A mediados de año, cuando se anunció que Miguel Ángel Mancera sería el candidato del PRD rumbo a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, el procurador prometió que, de ganar los comicios, instalaría siete mil nuevas cámaras de seguridad. La gestión de Marcelo Ebrard (otro gobernante emanado de una oficina de seguridad) le heredó 13 mil dispositivos de vigilancia colocados en calles, plazas y espacios públicos de la ciudad, por lo que la aritmética básica señala que, en unos cuantos años, la capital del país será escudriñada por 20 mil lentes.

El uso de las cámaras de seguridad (o CCTV) parte de un principio básico: disuadir el delito a través del temor al castigo. El efecto que produce la sensación de ser vigilado puede inhibir el crimen. En un segundo orden, las cintas ayudarían a resolver casos, pues se contaría con recursos que permitirían aportar pruebas en los tribunales. Pero, ¿realmente es efectiva esta medida? ¿Existen efectos secundarios a una política pública basada en el vigilar y castigar? Miremos un ejemplo emblemático como el de Reino Unido.

Londres -considerada la capital de la videovigilancia- cuenta con cerca de 10 mil cámaras. Un estudio elaborado en 2011 señala que la ciudad cuenta con aproximadamente 1500 cámaras en Hackney, 900 en Wandsworth, 800 en Tower Hamlets, 700 en Greenwich y 700 en Lewisham. Estas zonas tiene muy bajos índices de resolución de crímenes, en contraste con ayuntamientos como Chelsea o Sutton, donde apenas se tienen 100 cámaras en cada uno. De hecho, se ha cuestionado que la implementación de cámaras es ineficaz si se le compara con otras políticas más baratas y menos intrusivas, como aumentar el alumbrado público en zonas de riesgo.

Sin embargo, el caso más significativo de Londres ocurrió hace año y medio, cuando la urbe se vio sumida en una serie de disturbios. Las autoridades utilizaron las cámaras para hacer públicas las identidades de los radicales -¿les suena la retórica?- a través de un canal en Flickr. De acuerdo con Anthony Cole, corresponsal de El País:

La policía metropolitana de Londres ha comenzado a subir fotografías de presuntos criminales a su página desde esta misma mañana [9 de agosto de 2011]. Algunas están tomadas en el momento justo en el que se perpetraba el robo, y en otras el sujeto parece un ciudadano pacífico más, aunque las autoridades aseguran que "solo se subirán fotografías a medida que vaya avanzando la investigación".

A primera vista, se podría considerar que las cámaras están ayudando, pero la realidad es que sólo combaten el síntoma. Los disturbios no surgieron de la nada. Vinieron de un descontento social que se manifestó en actos de violencia y daños a la propiedad privada -de nuevo, ¿algo nos hace clic?-. Si bien el detonante fue el asesinato de un joven a manos de la policía, las causas subyacentes indican problemas de raíz como el cierre de centros de esparcimiento para jóvenes.

Los sucesos del 1 de diciembre en México han puesto sobre la mesa el tema de las cámaras de videovigilancia del gobierno. Las detenciones arbitrarias de decenas de personas -reconocidas por el propio Mancera- ponen en cuestionamiento la efectividad y pertinencia de las cámaras de vigilancia.

Las cintas de vídeo se han convertido en pruebas unilaterales para el gobierno, sin que los acusados ni sus defensores tengan acceso a los materiales. No existe un procedimiento claro para obtenerlas y la vía legal es un camino lleno de obstáculos. Están blindadas contra la ciudadanía. Cuando fueron necesarias como pruebas a favor de las autoridades -por ejemplo, la balacera contra el Hard Rock Polanco en 2011-, transcurrieron menos de 24 horas para ponerse a disposición. Ahora que deberían servir para que los civiles se defiendan y documenten abusos cometidos por la policía, su acceso está restringido.

A una semana de los actos, se vuelve obligatorio replantearse el fanatismo capitalino por las cámaras de vídeo. El reporte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es contundente:

De la evidencia que hasta el momento se ha recabado, arroja elementos que hacen suponer que policías de la SSPDF privaron de la libertad a personas que se manifestaban de manera pacifica; a personas que se encontraban dando seguimiento y cobertura a la manifestación (tomando fotos, videos, grabaciones); a personas que se acercaron a auxiliar a otras que eran agredidas físicamente por los policías y a personas que circunstancialmente se encontraban en lugar (trabajo, compras, paseo o curiosos).

Ante la duda razonable del abuso, ¿dónde está la cooperación? ¿Dónde están las cámaras, presuntas salvaguardas de la seguridad pública? Los eventos del 1 de diciembre nos dejan en evidencia la verdadera naturaleza de la videovigilancia como una panacea contra el crimen y un mero mecanismo de control para el gobierno. Si en los disturbios de Londres, las cámaras ayudaron a fortalecer el discurso de lo radical (¿no les suena a "los grupos anarquistas en México"?), en nuestro país van por el camino de legitimar las detenciones injustificadas. La imagen dice más que mil palabras, pero sólo cuando les conviene.

¿Así nos sentiríamos más seguros viviendo en la ciudad de las veinte mil cámaras?

Pepe Flores

26. Blogger de ALT1040. Coordinador de Vivir México. Hipertextual desde 2009. Escribo sobre cultura pop, medios, política, derechos humanos, propiedad intelectual y diversidad sexual. Fundador de Elocuencia 8080 y Sexenio. Autor de "La nueva cara de Puebla" (Endeavor & UDLAP, 2011). Editor en Polaris Group. Más artículos del autor »