Esta mañana, el presidente electo Enrique Peña Nieto presentó su primera iniciativa de reforma en materia de transparencia: la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta reforma apunta hacia el combate de la corrupción, uno de los flancos más débiles del gobierno (y del mismo PRI). Peña Nieto mostró la propuesta ante el pleno legislativo de sus partidos -el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista-, quienes debatirá si la llevan hacia el pleno legislativo.

Esta nueva iniciativa me recuerda a la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, propuesta por el legislador panista Ricardo García Cervantes en 2011. ¿Qué pasó con ese ejercicio? En septiembre, García presentó ante el pleno la idea ante el Senado:

La iniciativa en estudio propone crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero, que sería una institución específicamente dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la corrupción y se encargaría de la investigación y persecución de lo que se denomina lavado de dinero, para combatir en forma paralela y eficiente el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.

La Fiscalía sería un organismo autónomo, con un fiscal electo mediante convocatoria por la Cámara de Senadores. Este fiscal duraría ocho años en el cargo, con posibilidad de una reelección única y que pueda ser removido del cargo por juicio político o violaciones a la Constitución. El titular de este órgano también comparecerá ante ambas Cámaras del Congreso para hacer un informe anual de actividades. Otra de las iniciativas que acompaña a esta fiscalía es la creación del Registro Nacional de Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos:

Se considera viable la propuesta de la iniciativa de crear en Registro Nacional de Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos, que incluiría a todos aquellos que laboren en cualquiera de los Poderes Federales, Estatales y Municipales incluyendo a los órganos constitucionalmente autónomos, para poder fiscalizar en forma adecuada la situación financiera de los servidores públicos en todos los niveles y órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión.

¿Les suena a algo parecido? Entre las medidas que anunció Peña Nieto, yo encuentro algunas que se parecen un poco:

• Que el IFAI deje de ser un organismo desconcentrado del Ejecutivo para convertirse en un instituto autónomo como el Banco de México o el INEGI. (La Fiscalía Nacional contra la Corrupción es un organismo autónomo).
• Actualmente el Instituto sólo puede conocer de temas de transparencia en el poder Ejecutivo, por lo que se propone ampliar su rango de acción para poder incluir también al Legislativo y al Judicial en algunos casos. (La Fiscalía también actuaría en los tres Poderes de la Unión).
• También se propone aumentar el número de comisionados de cinco a siete, propuestos por el Presidente y sometidos a consideración del Congreso. Su periodo de ejercicio sería por siete años, sin reelección y con un relevo escalonado. (Un pequeño cambio: el periodo de ejercicio del fiscal es de ocho años, el de la Comisión es de siete. En este caso, el Presidente propone y el Congreso vota; en la Fiscalía, el titular se designa por convocatoria).
• Se propone que el Consejero Presidente del IFAI rinda un informe anual ante el Senado (El fiscal rinde informes anuales al Senado y al Congreso).

En marzo de 2012, el Senado aprobó la creación de este organismo, turnando la votación hacia la Cámara de Diputados. Sin embargo, en San Lázaro, la propuesta se estancó. Mientras que PAN, PRD y PVEM dieron su visto bueno, la bancada del PRI desdeño la Fiscalía, bajo el argumento de que la creación de este organismo no contribuía mucho en el combate a la corrupción.

Yo tengo dos hipótesis: o en serio no le ven mucho caso a la Fiscalía o simplemente bloquearon la creación de un organismo de esta naturaleza durante el sexenio de Calderón. Si es la primera, entonces deberían mostrarse muchos más críticos con la reforma de Peña Nieto, la cual comparte varios puntos con la Fiscalía (aunque un tanto descafeinados). Si es la segunda, se trató de un movimiento en el que, previniendo la victoria de su candidato, le garantizara presentar una iniciativa con apoyo público y quedarse con todo el crédito. ¿Cuál habrá sido? Por el aplauso atronador con el que se recibió la propuesta al interior del PRI, no es difícil saber cuál fue la razón.