¿Sabe usted cuántas personas en México padecen el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida)? De acuerdo con el registro nacional de casos, en el país había 151,614 registrados al 30 de septiembre de 2011. Los cinco estados donde esta enfermedad tiene más incidencia son el Distrito Federal (24,198), Estado de México (16,686), Veracruz (13,958), Jalisco (11,323) y Puebla (6,967). Por tanto, resulta alarmante que sea en esta última entidad donde existan acusaciones contra el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/Sida (Censida) por condicionar la entrega de medicamentos.

La denuncia ha sido hecha por tres vocales del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, quienes acusan al organismo federal de no enviar los fármacos a los enfermos, bajo el pretexto de que deben ajustarse a una nueva guía de medicamentos. Este nuevo documento entró en vigor en julio de este año, y de acuerdo con los señalamientos, privilegia el aspecto económico al de la salud.

De acuerdo con los denunciantes, la guía únicamente reduce el margen de medicinas que se pueden prescribir para el tratamiento. Además, sostienen que este manual indica un protocolo médico que aún no es aprobado por los comités internacionales, sino que sólo es empleado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al parecer, la nueva guía ve más por el ahorro que por la efectividad de los tratamientos, buscando abaratar los costos en detrimento de la salud de los pacientes con Sida.

Los vocales del Consejo Estatal indicaron que la acción de retener medicamentos por parte de Censida también está dirigida a las entidades de Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal; curiosamente, la primera y tercera con más casos, mientras que Oaxaca se sitúa en el décimo lugar nacional con 5,221 enfermos. Así mismo, indican que no hay criterios médicos para sustituir el tratamiento anterior, porque surtía efecto en los pacientes.

La idea del Censida es optimizar los recursos al reducir las opciones que tienen los médicos para preescribir. Por una parte, es comprensible que la Secretaría de Salud -de la cual depende Censida- busque una forma de aprovechar más el presupuesto que tienen. El sector salud en México no se distingue precisamente por estar en una situación de bonanza. Sin embargo, cabe la pregunta si al obedecer criterios económicos no se está reduciendo su calidad de vida.

Para poner en contexto, el reciente Reporte sobre la Discriminación en México 2012 que presentó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), habla sobre el problema desde el enfoque económico:

El tratamiento antirretroviral –que actualmente se forma por 21 fármacos– es básico para las personas con sida, sin embargo, representa un alto gasto. El informe El vih/sida en México (2009), indica que el costo de un tratamiento completo, administrado por tiempo indefinido, varía entre los 6,000 y 7,000 pesos mensuales, con un aumento aproximadamente cada tres años por la necesidad de fármacos más potentes (...) El Seguro Popular cubre en la actualidad el tratamiento antirretroviral, pero no otros tipos de medicamentos, mientras que en el IMSS y el ISSSTE, el seguro sí es integral.

Si lo miramos sólo desde el aspecto monetario, un enfermo de Sida le cuesta al Estado, en promedio, unos 84 mil pesos al año. ¿Con qué vara lo medimos? ¿Contra el costo de una operación quirúrgica, contra lo que cuesta mantener a una persona con diabetes? En esta parte entra un componente cultural significativo: en México, los portadores de VIH y los enfermos de Sida son víctimas constantes de actos de discriminación, considerándolos a menudo "culpables" de su padecimiento. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2012, tres de cada diez mexicanos no aceptarían en su casa a alguien que padezca esta enfermedad.

Se trata de un tema bastante sensible en el país, prácticamente un tabú. No hablemos sobre la parte de la prevención (donde los mismos gobiernos han fallado no sólo en combatir los prejuicios, sino funcionan incluso como obstáculos para las campañas), sino de la percepción pública. Al respecto, una investigación en 2006 del Instituto Nacional de Salud Pública halló que los miembros de esta población reciben trato diferenciado en los hospitales. Por ejemplo, se da el caso de que se les niega atención de urgencias, bajo el pretexto de que "de todos modos ya se van a morir".

Por ese motivo, no sería de extrañarse que el tema de los protocolos médicos para tratamiento del Sida no se base en la calidad de vida, sino en una mera cuestión financiera. ¿Es que debe percibirse necesariamente como un gasto? No. Bajo ese precepto, se corre el grave riesgo de perpetuar la imagen de intolerancia, donde el paciente "tiene la culpa" de estar enfermo, porque "él se lo buscó", "andaba de loco" y otras justificaciones similares. Lo que sí se debe hacer es estudiar si, en efecto, la nueva guía de medicamentos del Censida obedece sólo a intereses económicos sin mirar por el individuo. Se comprende la intención de la Secretaría de Salud de hallar un mayor equilibro financiero, pero no se debe permitir a costa de despreciar la vida de otros.