Sabemos que los estadounidenses se adueñaron del gentilicio de norteamericano y americano. Aunque los mexicanos también pertenecemos a América del Norte y también somos “Estados Unidos”, casi siempre que se hace uso de estos nombres siempre lo relacionamos con los Estados Unidos de América. Afortunadamente, no todos los “gringos” son tan egocéntricos ni sienten que viven en el ombligo del mundo.

Steve Holland, demócrata del estado de Misisipi, presentó una iniciativa de ley para rebautizar el Golfo de México como Golfo de América para propósitos oficiales dentro del mismo estado. Esto con el único objetivo de mofarse de una legislación antiinmigrante propuesta por el gobernador Phil Bryant, la cual permitiría que el estado reprima la inmigración.

En 2010 en México se intentó llevar a cabo una legislación muy similar, aunque esta sí iba en serio. Querían renombrar el nombre oficial del país —Estados Unidos Mexicanos— y dejarlo simplemente en México. La única justificación era que México había copiado el modelo de los gringos, que no teníamos identidad propia y que necesitábamos un nombre que fuera claramente identificable de otro pueblo.

Estando en legislaciones de cambio de nombres inútiles, espero que en una de esas no se les ocurra a las autoridades de Sonora renombrar el Golfo de California a Golfo de Sonora o algo similar. O que los estados se empiecen a querer rebautizar como Estado del Norte/Centro/Sur de México.

Si se llegara a aprobar esta ley, entraría en vigor el próximo 1 de julio. No me quiero imaginar lo que pensará el legislador Holland si se llega a aprobar esta ley que solo propuso para “mofarse” de los republicanos. Digo, son tan patriotas algunos legisladores que seguramente pensarán que es una excelente idea.

Foto: wonkette

Los integrantes de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, eligieron por unanimidad a Bernardo Sepúlveda Amor, jurista mexicano y egresado de la UNAM, como vicepresidente de dicho órgano. El Dr. Sepúlveda se ha convertido en el primer mexicano es ostentar dicho cargo, aunque no es el primero en llegar en calidad de juez a este tribunal. En el pasado los mexicanos Isidro Fabela, de 1946 a 1952, Roberto Córdova de 1955 a 1964, y Luis Padilla Nervo de 1964 a 1973, ya fungieron como jueces de la CIJ. Es importante recalcar que a diferencia de la pertenencia temporal en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que responde al principio de rotación geográfica (es decir, que los miembros temporales deben pertenecer dos a cada región diferente: África, Europa del Este, Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, y Europa Occidental, Norteamérica y Oceanía), los miembros de la Corte Internacional son electos en base al mérito propio.

Sepúlveda ya se había desempeñado con anterioridad como Embajador de México en Estados Unidos en 1982, para posteriormente continuar hasta 1988 como Secretario de Relaciones Exteriores, durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Durante dicho periodo fue uno de los principales precursores del Grupo Contadora, iniciativa impulsada por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela para mediar en los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua, y Guatemala.

Como vicepresidente de la CIJ, su trabajo consistirá en continuar con el seguimiento a los 13 casos pendientes de resolución en la Corte, de temas tan variados como cacería de ballenas en el Ártico, disputas territoriales, conflictos por el uso de pesticidas en zonas fronterizas, y seguimiento al cumplimiento de condenas por genocidio que datan desde la Guerra de los Balcanes. Además, Sepúlveda deberá estar listo para apoyar al presidente del órgano, el eslovaco Peter Tomka, en emitir opiniones consultivas cuando las solicite algún órgano de la ONU, tendrá que atender el papel de interlocutor con otros tribunales y cortes internacionales con sede en La Haya, con el gobierno holandés, con el cuerpo diplomático acreditado en esta ciudad y con el sistema de las Naciones Unidas en general.

Sin duda, la buena reputación que acarrea Sepúlveda desde el inicio de su carrera en la CIJ, a la que ingresó en febrero de 2006, continuará por los próximos tres años, periodo de duración de su nuevo cargo.

Imagen: ICJ

Según un reporte titulado “Fatalmente Defectuoso” publicado por los legisladores demócratas de los Estados Unidos, tan solo durante la administración de George W. Bush hubo por lo menos otros tres operativos similares a “Rapido y Furioso”.

El primer operativo fue llamado Receptor Abierto y se realizó entre 2006 y 2007, cuando agentes de la ATF permitieron la entrada de armas a México. Fue hasta un año después de iniciado el operativo cuando las autoridades estadounidenses intentaron acuerdos para coordinarse con el Gobierno mexicano. La operación fracasó en 2007 después de varios intentos fallidos para decomisar las armas.

Como el primer operativo falló, a los estadounidenses se les ocurrió que sería una magnífica idea comenzar otro operativo nuevo. Es por ello que llevaron a cabo El Caso Hernández, en el que Fidel Hernández y sus cómplices compraron 200 armas con el objetivo de que fueran introducidas a nuestro país. La operación terminó después de varios esfuerzos fallidos de coordinación con México.

Para cerrar con broche de oro el cuatrienio de Bush, en 2008 se llevo a cabo otro operativo donde una red liderada por Alejando Medrano introduciría más de 100 armas a nuestro país. Aunque según el reporte, en esta ocasión “si funcionó” y Medrano y sus cómplices fueron sentenciados a varios años de cárcel.

Así de lamentable es la importancia que le da un país como Estados Unidos a la situación actual de nuestro país. Sigo pensando que nuestro mandatario ha tomado con mucha pasividad este tema. No ha tomado esas medidas “rígidas” que dice tomar contra los criminales. La soberanía nacional está en riesgo, México sigue siendo el laboratorio de pruebas de los estadounidenses y nuestras autoridades siguen sin tomar cartas en el asunto. Lamentable.

Foto: tamaulipasaldia.

Una vez más la trata de personas y las redes de prostitución vuelven a dar la nota. En esta ocasión por el anuncio de que la hija de un ex-espía argentino -quien asegura que presentará agendas, correos electrónicos, un teléfono celular y otros materiales con pruebas de la red de prostitución y los nexos de su padre con empresarios, políticos y funcionarios mexicanos- viajará a México para denunciarlo ante la Cámara de Diputados.

Lorena Martins, hija del ex-agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) Raúl Martins, comentó en entrevista para el Mañanero que después de vivir en España, ella regresó a Buenos Aires y vivía en un edificio de su padre donde él tiene su oficina; ahí contactó con empleados y se empezó a enterar de cosas. Su padre la vio como un peligro para su organización e intentó matarla “porque él prioriza su organización antes que nada, lo más importante para él es esta banda mafiosa” asegura Lorena. Ella señala que a partir de ese momento se fue infiltrando en la organización para enterarse de más y tener pruebas de la red que lleva mujeres del país suramericano a México, donde las obligan a prostituirse.

“Él tiene muchos locales (que funcionan como prostíbulos). Hay chicas que entran por voluntad propia y otras que son engañadas y las quiebran, especialmente las que viajan al extranjero… les prometen trabajo de recepcionista o modelo, les pagan los pasajes, les dan hospedaje y les prometen documentación para residir en México” pero “una vez instaladas, se les van quitando las supuestas ayudas y las colocan en situación de desamparo” hasta que aceptan “prestar servicios”  indicó Lorena Martins a otros medios.

De acuerdo con lo que dice hay gente bastante peligrosa, son gente importante la que está inmiscuida en esta red de prostitución entre Buenos Aires y Cancún donde ya en 2007 se clausuró el centro nocturno “The One” propiedad de Raúl Martins por supuestas irregularidades.

En Argentina señala, ya hizo la denuncia ante la fiscalía de trata y vio que también debía ser denunciado en México por lo que viajará aquí donde será recibida por la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados de México, Rosi Orozco. Esperemos que levante a la brevedad su denuncia y aun con el apoyo de la presidenta de la comisión que siempre se ha mostrado comprometida con esta lucha, no pierda tiempo asistiendo a la Cámara de Diputados, pues hay muchos otros ahí que son lobos con piel de oveja, que podrán poner cara de indignación y vociferar contra esta mafia, pero están metidos hasta el cuello como ya se ha visto en otras ocasiones.

Foto: Pulso ciudadano

Dos misteriosos paquetes que, al parecer, salieron de la Ciudad de México, llegaron a la sede central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16 de enero. La versión falsificada del logotipo de la ONU levantó sospechas, así como la ausencia de dirección, tanto de origen, como de entrega, razón por la cual las autoridades de seguridad de la ONU notificaron al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Los paquetes fueron incautados e investigados por las autoridades competentes, tras lo cual, Paul J. Browne, jefe de relaciones públicas de la NYPD, explicó que el embargo fue enviado desde la Ciudad de México y llegó a un centro de clasificación de la compañía de mensajería DHL, en Cincinnati, Ohio. Como los paquetes no llevaban remitente, ni destinatario, asumieron que, por los logotipos de la ONU, se trataría de un paquete para ellos. Por eso razón, la llevaron a sus instalaciones.

La sorpresa fue que al abrir los misteriosos paquetes se encontraron con 14 libros —no dicen los títulos, pero sería una joya saberlos, ¿acaso un toque irónico como “La verdad sospechosa”?—, a los cuales se les desprendieron las hojas para alojar la cocaína dentro de las cubiertas, muy a la usanza de Hollywood. Según el reporte oficial, cada libro llevaba un poco más de un kilo de cocaína, haciendo un total de entre 16 y 18 kilos, con un valor estimado de dos millones de dólares.

La ONU se lavó las manos, de acuerdo con Gregory Starr, subsecretario general del organismo, los misteriosos paquetes no fueron enviados desde un servicio de esta institución y no hay indicios de que el envío tuviera algo que ver con la organización o su personal y formuló la hipótesis de que el evento fue producto de un plan fallido del narcotráfico.

La NYPD también considera esta hipótesis como la más viable para explicar el incidente. Es decir, que en realidad se trató de un error en el envío, que, incluso, es probable que nunca hayan pretendido que la droga saliera de México, y agregaron “en estos momentos alguien en el país azteca estará en graves problemas, al perder semejante cantidad de cocaína” —guiño guiño—.

No sé a ustedes, pero a mí la historia me parece un guión de comedia que bien podría llamarse “¿Y dónde está la cocaína?”, imaginen la toma cerrada a la cara de la persona que perdió dos millones de dólares por un “error” en el envío, sería hilarante. Seguro se están lamentando por el descubrimiento del “cártel de Galis”, ese en la que participaban empleados de Aeroméxico, apuesto a que ellos no se equivocaban a esos niveles.

También podría tratarse de una “broma de mal gusto”, al estilo del pitufo bromista y su “te tengo una sorpresita”. Ahora que si nos ponemos semióticos y paranoicos, bien podría ser un “mensaje” —al más puro estilo de la mafia—, que se leería como una burla a sus “sistemas de seguridad” que permitieron la entrada de paquetes con 18 kilos de cocaína como si tal cosa. A usted, estimado lector, ¿qué otra hipótesis se le ocurre para explicar el origen de los misteriosos paquetes?

Imagen:Colorear junior

Con las elecciones de julio acercándose cada vez más, los anuncios del Instituto Federal Electoral (IFE) no dan tregua a los electores con credencial para votar con terminación 03. De acuerdo a cifras preliminares, al menos siete millones de mexicanos no han renovado su credencial y, por lo tanto, no podrán votar en las próximas elecciones. Es decir que sólo 77 millones personas de las más de 84 millones registradas en el padrón electoral podrán ejercer este derecho.

Curiosamente, mientras los esfuerzos para aumentar el número de votantes en territorio nacional parecieran no surtir efecto, la estrategia en el exterior, la de promover el voto de los mexicanos en el extranjero dio un gran salto en cuanto a resultados respecto a las elecciones federales pasadas. Esto no es ninguna sorpresa, hace menos de un año, el IFE anunció que se redoblarían los esfuerzos por incluir a cada vez más mexicanos en el extranjero en el padrón electoral. Y ha funcionado. Y es una estrategia que algunas entidades han replicado.

Según el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, el número de solicitudes para voto desde el extranjero creció en un 180 por ciento, en comparación al proceso electoral de 2006. Al momento de la publicación de esta nota, el IFE había recibido 25 mil piezas postales conteniendo una solicitud. De acuerdo a Valdés, aún hay tiempo para los despistados, pues se aceptarán entregas posteriores, siempre y cuando el postal tenga una fecha previa a la de vencimiento:

El plazo también vence el domingo 15 de enero y nosotros procesaremos todas las piezas postales que vengan con sello previo a esa fecha y hacia el 15 de enero tendremos la cifra consolidada de cuántos ciudadanos han solicitado y tendrán derecho a votar.

Es cierto que el proceso de voto desde el extranjero aún levanta sospechas; la falta de un sistema más efectivo para asegurar que ninguno de esos votos sea alterado es una dificultad que debe resolverse pronto. Pero cualquier esfuerzo por garantizar el derecho al voto a todos los mexicanos, sean o no residentes, es bienvenido… en especial en estos tiempo de desconfianza hacia las instituciones electorales y en unas elecciones tan relevantes y significativas como las de este año.

Por otro lado, lo elevado del costo de esta iniciativa (de aproximadamente 207 millones de pesos) hace que cada voto desde el extranjero, suponiendo que nos quedemos en esos 25 mil, cueste ocho mil 280 pesos por elector. Pero… no se le puede poner un precio a la democracia, ¿verdad? ¡¿VERDAD?!

Imagen: Alejandro Larenas

A partir de enero del próximo año, comenzarán a tomarse registros del iris, muestras sanguíneas y puntos clave de los rasgos faciales a todos los extranjeros que residan temporal o permanentemente en nuestro país. Esto con la intención de crear una base de datos biométricos que será utilizada para identificar riesgos de Seguridad Nacional y combatir delitos como la trata de personas, el narcotráfico o, incluso, el terrorismo. Esta base de datos biométricos requerirá la inversión de al menos 300 millones de pesos por parte del Gobierno Federal para instalar los equipos de toma de muestras biométricas en todas las entidades del país.

Su principal impulsor, Miguel Ángel Mancera, actual procurador de la ciudad de México y uno de los posibles aspirantes a la cabeza del GDF, ha anunciado que esta base de datos biométricos será alimentada conjuntamente por todos los gobiernos estatales y puesta a disposición de las secretarías de Seguridad Pública del país. El proyecto, presentado a mediados de este año, ya ha sido aprobado por los organismos de Seguridad Pública y de procuración de justicia, por lo que en breve comenzará a estar funcionando.

Esta medida —que a más de uno parecerá exagerada—, encuentra su sustento, a decir del procurador Miguel Ángel Mancera, en la necesidad por contar con información detallada acerca de posibles criminales que ingresen a través de nuestras fronteras:

Hablar de la problemática que implica no tener en ocasiones claro quiénes son los extranjeros que nos visitan en cuanto a su identidad, vamos a exponer que la única forma cierta de identificar a una persona es a través de los registros biométricos

Información que seguramente habría resultado muy útil en caso de haberle tomado muestras bimétricas a Saadi Gadafi, hijo del dictadora Muamar Al Gadafi, que pretendía abandonar Níger [para instalarse en Bahía Banderas(http://vivirmexico.com/2011/12/hijo-de-gadafi-tenia-contemplado-dejar-nigeria-por-bahia-banderas-en-nayarit), Nayarit. E información que también podría serle muy útil a los pre-candidatos republicanos que, prácticamente con una mano sobre la biblia, juraron y perjuraron que en México habitan células terroristas que atentan contra la libertad que tanto defienden.

Alrededor del mundo, éste no fue un año fácil para el periodismo. En nuestro país, mucho menos. Además de ser haber sido una de las profesiones peor pagadas en México durante 2011 —con salarios, en promedio, menores a los 8 mil pesos mensuales—, también se ha convertido en uno de los trabajos más peligrosos debido a las constantes amenazas y agresiones provenientes tanto de grupos criminales, como de las propias autoridades.

Tomando estos y otros factores en cuenta, la asociación internacional Reporteros sin Fronteras ubicó al estado de Veracruz dentro de los 10 lugares más peligrosos para el periodismo. Apareciendo junto a sitios como la Plaza Tahrir (El Cairo), en Egipto; Misrata, en Libia; o Deraa, Homs y Damasco, en Siria. Territorios que a lo largo del 2011 fueron testigos de represiones violentas ante la inminencia de la “Primavera Árabe”. Al respecto del estado de Veracruz, la asociación informa:

En 2011 Veracruz se convirtió en el nuevo epicentro de la ofensiva federal contra los cárteles; tres periodistas fueron asesinados allí en el año 2011. Una decena de periodistas debió optar por el exilio frente a la falta de acción, incluso la complicidad de las autoridades en una situación cada vez más alarmante para la libertad de informar.

En esta breve exposición de motivos, Reporteros sin Fronteras alude a los asesinatos de tres periodistas, a saber: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco —ambos del diario Notiver— y Noel López Olguín —del Diario de Acayucan—. Homicidios donde destaca la actuación turbia del ex-procurador de justicia del estado de Veracruz, Reynaldo Escobar. Personaje que además de estar íntimamente ligado al ex-gobernador Fidel Herrera —recientemente acusado de “pactar” con el Cartel del Golfo y, posteriormente, con los Zetas— acusó a los tres periodistas de estar liados con el crimen organizado.

Es fundamental aclarar que este tipo de hechos deplorables nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión de periodista, es importante señalar que se investigan las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar.

En la misma línea de acoso y agresiones hacia periodistas por parte de las autoridades veracruzanas, no podemos omitir la tan sonada “ley Duarte”; legislación que no sólo busca imponer la censura a través de penalizar información que el mismo gobierno define si es o no verdadera —a final de cuentas, juez y parte—, sino que además pone de manifiesto el autoritarismo del gobernador Javier Duarte al conseguir que la tipificación del delito de “Alarma Social” —en detrimento de “terrorismo”— fuera aprobada en cuestión de horas.

Hace unas semanas, el gobierno federal y del estado de Chihuahua pidieron perdón a las familias de ciudad Juárez que han perdido a alguna de sus hijas, hermanas, madres o esposas o en la ola de feminicidios que ha azotado a la ciudad fronteriza. El memorial para recordarlas no causó el efecto esperado, indignando a la mayoría de los actores de la sociedad civil. El día de hoy también hemos sido testigos de una disculpa dirigida a Valentina Rosendo, una mujer que, tras ser violada por soldados del ejercito mexicano, emprendió un viaje de casi una década para exigir justicia. Misma que apenas comienza a bosquejarse en su caso. No está de más realizar una cronología de estos nueve años. Sin embargo, vale la pena hacerla a la par de un ejercicio de memoria.

A veces, cuando leemos este tipo de cronologías, saltamos de fecha en fecha y perdemos la consciencia de cuánto tiempo ha transcurrido en realidad. Te propongo un ejercicio sencillo que en muchas organizaciones de la sociedad civil y empresas se utiliza para que nos volvamos plenamente conscientes del paso del tiempo. Toma lápiz y papel —o abre alguna aplicación de notas en tu computadora— y trata de ir ligando el caso de Valentina Rosendo con tu vida personal, escribiendo qué pasaba en tu día en los días, meses o años mencionados. Yo iré poniendo el ejemplo, aunque sólo de vez en cuando para que la lectura no te sea cansada. Te prometo que el resultado será impactante. Empecemos por el 2002, cuando inició todo.

2002

Remontémonos al año de 2002. ¿Qué estabas haciendo en ese entonces? En mi caso, tras dar algunos tumbos como estudiante de veterinaria, decidí iniciar la licenciatura en Psicología.

16 de febrero. Mientras yo estaba tratando de liarme con las primeras teorías de la personalidad, en Caxitepec, estado de Guerrero, Valentina Rosendo —en ese entonces, de 17 años— lavaba ropa en un río cercano a su casa. Dos soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano se acercaron a ella. Tras preguntarle por un supuesto “encapuchado”, la amenazaron, golpearon y violaron.

18 de febrero. Han pasado dos días desde su encuentro con los militares. Valentina acude a la clínica de salud de su comunidad, Caxitepec —ubicada en el municipio de Acatepec, Guerrero—. Como es de esperarse, tras la violación y los golpes que le propinaron, se encuentra en un evidente mal estado. Sin embargo, el médico en turno se niega a atenderla. ¿Por qué? Tal y como sucede en muchas comunidades, el médico encargado tiene miedo de que atenderla conlleve represalias por parte del ejercito.

26 de febrero. A los diez días del ataque, Valentina se dirige al Hospital Central de Ayutla. El cual está más de ocho horas de su casa. Ahí también le niegan el servicio. Y quizá a ti también te haya pasado: no llevaba una cita y, por ende, no pueden prestarle servicio. “Órdenes son órdenes”.

27 de febrero. Tras haber concertado una cita la tarde anterior, Valentina es examinada. Sin embargo —continúan los peros— el médico sólo examina su estómago. Pretexta que, como no hay una médica, no puede practicar los demás exámenes. Ella, seguramente frustrada, regresa a su comunidad; un viaje de más de ocho horas.

3 de marzo. Valentina se lleva una sorpresa. Este domingo, a unos días de haber regresado de Ayutla, 50 soldados del ejercito se aparecen en su casa. Le obligan a señalar a sus agresores. Este día será importante para fechas futuras, pues el gobierno de nuestro país argumentará en contra de Valentina —y las organizaciones que la defienden— que ella no pudo ser capaz de reconocer a sus agresores.

8 de marzo. Valentina acude al Ministerio Público del fuero común en Ayutla de los Libres, Guerrero. Ahí, interpone una denuncia por los hechos sucedidos hace casi un mes.

19 de marzo. El médico legista Enoch Dolores Flores, perteneciente al Distrito Judicial de Morelos, la examina. En el certificado médico ginecológico que extenderá, aparece señalado que aún existen huellas de violencia física. Toma en cuenta que ya han pasado cuatro semanas desde que fue atacada cerca de su casa.

5 de abril. ¿Cuántos meses llevamos envueltos en este embrollo? Prácticamente, dos. Para estas fechas, yo estoy preparando mis entregas finales. Estoy por concluir el primer semestre de mi nueva carrera. El caso de Valentina, mientras tanto, avanza; aunque a paso de tortuga. En este día, la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado le pasa la averiguación previa a la titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de Morelos.

8 de abril. La Procuraduría General de Justicia de Guerrero se declara incompetente, pues el caso corresponde a la justicia militar. Su caso será archivado en 2004 por —y ojo con esto—: “no acreditar la violación sexual”. Es decir, se pasa por alto el certificado médico ginecológico que se emitió el 19 demarzo

6 de junio. Vacaciones. Al menos para mí y todos los que estábamos en la universidad en ese año. Pero en el caso de Valentina no hay tal. Ese día, ella presenta un amparo donde se solicita a las autoridades declinen su competencia, regresando la responsabilidad a las autoridades civiles.

2003

Ha pasado un año. Yo, como muchos, estoy en el segundo mes de mi tercer semestre. Para ese entonces, llevo en mi haber 14 materias de la licenciatura completadas. ¿Y en el caso de Valentina?

11 de febrero. A unos días de que se cumpla un año de la agresión. Valentina ahora interpone en el Juzgado Quinto de Distrito “B” de Amparo en Material Penal en el Distrito Federal un amparo para que su caso tenga continuidad y no quede en el olvido. Sin embargo, más tarde, se lo negarán.

6 de noviembre. Llevo 21 materias completadas. Estoy iniciando el último mes de mi cuarto semestre de licenciatura. Valentina, mientras tanto, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, exponiendo su caso.

10 de noviembre. Tres organizaciones, la del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), el Centro Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandan a la CIDH que el caso de Valentina sea tomado.

2006

Gracias a los “veranos”, tomar más materias y la presión económica, logro graduarme. En julio de este año, recibo mi título y en agosto soy admitido a la maestría en Letras. Comienzo a trabajar como profesor en algunas universidades y como creativo en una gestora cultural. Un buen año para mí. Y uno también de avances para el caso de Valentina.

21 de octubre. ¡Por fin! A casi un año de que las tres organizaciones pidieran se admitiera su caso, la CIDH les notifica que ha sido admitido. Comienzan, de nuevo, los papeleos, entrevistas e investigaciones.

2007

¿Cuánto tiempo ha pasado hasta ahora desde febrero de 2002? Más de cinco años. El tiempo que, en promedio, se requiere para hacer una licenciatura. ¿Qué no ha pasado en estos cinco años? En el caso de Valentina, siendo objetivos, realmente poco.

12 de octubre. Primera audiencia pública ante la CIDH. Un momento difícil. En la sesión, ella debe narrar con lujo de detalles todos los hechos. Desde el ataque, hasta las trabas para, primero, recibir atención médica, y después, que su caso sea investigado. Nuestro País, en su defensa, argumenta que:

• 1 la violación no fue comprobada.
• 2 Valentina no identificó a los militares que la agredieron
• 3 que los soldados no incurrieron en faltas disciplinarias

2009

Llevo tres años trabajando como profesor y estudiando la maestría. Mis primeros amigos de la infancia se casan; mis primeros amigos de la universidad, se divorcian. Han pasado siete años desde el día en que cambié de carrera. Mismos que el caso de Valentina lleva sin ser resuelto.

27 de marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite por fin su informe de fondo donde se acredita la violación sexual. Y más importante aún, se responsabiliza al Estado mexicano como culpable. ¿Por qué? Por no hacer el mínimo esfuerzo en investigar su caso, ni en sancionar a los solados responsables de la agresión sexual.

¿Te suena familiar el 2009? Claro, fue el año de la influenza. Le cayó como anillo al dedo a nuestras autoridades, pues debido a la contingencia sanitaria, se pidió una prórroga para informar los avances del caso. Prórroga señalada al 17 de julio de ese mis año.

4 de mayo. Las organizaciones piden que el caso pase de la Comisión a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CoIDH) para que la presión sea mayor. Su deseo se verá concedido el 31 de julio, cuando la prórroga vence y nuestro gobierno no da señales de vida a la CIDH.

2010

Mi último año en la maestría y, de paso, como docente. Después de vivir nueve años en Puebla, decido regresar al DF y comienzo a trabajar, primero, para una revista, después, para un call center. Mi vida no parecía ir para mejor. Tampoco el caso de Valentina Rosendo, quien lleva ya ocho años atrapada en esta maraña, buscando el camino que la conduzca a la justicia. Ubiquémonos en abril de 2010.

6 de abril. Dos organizaciones involucradas (Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y la OPIM) comienzan una camapaña para visibilizar el caso y hacerlo llegar a la opinión pública. Lleva por nombre: “Rompe el Muro de la Impunidad”.

27 de mayo. Valentina y sus abogados compadecen en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, capital de Costa Rica. Representantes del Estado mexicano están presentes para hacer lo propio.

31 de agosto. La CoIDH emite su sentencia. El Estado mexicano es encontrado culpable de violaciones a:

• la integridad personal
• la dignidad
• la vida privada
• los derechos del niño
• las garantías de acceso a la justicia y a la protección judicial

Todas en perjuicio de Valentina Rosendo. México fue condenado a:

• reformar la legislación militar
• pagar una compensación económica a Valentina Rosendo Cantú y a su hija
• brindarles tratamiento médico y psicológico
• otorgarles becas de estudios.

2011

Ha pasado casi una década. ¿Cuántos años tenías en 2002? ¿Cuántos tienes ahora? Estamos a nada de terminar el 2011 y apenas hoy el gobierno mexicano aceptó su culpa.

15 de diciembre El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y la titular de la PGR, Marisela Morales, se disculparon con Valentina Rosendo a nombre del gobierno.

Hoy el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia, este acto público es prenda de esa convicción y a sabiendas de que parte de su sufrimiento es irreparable, esperamos que para usted, la pequeña Jenny, para todos sus familiares, este acto simbólico contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida. Una vez más, una disculpa, una vez más gracias a todos por estar aquí.

Por su parte, Marisela Morales, anunció que el caso lo atrajo la PGR desde el 20 de septiembre de este año, realizando actualmente una “investigación exhaustiva” mediante un equipo multidisciplinario. Asimismo, se dio a conocer que las becas mencionadas en la sentencia, ya han sido pactadas con Valentina Rosendo y su hija. Alejandro Poiré, durante esta disculpa, calificó a Valentina como una “ejemplar mujer que fue hilvanando una lección para todo México”. Demagogia y retórica a un lado, este calificativo es correcto. ¿A los cuántos años algunos de nosotros habríamos dejado este incidente atrás, tratando de continuar con nuestra vida, a pesar de la indignación, el coraje y los tragos amargos?

Cuando Valentina inició este largo peregrinaje, yo tenía 19 años. Ahora estoy próximo a los 29. Ella ahora tiene 26. Nueve años de su vida se han ido en darnos esta lección que debemos aprender. Especialmente porque en estos momentos, en alguna parte del país, existen otras Valentinas que no han contado con la ayuda de organizaciones, o cuyos casos no han prosperado en cortes internacionales. Un ejemplo de esto es el caso de Inés Fernández, otra mujer indígena que fue violada, amenazada y golpeada en marzo de 2002, y cuyo caso también ha sido llevado a la Corte Internacional de Derechos Humanos por enfrentar los mismo problemas que Valentina Rosendo.

Una reforma a nuestro sistema de procuración de justicia se vislumbra como más que urgente.

Imagen: CUARTOSCURO

Una raya más al tigre. Justo cuando Enrique Peña Nieto comenzaba a levantar cabeza tras el “resbalón” dado en la Feria Internacional del Libro, un nuevo yerro le ha salido al paso. En esta ocasión, durante una entrevista concedida al influyente diario español El País. Al ser cuestionado por el monto del salario mínimo en nuestra nación, el ex-gobernador del Estado de México respondió que ascendía a 900 pesos, siendo que, de acuerdo a las cantidades que estableció el SAT para el 2011, éste debe rondar los mil 740 pesos. Un yerro que, seguramente, avivará las críticas que se han vertido en su contra; e, incluso, también las defensas apasionadas que han salido con el sello de Televisa.

El jueves pasado, durante la emisión del foro de debate Tercer Grado, sus panelistas arroparon la causa de Enrique Peña Nieto esgrimiendo una defensa bastante desafortunada. Adela Micha, una de las conductoras predilectas de Televisa, refirió que “Leer es irrelevante a la hora de gobernar”. Sofisma que el director del grupo Milenio, Carlos Marín, secundó, descalificando a quienes a través de redes sociales como Twitter o Facebook hicieron leña del tronco caído:

Parte de la crítica que se ha hecho a esta pifia, o dislate, es de personas que no tienen la menor idea del libro del que habló Peña Nieto, de los autores, que jamás leyeron a Rulfo, que forman parte de la ignorancia de bibliografía en México.

Sus declaraciones provocaron trinos enfadados en Twitter, donde utilizando etiquetas como #TercerGrado, los usuarios de esta red social expresaron su descontento hacia las atrevidas declaraciones de las “estrellas del periodismo” que esta casa televisora alberga en su seno. Sin embargo, las críticas —y burlas— contra el mandatario, han ido más allá de la tweetósfera mexicana, alcanzado a medios, tanto impresos como electrónicos, del orbe.

Hace unos días, a propósito del yerro cometido durante su presentación en la FIL, el diario Le petit journal bautizó a Enrique Peña Nieto como el “Justin Bieber de la política mexicana”. Comparación que el periodista Oliver Charpentier, autor del ahora célebre artículo, no fundó en su popularidad instantánea —y a la larga, insostenible— sino en la pifia que cometió el adolescente canadiense durante una presentación en el show de David Letterman, donde fue incapaz de nombrar los cinco continentes (a pesar de haberse jactado, minutos antes, de haberlos recorrido todos).

Para salir bien parado de esta pifia, Enrique Peña Nieto deberá hacer gala de la paciencia y mesura que su hija no demostró al calificar de “proles” —es decir, proletarios— a quienes criticaban a su padre. Paciencia, mesura y seguramente todo un nuevo equipo de asesores. Dos pifias de eco internacional en un par de semanas son más de lo que un candidato puede soportar.