del Sida. El martes 7 de agosto, el secretario técnico Juan Francisco Dávila se presentó ante los responsables de la campaña para indicarles que requerían de un permiso de la Secretaría de Gobernación municipal para la distribución gratuita de preservativos. La campaña forma parte de un proyecto financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, organismo que entregó 67 millones de dólares para su ejecución en cinco años. Puebla forma parte de las ciudades participantes de la primera fase, junto con Tlaxcala, Toluca, Cuernavaca, Oaxaca, Veracruz, entre otras.

La campaña va dirigida a la distribución de condones y material informativo entre hombres homosexuales, trabajadores sexuales y transexuales de 18 a 49 años. Los responsables tramitaron el permiso ese mismo día, con fecha de entrega al lunes 13. Sin embargo, revisaron el Código Reglamentario Municipal y no hallaron ningún fragmento en el que se pusiera como requisito un permiso de la Secretaría de Gobernación local. De hecho, antes del incidente en el Zócalo, el reparto de preservativos se había realizado durante más de cuatro meses, sin que tuviera oposición institucional, en antros y universidades; así como en el Paseo Bravo, otro de los puntos simbólicos de la ciudad.

Para los miembros de la campaña y otras organizaciones civiles, la respuesta del ayuntamiento era exagerada, sobre todo porque se trata de una campaña de salud pública sin fines de lucro ni proselitismo. Además, el secretario Dávila falló en citar los artículos exactos bajo los cuales se amparaba el gobierno municipal. Los responsables del reparto protestaron por la decisión del ayuntamiento, a lo que el Secretario de Gobernación Pablo Montiel respondió acusándoles de 'alborotadores'. El funcionario justificó la decisión bajo el artículo 480-bis del Código Reglamentario Municipal:

Respecto de las autorizaciones de ocupación de bienes de uso común en donde se realicen actos públicos o concentraciones masivas, corresponderá a la Secretaría de Gobernación dar su anuencia a fin de mantener el orden social. Para tal efecto, los interesados deberán presentar la solicitud con quince días de anticipación a la ocupación; debiendo las autoridades fiscales determinar el pago o no de derechos que correspondan.

Montiel coloca a una campaña de salud pública a la par de un acto público o concentración masiva. Al respecto, la legislación no aclara qué se entiende por estos términos, por lo que la interpretación es ambigua (¿todas las campañas de salud necesitan de ese permiso?). Lo que resulta difícil de entender es que, a cuatro meses de ejecución del proyecto, no se hayan dado cuenta antes. El ayuntamiento debería estar consciente desde tiempo atrás, a través de su representante en el Consejo Estatal de Salud, cuando en noviembre de 2011 se entregaron los fondos para la campaña de prevención.

Otro detalle a destacar es que Montiel solicitó que la repartición se diera en otras zonas vulnerables, no en el Zócalo. ¿Por qué no en ese punto, si se trata de un lugar emblemático de la ciudad donde es un punto de reunión para el sector meta de la campaña? ¿Es que hubo alguna queja por parte de los vecinos? ¿Es una cuestión de imagen de la capital? ¿Algún reclamo por parte de algún miembro del clero, considerando que el Zócalo comparte espacio con la Catedral de Puebla? Aunque Montiel niega que exista un móvil político para la decisión, no deja de ser extraña la forma en que procedió el ayuntamiento ante una campaña de salud pública. Como calificó la regidora Sandra Montalvo, hay un cierto dejo de 'moralina' en el actuar municipal. Al final, el Ayuntamiento cedió y otorgó el permiso para continuar el reparto.

Por último, un apunte al margen. En su cuenta de Twitter, Montiel compartió una imagen en la que reviraba las acusaciones de 'moralina', mostrando capturas de los permisos para la marcha LGBTTTI y la marcha ciclonudista en la capital. "Si fuéramos retrógradas no habrían sido autorizados", señaló el secretario. Me parece que, en su afán por defenderse, se equivoca aún más. La libertad de expresión está protegida por el artículo sexto constitucional; y el de reunión, por el artículo noveno. Entonces, ¿qué pasará en Puebla si ocurre una reunión sin permiso municipal, ante esta interpretación tan flexible de la ley? ¿Por qué sus ejemplos fueron hacia mostrar casos "de moral dudable" (y lo entrecomillo porque me parece que ésa es la intención al publicarlos), en lugar de enseñar permisos para otras campañas de salud pública? Al final, el ayuntamiento deja más dudas que respuestas sobre si, en efecto, la decisión de interrumpir el reparto tuvo un componente desconocido detrás.

Imagen: Poblanerías /