Las últimas semanas han sido de tensión en las áreas de seguridad de varios países de Europa y Estados Unidos, el epicentro de un escándalo de vigilancia ilegal. Conforme avanzó el tiempo, más información ha salido a la luz.

La NSA no solo espió a países europeos, sino también a latinoamericanos; y al interior del país la PGR también tiene sus métodos de espionaje.

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El diario O Globo de Brasil reportó que Estados Unidos tiene programas de espionaje en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, cuyo propósito es recopilar información de temas como energía y petróleo. Uno de los programas que usó en la región es PRISM, del cual se ha hablado en las últimas semanas, el otro lleva por nombre Boundless Informant.

La Agencia de Seguridad Nacional de EU, dijo la publicación, obtuvo datos sobre petróleo y adquisiciones militares de Venezuela, energía y narcóticos en México y siguió los movimientos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En tanto, bajo el mando de Marisela Morales, la PGR adquirió el programa FinFisher que permite invadir la privacidad de cualquier usuario mediante capturas de pantalla de dispositivos, activación de micrófonos, grabación de conversaciones, ubicación vía GPS, descarga de documentos, acceso a mails y mensajes, así como el almacenamiento de teclas pulsadas.

Este programa funciona como un virus. A través de un correo se le pide al usuario acceder a una página de internet disfrazada, a través de la cual el spyware se instala. El programa puede instalarse tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

Además, se reporta que la PGR pagó cuatro veces más por el programa y otro equipo de espionaje. La administración de Murillo Karam dice ahora que vigilará estos contratos debido a este sobreprecio, en lugar de investigar en primer lugar por qué se adquirieron y cómo se han usado.

¿Y qué hay del IFAI y la protección de datos personales? JJ Velasco escribió en ALT1040:

Si se admitiese la denuncia y, además, ésta resultase ser cierta; el IFAI tiene capacidad para imponer sanciones administrativas e, incluso, procesar a los infractores si hubiese un delito. Sin embargo, esto puede ser poco probable si tenemos en cuenta que, en los últimos años, el Gobierno ha abusado del uso de programas de vigilancia alegando siempre que son necesarias para paliar los problemas de seguridad y para luchar contra los cárteles de la droga; por tanto, en este contexto los gobernantes pueden llegar a abusar de sus propios poderes y del propio sistema y acaben vulnerando derechos más allá de las "investigaciones delictivas" que usaron como justificación para plantear este tipo de medidas.

Triste. Muy triste situación.

Imagen: Flickr de la Casa Blanca

Marco Antonio Gómez Lovera

Economista por la Universidad Panamericana. Trabajé en el INEGI donde obtuve experiencia en el análisis y monitoreo de los principales indicadores de la economía mexicana. Actualmente me dedico al periodismo económico. Más artículos del autor »