Hace unos días se adelantaba que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI incluirá cambios en la definición de "empleo informal", lo que permitiría mejorar la medición de las personas que laboran en esta situación.

La gran pregunta a responder es cuánto cambiará la cifra y por qué estos cambios no se habían hecho antes.

Informalidad

Actualmente el desempleo informal se define como:

Todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación.

El cambio ampliará la definición de acuerdo a como lo sugiere la Organización Internacional del Trabajo para considerar a aquellas personas que trabajan en el sector informal, pero que no tienen prestaciones, así como al servicio doméstico remunerado que no trabaja en la informalidad, pero tampoco en el sector formal.

De esta manera las 13 millones de personas que el INEGI reporta como parte de la informalidad pasarán a ser 27.1 millones y ¡la tasa de informalidad pasaría del 29% a casi el 60 por ciento!

Ahora, ¿por qué la tardanza para implementar estas recomendaciones? De acuerdo a lo publicado en una columna del economista Jonathan Heath:

El Comité Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y de la Previsión Social, que se constituyó a raíz de la nueva ley que rige el INEGI desde su autonomía y es encabezado por la Secretaría de Trabajo, ha vetado toda iniciativa de nuevos indicadores que puedan ilustrar mejor las dimensiones de los problemas laborales.

Desde que el INEGI rediseñó sus estadísticas laborales, introdujo mejoras metodológicas y empezó a levantar la ENOE en 2005, la Secretaría de Trabajo ha bloqueado y entorpecido la divulgación transparente y correcta de los indicadores relevantes, primero respecto a la tasa de desempleo y últimamente a las tasas de informalidad.

Es entendible que el gobierno quiera diluir la problemática, después de todo, no le conviene que al "Presidente del Empleo" se le ataque más por este tema. Sin embargo, esto me hace preguntarme hasta qué punto es autónomo el INEGI. No me malentiendan, trabajé dentro del Instituto y mis palabras se alejan mucho de sugerir que se manipulen cifras, pero hay situaciones en las que la ley que rige al INEGI no permiten una autonomía plena en cuanto a la inclusión de mejoras en las mediciones como en este caso.

Interesante que, además, el cambio se dé a final del sexenio a manera de "regalo de bienvenida" para el gobierno de Peña Nieto que pondrá en evidencia a futuro si las acciones que emprenda de verdad crearán más y mejores empleos y permitirán reducir la situación de informalidad, así como dejar ver si los cambios en la reforma laboral, especialmente en el tema de outsourcing, atacarán el problema de la informalidad dentro del sector formal.

Imagen: Animal Político