Pues finalmente sí hay una demanda de inconstitucionalidad. Esto lo digo porque ya en el mes de marzo cuando se aprobaron las reformas conocidas como “ley de geolocalización” una de los miembros de Vivirméxico comentó precisamente los “detalles” e imprecisiones que contemplaban estas reformas y en consecuecia las violaciones que se podían dar a la libertad y al derecho a la privacidad que debemos gozar.

Precisamente, en alusión a esas violaciones es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de incostitucionalidad con la reforma de los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la ley Federal de Telecomunicaciones.

A través de dichas reformas lo que se establecía o bueno hasta el momento lo que se establece es:

… se consigna a cargo del Ministerio Público o de la autoridad judicial, cuando se trate de investigaciones en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, la obligación de solicitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la localización geográfica en tiempo real, de las comunicaciones que estén relacionadas con aquellos conceptos; solicitud que se podrá formular por simple oficio o comunicación por medios electrónicos.

Es decir, y por lo cual la CNDH pone la demanda, se le da atribuciones a la Procuraduría General de la República y de justicia de las entidades federativas para solicitar la información con empresas de telecomunicaciones por el hecho de que se pretende aprehender a autores o coparticipes de dichos delitos, sin que se prevea la intervención de jueces para que autoricen la medida, la supervisen y revoquen en su momento, señala la CNDH a través de un comunicado.

Tales reformas se consideran contrarias a las garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica y derecho a la privacidad consagradas en la Constitución. La demanda se ejerció en razón de que las reformas carecen de limitación temporal y otorga facultad discrecional e ilimitada a las Procuradurías.

Y claro, a parte de la violación a los derechos constitucionales, aquí radica el principal temor, pues de todos es sabido y hasta aceptado por el propio Gobierno que existe un alto índice de corrupción y de colusión de autoridades con el crímen organizado, por lo que contar con estas atribuciones sin la autorización y supervisión de un juez puede prestarse a mayores violaciones.

Hay que aclarar que en las reformas se contempla el castigo tanto para las empresas de telecomunicaciones que se nieguen a proporcionar la información,  como para las autoridades investigadoras que utilicen los datos e información para fines distintos a la investigación de delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, pero ¿no es mejor que de antemano se prevenga esta posibilidad?

Es cierto, necesitamos acelerar los procedimientos y facilitar las posibilidades de investigación cuando realmente se está cometiendo un delito de este tipo y para lograr que la víctima sea rescatada en el menor tiempo posible, sin mayor daño a su persona. Pero también me pasa por la cabeza, que entre los vericuetos legales, la inconstitucionalidad que en este momento señala la CNDH ¿podría ser señalada por la defensa de un criminal y lograr que el proceso en su contra se venga abajo y quede libre? Si se caen por cosas menores ¿no también debemos prever esto? Y no beneficiar a la impunidad.

Foto: Ministerio TIC Colombia

Las escuelas de tiempo completo serán una realidad… al menos en el 2021. Eso parece, si es que las reformas a la Ley General de Educación, aprobadas por la Cámara de Diputados en días pasados sigue su aprobación como hasta ahora. Dichas reformas establecerán que la jornada escolar en primaria y secundaria tendrían una duración mínima de seis horas y máxima de ocho horas.

¿Pero por qué hasta el 2021? preguntarán muchos. La verdad es que si recuerdan (al menos los que estuvimos en escuelas públicas) las instalaciones que tienen la mayoría de ellas entenderán por qué. La idea no es que los niños pasen 4 horas más sentados, viendo al pizarrón y con las mismas actividades que hasta ahora. Lo que se espera es que estas horas que se suman sean aprovechadas adecuadamente y contribuyan a dar una formación más integral a los estudiantes. Se pretende fortalecer “el uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, el arte, la cultura, la recreación, el desarrollo físico, el deporte competitivo, el aprendizaje de lenguas adicionales, así como el desarrollo de hábitos de higiene y nutrición” además del aprendizaje de los contenidos escolares que ya se tienen, señala la Cámara de Diputados. Por lo tanto el hacer este cambio no es cuestión sólo de decir “a partir de este momento se cumplen 8 horas y punto”, sino que es necesario la construcción, ampliación y equipamiento de las instalaciones y contratar personal docente y de apoyo extra al que ya se tiene.

Ahora, la implementación de esta jornada educativa, se pretende que empezará en algunas escuelas a partir del próximo ciclo escolar 2012-2013, de hecho hay algunas escuelas que ya lo están llevando, tengo entendido, a modo de “piloto” y poco a poco se irá incrementando el número de escuelas con esta jornada hasta alcanzar la totalidad en el ciclo 2021-2022. Y esto requerirá un importante trabajo en establecer nuevos modelos para el plan de estudios, en especial para estas horas adicionales, así como la adecuación de los presupuestos federales, estatales y municipales para proporcionar los recursos necesarios para el cambio y mantenimiento de las escuelas (idealmente hablando).

Y la verdad es que si recordamos que muchas escuelas ni siquiera cumplen los requisitos mínimos de instalaciones adecuadas con el modelo educativo actual (en mi primaria constantemente faltaba el agua ¡ya se imaginarán la “limpieza” que tenían los baños!), entonces sí podemos entender por qué esto es mejor que se dé paulatinamente. Yo la verdad prefiero que se cumpla (“de a de veras”) la totalidad de escuelas con instalaciones adecuadas para una nueva jornada educativa en el 2021, a que dentro de 2 años los políticos se paren el cuello diciendo que “mejoraron” la calidad educativa porque la jornada es más larga, pero en las escuelas los maestros sólo estén capoteando a los alumnos sin beneficios reales porque carecen de material, capacitación, personal y áreas adecuadas. Además una jornada más larga (y bien aprovechada) puede ser bueno, pero no es lo único que se necesita para mejorar la educación.

Indirectamente, muchos argumentan (incluso padres), que con esto se obtendrán no sólo beneficios educativos, sino sociales, pues se reducirían los tiempos en que los jóvenes estarían en la calle, frente al televisor, “compensar insuficiencias en los estímulos culturales que ofrece el hogar” y enfrentar los cambios en la estructura familiar en la que ambos padres trabajan y por tanto pasan poco tiempo con sus hijos. Pero la verdad eso me parece ni para tomar en cuenta, pues sería querer atornillar la situación, no con tornillos sino con clavos. La raíz de esos problemas están en otro lado y si se cree que mantener fuera de casa y lejos de sus familias a los niños por más tiempo va a solucionar problemas de vicios, pandillas, violencia y muchos etcéteras, pues mejor vayamos instalando internados en lugar de escuelas ¿no?

En fin… de momento las reformas fueron turnadas al Senado para continuar con su proceso legislativo, que supongo, si es que se quiere empezar a implementar en el próximo ciclo escolar, deberá ser concretado en próximas fechas… (Mmm me pregunto si mi primaria ya tendrá agua…)

Foto: AlexCamPro

Nada repara la pérdida de un ser querido en manos del crimen, de la negligencia o del abuso de las autoridades, pero además del dolor emocional que esto puede causar, los daños económicos y el desamparo que enfrentan las víctimas por pedir justicia para su familiar, es un doble abuso que debe ser evitado, y esto es lo que pretende la Ley General de Víctimas.

Para quienes se preguntaban que pasó el miércoles con esta ley ¿Quedará aprobada o le darán la vuelta? Pues es satisfactorio comentarles que quedó aprobada por unanimidad por parte del Senado, y continua en ese camino legislativo que a veces nos parece eterno a los ciudadanos, pero bueno, ese es otro tema.

El caso es que mediante esta ley, se pretende obligar al Estado a dar protección a víctimas de delito o de violación a sus derechos humanos, mediante la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que permitirá indemnizar a la víctima con hasta 500 veces el salario mínimo mensual del Distrito Federal. Establece también el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, un órgano que supervisará las acciones encaminadas a proteger, atender y ayudar a estas personas, así como el Registro Nacional de Víctimas. Y queda establecido en dicha ley denominar como víctimas a:

Aquellas personas que directamente hayan sufrido daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o que esté en peligro como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos.

Sin duda falta mucho por hacer y concretar, pero de momento la Ley General de Víctimas nos recuerda, además, que las leyes y su respeto se deben de dar no porque exista una autoridad que así lo imponga, sino porque su incumplimiento genera daños a otras personas y a la sociedad, y estos no sólo deben ser prevenidos, sino también reparados.

Foto: jpazkual

Un paso más para lograr que se concrete la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se dio ayer al ser aprobado por unanimidad en el Senado el dictamen de su expedición. Con esto faltará que la Cámara de Diputados la apruebe. Una tarea urgente para el país que muchas organizaciones no gubernamentales han venido reclamando.

La seguridad para ejercer el periodismo en México es de las peores. Reporteros sin fronteras nos coloca en el lugar número 149 de un total de 179 países respecto a su clasificación 2011-2012 para ejercer la libertad de prensa. Rodeado principalmente de países árabes como Afganistán, Pakistán, Irak y muchos otros países del continente Africano. Estamos en el penúltimo lugar de los países de Latinoamérica y el Caribe, rebasados únicamente por Cuba, de acuerdo a esta clasificación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó el año pasado que 74 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, aparte de las desapariciones, amenazas y ataques a medios.

Por su parte, Amnistia Internacional (AI), ha estado constantemente señalando la situación a la que se enfrentan además de periodistas, los defensores de derechos humanos, tanto por parte del crimen organizado como por parte de diferentes niveles de gobierno. Y pidiendo que se implementen medidas que eviten dichas situaciones entre las que destacaba “garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos y las y los periodistas”.

Ahora, llegándose a concretar la ley que ayer aprobó el Senado, el Estado estará obligado a implementar acciones para prevenir y garantizar la vida y seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos, además de sus familiares. Y en ningún caso, estarán encaminadas a restringir las actividades de dichos actores o intrusión en su vida laboral y personal, de acuerdo a lo informado por el Senado.

Al considerar “periodistas”, se señala en otros medios, se incluye a personas físicas, medios de comunicación públicos, comunitarios, privados, independientes, etc. que difunden información a través de cualquier medio. Como defensores de derechos humanos, de igual manera, pueden ser personas físicas o grupos que promuevan o defiendan los derechos humanos. Y se considerará como agresión tanto la acción u omisión que dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de dichas personas, así como de su cónyuge, concubinos, ascendientes, descendientes y dependientes de éstos. Para su protección, dependiendo de cada caso una Unidad de Evaluación de Riesgos definirá las medidas y lo necesario para implementarlas en un plazo de 30 días (un plazo que me parece muy largo, pero esperemos minimicen).

Las medidas pueden ser desde el proveerles de equipos de comunicación, instalación de cámaras y sistemas de seguridad, chalecos antibalas, autos blindados, escoltas especializados, hasta la evacuación y reubicación temporal. Todo obtenido mendiante un fondo, propuesto en la misma ley, con recursos del Gobierno Federal así como donativos. Los mecanismos serán operados por la Secretaría de Gobernación, integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional. Junto con esta ley y las reformas al artículo 73 aprobadas para proteger a periodistas, se espera evitar las graves situaciones que hemos visto (y aquellas de las que ni nos enteramos) de estos actores tan importantes.

El siguiente paso, la aprobación en la Cámara de Diputados, por lo que AI continua con la recolección de firmas (hasta ahora 21,116 informa) para exigir que la Ley llegue a concretarse. Mediante un llamado a “defender a quienes nos defienden”, puedes apoyar firmando en la página alzatuvoz.org/leydefensores. Y hoy lanza una nueva campaña de “No más agresiones a periodistas” mediante la publicación de un spot, que puedes ver en la página alzatuvoz.org/periodistas, como parte del apoyo a esta misma ley.

En alguna propaganda política se lee ¿para qué sirven los senadores? Con un candidato muy sonriente que responde ¡yo te lo explico! Pues bien, los senadores sirven para legislar, se supone que esta legislación debe ser a favor de los ciudadanos que los pusieron ahí. Si ellos hicieran su trabajo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no tendría que estarlos presionando y acarreando para que hagan lo que deben. Pero no, los señores senadores se atoraron con la Ley General de Víctimas, así que el movimiento encabezado por Javier Sicilia tuvo que hacer presión para que los legisladores se comprometieran a aprobar en breve dicha ley.

El domingo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acordó instalar al día siguiente un plantón frente al Senado que duraría hasta conseguir la aprobación de la Ley General de Víctimas, después de que los legisladores aplazaron el viernes pasado la aprobación de esa ley.

Dicen que el miedo no anda en burro. El día de ayer, Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, vocero de la organización, se reunieron durante casi dos horas con los presidentes del Senado, José González Morfín, y de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones. Tras la reunión, los senadores acordaron que presentarán el día de hoy la iniciativa para su primera lectura y que la aprobarán este miércoles, para enviar el dictamen a la Cámara de Diputados.

Por si se preguntan ¿cuál es la prisa? La respuesta es que el 30 de abril termina el periodo ordinario de sesiones del Poder legislativo, así que es ahora o nunca… por lo menos en esta legislatura, pues, como ya sabemos, en lo que se renueva el órgano, llegan los otros, se prueban la curul, ponen guapa su oficina, ven de qué va el asunto, se nos va otro año y la ley, bien gracias. Además, el compromiso de aprobar la mencionada ley lo hicieron Felipe Calderón y éstos legisladores, durante los Diálogos de Chapultepec -se le conoce así a la reunión entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el presidente Felipe Calderón, en el Castillo de Chapultepec, llevado a cabo el año pasado-, así que no se vale hacerse de la vista gorda y si te prometí, ni me acuerdo.

Pasadas las nueve de esta mañana, la cuenta oficial en Twitter del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad @MxLaPazMx advirtió que el senado aprobó en lo general en comisiones unidas la Ley General de Víctimas, aunque continúa la discusión en lo particular.

El día de ayer, el coordinador del PAN, José González Morfín, precisó que de manera paralela trabajaran en la reforma al artículo 73 constitucional, con la que se pretende reforzar esta legislación -que consta de 189 artículos divididos en 10 títulos-.

En la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Víctimas se lee en la exposición de motivos:

Este importante esfuerzo es una respuesta concreta a la demanda, hoy universal, de visibilidad, dignificación y reconocimiento de derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, y el reconocimiento del Estado Mexicano, de que le devienen obligaciones directas para la atención a estas víctimas que no sólo promueva la ayuda, atención y reparación integral a la víctima, sino que además garanticen la no repetición de los actos victimizantes, y en general eviten la criminalización y victimización secundaria de los afectados

Vale la pena darle una leída completa al documento para entender por qué la presión de las organizaciones. Como ya quedó aprobada en comisiones ahora irá al pleno del senado para su aprobación el día de mañana, como se comprometieron los senadores.

Lo que me parece particularmente didáctico de estos hechos es cómo la sociedad organizada tiene la capacidad de presionar a los órganos legislativos para que hagan su trabajo y cumplan sus compromisos, por desgracia son pocos los ciudadanos que realmente se involucran en estos movimientos y deciden llevar sus demandas hasta las últimas consecuencias, ¿será que el resto también necesita que les maten un ser querido o convertirse en víctimas para hacer algo? Espero que no.

El cambio climático es un tema que ha estado en la agenda de los ecologistas, después de todo, a finales del año pasado se dio a conocer que México ingresó a otro ránking indeseado: fue el décimo país en generar más gases de efecto invernadero a nivel mundial. Tal vez el deshonroso sitio sirvió de jalón de orejas para que los senadores aprobaran la Ley General de Cambio Climático, instrumento normativo que establece lineamientos para eliminar emisiones de gases de efecto invernadero y contempla políticas públicas para el desarrollo sustentable del país.

De acuerdo con el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), con esta nueva Ley, México se suma al Reino Unido para ser los únicos dos países que hasta ahora han aprobado legislaciones ambiciosas e integrales sobre cambio climático.

La Ley General de Cambio Climático, aprobada la noche del jueves por unanimidad en el pleno del Senado, ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados y fue enviada al Ejecutivo para su sanción. En ella, se crea el Fondo para el Cambio Climático y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que será un organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El instituto coordinará investigaciones en materia de protección al medio ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. El fondo captará y canalizará recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para implementar acciones a fin de enfrentar el cambio climático, su patrimonio se constituirá con los recursos anuales del presupuesto de egresos federal, aportaciones de otros fondos públicos, contribuciones, pagos de derechos y donaciones de personas físicas y morales, nacionales o internacionales.

El objetivo de la nueva ley es reducir en 2020 un 30 por ciento de emisiones, y un 50 por ciento en 2050, en relación con las emitidas en el 2000. La nueva legislación establece “límites al venteo de gas”. También se instauró un paquete que promueve el transporte colectivo urbano y suburbano, para evitar que sean los automóviles los que consuman casi 50 por ciento de la energía que se genera en el país.

La aprobación de la ley fue celebrada por organismos de defensa del medio ambiente, las cuales, con anterioridad, habían exhortado al poder legislativo para que diera este paso. Sin embargo, como en otros temas, la aprobación de la ley es sólo el comienzo de para enfrentar la problemática, en este sentido, en Planeta Azul se advierte:

Aunque la batalla no está ganada, la Ley representa un primer paso frente al problema, su reglamentación y seguimiento será una labor que como sociedad civil, se busca promover el definir con mayor claridad las acciones que tendrán que llevarse a cabo para lograr su cumplimiento.

Esperemos que esta ley logre sus objetivos y no se quede en buenas intenciones.

Amanecimos con una controversia que denuncia “albazo” en las reformas aprobadas a la Ley Federal de Radio y Televisión el día de ayer, en la que, al más puro estilo de los Simpson -aprobar reformas agregando una controvertida a una popular mediante un clip-, aprovechando el discurso indigenista, se introdujo la figura de “red o cadena” para considerar cumplida la obligación de transmitir pautas -mensajes en tiempos del Estado- con las emisiones que realicen la estación de origen.

Hay dos versiones encontradas de la historia. Los que están a favor hacen hincapié en que la reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión que aprobó la Cámara de Diputados, con 244 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, fue para introducir la figura de las estaciones indígenas en el marco normativo, con lo que se eliminarán estereotipos que fomenten la discriminación y la violencia. Se supone que con las modificaciones, el Estado asegurará la integración de los grupos indígenas al desarrollo nacional y los dotará de la facultad de solicitar un permiso para operar una estación de radio propia, siempre y cuando cuenten con una constancia de pueblo o comunidad indígena por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Además, se estableció que la programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión promuevan una alimentación nutritiva y equilibrada. Las reformas también pretenden generar herramientas que permitan crear contenidos de servicio público, que atiendan necesidades sociales de la población, que estimulen la cultura de la no violencia, el respeto por los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

Hasta ahí todo suena muy bien, pero entonces viene la versión de los que están en contra. Para ellos, las reformas son un “regalazo” al duopolio televisivo de nuestro país, porque permitirían a las televisoras darle la vuelta a la transmisión de los spots electorales y evitar su programación en entidades donde hay elecciones locales. La “trampa” estuvo en el artículo 49 Bis y 79 B. El primero establece:

…dos o más estaciones podrán ser operadas bajo la figura de red de cadena, ya sea regional o nacional. La figura de red o cadena, se refiere al enlace o a la retransmisión del contenido programático que se origine en la estación que para tal efecto sea designada como la estación de origen, mediante la notificación correspondiente a la comisión.

Y eso ¿qué tiene de malo? Hasta ahí, nada. Sólo se aplanó el terreno para agregar el artículo 79 B:

…[el] cumplimiento de los tiempos que correspondan al Estado diariamente, en los casos de las estaciones que operen bajo la figura de red o cadena conforme a lo previsto en el artículo 49 Bis, se considerará cumplida la obligación de los concesionarios y permisionarios de dichas estaciones al transmitir las pautas, programación o propaganda que las autoridades correspondientes entreguen a la estación que haya sido designada como estación de origen conforme al artículo 49 Bis.

Uno de los principales opositores, Javier Corral, diputado con licencia y candidato del PAN al Senado de Chihuahua, advirtió que la reforma es retrógrada e inconstitucional, porque va en contra de lo que señala el artículo 41, fracción tercera, inciso A, que indica que los tiempos del Estado para fines electorales serán distribuidos en “cada estación de radio y televisión”.

Por su parte, Jaime Cárdenas, diputado del Partido del Trabajo, expuso su punto de vista, previo a la votación del dictamen:

Estamos también favoreciendo bajo esta figura de cadena, a estaciones concesionadas, en manos de particulares para cumplir con la pauta de tiempo del Estado cuando esa pauta se transmita en estación de radio originaria y ese no es el propósito, ese no es el espíritu de esta reforma. El espíritu de esta reforma era exclusivamente favorecer a los permisionarios con estaciones de radio comunitaria indígena; pero aquí estamos favoreciendo en las cadenas a los concesionarios y por eso daré mi voto en contra.

Otros molestos con el “albazo” son los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Alfredo Figueroa, que también advirtieron su inconstitucionalidad y que sólo favorecen a Televisa y TV Azteca. Además, apuntaron que es falso que esto mejore la administración de los tiempos oficiales y que las reformas no favorecen a la autoridad electoral.

Así las cosas, en menos de un mes, los diputados aprueban unas reformas que seguramente hará quedar muy bien a la “telebancada”, sin importarles que el Código Electoral prohiba la modificación de las reglas de la contienda 90 días antes del arranque. Ahora la bolita pasa a los senadores, a ver si con ellos también sirve “el clip”.

Imagen: Cuartoscuro

Uno de los temas polarizantes, por las confrontaciones que causa en la opinión pública, como lo es la prohibición de las corridas de toros, acaba de avanzar un paso en su camino legislativo para alcanzar su aprobación. De acuerdo con lo publicado en diferentes medios la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el dictamen con tres votos a favor y tres en contra.

La verdad yo soy de las que no disfruta de ver una corrida de toros. Y miren que no soy vegetariana, ni considero que debamos de dejar de consumir productos de origen animal y mucho menos soy de las que ponga la vida de un animal por encima de la de un ser humano (como algunos extremistas lo hacen), pero todo tiene un límite. Yo no puedo hacer a un lado (como me imagino que hacen los que sí lo disfrutan) el sufrimiento que el toro está pasando en el momento de la “fiesta brava”, para apreciar la “belleza”, la “valentía” y la expresión cultural de que hace gala supuestamente el torero. Me es imposible celebrar, aplaudir y gozar del evento y los significados que éste pueda tener cuando lo que veo es un baño de sangre y la mutilación de un ser vivo sin ni siquiera alguna finalidad práctica.

La realidad debo decirlo (por más que sus defensores me quieran acribillar y vociferen en los comentarios), hay que aceptar que las corridas de toros están destinadas a morir. En la medida que la humanidad evoluciona y se vuelve más “civilizada” (por así decirlo); mas consciente, más respetuosa y más empática con los seres que convive y con la posición que ocupa en este mundo, eventos como éste no tienen cabida. La caza de animales por nuestra parte sin razones de uso y aprovechamiento, sobrevivencia o mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, no tiene razón de ser.

Que forma parte de una tradición, que es una manifestación cultural, que el acto ha sido reverenciado y ensalzado por muchos artistas a lo largo de la historia como Picasso, plasmándolo incluso en sus obras ¡pues si! Tampoco pretendemos negar su existencia, borrarlo de la historia o quemar todo lo relacionado con ella, eso permanecerá ahí. Pero esas no son razones para mantener la fiesta brava. De la misma manera formó parte de una tradición y una cultura sacrificar niños y vírgenes a los dioses; los gladiadores de la antigua Roma; la matanza de animales sólo como demostración de virilidad o hasta la fecha la ablación femenina, forman parte de rituales y manifestaciones culturales, que no por eso los debemos mantener.

Sin embargo, también he de confesar otra cosa. Por más que creo que ya dejé claro mi acuerdo con que se vaya eliminando estos eventos y es algo que se tiene que dar, desde que empezó a moverse la propuesta me causa cierta reserva. Porque a veces me parece que los partidos sólo están viendo “a ver ¿Qué otra cosa causa controversia?… ¿Ahora que vamos a apoyar para causar ámpula a los partidos contrarios y ganar imagen?” y hacen propuestas, que aunque importantes y necesarias, sólo confrontan, prohíben, eliminan pero no resuelven los problemas de fondo. Y dedican demasiado tiempo y esfuerzo, cuando tenemos (la verdad vale decirlo, aunque ahora se enojen los pro prohibición)  una lista de legislaciones pendientes más necesarias y urgentes como las cuestiones laborales, reformas agrícolas, salud infantil y materna, seguridad, y muchos etcéteras, por los que no acabaríamos y que benefician en mayor medida a la población.

Espero que de concretarse la prohibición de las corridas de toros se piense bien y se tomen medidas para apoyar los aspectos económicos que se vienen abajo con ella, las consecuencias en la crianza de los toros y el respeto y lugar que se le pueda otorgar a  los seguidores de éste gusto. Pero después, se arremanguen las manos y suden la gota gorda con aunque sea los primeros pendientes que se tiene tanto en el D.F. como en el resto del país.

Foto: Equinez Sortu

Agnes Torres murió… corrijo: Agnes Torres fue asesinada, ¿y luego? La condena pública, las marchas, los diputados, las leyes, la investigación, los culpables. La Procuraduría General de Justicia de Puebla presentó a tres de los cinco implicados en su homicidio. El móvil del crimen: robo de vehículo. Uno de los presuntos responsables tenía una relación amorosa de aproximadamente un mes y medio con Agnes. El vehículo fue hallado en Atlixco, Puebla, completamente calcinado.

Los presentados, Luis Fernando Bueno Mazzoco, Agustín Flores Zechineli —ambos de 18 años- y Marco Antonio Berra Espezzia —19 años—, además de un menor de edad. Otro de los implicados, Jorge Flores Zechinelli —19 años—, novio de Agnes y hermano de Agustín, no fue presentado porque estaba rindiendo declaración. La localización, traslado y presentación se hizo con el apoyo de la Fiscalía del Estado de Yucatán, ya que Luis y Jorge decidieron escapar a la ciudad de Mérida tras el asesinato.

A decir de los detenidos, conocieron a Agnes un mes y medio atrás, argumentando que son de escasos recursos, planearon robarle el vehículo, la carnada fue la invitación a una supuesta fiesta en el rancho donde ellos trabajaban —en Chipilo— para que ella llegara al lugar en el que se le despojaría del coche. Después, el misterio: ¿cómo un robo de coche termina en asesinato con tortura incluida? Al parecer la teoría del robo le satisfizo a Brahima Zamora, presidente de la Red Democracia y Sexualidad, porque así se rompe con el estigma de crimen pasional cuando se trata de un homicidio en contra de una personas de diversidad sexual. Para el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, el asunto de la tortura hace que no se descarten otras líneas de investigación.

Se supone que cuando los criminales supieron quién era Agnes o, mejor dicho, la furia que desató su muerte, incendiaron el vehículo porque no podrían venderlo.

Pero no sólo pasó eso después del asesinato de Agnes, también pasó algo así como un milagro: el poder Legislativo de Puebla avaló, por unanimidad, adherir el término “preferencias sexuales” al artículo 11 de la Constitución estatal, el cual prohíbe todo tipo de acción discriminatoria en contra de las personas por su apariencia, etnia, religión y, ahora, identidad sexual. Y digo “milagro” porque la propuesta ya había sido hecha un año atrás y había sido rechazada tajantemente por ¿adivinan? Sí, la bancada panista. Pero ahora hasta se llenaron el hocico diciendo que es necesario promover la tolerancia hacia los grupos minoritarios.

El cambio “mágico” de actitud no se dio por generación espontánea, organizaciones civiles de Puebla y el Distrito Federal, que representan a la comunidad gay, exigieron la realización de un Foro Nacional para impulsar una Ley contra la Discriminación y que sea tipificada como delito.

Los diputados de Puebla guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas del colectivo LGBTTTI que han sido víctimas de homicidio, particularmente por el reciente caso de Agnes. ¿Un minuto de silencio? Ese déjenselo a los que les dolió su muerte, para quienes la pérdida es única e irreparable, a los que ese día se convirtió en una pesadilla por la noticia, a los que sienten de verdad que esas atrocidades pasen. Para mí, ese minuto de silencio es una pose tan falsa como una moneda de tres pesos, particularmente en el caso de los panistas.

Un minuto, ¿han pensado lo que cambia la vida durante un minuto? Las cosas tan terribles o tan hermosas que pueden pasar. Los momentos clave que sólo se nutren de instantes, de minutos, de que si Agnes no hubiera ido, que si los diputados hubieran aprobado antes la reforma, que si los insensatos que la mataron hubieran sabido antes de quién se trataba. Subjuntivos que no remedian nada, absolutamente nada. ¿Será que tenía que morir para que se hiciera algo, para que el tema entrara a la agenda de los temas urgentes e inevitables, para que la gente reaccionara y se diera cuenta que hay cosas que no pueden pasar por alto así como así? ¿Será que los cambios en las leyes modifican en algo la conducta aberrante de las personas? ¿Será que la muerte de alguien valioso sea lo que le salve la vida a otros? Insisto: no debería ser así, no debería.

En el desempeño laboral unos arriesgan más que otros. No es lo mismo ser un minero que está sujeto a condiciones que afectan la salud a ser un especialista informático que trabaja en una oficina de Polanco. En la última década y, particularmente, en lo que va del sexenio actual, los crímenes cometidos contra periodistas han convertido a la profesión en uno de los trabajos más peligrosos en nuestro país. En este contexto, la aprobación del Senado para reformar la fracción 21 del artículo 73 constitucional a favor de la libertad de expresión, no es ningún favor o complacencia, es una deuda pendiente con el gremio.

A través de la reforma, se crea un mecanismo de excepción que faculta a instituciones federales -Procuraduría General de la República (PGR), las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y otros organismos que combaten la delincuencia organizada- para atraer las investigaciones cuando se presenten agresiones a periodistas y comunicadores. De igual forma, el gobierno federal podrá llevar la investigación de cualquier tipo de agresión a instalaciones de medios de comunicación.

El texto fue aprobado por el pleno con 95 votos a favor y será turnado a los Congresos estatales para su ratificación, por tratarse de una reforma constitucional, se requiere la ratificación de la mitad más uno -17 legislaturas estatales- para que entre en vigor. El párrafo adicional señala:

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

¿Por qué la aprobación de ese párrafo constituye un evento histórico para la vida periodística de este país? Después de todo ya existía una fiscalía especia (FEADLE) para atender delitos contra la libertad de expresión, ¿no? Pues bien, el problema es que en varios de los delitos cometidos contra periodistas, estaba involucrados policías locales y federales -incluyendo mandos-, así como funcionarios de procuradurías de justicia o de diversos niveles de gobierno. Sí, las autoridades estatales amenazan, intimidan o evitan que los periodistas se expresen libremente.

Con la excusa de que se trataban de delitos del fuero común, los casos se quedaban en las entidades, así, las autoridades locales llegaban incluso a fungir como juez y parte en las investigaciones. Por eso no se aclaraban los hechos. Con la reforma, las autoridades federales serán un soporte para la resolución de los asuntos. Como ciudadanos, se podrán tener reservas en estos niveles, después de todo, la experiencia ha demostrado que ninguna institución está a salvo de la corrupción y el contubernio con grupos criminales, pero es algo, algo más de lo que se tenía, y que puede redundar en beneficio del gremio -si y sólo si la reforma no se convierte en letra muerta-.

Es probable que algunos se quejen de la medida y la consideren “un favor condescendiente”, como sucedió con la tipificación del feminicidio. Seguro que esas personas no tienen nada que ver con la tarea de informar y nunca han recibido amenazas por el desempeño de su labor. La consigna de los periodistas es informar, eso los pone, irremediablemente, en la mira, particularmente cuando tocan temas “incómodos” o “peligrosos”. Sin ir más lejos, en este mismo espacio han dejado “preciosos comentarios”, ejemplo: “Como siempre pura mamada de artículo… Si tuviera a la redactora -o sea, yo-, me cae que le saco la caca…”, eso no es nada comparado con las amenazas a otros medios y personas. Y, desde luego, no es en absoluto comparable con los crímenes cometidos contra los periodistas. La diferencia es que uno da la cara, saben quién escribe, dónde, las redes sociales permiten indagar sobre su vida personal, prácticamente los informadores están en un aparador que los hace vulnerables ante los ataques cobardes que se realizan al amparo del anonimato y la impunidad. Por eso esta reforma es importante.