Durante toda la semana, en Vivir México preparamos una serie especial con 25 momentos que, de algún modo, marcaron la administración de Felipe Calderón. A unos minutos de que abandone la Presidencia, es momento de recapitular cuáles fueron los últimos cinco episodios representativos de la gestión del mandatario saliente. En esta entrega, hablaré sobre las muertes en su gabinete, la construcción de la Estela de Luz, la relación bilateral en seguridad, la negociación de ACTA y TPP y el fraude de los GT200. También pueden consultar las entregas de Marco Gómez, Hugo Torres, Javier Morfín y Link Tilldemann de este conteo.

Un gabinete de luto

Calificado como "el sexenio de la muerte" por muchos -debido al altísimo número de víctimas por la guerra contra el narcotráfico-, el luto no exentó al gabinete de Calderón. La primera baja se dio en noviembre de 2008 con el accidente aéreo en el que falleció Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación. La avioneta en la que viajaba el funcionario cayó sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Desde el siniestro, se manejó la versión de un atentado, aunque las palabras oficiales acusan a errores del piloto como causa del incidente fatal.

Tres años después, también en noviembre, ocurrió la segunda muerte en el gabinete presidencial. La víctima fue José Francisco Blake Mora, también secretario de Gobernación y -al igual que Mouriño- amigo cercano de Calderón. El accidente de Blake ocurrió cuando el helicóptero en el que viajaba desapareció del radar cerca de Cuernavaca. Un año después, en 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio su versión final, apuntando a factores meteorológicos y una decisión precipitada del piloto como origen del percance. La muerte de Blake tocó profundamente al presidente, como evidencia el mensaje que dirigió la nación la noche del suceso:

La tercera muerte en su gabinete se produjo hace unos meses, el 25 de septiembre, cuando el ex secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, falleció tras una lucha prolongada contra el cáncer. El primer signo se dio cuando el funcionario se retiró de la contienda por la candidatura presidencial en agosto de 2011. El 11 de noviembre -el mismo día que se suscitó la muerte de Blake Mora-, el gobierno federal avisó sobre la enfermedad de Lujambio, quien había sido hospitalizado desde una semana antes.

El estado de salud del secretario se deterioró al grado de renunciar a su cargo en enero, siendo sustituido en marzo por José Ángel Córdova, ex secretario de Salud. Lujambio se mudó a Estados Unidos para recibir tratamiento, desapareciendo de la escena pública -aún así, formó parte de la lista de plurinominales al Senado del PAN-. Finalmente, reapareció ante las cámaras para rendir protesta el 29 de agosto de 2012 -visiblemente demacrado-, un mes antes de morir a causa de su enfermedad.

Por último, aunque no tuvo consecuencias fatales, también vale resaltar la trombosis cerebral que sufrió el titular de Economía, Bruno Ferrari, el 20 de noviembre.

La Estela de Luz

A pesar de que durante la gestión de Felipe Calderón sí crearon obras relevantes -como el puente Baluarte Bicentenario-, su construcción más recordada será la inefable Estela de Luz. La historia de este monumento representa una serie de tropiezos y corruptelas de proporciones pantagruélicas.

Desde la convocatoria comenzaron las incongruencias. A finales de 2009, el gobierno federal realizó un concurso entre arquitectos para crear el Arco del Bicentenario, una obra pensada para ser el emblema de los festejos. El ganador de la convocatoria fue César Pérez Becerril, quien en lugar de la idea original, propuso una torre -la Estela de Luz-; razón por la cual mucho consideraron que debió ser descalificado.

Total: el 22 de septiembre de 2009 se puso la primera piedra de la Estela, la cual debía estrenarse el 16 de septiembre de 2010. El monto inicial de la obra se calculó en 400 millones de pesos, pero poco a poco fue sumando más y más dinero, hasta llegar a la injustificable cantidad de 1035 millones de pesos -prácticamente, 2.5 más veces el estimado inicial-.

Además, la construcción se fue retrasando, al grado de que en agosto del año pasado, los organizadores de los festejos del Bicentenario anunciaron que quedaría lista para el último tercio de 2011. Al final, se programó la inauguración de la Estela de Luz para el 8 de enero de 2012. Sin embargo, Felipe Calderón tuvo que adelantar el corte del listón a la noche del 7 para evitar una manifestación convocada en redes sociales que pretendía boicotear la ceremonia.

Al gasto exhorbitante y a la entrega tardía hay que sumarle las acusaciones de corrupción. A mediados de 2011, el legislador Pablo Escudero indicó que el gobierno federal entregó una licitación a una empresa que estaba inhabilitada por malversación de recursos. Escudero también señaló que se incurrió en un conflicto de intereses, pues Juan Alberto Bravo, coordinador de la construcción, trabajaba en la compañía impugnada cuando se otorgó la concesión.

Hoy en día, la Estela de Luz alberga el Centro de Cultura Digital, un proyecto encabezado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para utilizar los sótanos de la construcción para la difusión cultural. Paradójicamente, la primera exposición que albergó fue A partir de mañana, todo, sobre movimientos de desobediencia civil alrededor del mundo.

Cooperación bilateral en seguridad, una relación complicada

En 2008, el presidente George W. Bush creó la Iniciativa Mérida (también conocido como Plan Mérida), a través de la cual ofrecería ayuda a México para el combate al crimen organizado. Para ese fin, el Congreso de EE.UU aprobó un presupuesto de 1600 millones de dólares, repartidos en tres años. En teoría, la Iniciativa Mérida no otorgaría al país ni armamento ni dinero en efectivo, sino capacitación y otro tipo de equipamiento (aviones, helicópteros, equipos de monitoreo, entre otros).

Sin embargo, la tensión entre ambos países por el uso de los recursos no se hizo esperar. Mientras México preguntaba dónde estaba el apoyo, Estados Unidos se cuestionaba si realmente estaba siendo utilizado de manera provechosa. Así, a mediados de 2010, Barack Obama se dio cuenta que el gobierno mexicano estaba despilfarrando en equipo, por lo que decidió dar un giro en la estrategia: ahora, los fondos se usarían principalmente en programas de capacitación en derechos humanos, así como detección y eliminación de la corrupción en policías, tribunales y funcionarios.

¿Ha servido la Iniciativa Mérida? Es difícil calcular hasta ahora su impacto. Si bien representa un intento para tener una estrategia común en la región, la realidad es que el apoyo no ha sido determinante. La pregunta es, ¿por culpa de quién? Compartida. Basta recordar las palabras de Stratfor sobre la incapacidad de agentes nacionales y estadounidenses de trabajar conjuntamente para darnos una idea del panorama.

Aparte de la Iniciativa Mérida, México también tuvo problemas de comunicación con el operativo Rápido y Furioso. En marzo de 2011, se reveló que la policía fronteriza permitía el paso de armas por la frontera norte de México, como parte de una estrategia de la ATF para observar quién era el receptor final. Por supuesto, las autoridades mexicanas señalaron no estar enteradas, lo que tensó las relaciones. Al año siguiente, la fracción demócrata del Congreso de EE.UU reveló que, en tiempos de Bush Jr., se realizaron cuando menos otros tres operativos similares.

El incidente fue capitalizado por Felipe Calderón para convertirse en vocero del control de armas, asumiendo a México como la víctima de la poca regulación de su vecino. El mandatario mexicano aprovechó muchos foros para criticar la legislación estadounidense en torno a la compra y posesión de armas. Sin embargo, como señaló Ximena Vega en un artículo hace unos meses, se trata de una responsabilidad compartida:

No niego que el gobierno mexicano tenga el legítimo derecho de exigir medidas más estrictas de regulación de armas al país con el que colinda, en especial cuando se ve afectado de manera directa por lo laxo de la política actual. Sin embargo sería de mayor provecho enfocar toda esa energía en algo más productivo como… ¡intentar asegurar nuestras propias fronteras!

La relación de Calderón con Estados Unidos, en ese sentido, fue muy atropellada. En ocasiones, dejó que sus rencillas personales superaran su investidura, como ocurrió en su confrontación con el embajador Carlos Pascual, cuya renuncia exigió directamente a Obama. En ese pulso, Calderón triunfó, haciendo que Pascual abandonara la oficina, dejando al cuerpo diplomático de EE.UU muy resentido con el presidente mexicano.

Finalmente, a Calderón también le tocó el enigmático caso de Tres Marías, en el que elementos de Seguridad Pública acribillaron una camioneta de la embajada de Estados Unidos. Se han manejado diferentes hipótesis, pero la realidad es que no se sabe mucho sobre los dos agentes de la CIA que viajaban en el vehículo ni por qué fueron interceptados de esa manera. El caso se ha caracterizado por un férreo hermetismo tanto del lado estadounidense como del mexicano, teniendo como único resultado la consignación de 14 policías y cinco mandos de la Policía Federal, pero ninguna explicación. Uno más de los secretos que Calderón se llevará con su sexenio.

Las negociaciones de ACTA y TPP

El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación fue uno de los temas más discutidos en México durante los últimos años. El gobierno federal inició las conversaciones para adherirse al tratado en 2007, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Secretaría de Economía. Fue hasta 2010, gracias a las filtraciones de WikiLeaks, la acción conjunta de usuarios de Internet, y el interés de ciertos legisladores como Francisco Javier Castellón, que el tema se llevó a debate. De hecho, en octubre de 2010, el Senado emitió el primer punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a frenar las negociaciones de ACTA hasta después de que se hubiera discutido públicamente.

En 2011 se dio paso a la conformación de un Grupo Plural de Trabajo que sesionó durante meses en el Senado. En este ejercicio, hablaron académicos, representantes del sector de telecomunicaciones, el gremio de autores y compositores, y varias dependencias gubernamentales. El resultado fue que, en septiembre, los senadores promulgaron un punto de acuerdo unánime y oficial en el que se instaba a Felipe Calderón a no suscribir el acuerdo.

Sin embargo, Calderón nunca hizo caso de la postura del Senado. Las alarmas se encendieron nuevamente en abril de 2012, cuando en una reunión con los presidentes de Estados Unidos y Canadá, se comprometió a reformar las leyes mexicanas de acuerdo con los estándares de ACTA. La principal sospecha fue el deseo de Calderón de que México ingresara en el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). Para entrar, necesitaba la invitación formal de EE.UU, por lo que la firma de ACTA podría haber sido un requisito (o, cuando menos, una muestra de "afán de cooperación") del mandatario mexicano.

En efecto: el 12 de julio, a través de la embajada en Japón, el presidente suscribió el acuerdo. -ya que, legalmente, nada lo impedía-. La Secretaría de Economía se excusó diciendo que México había firmado ACTA para presionar a los legisladores a discutir el tema de la piratería. Como en 2010 y 2011, se ha manifestado el rechazo público a este acuerdo. Sin embargo, el foco de atención debería ser otro: TPP.

La historia de ACTA y TPP en México es, en cierto modo, paralela. En 2011, en una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Calderón expresó que deseaba que México ingresara a TPP. Este acuerdo, descrito muchas veces como "un TLCAN con esteroides", incluye un capítulo de propiedad intelectual aún más rígido que el de ACTA. Los tiempos son muy reveladores: a mediados de junio, Estados Unidos invitó a México a unirse a TPP; tres semanas después, ACTA es suscrita por Calderón.

Hasta fechas muy recientes, TPP ha pasado mayormente desapercibido en la opinión pública, pero no deja de ser una de las cartas fuertes de Calderón. Sin la presión mediática encima, la Secretaría de Economía se movió fácilmente para conseguir el ingreso de México en la ronda de negociaciones. En octubre, la dependencia federal anunció que nuestro país se convertía oficialmente en el décimo miembro de TPP; un acuerdo al que llega en plena desventaja y del que se sabe poco sobre sus repercusiones.

¿Qué pasó con ACTA? Hasta el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual sabe que fue una moneda de cambio. Calderón terminó su sexenio sin mandarlo al Senado, y el mismo IMPI duda que Peña Nieto lo haga. En cambio, todas las fuerzas de la nueva administración se enfocarán en impulsar TPP, cuyo capítulo de propiedad intelectual hace innecesario insistir con ACTA. Calderón dejó el terreno llano para que la nueva gestión dé continuidad al acuerdo.

El fraude de los detectores moleculares GT200

Finalmente, uno de los grandes yerros de la estrategia contra el narco de Felipe Calderón fue el uso de los detectores moleculares GT200. Estos aparatos, utilizados por la Policía Federal, la Marina y el Ejército, fueron evidenciados como un fraude. Manufacturados por la empresa inglesa Global Techniques Ltd., los GT200 ha sido exhibidos como dispositivos sin sustento científico, basados en la superchería y sin validez comprobada.

A pesar de que pesan acusaciones de fraude sobre la empresa fabricante, en ningún momento se reculó en la compra de estos aparatos. De hecho, el gobierno hizo un gasto exhorbitante en los detectores moleculares, pues cada pieza cuesta entre 300 y 500 mil pesos. Los esfuerzos de diferentes académicos han resultado en vano. En septiembre de 2011, advirtieron a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los GT200, pero el cuerpo castrense no cesó de usar los dispositivos.

En junio de 2012, el Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo solicitándole al presidente Calderón que convocara al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia para recoger evidencia sobre la fiabilidad de los GT200. El mandatario hizo caso omiso de la recomendación, con todo y que existen peritajes que avalan la ineficacia de los detectores.

Las controversias jurídicas sobre los detectores moleculares llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tomar el caso en agosto de 2012, en donde aún no hay una resolución. Sin embargo, parece que no hay argumento que hiciera que los organismos federales cuestionaran al aparato: por el contrario, comenzó a popularizarse entre los órganos de procuración de justicia estatales. Ojalá no sea una moda que también copie el siguiente presidente.

Pepe Flores

26. Blogger de ALT1040. Coordinador de Vivir México. Hipertextual desde 2009. Escribo sobre cultura pop, medios, política, derechos humanos, propiedad intelectual y diversidad sexual. Fundador de Elocuencia 8080 y Sexenio. Autor de "La nueva cara de Puebla" (Endeavor & UDLAP, 2011). Editor en Polaris Group. Más artículos del autor »