Hace un par de meses un ciudadano solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) datos sobre cuánto gastaba la Presidencia en servicio de telefonía. Cuando se le entregaron las facturas, el usuario pidió algo mas: el número de los teléfonos y a quién pertenecía cada uno. La Presidencia se defendió argumentando que revelar esta información podría poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de los servidores públicos.

Tras analizar el caso, el instituto ordenó a la Presidencia revelar esta información ya que conocer el número ya que este dato no puede ser usado como "instrumento para emprender acciones criminales o ilícitas en contra de dichos servidores públicos, pues no permite conocer su domicilio o su ubicación en determinado momento".

El día de ayer la Presidencia acató la resolución del IFAI y entregó la relación de los 37 números de teléfonos que contrató; por lo que estos números serán ahora de "dominio público". El IFAI justifica esta petición argumentando que el equipo y la renta son pagados con los recursos del erario y por lo tanto las dependencias tienen que rendir cuentas.

Una resolución como esta me da gusto, porque demuestra que el IFAI está comprometida en realizar su trabajo. Sin embargo, también evidencia un hueco "legal" que puede ser contraproducente. En alguna ocasión en la institución educativa donde laboro como administrador de sistemas me otorgaron un teléfono --de los de 300 pesos-- con un SIM. Por este medio los directivos y demás personal se podrían comunicar conmigo en caso de tener un problema técnico. Pronto el número se hizo de dominio público y empecé a recibir decenas de llamadas de alumnos para preguntarme cómo subir sus tareas al sistema. No era mi trabajo ofrecer ese tipo de asesorías y empecé a perder mucho tiempo en contestar esas llamadas que se extendían fuera de mi horario de trabajo: todos los días y a todas horas, incluso en la madrugada. Cambiaron mi número y ocurrió nuevamente lo mismo, por lo que pedí que cualquier problema técnico fuera notificado a un correo electrónico --con los inconvenientes que eso conlleva--.

No me imagino a los funcionarios de la Presidencia soportando escuchar sonar su teléfono a cada minuto. Sobre todo porque el 99 por ciento de las llamadas serán de ciudadanos inconformes que creen que molestándolos solucionarán los problemas del país. No va a pasar. Presidencia seguramente cambiará los números y esta petición al IFAI quedará solo como una anécdota y una muestra de cómo hacer perder tiempo a los funcionarios ocupándose en asuntos banales como conocer los teléfonos de funcionarios en lugar de enfocarse a asuntos para los que fue pensado este instituto: poner en evidencia a los corruptos.

Foto: vox