La muerte de Heriberto Lazcano "El Lazca", fundador del grupo delictivo Los Zetas, fue la nota de ocho columnas del día de ayer. Prácticamente no hubo medio que no tocara la historia. Leí decenas de cuestionamientos sobre el estado del cadáver, pero ninguno sobre las condiciones en que se hizo su ejecución. Porque, hay que decirlo, usar el verbo "abatir" para hablar del asesinato de un presunto criminal es un eufemismo muy extendido en el sexenio de Felipe Calderón.

A propósito, quiero rescatar un comentario que hizo la jurista Geraldina González de la Vega en Twitter sobre el caso:

Las fuerzas armadas de un "Estado democrático" matan a un presunto delincuente, y luego la prensa se encarga de exhibir el cadáver (...) No veo a nadie cuestionando si las circunstancias en las que "abatieron" al presunto delincuente fueron legales. O, ¿nada más hay que creerle a la Marina que "se resistió"? Ojalá se abrieran investigaciones, pero no, eso no pasa en México. Total, tan acostumbrados a ver muertos en la prensa, en primera plana y a celebrar que maten a los malos... qué más da si fue legal. (...) ¿Qué implicó esa resistencia? ¿balazos? o ¿sólo corrió? en fin. Pero pues no importa, era MALO y ya.

González de la Vega toca un punto nuclear en la naturalización de la violencia en México. ¿Cuántas veces hemos escuchado o leído comentarios como "qué bueno que los maten" o "deberían asesinarlos a todos"? Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que existe un principio de presunción de la inocencia: es decir, al ser acusados de un crimen, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Ojo, no estoy diciendo que Lazcano haya sido inocente. Probablemente existen toneladas de pruebas en su contra. Pero eso no quita que tenga derecho -como cualquier otro mexicano- a enfrentar un juicio en forma. La ley no puede hacer excepciones, sea el criminal que sea. Ni siquiera en casos tan sonados en el ámbito internacional como el del criminal noruego Anders Behring Breivik, se ha obviado el trámite judicial. ¿Por qué en México no se puede dar una situación así? ¿Por qué, como señala Geraldina, no nos detenemos a cuestionar si en verdad Lazcano opuso una resistencia violenta que justificara su asesinato? De las circunstancias sabemos muy poco; y lo más conocido es anecdótico: que miraba un juego de béisbol amateur antes de su muerte.

Hay varias explicaciones a este fenómeno. La primera es que el discurso de la guerra contra la delincuencia organizada no admite matices, polariza. Ellos -los carteles, los criminales, los sicarios- son los malos; contra nosotros -entiéndase el gobierno, la sociedad, la policía, el ejército-, los buenos. Al reducir el enfrentamiento a dos bandos, se sacan muchas situaciones de la ecuación. El bueno tiene que vencer al malo. Pero, ¿a qué costo? ¿Al de atropellar las instituciones, al de pasar por alto los derechos humanos? ¿Al de omitir la presunción de inocencia, al de darle carta blanca a las fuerzas castrenses? O es que, como alguna vez dijo el secretario de Marina, Francisco Saynez, estas cuestiones "le estorban".

Otra es el hartazgo de la población. Un sector ya no persigue la idea jurídica de justicia, sino una noción más visceral, mucho más próxima a la venganza. Esto, por supuesto, perpetua el clima de venganza y obnubila a los individuos. Uno de los casos recientes que evidencia esta percepción fue el asesinato de José Eduardo Moreira. ¿Cuántos comentarios leímos sobre "para que vea lo que se siente" o "qué bueno que le pasó"? En un afán de revancha y rencor, se celebra el sufrimiento ajeno como castigo merecido. Y es que en nuestro país, la muerte -de criminales, de políticos, de personajes indeseables- se ha elevado a un grado demagógico.

Por último, la confianza en las instituciones de impartición de justicia. La opinión pública está llena de cuestionamientos como "¿para qué lo apresan si se les va a pelar?", "¿para qué lo llevan a juicio si va a pagar fianza?" o "los jueces son unos corruptos y los va a sobornar". Esta imagen, -propiciada en buena parte por la debilidad institucional- causa que la gente vea mucho más seguro que el criminal sea ejecutado (ups, perdón, quise decir "abatido") en el operativo a enfrentar el resto del proceso. Al final, esa idea no sólo abona en la naturalización de la violencia como solución de todos los males, sino que reduce a los actores involucrados (gobierno, medios y sociedad civil) en una simulación, donde -como dirían los clásicos- primero se dispara, luego se averigua.