Luego del indulto dado a jóvenes migrantes que cumplieran ciertos requisitos, un capítulo más en la historia por una reforma migratoria en Estados Unidos está por empezar. Una propuesta hecha por ocho senadores de los partidos dominantes que será presentada en los próximos días ofrece soluciones en diversos ámbitos: la residencia legal para inmigrantes, la atracción de talento extranjero y el sellado de la frontera con México.

Rigoberto Ramos

La descripción de la reforma conjuga las principales preocupaciones de demócratas y republicanos: una solución para los inmigrantes que ya se encuentran en el país y evitar que la legalización de su estatus atraiga a más extranjeros buscando la residencia.

El camino hacia la residencia legal consiste en un proceso de dos pasos, el cual estará abierto a cualquier persona indocumentada que haya llegado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre del 2011. Primero deberán inscribirse como "Inmigrante Provisional Registrado" (RPI), pagar una multa de 500 dólares por haber entrado de manera ilegal al país y además, pagar impuestos que no hayan cubierto durante su estancia. Esto les daría el derecho de vivir, trabajar y viajar.

Luego de 10 años como RPI podrán aplicar a la residencia mediante dos métodos. El primero de ellos se basa en puntos obtenidos por méritos como empleos, educación o lazos familiares a Estados Unidos; y el segundo en el método que ya existe para obtener la residencia, es decir, un empleo legal y una residencia mayor a 10 años en el país.

Pero este plan se pondrá en marcha hasta que la frontera con México sea segura en términos delictivos y de ingreso de nuevos inmigrantes. El plan detallado en la propuesta tendría un costo de 5.500 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional en los próximos 10 años.

Entre las acciones para asegurar la frontera se encuentran: fortalecer los muros existentes, mayor patrullaje, adquisición de drones para vigilancia aérea, y deportar por lo menos al 90% de los que intenten cruzar la frontera. Asimismo, los empleadores deberán implementar en menos de cinco años un sistema para revisar el estatus de residencia de nuevos empleados.

Más detalles de los planes de la propuesta se conocerán cuando sea formalmente presentada, así como las reacciones de los Republicanos, sus principales opositores, y el gobierno de Barack Obama.

Imagen: Boston Herald

Marco Antonio Gómez Lovera

Economista por la Universidad Panamericana. Trabajé en el INEGI donde obtuve experiencia en el análisis y monitoreo de los principales indicadores de la economía mexicana. Actualmente me dedico al periodismo económico. Más artículos del autor »