El día de hoy el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó un extenso Reporte sobre la Discriminación en México 2012. Un análisis que servirá para ver los avances, pero sobre todo los puntos en los que se debe de mejorar las políticas y la actitud de la sociedad para que todos podamos gozar plenamente de nuestros derechos. El reporte se encuentra dividido en varios temas, de los cuales les presento a continuación un extracto de los puntos más importantes de su análisis, dividido en 2 partes.

Discriminación en la justicia penal mexicana

Los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales no han dado todavía pruebas de eficacia para derribar el cierre social que hoy permite a unos cuantos beneficiarse de los derechos y las garantías procesales, y al resto de las personas ser víctimas de una maquinaria lastrada por los prejuicios, los estereotipos, el abuso de autoridad, la lentitud y la corrupción.

En primer lugar se hizo una revisión de la percepción que la población tiene sobre la procuración y administración de la justicia mexicana, la cuál muestra una opinión general de desconfianza respecto a la justicia penal ya que se asume que el nivel de ingreso de la persona es clave para obtener satisfacción. De igual manera la ineficacia y la corrupción son dos aspectos que se consideran presentes en todo el proceso penal; desde la percepción de una policía que suele abusar de su autoridad y que por corrupción y prejuicios sociales suele aprehender a quienes son más vulnerables y no a los verdaderos delincuentes; pasando por un Ministerio Público que "tiende a responder casi siempre a partir de criterios políticos en lugar de convertirse en el instrumento ciudadano para la obtención de justicia"; hasta el ámbito de los juzgadores y el sistema de readaptación social, que terminan siendo una "maquinaria pedagógica" que evita que quienes ingresan no puedan salir de la marginación y la ilegalidad.

Los casos en que las personas terminan siendo tratadas con discriminación por las autoridades responsables del proceso de justicia son muchos: Campo Algodonero en Ciudad Juárez; San Salvador Atenco en el Estado de México; Teresa, Jacinta y Alberta en Querétaro, además de las desapariciones forzadas y los secuestros irresueltos, son algunos de los casos con los que el Conapred ejemplifica esta situación. Favoreciendo esta desagradable situación se encuentra también la debilidad que existe por parte de la defensoría de oficio, que al carecer de mayores recursos humanos y económicos no está cumpliendo con su importante papel de igualador de condiciones.

Dentro de todo este ambiente, detectan a las mujeres y los jóvenes como los más vulnerables. Por ejemplo, mencionan que los juzgados suelen imponer penas 25% más graves para las mujeres, cuando se compara con las sentencias que afectan a los varones. Las autoridades, por prejuicios, suelen revictimizar a las mujeres que ya de por si padecieron una violación, secuestro u homicidio.

Los homosexuales y las personas con una identidad transexual, travesti o transgénero, son otro de los grupos vulnerables al vivir historias de maltrato, aún siendo el sujeto afectado "son tratadas con sospecha o, peor aún, como culpables del delito que en su contra se cometió". Y por último las personas con discapacidad, no cuentan con las condiciones mínimas para su existencia en los centros de readaptación social.

Discriminación en el Derecho Civil Mexicano

En el ámbito del derecho civil existen temas como son el derecho al nombre, la capacidad jurídica, los derechos de la familia y el matrimonio, el divorcio, la violencia intrafamiliar, la patria potestad, la guarda y custodia de las y los menores de edad y la adopción, dentro de los cuales se pueden observar huecos que no permiten que se goce de plena igualdad entre la población. Aún existen aproximadamente 7 millones de nacionales que no cuentan con acta de nacimiento, lo cual les impide acceder a muchos de los derechos previstos en la constitución.

En la actualidad, la familia no puede ser considerada como sólo de un tipo, ni asumir que los roles dentro de ella son inamovibles, y para la plena protección de sus integrantes, no se puede tener una definición rígida de familia. Uno de los errores, señala, es considerar sinónimos al matrimonio y la institución familiar: "El primero es la unión entre dos personas, la segunda puede implicar a más seres humanos. El matrimonio puede disolverse a través de un juicio de divorcio, la familia no".

Bajo este tipo de rigidez, es que las parejas del mismo sexo ven disminuidos sus derechos al no poder integrar un matrimonio en la mayor parte de la República. De la mano de esto las instituciones, principalmente de salud, continúan negándose a extender sus servicios al no considerar a estas parejas como matrimonio o concubinato por no estar formados por hombre y mujer.

Dentro de esta misma rigidez también se observa que los juzgados civiles toman decisiones a partir de prejuicios o estigmas de lo que la madre y el padre deben brindar a los menores:

Con equívoco se asume que el padre tiene sobre todo la función de proporcionar sustento económico y que a la madre le corresponde el sustento emocional. Una mejor igualación de las condiciones para el desarrollo de las y los menores de edad significaría en adelante que cada familia logre encontrar un equilibrio para que ambos, padre y madre, aporten para sus hijas e hijos en función de sus capacidades, talentos y disposición.

Discriminación y derecho a la salud

En este punto se reconoce un importante paso que el Estado ha dado al extender los servicios de salud a través del Seguro Popular, pero no se reconoce que la fragmentación que existe entre los distintos sistemas de salud, prolonga la desigualdad. El principal factor de desigualdad radica en que cada servicio de salud (IMSS, ISSSTE,Issfam, Pemex, Seguro Popular, etc.) ofrecen diferente cobertura y calidad de los servicios.

Por otro lado, sobre todo las mujeres y las personas con discapacidad se ven en desventaja en relación a los servicios de salud, ya que excepto por el Seguro Popular, el resto de instituciones no les brindan sus servicios si no pertenecen de manera formal al mercado laboral o no cuenta con un familiar que los incluya como derechohabiente. Es por esto que Conapred tiene entre sus principales propuestas de este tema, que el asegurar el derecho a la salud, debe desvincularse del empleo.

Continuando con las mujeres, observan que ha habido avances en materia de salud reproductiva, pero persiste un crecimiento de embarazos no deseados entre jóvenes adolescentes. Relativo a este tema se observa la desigualdad debido a que mientras que regiones como el Distrito Federal permite la interrupción voluntaria del embarazo, en otras entidades se han endurecido las penas en contra de la autonomía de la mujer para decidir sobre este punto.

En relación a la población indígena, esta se encuentra en situación de discriminación al verse excluída de los servicios de salud por el limitado acceso a centros hospitalarios, ya sea por las distancias a las que se encuentran, la insuficiente infraestructura y la carencia de personal especializado.

Además de lo mencionado anteriormente sobre la discriminación de derechohabiente de la población LGBTTTI, existe el hecho de tratos homofóbicos hacia personas de esta comunidad por parte del personal médico. Por su parte los migrantes se encuentran fuera de la previsión del Estado para el cuidado de su salud, con lo cual no solo se comete un acto de discriminación, sino que además se violan tratados internacionales firmados por México en esta materia.

Discriminación y derecho a la alimentación

En este sentido, detectan como principal factor que excluye a la población del derecho a la alimentación a la desigualdad económica, que en consecuencia se convierte en pobreza alimentaria. Se observa también que las poblaciones más pobres tienen un consumo más elevado de carbohidratos, calorías y grasas, siendo menor el consumo de proteínas, al compararlo con los grupos de nivel económico más alto. Los indígenas por ejemplo consumen en menor medida frutas, verduras, lácteos y pescados, que el resto de los grupos, llegando a niveles inadecuados.

El otro factor que impide la adecuada alimentación con productos nutritivos es la poca infraestructura que existe en las comunidades rurales, que no permiten un mejor y más barato sistema de abastecimiento. Muestra de esto es que las poblaciones menores a 5 mil habitantes exhiben mayores niveles de desnutrición, por contar con menos vías de comunicación. Eso si, quienes logran vencer estas barreras de transportación son empresas de alimentos que suelen vender productos con alto contenido calórico, por lo que los recursos propios o los recibidos por gobierno se usan para adquirir estos productos con menor valor nutrimental.

El informe presentado como verán es amplio, por lo que en una siguiente publicación lo retomaré con otras áreas que el Conapred abarca en su presentación, sobre la situación de la discriminación en el país, así como sus conclusiones. Un tema del que no debemos dejar de estar informados, pues de este depende la situación de equidad en la que deberíamos encontrarnos.

Foto: Carlos Smith