Parece que el día de hoy el pueblo Huichol sale victorioso de una larga batalla. Ya en anteriores ocasiones hemos comentado sobre las protestas y el amparo que habían obtenido para frenar la explotación minera en la zona de Wirikuta. En ésta la empresa canadiense First Majestic Silver Corp había obtenido 22 concesiones para su explotación, lo que había molestado al pueblo wixárika huichol ya que ésta es una zona sagrada para su pueblo que incluso está declarada área Natural Protegida y Patrimonio Histórico y Cultural por el gobierno de San Luis Potosí y señalada como Área de Importancia para la Conservación de las Aves y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El día de hoy, en un evento con representantes de pueblos ceremoniales de diferentes estados y gobierno, la empresa canadiense “cedió” (lo entrecomillo porque la gran pregunta es ¿por qué se le otorgaron desde un principio?) sus 22 concesiones (otro medio señala que 35) que se encontraban en esta zona, correspondientes a 45 mil hectáreas, para ser nombradas reserva minera nacional libre de explotación y evitar que se vuelvan a concesionar para éste fin. Posteriormente señalaron, se pretende realizar los estudios necesarios de biodiversidad y valores ambientales para que sea declarado Área Natural Protegida.

Entre las declaraciones me llama la atención la de Bruno Ferrari, Secretario de Economía, quien explicó que su secretaría no está retirando las concesiones mineras otorgadas debido a que cumplen con la normatividad diciendo:

“Es pertinente enfatizar que ninguna reporta actividad minera. Ni siquiera han solicitado Manifestaciones de Impacto Ambiental. Es decir, que son concesiones de papel, no se ejercen en los hechos… De acuerdo con las leyes, estas concesiones han cumplido con la normatividad de la Secretaría de Economía. Sin embargo, ninguna concesión en sí misma otorga el derecho de explotación”.

¡Mira tú! Esto de las leyes y normativas está más surrealista que obra de Dalí ¿Pues entonces para qué se otorga la concesión? ¿En el papel no se aclara para qué fin se le da? ¿O se otorgan concesiones para cualquier cosa que se le ocurra al que se le otorga? ¿No de acuerdo al fin estarían los requisitos que deben cumplir? El caso es que de ninguna manera salen bien librados. Porque hay de tres: de veras existen normativas tan ineficientes y una nula comunicación entre secretarías que no pueden evitar estos errores; o las hay pero “se les chispoteo” (bastante feo); o pensaron que podrían “llevarse a todos al baile”. Cada quien juzga.

El hecho es que al parecer el pueblo huichol logró de momento ganar la batalla por las tierras sagradas, esperemos que puedan ganar la guerra. Porque ¿ahora qué sigue? la cosa no para aquí, necesidades de empleo si debe haber y seguramente habrá un sector de la población a disgusto con esto pues esperaba tener una opción de trabajo en la minera. Ahora es necesario impulsar proyectos sustentables como alternativa. Eso sin mencionar que a otro se le “chispotee” algo más en la región. Pero bueno, un paso a la vez y de momento parece que el Wirikuta-Fest podrá ser un evento más de festejo por su logro que de protesta.

Foto: David Mannix in Mexico

Con tanta tembladera andamos más preocupados si se nos cae el techo o no, y como en lo que yo llevo de vida no me ha tocado ver que México sufra por la llegada de un tsunami, o al menos no de la manera que lo hemos visto con el debastador ocurrido en el 2004 en Asia o el del año pasado en Japón; como que se confía uno y cae en el “a nosotros no nos va a pasar”. Pero si tomamos en cuenta la gran proporción de costa que rodea nuestro país y las fallas geológicas que tenemos, la verdad hemos tenido suerte, pero no podemos seguir dormidos en nuestros laureles.

Hoy, en el Diario Oficial de la Federación salió publicado el acuerdo por el cual se crea el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT), el cuál entre las consideraciones para su establecimiento menciona, además claro de la obligación de proteger a la población, el que las costas de nuestro país son propensas a la recepción de tsunamis sobre todo del Océano Pacífico. El que esa misma costa del país cada vez está más poblada y tiene una alta probabilidad de grandes sismos que pueden causar tsunamis. Señala también que con el sismo de 1985 además de los daños en el centro del país, también hubo daños en la costa por el tsunami ocasionado por éste (yo la verdad estaba muy chica y no recuerdo haber escuchado de tsunami). Por todo esto se busca la consolidación de un Centro de Alerta de Tsunamis que estará a cargo de la Secretaría de Marina.

El SINAT, señala la publicación, tendrá como objetivos:

I.     Vigilar y alertar sobre la ocurrencia de tsunamis generados en cualquier parte del mundo que puedan afectar al territorio nacional;

II.     Generar información y conocimiento que permita determinar el nivel de riesgo de los litorales del país;

III.    Fomentar una cultura de autoprotección para que la población conozca las medidas que debe adoptar ante la ocurrencia de un tsunami, y

IV.   Capacitar a las unidades estatales y municipales de protección civil sobre las acciones que deben aplicar para enfrentar una emergencia producto del impacto de un tsunami en nuestro país.

De todos es sabido que cuando se trata de sueldos y prestaciones, los funcionarios públicos se sirven con la cuchara grande, presidente, secretarios, senadores, diputados, ministros, consejeros, magistrados, vaya, hasta ex presidentes, saben consentirse. Por eso, cuando Felipe Calderón dijo que estaba haciendo que la salud sea un derecho igual para pobres y ricos, no pude evitar la indignación. ¿Cómo puede hablar de igualdad en materia de salud cuando a ellos se les paga un seguro de gastos médicos mayores con el dinero del erario?

Cierto, estamos en época de campaña y el gobierno federal ya no puede anunciar sus logros, pero por ahí de febrero, a Calderón le dio por presumir la cobertura universal de salud, a través del Seguro Popular:

Ya en el Seguro Popular en muy pocos años llegamos hoy, al entregar la última póliza, a la meta de cobertura universal de salud a través de 1 millón 93 mil asegurados en el Seguro Popular, el Seguro Popular no es sólo un seguro médico, sino es también un seguro económico para la gente más pobre, estamos haciendo grandes cosas, independientemente de las desigualdades económicas que tiene nuestro México, la salud sea un derecho igual para el rico y para el pobre.

“La salud sea un derecho igual para el rico y para el pobre”, es una de esas frases que se quedan dando vueltas y que merece una reflexión aparte. Porque una cosa es la cobertura universal vía Seguro Popular -que ni es tan universal, yo no tengo, ni de ese, ni de ningún otro, por ejemplo-. Y otra muy distinta que eso implique que el derecho a la salud sea igual para pobres y ricos. Si fuera igual, ellos también usarían los servicios de salud del gobierno, en lugar de pagar millones para la cobertura de seguros de gastos médicos mayores.

El seguro de gastos médicos mayores no es una prestación por ley, es una prestación que se puede otorgar, pero no está obligada. Sin embargo, nuestras queridas autoridades se la dan porque, pobres, trabajan mucho y arriesgan el físico en sus actividades. Este seguro lo tienen desde titulares hasta mandos medios, aunque también entre los perros hay razas, así que baja la cobertura conforme al escalafón. Adivinen quién paga esos seguros… adivinaron, nosotros, es decir, los mexicanos con los impuestos.

Para que se den una idea, tan sólo en el Senado se adquirió a Grupo Nacional Provincial -sí, ese que está detrás del video de los niños incómodos- seguros de gastos médicos mayores para 256 legisladores federales y un grupo de altos funcionarios, por 17 millones 890 mil 975 pesos, lo que implica que la protección es para los actuales 128 senadores y sus 128 sucesores, ¿así o más abusados?

Si piensan que eso es mucho, es porque no han visto lo que gastan en la Cámara de Diputados, en donde les dio por asegurar todo, así que los 41.8 millones de pesos que tenían planeados usar en eso, la cifra se disparó hasta 170.3 millones. Pero atendiendo a los seguros de gastos médicos mayores, que es el tema de la nota, la cobertura de los legisladores de San Lázaro costó 55 millones 500 mil pesos, seguro que incluye a cónyuges, hijos menores de 25 años y ascendientes directos. Hay que advertir en cuanto al seguro de gastos médicos mayores, los diputados previeron un incremento del 25 por ciento en el costo de la prima para este año, así que de 88 mil 478 pesos por cada uno en el 2011, en éste el costo se elevó a 110 mil 610 pesos, una diferencia de 22 mil 132 pesos por legislador.

Pero, como comenté, no sólo se aseguran diputados, también mandos medios y superiores, que para el caso de esta cámara son 578 en total, así que el monto del gasto para ellos fue de 9 millones 742 pesos y cubre ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización.

Y esto es sólo con respecto al poder legislativo, ya no hablemos del presidente, ministros de la Suprema Corte de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados, consejeros electorales, CDNH, INEGI, ex presidentes, etc.

Ya quisiera ver a todos estos asegurados por el erario con sólo el Seguro Popular, quisiera que en lugar de tratar sus enfermedades en Estados Unidos -¡hola, Lujambio!- se fueran a hacer fila al ISSSTE, como los ciudadanos de a pie. Porque es muy fácil llenarse la boca diciendo que en México el derecho a la salud es igual para ricos y pobres, cuando tienes un seguro de gastos médicos mayores pagado por los mexicanos. Y no digo que no lo tengan, digo que se lo paguen con su “dieta”, que al final de cuentas no ganan dos pesos, ¡eh! Y esos millones que se destinan para pagarles sus seguros, mejor se los metan a las instituciones de salud, que buena falta les hace.

Sólo por saber si hay puntos de vista diferentes a los nuestros, o por estar abiertos a conocer las opiniones que otros tengan respecto a la evaluación del trabajo de los Diputados y Senadores del país; vaya a ser que tenemos una visión sesgada, que no estamos viendo las dos caras de la moneda o por puro beneficio de la duda, hay que darle una ojeada a las conclusiones sobre la evaluación del gobierno dentro del estudio “Perspectivas de la Alta dirección en México 2012”, realizado por la consultora KPMG, mediante la encuesta a 400 directivos de empresas de diferentes tamaños, industrias y regiones.

Pero ¿qué creen?, no es que uno sea tendencioso, más bien es que la mayoría de los legisladores han puesto más esfuerzo (hasta pareciera intencional) en quedar mal con todos los sectores de la población, que en promover reformas necesarias para el país. Porque de acuerdo a dicho estudio, tratándose de Diputados el 44% de los encuestados considera que su labor ha sido mala, un porcentaje alto en una mala calificación pero que todavía deja por unos segundos preguntarse “bueno ¿pero el 56% restante la considera buena?”. La duda no dura más de unos segundos cuando lees que no, todavía en un rango menor, en una calificación de pésimo el 42% de los encuestados los coloca en su evaluación. Es decir el 86% considera que la labor de los Diputados está reprobada, por debajo del cumplimiento mínimo esperado para su cargo. Porque no sé que pensarán ustedes pero yo creo que una calificación de regular se la daría a alguien que cumple con sus obligaciones pero no va más allá, no propone, ni tiene iniciativas fuera del mínimo que ese cargo le requiere. Al que si lo hiciera le otorgaría una calificación de bueno o excelente. Pero en estas calificaciones sólo obtienen el 13%, 1% y 0% de calificación (regular, bueno y excelente, respectivamente).

A los Senadores les va un poco mejor, pero no deja de ser vergonzoso. 32% califica su labor como pésima, 42% como mala, obteniendo un total reprobatorio, resumiría yo, de 74%. Y sólo 22% los calificó con regular, 4% con bueno y 0% con excelente. En cuanto a los Gobiernos Estatales digamos que estuvieron a punto de “aprobar” pero no lo lograron, pues el 18% coloca en pésima su labor, 35% en mala (sumándolos 53%) y 37% les otorga la calificación de regular, 9% buena y 1% excelente. El único que queda “menos peor” de acuerdo a lo que concluye este estudio es el Gobierno Federal pues en la calificación de pésima y mala, sólo lo colocan 2% y 10% respectivamente (12% en total). Y con evaluación de regular, buena y excelente, 35%, 46% y 7% respectivamente.

Si, ya sé, con eso de que estamos en época de campañas electorales y las opiniones se vuelven muy pasionales de acuerdo a la preferencia política, me van a decir esto es un intento de los empresarios de fortalecer a tal o cual partido. Pero honestamente, a simple vista, yo no veo que en otros sectores de la población haya una apreciación distinta. Tal vez con porcentajes distintos, y posiblemente todos reprobatorios, pero los peor vistos no dejan de ser los legisladores. Al final puedo decir que no es que yo sea la prejuiciosa, la decepción que se siente por el trabajo de Diputados y Senadores parece ser similar en los diferentes sectores de la población.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había una red de corrupción trasnacional que se dio a conocer por una investigación de Estados Unidos. Sí, al parecer, en México se necesita que el país vecino inicie pesquisas contra empresas que ofrecen sobornos millonarios para que aquí nos enteremos. Los negocios hechos por debajo del agua se hicieron entre 1997 y 2003, pero el caso fue develado por el Departamento de Justicia estadounidense hasta 2010. Fue entonces cuando les dio por interponer denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contras las empresas involucradas e investigar a los funcionarios mexicanos que recibieron el soborno.

El asunto fue más o menos así: en aquellos años, la empresa suiza ABB pagó un soborno de 1,9 millones de dólares para obtener contratos con un valor superior a los 81 millones de dólares, sin duda, un buen negocio. El sobornado fue Néstor Félix Moreno, en ese entonces director de operaciones de la CFE, las indagatorias también implicaron a su antecesor, Arturo Hernández Álvarez. En la investigación que realiza Estados Unidos, ambos funcionarios son señalados como parte de la red de sobornos.

¿Después qué pasó? El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en septiembre de 2010 que ABB inc. reconoció que una de sus filiales en Sugar Land, Texas, pagó los 1,9 mdd en sobornos a funcionarios de la CFE. En una corte federal de Houston, una juez impuso una sentencia que incluyó una multa de 17,1 millones de dólares contra ABB Inc. Estados Unidos también pidió a México información de los archivos personales de los funcionarios implicados y contratos -entre otra documentación- efectuados durante el tiempo que estuvieron en la paraestatal.

Cuando la CFE se enteró del asunto —por la investigación estadounidense—, pidió a la firma ABB Inc. que identificara a los servidores públicos mexicanos involucrados en los actos de corrupción. Y ya de paso interpuso una demanda penal en contra de la empresa. La paraestatal mexicana ganó la demanda y la firma suiza tuvo que pagar 3.2 millones de dólares a CFE por concepto de daños y perjuicios —hasta ahí, entre sobornos y multas ABB Inc. pagó 22,2 mdd, o sea que de la ganancia de 81 mdd todavía le quedaron 58,8 mdd, moraleja: sobornar sí deja, con todo y pagos derivados—.

Hasta ahí, todo bien. La empresa pagó sus multas en Estados Unidos y México, y todavía le quedó un poco —supongo que una parte se destinó a gastos de operación de los contratos y hasta ganancia tuvieron—. Pero ¿y los funcionarios sobornados, apá? El fin de semana pasado, Néstor Félix Moreno fue detenido en Sonora y lo trasladaron a la Ciudad de México para ingresarlo al Reclusorio Oriente, con ello, se cumplía la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Dicen que el delito que se le imputa no es grave —no, pues cómo va a ser grave hacerse rico con sobornos, usando su puesto en una paraestatal— y que por eso pudiere alanzar libertad bajo fianza. Pero como el tipo ya tiene historial en eso de “evadir la acción de la justicia” -en 2011 un brillante juez le concedió la libertad bajo caución y se les peló-, el Ministerio Público de la Federación pidió al juzgado negarle ese derecho.

¿Y el otro? Esa es la pregunta. Por eso sigue abierto el caso de fraude en CFE. Hasta el momento, la PGR no ha revelado la situación jurídica de Arturo Hernández Álvarez, si sigue en calidad de indiciado o qué de qué, y sólo ha actuado penalmente contra Moreno Díaz.

En la versión oficial, la investigación en el Ministerio Público de la Federación inició en 2009. Yo no les creería tanto, ¿por qué iban a investigar un caso, cuya denuncia se presentó hasta que el caso fue develado por el Departamento de Justicia estadounidense en 2010? Incluso por esas fechas, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) aseguró que era lamentable que sólo a través de una investigación en Estados Unidos, se pudiera percatar el gobierno de México que hay líos entre sus funcionarios -y seguro piensan que no hay gente preguntona que le da por revisar el caso desde que se dio a conocer-.

Otro detalle curioso que ha pasado por alto es que ABB Inc -a través de ABB México y ABB LTD-, tenía contratos no sólo con CFE y Luz y Fuerza del Centro, en realidad tenía más de 600 contratos en todo el gobierno federal, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia. Con Pemex Refinación tenía 90 contratos; con Pemex, Exploración y Producción, 37; con Pemex Gas y Petroquímica Básica, 27; con la Secretaría de Economía firmó 15 permisos; con Pemex Petroquímica, 13 contratos; con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, 11 contratos, entre otros. ¿A poco nada más sobornaron a los de la CFE? Sí, sí, ya sé, la negra es la de la mente cochambrosa.

Imagen: Manuel Ajenjo

Para alguien como yo, 25 millones de pesos es muchísimo dinero. Tal vez para el gobierno de Veracruz no es tanto, pero es suficiente como para insistirle a la Procuraduría General de la República (PGR) que se los devuelva. A finales de enero, la Policía Federal incautó 25 millones de pesos en efectivo a dos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México. El incidente no pasó por alto -como los millones-. El gobierno de Javier Duarte advirtió que el traslado del dinero en efectivo fue una operación lícita y que su origen era el erario, y explicó que el destino de los recursos era pagar servicios de promoción turística del estado. Sus argumentos de nada valieron, la PGR igual le confiscó sus billetitos.

El problema es que todo estaba demasiado turbio, no sólo por la extraña decisión de transportar 25 millones cash, además, el oficio que autorizaba el transporte de los recursos carecía de sellos oficiales, el asunto de la factura era cuestionable y las voces se alzaron para acusar a Javier Duarte de financiar la campaña de Enrique Peña. Con tantos elementos en contra, se inició la investigación para saber de dónde habían salido esos millones.

De acuerdo con los expertos, los recursos tenían un origen licito y comprobaron que las dos personas que trasladaban los recursos eran empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación, lo cual quedó asentado en el dictamen oficial, fechado el 29 de febrero, suscrito por Fabián Martínez Romero, Yanira Ivette Valle Robledo y Jorge Moreno Montealegre, peritos adscritos al departamento de Asuntos Fiscales de la Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR.

A pesar del palomeo de los peritos, no les han regresado el dinero, razón por la cual Antonio Lezama Moo, subprocurador de Justicia del estado de Veracruz, dijo que la dependencia que encabeza Marisela Morales debe declararse “incompetente”, debido a que hasta ahora no se ha emitido un fallo en torno del asunto. Dijo, además, que la administración duartista sí ha acreditado cada una de las indagatorias y requerimientos que la PGR ha solicitado, y que se oponen al abandono de los recursos.

Yo también me opondría, son 25 millones que bien podrían servir para algo útil e importante en el estado -como financiar la campaña de Enrique Peña-. Y así como el misterioso traslado de 25 millones en efectivo se presta a suspicacias, también lo hace la negativa de la PGR para devolverlo. ¿Será acaso que ya no existen esos billetes? ¿Será que pensaron que nadie sería tan estúpido como para reclamar algo confiscado en semejantes circunstancias? ¿Será que andan “jineteando” el cash? Será el sereno, pero es claro que el gobierno de Veracruz no piensa quitar el dedo del renglón y está decidido a seguir pidiendo los 25 millones. Sería interesante que se les devolvieran y que los rastrearan, nada más para ver en dónde terminan los billetitos.

Hay veces que ya no sabe uno si reír o llorar. Los mexicanos hemos optado por hacer lo primero, yo creo que más que nada por cuestión de salud, pues reír beneficia y si lloráramos por todos los corajes que nos hace pasar el gobierno ni solucionamos nada y acabaríamos con tremenda deshidratación, que para qué les cuento. No habría suficientes sobres de suero vida oral que nos sacaran del aprieto.

Pues para mejorar la salud del día de hoy aquí les cuento otra para “reír”: En algunos medios el día de hoy se publica que de acuerdo a la información del IFAI, la Secretaría de Seguridad Pública adquirió por un monto de $47.610,00, con un tipo de cambio de referencia de $1,00 (como lo expresan en la página), no 100, no 10, no 2, sino 1, una memoria Kingston USB de 2GB. Dicha compra se realizó en el mes de noviembre de 2007, mediante adjudicación directa, con la empresa Ingeniería en Computación y Comunicaciones, S.A. de C.V., de la cual por cierto con una simple búsqueda en Internet no parece haber página de la empresa, aunque si aparece un perfil en Linked in de un representante legal.

Para los que no están muy enterados de cuestiones de tecnología, un USB es una memoria que se ha vuelto de uso común desde hace ya varios años sustituyendo a los discos compactos por su capacidad y facilidad de uso pues son muy pequeñas, fáciles de transportar y no tienen el riesgo de rayarse o dañarse tan fácilmente como puede pasar con un disco. En este momento si hacemos una sencilla búsqueda en buscape, un portal donde podemos tener un comparativo de diferentes opciones de venta de una memoria Kingston USB de 2GB, encontramos opciones desde $78.00. Pero no seamos prejuiciosos, la adquisición se realizó en el 2007 y la tecnología baja sus precios con el paso de los años… Si, lo piensan bien, no hay ni cómo ayudarlos, ese tipo de memoria hace 5 años cuando muy cara no debía pasar de los $1,500.

Una adquisición ridícula más (por decir lo menos), que se agrega a la lista junto con la prótesis de pene de Pemex y otros tantos que ni nos hemos dado cuenta. Ahora habría que preguntar ¿Y las consecuencias? Porque de nada sirve tener un portal de transparencia si cuando se detectan usos inadecuados de recursos no se toman medidas de castigo y corrección.

Adelantándose una vez más al resto de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la más reciente reforma a la Ley de Salud local, convirtiendo a todos los residentes permanentes del Distrito Federal en donadores de órganos.

Ante el lento avance de los diversos programas de difusión y concientización sobre la situación de las donaciones cadavéricas en nuestro país, la reforma apoyada e impulsada por virtualmente todas las representaciones políticas del congreso local (¿ven como sí pueden ponerse de acuerdo?) introduce los términos de donación exprés y donación tácita. En realidad, la donación sólo podrá ser evitada por un rechazo explícito por parte del donador en potencia previo a su muerte o por sus familiares de primer grado, por lo cual se entiende el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.

Con anterioridad, el Senado de la República ya había aprobado reformas a la Ley General de Salud que convertían en donador a cualquier persona de identidad desconocida o cuyos familiares no lograran ser localizados. Sin embargo las estadísticas siguen probando que se necesitan más donadores. Para muestra, basta un botón: el Centro Nacional de Trasplantes tiene registrados cuatro mil 561 pacientes en lista de espera en el Distrito Federal (de 15 mil 836 a nivel nacional) y en promedio cada año hay 112 trasplantes por donación cadavérica en la capital del país (de un total de 607 en todo el país). La crítica situación por la que atraviesa el país en este rubro también se ve reflejada en la relación entre donadores registrados y población total. Idealmente, la tasa de donaciones debería ser de 40 por cada millón de habitantes, pero en México es de 7 por cada millón.

La diputada Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Salud en la ALDF, anunció además la creación de una base de datos que agilizará el proceso de donaciones:

Esta base de datos forma parte de la información que se puede tener en el momento en que una persona fallece; se le localiza en la base de datos y se toman los componentes de su cuerpo, sin que medie la intervención de terceras personas o familiares. Y el tácito sólo se aplicará para la donación de órganos cuando se confirme la pérdida de la vida y las personas que estén cercanas, los familiares cercanos a la persona que fallece, pues lo acepten.

La aprobación de esta reforma no significa que se deban reducir los esfuerzos por crear mayor conciencia en la población sobre los beneficios de la donación cadavérica, al contrario, pues hay que recordar que los familiares del candidato a donar aún pueden negar su consentimiento.

Infografía: Razón

Si hay algo que me molesta de una empresa es que te den un mal servicio. En toda la extensión que el término “mal servicio” comprende. Ya sea que te quieren dar gato por liebre, que te traten como si te estuvieran haciendo el favor cuando tú les estas pagando, que no sepan resolver los problemas derivados de su servicio y muchas, muchas más razones que muy probablemente ustedes también han experimentado y por las cuales se les ha retorcido el hígado como a mí. Por lo general me quejo directamente con la empresa y trato de que se resuelva (cosa que no siempre logro) y para ser honesta nunca he puesto una queja en la Profeco porque o son cosas menores, o que no están contempladas en el contrato o simplemente porque no tengo el tiempo para poner mi queja y darle seguimiento.

Por otro lado estoy convencida de que la forma más poderosa que tenemos los consumidores para presionar a una empresa es dejar de comprarle o contratar sus servicios (claro y pensando en que haya competencia y se eliminen los monopolios, pero ese es oootro tema). El problema es que cuando padeces la experiencia del consumidor defraudado, se lo cuentas a tus amigos, familia y hay personas que hasta campaña hacen en Internet contra estas empresas. Pero la verdad después de un tiempo y por salud mental, tienes que dejarlo a un lado y seguir con tu vida. Por eso siempre he pensado en la necesidad de un sitio que mantenga para la consulta del resto de consumidores las quejas y los malos servicios que suelen dar las empresas para tomar una mejor decisión de compra y claro por consecuencia (o al menos eso es lo que por lógica debería pasar) las empresas se preocupen en mejorar sus procesos y prestar un mejor servicio.

Al parecer la Profeco intenta hacer algo por el estilo. Acaba de publicar un nuevo portal del consumidor: www.consumidor.gob.mx, en el cual da a conocer las 20 empresas con más quejas el año pasado. El reporte por el momento es muy breve y general, incluye la cantidad de quejas y los motivos de éstas, pero espero lo vayan puliendo para que pueda ser un buen sitio de consulta y realmente cumpla su función.

“Este portal será gradual conforme vayamos avanzando, hoy arrancamos con estas 20 empresas con el primer paso de rendición de cuentas; son las que en su conjunto representan el mayor trabajo de la Profeco. Lo tendremos más segregado y más sistematizado e iremos avanzando en una siguiente etapa por sectores; el comportamiento de las empresas se actualizará trimestralmente” comentó Bernardo Altamirano, titular de la Profeco al dar a conocer el sitio.

El sitio entonces está en proceso de desarrollo y como ellos sugieren ahí mismo habría que contarles qué queremos encontrar en ese sitio. Yo por ejemplo esperaría que se lleguen a publicar todas las empresas que tienen quejas, así sea una. Y tal vez también mencionar aquellas a las que se les pueda reconocer por productos de calidad, buenos servicios, apoyo al medio ambiente y otras prácticas que podríamos tomar en cuenta en nuestra decisión de compra. Que los motivos de las quejas no se muestren de manera tan general, deberían ser más específicas de acuerdo al servicio que prestan o producto que venden para que el consumidor tenga claro por qué sí o por qué no contratar esa empresa. Y agregaría algún apartado en que se reporten algunas prácticas poco serviciales, porque la verdad es que aquí se reflejarán las quejas que proceden ante la Profeco que muchas veces giran en función del cumplimiento de un contrato, pero hay situaciones que salen de esos parámetros y deben quedar como alertas que si se dan constantemente sí son significativas.

El beneficio del sitio pudiera ser indirecto también, pues al hacer públicos los reportes de quejas y proporcionar la información de los servicios y productos, podría ser que aquellos que hemos desistido de poner una queja ante la Profeco nos sirva de aliciente al saber que el resto de consumidores ya pueden ver, con más facilidad, al menos la cantidad de quejas que tiene una empresa. Aunado también a que el reporte de quejas se facilite (cosa que han dicho, se ha mejorado). Vamos a ver si se puede concretar un buen apoyo para los consumidores y mientras tanto ¿Que sugieres tú para mejorarlo?

“Había una vez un Gobierno Democrático… era tan democrático, pero tan democrático que todos participaban en las decisiones del gobierno -porque era democrático-, y todos fueron felices y comieron perdices. Fin”. Felipe Calderón presumió sus cuantiosos, loables, perínclitos y siempre bien ponderados logros democráticos, frente a unos diez mil burócratas democráticos, que aplaudieron democráticamente al presidente democrático. El acto democrático se llamó “Un gobierno democrático que rinde cuentas” y ensalzó su figura democrática, unas horas antes de la veda electoral democrática; su esposa democrática le mando besos democráticos y algunos lloraron por la emoción de tanta democracia.

El presidente democrático sentenció que la violencia -democrática- en México no se originó por la intervención de su administración -democrática-, sino porque los gobiernos anteriores -antidemocráticos- no habían realizado acciones en contra de la inseguridad -democrática-. “Hay quien piensa que si el gobierno no hubiera intervenido, esto no hubiera pasado; esto nos pasó porque el gobierno no intervenía.”, afirmó contundente el democrático mandatario.

De acuerdo con el presidente democrático, sin su democrática intervención, una parte del territorio nacional -democrático- estaría dominada por capos -antidemocráticos- y para el próximo sexenio -¿democrático?- hubiera sido tarde -como si actualmente una parte del territorio nacional democrático no estuviera dominada por capos antidemocráticos-. Sí, gracias al presidente democrático, las instituciones -democráticas- estarían completamente infiltradas por los delincuentes -antidemocráticos- y la sociedad -democrática- estaría arrodillada frente a los criminales -supongo que actualmente las instituciones democráticas sólo están medio infiltradas y nosotros sólo estamos empinados, democráticamente, eso sí-.

El presidente democrático aseguró que mienten quienes afirman que ha crecido la pobreza -democráticamente- en este periodo -democrático- y aseveró que se ha consolidado a México como una economía sólida y estable -y, supongo, democrática-. De hecho este país democrático es tan bueno que la inversión extranjera -democrática- que llega a México -democrático- es de 115 mil millones de dólares. Y aseguró que “poco a poco nuestro país se va convirtiendo en una sociedad de clase media” -democrática-.

En materia de derechos humanos -democráticos-, el presidente democrático enfatizó los logros en reformas democráticas: “Fue ahora cuando se despenalizó la inmigración, incluso de quienes transitan por nuestro país” -el presidente democrático olvidó el trato inhumano (democrático) a los inmigrantes que transitan por nuestro democrático país-.

Afirmó que “nunca en la historia moderna de México ha habido tanta libertad para insultar y calumniar a un presidente” y agregó: “En esta administración hemos sido profundamente respetuosos de la libertad de expresión y manifestación” -el presidente democrático olvidó que en su sexenio el asesinato democrático de periodistas está a la orden del día y que ejercer la libertad de expresión democrática se ha convertido en una sentencia de muerte democrática-.

El presidente democrático siguió presumiendo sus preclaros logros democráticos, como el derecho a la salud, a todas vistas democrático, o la transformación profunda -y, claro, democrática- en la educación, durante aproximadamente 101 minutos democráticos. De acuerdo con el presidente democrático: “México es mejor de lo que era hace seis años”, y afirmó: “He actuado con la confianza de lo que el deber me indicó y pensando en el bien de México”. En la arenga democrática expresó que a pesar de las adversidades democráticas servir al país “más que una carga, es un honor que no tengo con qué pagar”, lo cual le granjeó una ovación democrática del democrático público asistente.

¿A poco no es el cuento más democrático que han escuchado por siempre jamás?

Imagen: Animal Político