Algunas organizaciones y ciudadanos creemos firmemente que el Código Nacional de Procedimientos Penales viola nuestros derechos, al permitir monitorearnos y localizarnos vía nuestros dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial.

Por
4 de diciembre de 2013, 10:52

Esta mañana las Comisiones de Justicia y Puntos Legislativos de la Cámara de Senadores, aprobaron por unanimidad la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tendrá aplicación en toda la República Mexicana para los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales, y el cual, a consideración de muchos, establece algunosz procedimientos que van en contra de los derechos humanos, pues pretenden por ejemplo, permitirían la localización geográfica de cualquier persona en tiempo real a través de sus dispositivos móviles sin la necesidad de que un juez otorgue una orden o permiso.

A pesar de que diversas organizaciones como ContingenteMX, Electronic Frontier Foundation, Access, SocialTIC, Alconsumidor A.C, Article 19, Oficina para México y Centroamérica, Colaborativo México, Propuesta Cívica A.C, y Son Tus Datos enviaron un documento para que el Senado considerara la serias faltas a la privacidad que estas medidas significan, estas comisiones decidieron pasarlas por alto y las aprobaron, ahora se ha turnado al Pleno de la Cámara para que avale este nuevo Código.

Estas mismas organizaciones solicitaron que a este nuevo código se le incorporaran los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, pero de igual manera, esta solicitud fue ignorada.

La disposición que permite que seamos localizados por medio de nuestro móvil autoriza no sólo a un procurador, sino a un policía o ministerio público, a que solicite a las empresas dedicadas a los servicios telefónicos y/o de internet nuestra localización, seamos inculpados o no, y a ser monitoreados y localizados geográficamente en tiempo real.

Además, quienes resulten responsables de nuestro "monitoreo", no deberán presentar un informe o rendición de cuentas ante el juez que lleve el caso, y pueden exigir a las compañías que provean estos datos, que guarden la información contenida en redes o en los propios equipos sin la necesidad de exigir una intervención telefónica.

Para muchos estas disposiciones representan un claro retroceso con respecto al código federal y códigos locales anteriores, sobre todo cuando se elimina la necesidad de que el Ministerio Público justifique las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas y que además se nos pueda localizar en tiempo real a través de nuestros móviles.

Por otro lado, las empresas, concesionarios y permisionarios, están obligados a cooperan con las autoridades cuando así se los soliciten, para no ser sancionadas y además deberán "contar con la capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial"

Medidas que obviamente trasgreden nuestros derechos humanos, pues otorgan poderes "severamente invasivos" que bien pueden propiciar abusos.

Si bien es cierto que necesitamos de leyes y procedimientos que permitan que las autoridades pueda actuar de manera mucho más expedita para la resolución de delitos, y sobre todo para que las pruebas que permitan tener a los delincuentes en la cárcel y no se libren tan fácilmente de un juicio, deben actualizarse, no creo que deban de vulnerar nuestros derechos humanos, muchos se preguntan que ¿por qué pegamos el grito en el cielo por este tipo de implementaciones?, pero es obvio que a nadie le gustaría que cualquiera dentro del poder judicial pueda monitorearnos y localizarnos sólo por que se le ocurrió que podemos ser participes de algún delito.

¿Ustedes qué opinan?

Jessica Uribe

Creadora de contenido. Coordinadora editorial de Vivir México y Nomadistas. Chocolatómana y adicta a los tenis. Más artículos del autor »