El mes pasado, más o menos por estas fechas, los pensionados recibieron una buena noticia: ya podían iniciar el trámite para la devolución de sus ahorros no utilizados de su crédito Infonavit. Algo que la mayoría daban por perdido y sólo algunos se animaban a reclamar mediante una demanda. Los jubilados no se harían esperar, dicen que los centros de servicio del Instituto se han abarrotado y no lo dudo. Al fin y al cabo es un ahorro que les pertenece y estamos hablando de un sector de la población que en su mayoría padece de pobreza al recibir una pensión insuficiente para cubrir sus necesidades.

Pero aquí va el pelo en la sopa, o mejor dicho el mechón. La verdad es que por más que a los pensionados les hubiera gustado ir a solicitar su devolución y salir con el dinero en la mano -todo en una misma mañana- conocen el país en el que viven. Yo creo que estaban conscientes de que sería un proceso que tomaría su tiempo, aderezado de vueltas y trámites a los que tristemente estamos acostumbrados. Pero el colmo de nuestra burocracia no podía perder la ocasión de brillar en todo su esplendor: los plazos y la entrega del dinero aún no han sido definidos por la Secretaría de Hacienda.

Se calcula que son 2 millones 20 mil trabajadores los que pueden obtener el ahorro, lo que representa un monto de 19,000 millones de pesos a devolver. De éstos, hay tres grupos: el primero, de los que apenas se pensionarán, con entre 250 y 270,ooo trabajadores. El segundo, de los que en su momento entablaron demanda laboral o amparo directo y cuentan ya con una resolución del juez a su favor, con aproximadamente 15,000 pensionados. El tercero, de aproximadamente 100,ooo casos de trabajadores que tienen demanda laboral o juicio de amparo en trámite. Los que estén dentro de alguno de estos grupos tendrán la “suerte” de esperar su dinero en al menos 8 meses.

Pero hay un cuarto grupo, el conformado por las personas que apenas se enteran que pueden obtener sus ahorros y nunca iniciaron un proceso legal para su devolución. A éste pertenece la mayoría, alrededor de 1 millón 700,000 trabajadores (según el organismo) los cuales tendrán que esperar más tiempo pues las reglas generales para atenderlos las debe publicar la Secretaría de Hacienda antes del 11 de julio de 2012 (no les vayan a ganar las carreras).

Entre finales de noviembre y mediados de diciembre de 2011 la Cámara de Diputados y la de Senadores aprobaron las reformas a la Ley del Infonavit que abrieron paso al reclamo de este derecho. Un proceso jurídico que por lo que leo se llevó 15 años de ires y venires para poder concretarse. ¿Realmente no tuvo tiempo de prever la Secretaría de Hacienda las posibilidades de ponerlo en práctica? Chulo panorama para los que faltan: los del Fovissste.

Foto: Práxedes, flickr.com

1984, obra distópica de George Orwell que trata sobre la supervivencia de Winston en un régimen totalitario (más totalitario que la URSS de donde tomó referencia) se caracteriza por los ministerios en los que está dividido este régimen donde la adoración al “Gran Hermano” es absoluto. Dentro de esto podemos encontrar al Ministerio del Amor, El Ministerio de la Verdad, El Ministerio de la Paz y el Ministerio de la Abundancia. Ministerios que en realidad hacían lo opuesto a lo que su terminología decía. Y es que cuando escucho conceptos como “República Amorosa” y ahora la “Secretaría de la Honestidad” de López Obrador, la verdad que es difícil ver paralelismos entre las propuestas del tabasqueño y la obra de Orwell.

No estoy diciendo que con esto AMLO se vaya a convertir en un dictador totalitario ni mucho menos, sino que el hecho de que se piense en poner nombres “honestos y humanos” a las dependencias no va a solucionar de ninguna forma el problema. Por el contrario, como sucede muchas veces, esos términos terminarán perdiendo su valor y se terminen usando eufemismos. Un ejemplo, hace unas décadas se hablaba de “progreso”, fue una palabra muy prostituída por el PRI lo cual hizo que perdiera su valor original. Llegó el PAN y cambió el término por el de “desarrollo sustentable” que a como van las cosas no sería raro que en algún tiempo se “peyorativise” el término y se opte por otro. Esto claro sucede, cuando hay una incongruencia entre la “etiqueta” y lo que verdaderamente representa.

La Secretaría de la Honestidad podría caer en lo mismo. De llegar a la Presidencia, López Obrador tendría la tarea titánica (por no decir imposible) de limpiar totalmente de corrupción esta Secretaría (ahora llamada Secretaría de la Función Pública). El nombrar de esta forma a una dependencia no garantiza ni de lejos que la gente que entre a laborar ahí se convierta en personas honestas y amorosas. Por el contrario, el nombre en algún momento podrá servir como fachada para que no se sospeche de todos los actos ilícitos que se hacen ahí adentro (que de todos modos en un santiamén saldrían a la luz). Porque por más “buenas intenciones” pueda tener López Obrador, será demasiado difícil cambiar al menos en un corto plazo los rasgos negativos de la idiosincrasia mexicana.

Imagen:Majhost

Felipe Calderón, con banda presidencial al pecho, encabezó la conmemoración del XCIX aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, se retiró montado a caballo y escoltado por una guardia de honor del Colegio Militar. Chulada de imagen para nuestro país tan aficionado a la parafernalia nacionalista. Calderón nada dijo, se limitó a entregar reconocimientos al personal militar destacado, escuchar la pieza musical “Marcha del Heroico Colegio Militar”, presenciar el toque militar “Tres de Diana”, la declamación “Honor y Gloria” y una salva de fusilería. Después de todo, era el invitado de honor, tenía que salir de ahí muy orondo y elogiado.

Seré curiosa, en esta marcha, la lealtad expresada ¿para quién fue? Vamos a la historia. El 9 de febrero de 1913 inició la sublevación antimaderista, encabezada por el General Manuel Mondragón, cuando Madero se entera, manda llamar al Subdirector del Colegio Militar Teniente Coronel Víctor Hernández Covarrubias y le ordena que las compañías de alumnos lo escolten al Palacio Nacional. Madero entra a Palacio Nacional y la escolta establece los servicios de seguridad. Desde entonces, el acto se conoce como “Marcha de la Lealtad”.

Después de la cápsula cultural -cuyo sentido se entenderá al final de la nota-, pasemos a los hechos de hoy. El único que habló fue Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional. En su participación afirmó que las Fuerzas Armadas privilegian el respeto irrestricto a los derechos humanos, aunque ha habido “errores”.

Que ha habido errores, desde luego que sí. Reconocerlos es lealtad. Como lo es aceptar las recomendaciones que nos hacen los organismos competentes. Pero también es lealtad a las víctimas y sus familias sancionar a los infractores comprobados y reparar el daño causado. Es lealtad al subalterno investigar a fondo y definir aquellos casos tendenciosos que buscan desprestigiar a la institución y desviar la acción de la justicia a favor de los delincuentes […].
También es lealtad proponer y solicitar respetuosamente reformas al marco legal vigente, con los propósitos de custodiar mejor a la comunidad y preservar la integridad y prestigio de la institución, hemos dialogado con todos los actores, absolutamente con todos, no se trata de arrogarnos privilegio alguno, ni de desempeñar funciones que no nos corresponden.

¿A poco no les encantan los discursos oficiales? A mí sí, y me gusta más desmenuzarlos. Galván reconoce que ha habido errores y asegura que eso es lealtad, después dice que lealtad también es aceptar las recomendaciones de los organismos competentes, pero no ha pasado ni un mes desde que Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas de seguridad en México cometen violaciones de derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos y ¿cuál fue la respuesta? La secretaría de Gobernación rechazó en el acto las acusaciones, tal parece que dijeron “pero cómo, eso no pasa aquí, seguro se equivocaron de país, a ver, revisen bien”. Entonces ¿reconocen y aceptan recomendaciones sí o no? O ¿ellos sí, pero Segob no? O yo no fui, fue Teté.

Después habla de lealtad a las víctimas, ¿le preguntamos a Valentina Rosendo -violada por soldados del ejército mexicano, tuvo que estar en lucha casi una década para recibir un disculpa del gobierno y un mire que lo vamos a investigar-, en representación de todas las mujeres violadas y torturadas por militares, a ver qué opina de la “lealtad” de las Fuerzas Armadas hacia sus víctimas o mejor imaginamos la respuesta?

Pero es que claro, también le deben lealtad al subalterno para investigar los “casos tendenciosos”, y no se puede servir a dios y al diablo. Por eso después de las 6 mil 722 quejas interpuestas por violaciones a las garantías individuales, sólo se han condenado a 29 militares -seguro que todos los demás son puros “casos tendenciosos”-.

Remata su concepto de lealtad con una joya para la lectura de subtexto: reformas al marco legal. Eso tiene sentido, el ejército mexicano no estaba preparado para la “guerra” que se está librando contra el narcotráfico, hay que definir hasta dónde puede obrar y hasta dónde no. Lo malo es que mi lectura suele tener su sesgo por la mala voluntad que les tengo, así que lo que yo leí fue: queremos más privilegios porque fue un golpe muy duro el primer amparo contra el fuero militar que ganaron las víctimas en diciembre del año pasado.

Sí, ya sé que dijo justamente lo contrario, pero revisemos los recursos retóricos: advierte “es menester reconocer que la seguridad interior del país se encuentra seriamente amenazada” -alarmar-; señala que la decisión de Calderón de confrontar esa realidad con toda la fuerza del Estado fue responsable -justificar-; hace una analogía entre el crimen organizado y un “ente nocivo”, en términos biológicos, concluye que la “rémora criminal” evolucionó durante décadas, que pasó de pandillas operando con bajo perfil y controladas por las policías locales, y terminó con un “enquistamiento” en la sociedad con la colaboración de la propia autoridad -o sea, la policía es corrupta y nosotros no, nosotros somos los buenos-. Y, encima, le dice a Calderón: “usted ha sido un comandante sensible, valiente, honesto e identificado con sus tropas” -halago-. O sea, le soba el ego a Calderón, plantea las cosas de manera alarmante y concluye que los meros buenos son ellos. Pero eso sí, “no quieren privilegios”, ¿ahora entienden mi lectura?

Resumiendo: el secretario habló de lealtad a víctimas, subordinados, ciudadanía, pero reiteró su lealtad a la investidura presidencial y afirmó que las tropas continuarán actuando con apego a las órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, o sea Calderón. Como desde hace 99 años, la Marcha de la Lealtad es para una persona: el presidente en turno, la Nación, ¿qué?

Imagen: RCMultimedios

En este momento, los dirigentes del sector educativo a nivel nacional están más preocupados por las elecciones presidenciales del 1° de julio (¡Vaya! Nada nuevo…) que por elevar los estándares educativos en el nivel básico, o medio, o superior… o siquiera por solicitar más recursos para programas estratégicos. Uno de esos programas, llevado a cabo por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), es el de reducir la brecha educativa en los adultos, es decir, eliminar lo más posible el rezago en lo que a educación básica se refiere.

De acuerdo a cifras del INEA, son 31 millones 132 mil 649 personas que tienen rezago de algún tipo, ya sea analfabetismo o bien, en la forma de educación primaria o secundaria trunca (entre ellos se incluye a los 17 mil servidores públicos con algún tipo de rezago). Y según los estudios anuales que realiza el Consejo Nacional de Desarrollo Social (Coneval), cada año se reduce el presupuesto destinado a este instituto.

Por si fuera poco, cada año hay 75 mil personas mayores de 15 años más que se suman al grupo de rezago en educación básica. Según el Coneval, la situación es tan crítica, que se requieren 118 años para superar el bache educativo por el que pasamos, suponiendo, por supuesto, que el presupuesto destinado a esta clase de programas no continúe descendiendo.

El presupuesto para 2012 del INEA es de 2 mil 296 millones de pesos y prevé atender a 2.4 millones de mayores de 15 años. Suena bien, hasta que tomamos en cuenta de que entre los años 2005 y 2011, el instituto dejó de atender a 213 mil 505 personas debido a los infames recortes presupuestales y que el año pasado se brindó servicio a menos del diez por ciento de los mexicanos identificados en situación de rezago.

Mientras no se tomen medidas más drásticas no sólo para reducir el rezago, sino para elevar los estándares educativos en todos los niveles, la brecha se hará cada vez más difícil de superar. Ahora son 118 años los que nos llevaría dejar de lado el rezago, ¿hasta dónde hay que llegar para que se tomen cartas en el asunto? ¿150 años? ¿200?

Imagen: INEA

En 2011, por segundo año consecutivo, México fue considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con el informe anual de la ONG Campaña Emblema de Prensa (CEP). Hoy nos encontramos con la noticia de que Alejandro Ramos Flores, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), recibió una delegación de la organización civil PEN Internacional, encabezada por John Ralston Saul.

El funcionario declaró que el gobierno federal no escatimará en gastos para esclarecer y castigar los crímenes cometidos contra periodistas en el país y destacó que las libertades de prensa e información deben estar reconocidas y garantizadas por el Estado, ¿será?

Cuando uno recibe visitas, “limpia la casa” para dar una buena impresión, el mensaje del subprocurador da buena impresión, lo que no da buena impresión es el hecho de que el periodismo se haya convertido en uno de los trabajos más peligrosos en nuestro país. La visita de la organización que promueve la literatura y defiende la libertad de expresión no es gratuita.

Ramos Flores abundó en las medidas de protección a favor de periodistas y comunicadores, así como de quienes, sin tener este carácter, escriben en medios impresos y electrónicos. Además, destacó la importancia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y advirtió que actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión un proyecto de reforma al Código Penal Federal, para incluir un capítulo especial sobre delitos en agravio del gremio periodístico y, con ello, darle competencia total a la Procuraduría en la investigación de estos actos.

Veamos, el 15 de febrero del 2006 se creó la FEADP (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas) para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional. ¿Qué pasó con esta fiscalía especial? No mucho. Se le asignaron 60 casos y sólo en cuatro se consignó al indiciado.

¿Qué se hace cuando una dependencia no sirve? Se le cambia el nombre. En julio de 2010 desapareció la FEADP y se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) -esa que presumió Ramos Flores-. ¿La diferencia? Ya no se centra en “periodistas”, sino en proteger la libertad de expresión. ¿Sirvió de algo? México ocupó el primer lugar del mundo como el país más peligroso para ejercer el periodismo en 2010 y 2011, ustedes dirán.

Hasta septiembre del año pasado, la cifra más conservadora en cuanto a comunicadores ejecutados, de 2000 a ese entonces, era de 74, la mayoría de ellos entre 2005 y 2011 -después de todo estamos en “guerra contra el narcotráfico”, ¿no?-. De acuerdo con la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), hasta abril de 2011, en los 53 meses que llevaba la administración federal en ese momento, habían ocurrido 53 asesinatos de informadores -haciendo la división, uno por mes-.

Mi abuelo era periodista, mi padre era periodista, mis hermanos son periodistas, tengo amigos periodistas, disculpen si me lo tomo personal y me ofenden las declaraciones del señor subprocurador. Me parece un exceso de cinismo que tenga cara para hacer esas afirmaciones a “las visitas”, cuando la impunidad en estos crímenes ha sido la constante. Lo bueno es que promueven la libertad de expresión y supongo que mi indignación les tendrá sin cuidado.

Imagen: Bligoo

Es una pena ver cómo el gobierno federal usa a las etnias de nuestro país como mexican curious, pero no tienen ni dos gramos de madre respeto por su cultura, sus tradiciones y sus lugares sagrados. Es una pena y es indignante lo que está pasando con el pueblo huichol. Hace unos meses México fue sede de los Juegos Panamericanos, cuya mascota fue “Huchui”, un venado que representaba “el arte huichol y la cultura mexicana”, el cual fue un insulto para la etnia al trivializar sus creencias espirituales. Pero trivilizar sus creencias es lo menos que hace el gobierno federal, también les quita de la manera más infame sus lugares sagrados.

Hace poco, se dio a conocer que Felipe Calderón dio la concesión a una empresa canadiense para que iniciara perforaciones en Wirikuta, lugar sagrado del pueblo Wixárika (huichol), el asunto trascendió tanto que tres Premios Nobel y diversos artistas reconocidos de 30 países firmaron una carta para pedirle que cancele las concesiones mineras en Wirikuta, a fin de preservar este sitio sagrado. ¿Calderón hizo caso? No, claro que no.

Lo peor es que ese ni siquiera fue el inicio de su descarado despojo a la etnia, en junio del año pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concesionó para su enajenación casi 100 hectáreas de la denominada Playa del Rey en el municipio de San Blas, en cuyos considerandos olvidaron el pequeñísimo detalle técnico que en esa playa existe un paraje llamado Isla del Rey, un ancestral sitio sagrado para las comunidades wixaricas huicholas, transacción, dicho sea de paso, llena de irregularidades -como todo lo hecho en lo oscurito-.

Esta acción violó el Pacto Huauxa Manaka, firmado por los estados de Nayarit, Durango, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y el Gobierno Federal en abril de 2008, para la preservación de la Cultura Wixárika y la preservación de los sitios sagrados y los centros ceremoniales en varios estados de la República. En ese evento, Calderón tuvo el descaro de portar el traje tradicional de la cultura que supuestamente preservaría y dijo:

Con este documento los gobernadores tradicionales, aquí presentes, y las autoridades civiles, también representadas por los gobernadores de varios estados, así como el Gobierno Federal nos comprometemos a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo Wixárika (cursivas añadidas).

Tengo la impresión de que este señor tiene un serio problema de memoria y necesita que alguien se la refresque… y añadió:

Para que un día estos lugares sagrados para la Cultura Wixárika no sólo sean por esas piedras que simbolizan, precisamente, el origen de esta cultura, sean sagrados también por la dignidad de las personas que aquí habitan y que, acorde con esa dignidad cada quien pueda tener su sustento, su casa, su vestido y su sustento de manera también digna.

Y yo me pregunto, ¿dignidad? ¿dignidad es quitarles sus lugares sagrados -“piedras” para él-, dignidad es despojarlos de lo más importante para su cultura, dignidad es atropellar sus derechos y romper acuerdos firmados? ¡Vaya “dignidad” entendida por el señor Presidente!

Los huicholes tienen un permiso otorgado durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982) para utilizar la ínsula sin ser molestados. A pesar de eso, en 2007 la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango A.C. lograron un “permiso transitorio” de parte de la delegación estatal de la Semarnat para instalar “legalmente” en la Isla del Rey un ‘Ririqui’ (Casa de Dios), especie de templo para uso ceremonial religioso “donde acuden peregrinos del pueblo huichol a orar, realizar matrimonios, bautizos y ofrecer ofrendas a sus dioses”. Ese permiso transitorio tuvo vigencia de un año y ordenó a los huicholes pagar derechos bimestrales por usar ese predio. ¿Será que esa explotación bimestral ya no era suficiente y encontraron a quien les pagara en dólares?

El gobierno de Felipe Calderón se ha convertido en una pesadilla para el pueblo huichol y ha mostrado que no tiene palabra, ni respeto, ni vergüenza. ¿Qué tienen que hacer para que se les respete, para ser noticia nacional y que se haga algo por ellos? ¿Suicidarse? Pero eso sí, no fueran los “lugares sagrados” de los mochos panistas porque seguro se arma la de Dios es Cristo.

Imagen: La voz del Anáhuac

Esta noticia tiene que ver con futbol, por el simple hecho de que hay un equipo inmiscuído: El Puebla, que fue embargado por el SAT; pero dentro de esta noticia hay dos cosas que pueden ser preocupantes. El hecho de que esta pueda ser una muestra de lo “muy acostumbrados” que estamos a evadir nuestras responsabilidades fiscales, y también el hecho de que Hacienda acecha en el momento menos esperado y que esta institución puede ser manejada políticamente para perjudicar a un tercero. A ciencia cierta no sabemos. Lo que se comenta es que el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, está detrás de este embargo que se llevó a cabo debido a un adeudo en el ejercicio del 2007 por 14 millones de pesos. Lo curioso es que el presidente del club de “la franja”, Ricardo Heinane, tiene relaciones muy cercanas con el ex-gobernador Mario Marín, conocido como el “Gober Precioso”; y también esto se intensifica al saber que hace un mes el gobierno le quitó a Heinane un predio donado por Mario Marín.

Seguramente detrás hay un interés político. Quizás cuando gobernaba Mario Marín, el equipo poblano gozaba de privilegios fiscales y al entrar un gobernador opositor se busca poner la casa en orden; o quizas es lo contrario. No es la primera vez donde algún equipo de futbol tiene problemas con Hacienda de este tipo. En los primeros años del nuevo siglo, dictaron auto de formal prisión contra los directivos del Atlas de Guadalajara por supuestas irregularidades en Hacienda, que en realidad provenían de la planilla anterior y no de los directivos de ese entonces. Aunque a ciencia cierta no se supo exactamente quien fue, la clara intención era quitar a Alberto de la Torre Bouvet de su puesto como directivo de la Federación Mexicana de Futbol (que en ese entonces era tanto presidente del Atlas como de la Femexfut), los directivos no pisaron la cárcel gracias a un amparo y después de muchos litigios demostraron su inocencia.

El Atlas a pesar de tener continuos problemas con Hacienda debido a deudas atrasadas que muchas veces no ha podido solventar a tiempo por no tener liquidez nunca ha sufrido un embargo como el que sufre ahora el Puebla. El SAT embargó las instalaciones del Puebla, el estadio, televisiones y demás equipo dentro de este inmueble, así como el camión en el que viajaría el Puebla para disputar su próximo encuentro. Los jugadores tuvieron que dejar sus automóviles afuera del inmueble, e incluso ya dentro, estos se tomaron fotografías mientras en el fondo, personal del SAT embargaba pertenencias del Puebla.

No se sabe que pasará, o como se las arreglará el club. En octubre del año pasado recibieron un aviso de embargo precautorio e hicieron caso omiso. Aunque por la cantidad podemos presumir que esos 14 millones de pesos podrán ser pagados de alguna forma por el equipo, máxime cuando la carta de un jugador promedio tiene un costo de un millón de dólares. Pero tal vez aquí lo importante más bien es lo que hay detrás de este hecho.

imagen: mediotiempo.com

¿Te sorprende? Tristemente a mi no, y estoy segura que a la mayoría de los mexicanos tampoco. Durante años el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha ganado un prestigio de corrupción e ineficiencia entre todos sus usuarios. La poca calidad en el servicio, las negligencias médicas y la escases de medicamentos por desgracia son los comentarios más comunes que uno escucha entre sus conocidos sobre el IMSS.

Ahora mediante un estudio sobre la contratación pública de bienes y servicios elaborado por la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) surge la crítica de que el IMSS podría ahorrar hasta 36% del presupuesto para compra de medicamentos si lograra evitar las prácticas de corrupción en sus procesos de adquisición.

Los actos de colusión y la corrupción de servidores públicos es uno de los principales factores para este problema pues, según el estudio, esto lleva a comprar a precios entre 20 y 26 por ciento más caro que si existiera mayor competencia. Pero además, el secretario general de la OCDE José Ángel Gurría, señaló la falta de especialización sobre el tema de las personas encargadas de las compras, la poca información estadística con que se cuenta para así lograr una mejor planeación de las compras, el incumplimiento de los contratos por parte de proveedores y las adquisiciones de medicamentos a última hora y por tanto a precios altos, como factores también a corregir para la mejora de las adquisiciones.

Sabemos de sobra que el IMSS necesita hacer grandes cambios (no en vano ganó el concurso al trámite más inútil hace unos años) y los mexicanos estamos urgidos de tener servicios de salud eficaces y confiables. Pero al parecer las quejas que hace la población sobre el Instituto no ha servido para que hagan los cambios necesarios, o al menos no se notan. Esperemos que a partir de este estudio, en el cual se presentan 70 recomendaciones para mejorar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, podamos ver algunos de los cambios que se necesitan no sólo para tener servicios de salud adecuados, sino por la mejora en la calidad de vida y productividad de la población que esto puede propiciar.

Foto: Javier Velez, flickr.com

En días pasados se anunció que el priísta Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, aumentó cerca de ocho veces la deuda de la entidad, pasando de 718 millones de pesos heredados por la anterior administración —hasta septiembre de 2010— a cinco mil 261 millones en diciembre de 2011, es decir, poco más de 4 mil 500 millones más en sólo un año. Ante tal afirmación, Alonso Reyes advirtió que la información es imprecisa y que los recursos del empréstito han sido aplicados rigurosamente en las necesidades estatales.

Si los recursos se están aplicando adecuadamente o no es otra cosa. Lo que salta a la vista, atendiendo a los números —que es lo que cuenta—, es el aumento significativo de la deuda, la cual, al parecer, no es suficiente, ya que ni siquiera tienen para pagar a proveedores o la segunda parte del aguinaldo. ¿Y qué hacen con el dinero que pidieron prestado? De acuerdo con información hacendaria, de esos cinco mil 261 millones de pesos, más de 99 por ciento corresponde a pasivos del estado —es decir, PAGAR deuda—, los 20 millones que les quedan son para gobiernos y organismos municipales. Sí, la administración priísta se endeuda para pagar deudas, lo que se antoja a un cuento de nunca acabar.

¿Por qué tanta deuda? El gobernador en turno le hecha la culpa a la administración pasada —que dejó una deuda de 718 millones de pesos—. Si la deuda que dejaron no es tan escandalosa como la actual, ¿cómo puede sostener este argumento? El asunto está en el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) de Ciudad Gobierno, el cual condena al estado de Zacatecas a pagar por 22 años un montón de edificios no concluidos, no equipados y con tasas de interés sumamente desventajosas —las tasas de interés generalmente son desventajosas para los deudores—. Justo por la puntada de pague a 22 años con muchos intereses es que Zacatecas está como está y se tuvo que hacer una reestructura financiera para reducir el tiempo de pago, con lo que, se supone, se ahorrarían más de dos mil millones de pesos.

La pregunta lógica que sigue a esto es, ¿por qué si se tenía esa “deuda”, no está contemplada en el monto oficial de deuda de la administración anterior? Alonso Reyes advirtió que el hecho de que una “deuda” no se contemple como tal desde el punto de vista legal, no significa que no exista, el asunto es que al considerarla como parte del rescate financiero ya se contempla como deuda —tener “deuda” que no “se dice” que es “deuda”, pero que igual los deja embarcados, suena a un recurso retórico interesantísimo, habría que ver si tiene sustento—. Se llame “deuda” o se llame “palitroche”, el gobierno está pagando al mes aproximadamente un millón de dólares por instalaciones no concluidas y no equipadas. ¿Y el campo? Muy mal, gracias por preguntar.

Habrá que recordar que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió declaratorias de desastre natural por la sequía que aqueja a 42 municipios de Zacatecas —y 37 de Chihuahua—, ocurrida del 1 de mayo al 30 de noviembre del año pasado. Estas declaratorias se expiden para que puedan recibir recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pero dice el gobernador tricolor que sigue sin ver claro en lo tocante a esos recursos.

Por vía de mientras, el Partido del Trabajo anunció que solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Finanzas información “real” en cuanto a la deuda pública de Zacatecas, y en caso de que no salgan las cuentas se considerará alguna responsabilidad penal. Bien dicen que cuentas claras, amistades largas, y las circunstancias vaticinan un futuro de enemistades en ese estado.

Imagen: Skyscrapercity

Este año, cerca de 23 mil jóvenes estudiantes podrán estudiar una carrera de Educación Superior o Postgrado con el apoyo financiero de hasta 215 mil pesos en nivel Licenciatura y hasta 280 mil para estudios de Postgrado, a través del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, anunciado este lunes 9 de enero en el campus del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) por el Presidente Felipe Calderón.

Las ventajas del programa serán, además de los montos de financiamiento ya mencionados, el plazo de hasta 15 años para liquidar el préstamo con una tasa de interés fija preferencial de entre nueve y 13 por ciento (*), no pide garantías hipotecarias para ser sujetos de crédito y el préstamo será complementario a las becas que otorguen las instituciones educativas privadas que participen.  Una vez egresado, el joven tendrá un período de 6 meses para ingresar al mercado laboral y comenzar a pagar el financiamiento.

El programa trabajará gracias a la alianza de Nacional Financiera (NAFIN), quien contará con un capital de 250 millones de pesos, con instituciones como Financiera Educativa de México, los bancos Santander, HSBC, Banorte, Afirme y Bancomer, así como 20 instituciones de Educación Superior entre las cuales están el ITESM, Anáhuac México, Popular Aútonoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara, Claustro de Sor Juana, entre otras.

Este programa (del cual ya se aplicó un piloto con mil 200 créditos y un monto superior a 130 millones de pesos) sólo tiene como requisitos:

• Ser de nacionalidad mexicana.
• Haber sido aceptado en alguna de las universidades incorporadas al programa.
• Contar con el aval de un familiar directo o persona relacionada.
• Mantener un promedio académico aceptable.

En el evento señaló que la experiencia internacional demuestra que estos financiamientos democratizan el acceso a la Educación Superior, aceleran la ampliación de la cobertura en Educación Superior e incentivan a los jóvenes a que aprovechen su preparación universitaria y busquen insertarse rápidamente al mercado laboral. Además señaló posteriormente en su cuenta de Twitter que el programa “… cambiará el destino de miles de jóvenes mexicanos…” y que ”Dar a más jóvenes la oportunidad de estudiar una carrera es reconstruir el tejido social para lograr un México más justo y más igualitario.”

Ya se había tardado nuestro país en impulsar la educación de esta manera ¿no creen? Yo espero que poco a poco se integren otras Instituciones de Educación Superior y se pueda beneficiar a más jóvenes.

(*) Durante el acto bromeó que el Ing. Héctor Rangel Domene, Director General de Nacional Financiera, se comprometió a dar “sólo el 10 por ciento”, pues así lo señaló él mismo en su discurso previo al del Presidente. “… y ahora si a ver cómo le haces pero va a ser 10 por ciento ¿no?” dijo Felipe Calderón, seguido de risas del auditorio.

Foto: presidencia.gob.mx