Todo apunta a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hará cumplir su amenaza. En junio del presente año, diputados del PAN propusieron tipificar la organización de fiestas clandestinas como un delito. Argumentando que estas celebraciones eran un pretexto para generar ganancias ilegales a partir de la venta de alcohol y drogas a menores de edad. La propuesta, desde entonces, ha avanzado. Ayer por la tarde, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF le dio su visto bueno. Ahora, tras su aprobación, se espera que esta reforma al Código Penal de la ciudad de México sea votada en el pleno en algún momento de la próxima semana. ¿Cuáles serán las sanciones para quienes organicen una de estas temidas —y en el futuro, seguramente cotizadas— fiestas clandestinas?

Hasta ahora, la Comisión de Justicia de la ALDF ha aprobado multas que van de los 500 a los mil 500 días de salario mínimo. Así como penas físicas —es decir, cárcel— de una duración de entre cinco y siete años. Ello sin mencionar la extinción de dominio del inmueble donde se realice la fiesta; quizá la sanción más sonada —y temida— de todas. A decir la diputada Lizbeth Rosas —una de las impulsoras de la iniciativa—, quienes sean sorprendidos organizando fiestas clandestinas serán procesados por el delito de “corrupción de menores”. Pues, según la información que poseen tanto legisladores como jefes delegacionales, este tipo de reuniones se llevan a cabo todas las semanas, teniendo como común denominador el cobro de entrada a menores de edad.

Sin embargo, el mismo concepto de las fiestas clandestinas no parece, por el momento, del todo claro. Si se cobra la entrada, pero no se vende alcohol o drogas, ¿es delito? Si en la reunión se cobra la entrada, se vende alcohol, pero no hay menores de edad ¿qué sanción merece? Si hay menores de edad bebiendo, pero no se cobra la entrada ¿quién será castigado?… Y las preguntas con escenarios hipotéticos podrían seguir y seguir. ¿Qué reuniones pueden ser consideradas como fiestas clandestinas y cuáles o no? De acuerdo al diputado Carlos Pizano Salinas, la aprobación de esta reforma al Código Civil no faculta a las autoridades para entrar a un domicilio. A menos, claro, que se cuente con una denuncia. Entonces, si un vecino te tiene mala voluntad y acusa a tu reunión de ser una fiesta clandestina ¿podrán las autoridades entrar a tu domicilio, así como así? De entrada, esta reforma no parece tener un objetivo claro: ¿Va en contra del consumo de alcohol y drogas por parte de menores? ¿O en contra del cobro por la organización de eventos? Son preguntas que quedan al aire, en espera de que nuestros legisladores den respuesta.

Imagen: SFGate

Para la Asamblea Legislativa del DF, el tiempo es oro. Literal. A pesar de que la actual Legislatura de la asamblea operara con 300 millones de pesos que las anteriores, sigue robando cámaras el monto de dinero que recibirán a manera de compensaciones de fin de año. Conocido como Mes 13, este bono extraordinario que recibirán los 66 integrantes de la ALDF llama la atención no sólo por su cifras, sino también por los problemas de fondo que pone en realce. A saber, la facultad que tienen los legisladores para concederse este tipo de prestaciones sin rendirle cuentas a nadie. Ni siquiera, a nosotros.

¿En qué consiste el Mes 13? Se trata de un bono extraordinario que deberá repartirse entre los 66 diputados que conforman la ALDF. Un tradición que, a decir del titular de la Tesorería General de la Asamblea, Nilo Guillermo Rodríguez Martínez, fue instaurada desde la primer Legislatura. De acuerdo al tesorero, no se trata de una compensación para los diputados, sino de un “apoyo de fin de año” para todos aquellos colaboradores de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas que no no están en la nómima; tales como brigadistas, promotores y gestores. Es decir, todas las personas que funcionan como un vínculo entre los ciudadanos y sus representantes.

Ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Como su nombre lo sugiere, el Mes 13 implica el pago de un “mes extra de trabajo”. Es decir: el sueldo, las dietas y las prerrogativas que cada legislador gana en un mes. Por ello, en enero de 2012, cada diputado cobrará el doble de lo que mensualmente percibe. Recibiendo tan sólo por concepto de Mes 13, la nada modesta cantidad de 304 mil 741 pesos. Sumando así para enero, un total de 614 mil 638 pesos. Cifra que no afectará su aguinaldo, el cual, como marca la Ley, corresponderá a 40 días de trabajo y será pagado al 15 de diciembre, ascendiendo a la cantidad de 91 mil 857 pesos. Aunque su aguinaldo no es por mucho el más alto que perciben los funcionarios.

Nuestro Senadores, por ejemplo, recibirán 169 mil 33 pesos, mientras que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cobrará 369 mil 211 pesos. Un poco más le será depositado a la cabeza del INEGI, recibiendo de aguinaldo 389 mil 317 pesos. Sinedo el ganón de todos nuestro presidente, quien cerrará su año con 396 mil 508 pesos. Cifras que contrastan seguramente con lo que tú o yo podremos ganar de aguinaldo. Bueno, lo que espero que tú ganes de aguinaldo, porque aquellos que somos trabajadores independientes (o freelancers) no recibiremos un quinto.

El partido Acción Nacional no se ha distinguido en los últimos años por mostrar sensibilidad alguna hacia los temas más progres de las agendas políticas; como el matrimonio gay, el aborto, la eutanasia o la inclusión de la educación sexual en los libros de texto para la Educación Básica. Ni siquiera en el Distrito Federal, donde varios de estos temas han mostrado avances significativos en las legislaciones a pesar de marcada su oposición. De ahí que sorprenda la propuesta del diputado panista local, Federico Manzo, para proporcionarle una dentadura a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal.

Así como lo lee. El representante del PAN, Federico Manzo, ha propuesto a la Asamblea Legislativa del DF una iniciativa de reformas para que las personas que sufran discriminación puedan exigir una reparación moral del daño. Es decir, la persona o autoridad —y ésta es la parte interesante— que discrimine a una persona perteneciente a un grupo vulnerable, deberá compensar el daño realizado, se trate de afectaciones psicológicas o a su imagen. Las reformas que proponen consisten en añadir un artículo a la Ley local para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como la reforma a otro de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del DF.

Esta modificación a ambas leyes permitiría dotarle de una dentadura —aunque sea un dentición todavía “de leche”— a la Ley local para Prevenir y Eliminar la Discriminación; pues aunque contempla sanciones, hasta el momento no incluye esta parte esencial: la reparación del daño. Dicho artículo a añadírsele sería el 6 Bis:

Artículo 6 bis.- La conducta discriminatoria previamente determinada por autoridad competente, dará lugar a la reparación del daño moral ocasionado por los particulares o autoridades.

En el caso de las últimas, la reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal afectaría al Artículo 3, en su párrafo I, para que las autoridades que sean responsables de actos de discriminación restituyan los daños a las víctimas.

Durante la presentación de esta iniciativa, Federico Manzo citó como justificación los datos que proporcionó la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) de 2010, realizada por el Conapred. Mismos donde resaltó las iniquidades hacia grupos como las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trangénero; así como a las personas viviendo con VIH-Sida. Dos grupos sociales a los que el PAN no les tiene mucho cariño. ¿Será que por sorpresas como ésta al DF la buatizó el equipo de AMLO como “Ciudad de la Esperanza”? Quizá sea que el reino en verdad esté al revés y ahora el PAN se convierta en promotor de la defensa de los grupos a los que política tras política ha venido vulnerando desde el sexenio pasado.

Imagen: Nordeste Ya

¿Qué harías con seis mil millones de pesos al año? Seguramente, maravillas. Como, por ejemplo, subsidiar el funcionamiento de una de las redes de transporte público más grande de toda América Latina: nuestro querido —y odiado— Metro. Mover a mil 410 millones 121 mil 151 usuarios durante 2010, ciertamente debió costar un poquitín más de los tres pesos que cuesta el boleto. Con la eliminación del pago por tenencia vehicular, el gobierno del Distrito Federal enfrentará un déficit presupuestario para el próximo año; uno de, precisamente, seis mil millones de pesos. No generar nuevos impuestos que reemplacen a esta “tradición tributaria” —como los llamados impuestos verdes—, ni aumentar el precio del transporte público requerirá poco más que ajustarse el cinturón y tijeretear los diversos programas sociales. De ahí que Marcelo Ebrard haya sugerido a la Asamblea Legislativa del DF eliminar la tenencia… pero no a todos.

Una auténtica decisión salomónica. ¿Quiénes deberían pagar y quiénes no? Para el jefe de gobierno la respuesta es costosa —al menos políticamente hablando—, enemistándolo automáticamente con más de algún sector: los que más tienen. Marcelo Ebrard ha propuesto a la ALDF que el cobro de este pago se aplique, únicamente, a quienes posean un automóvil de lujo. Y por “lujo” estamos entendiendo automotores que tengan un precio mayor a los 350 mil pesos. Se estima que de los tres millones de autos emplacados en el Distrito Federal, al menos 600 mil entrarían dentro de esta categoría sibarita. La medida no es nueva en el país. Estados como Querétaro y Nuevo León se encuentran considerándola para acolchonar el déficit presupuestario que implica eliminar la tenencia. Según algunas casas automotrices, un vehículo de lujo es aquel que supera los 250 mil pesos; mientras que uno de hiperlujo —qué elegancia, la de Francia— es aquel que oscila entre los 400 mil y los dos millones de pesos.

Mover a una ciudad de ocho millones 851 mil 080 habitantes —hasta el conteo de 2010 y sin tomar en cuenta a la población flotante que viene del área metropolitana— es caro en muchos sentidos. Esta medida sólo subsanará ligeramente el boquete que dejará la tenencia en el presupuesto, y, si el gobierno del Distrito Federal quiere mantenerse fiel a su promesa de no más impuestos —por verdes que sean— y de seguir manteniendo programas sociales útiles como Prepa Sí —y otros no tan útiles—, deberá ajustarse el cinturón hasta casi el grado de la asfixia. ¿Será un buen momento para despedirnos de las Navidades sobre hielo en el zócalo capitalino y de las playas urbanas? O, mejor aún: ¿será un buen momento para bajar salarios de los altos funcionarios? Eso lo veremos en cuanto el presupuesto del Distrito Federal sea aprobado. Por lo pronto, esta medida de cobro de tenencia a los automóviles de lujo tiene hasta el 30 de noviembre para ser presentada en su modalidad final.

Imagen: JFR Cars Bolog

La iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para prohibir las corridas de toros en el Distrito Federal ha levantado duras críticas de los amantes de la tauromaquia. La Asamblea Legislativa discute reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la capital, declarando como ilegales este tipo de funciones a partir de enero de 2012. Los legisladores argumentan que las corridas de toros fomentan el maltrato y la crueldad contra los animales, a lo que Rafael Herrerías, empresario de la Plaza México, ha respondido con un categórico ¡sobre mi cadáver!.

La defensa de Herrerías se basa en la economía que generan la tauromaquia. De acuerdo con sus cifras, durante la Temporada Grande, la Plaza México crea hasta 1,200 empleos por función. En ese sentido, se apela al lado “humano” de la fiesta taurina: si se prohíben las corridas, los que sufren son los trabajadores y sus familias. Pero el impacto va más allá: también se verían afectadas muchas empresas que auspician este espectáculo. A bote pronto, pensemos en las ganaderas, las cerveceras, los patrocinadores, entre otros. Más que por los empleos (muy importantes, eso sí), la tauromaquia se defiende a capa y espada por el caudal de dinero que representa para sus inversionistas.

El problema pasa porque las corridas de toros son un negocio de muchos, muchos billetes. Por desgracia, es una economía sostenida en el maltrato animal, disfrazada como un arte. No niego que la tauromaquia representa una práctica con valor histórico y cultural, pero deben existir alternativas para evitar la crueldad. Por desgracia, son pocos los aficionados dispuestos a que se modifique esta tradición en pos de los derechos de los animales —deportes como la equitación o artes como la charrería demuestras que es posible la comunión—. Modificar las corridas para no matar al toro (o siquiera herirle) no parece estar en los planes de los defensores de la tauromaquia. Ante la negativa, la medida más adoptada ha sido la prohibición, con cerca de 90 ciudades en todo el mundo que rechazan las corridas.

Hasta ahora, el freno para que la prohibición se efectúe pasa por el ámbito económico. Así mismo, los legisladores saben del peso que puede tener la iniciativa privada en la decisión de la reforma. Tras dividirse las opiniones en la ALDF, se ha hecho un llamado a que los funcionarios no acepten presiones (léase, una que otra mordida) por parte de los involucrados. Y es que, hasta no conocerse a ciencia cierta cuál sería el costo de la cancelación de las corridas, diputados del PAN y el PRD han pedido que se detenga la discusión. Bien por los legisladores que han decidido tomar al toro por los cuernos, pero también habría que mirar con el mismo escrutinio a los circos ambulantes, a las peleas de perros y a los palenques. Como dicen: o todos coludos o todos rabones.

El día de ayer, representantes de los tres poderes del gobierno capitalino, anunciaron la creación de las primeras Cortes de Drogas del DF para atender, desde un enfoque clínico, los delitos cometidos por adictos a una sustancia ilegal. Esta estrategia consiste en proporcionar a los infractores la posibilidad de elegir libremente entre iniciar un tratamiento bajo supervisión judicial o purgar una condena en la cárcel. La finalidad del programa es reinsertar a la sociedad a los adictos sin que tengan que pasar por alguna de nuestras prisiones, famosas por ser Academias y Spas del Crimen y donde la droga, si se tiene con qué pagar, nunca falta.

Este modelo fue desarrollado en Estados Unidos como una medida para disminuir la reincidencia delictiva en personas con un problema de abuso de sustancias. Según el juez Jeffrey Tauber —uno de los impulsores mundiales de esta medida— con este enfoque terapéutico se ha logrado romper en muchos casos con el círculo vicioso formado por el consumo de drogas, la criminalidad y la reclusión; donde por lo general se reinicia y potencia el ciclo. Para este tipo de procesos legales son candidatos aquellos que sean “primerodelincuentes” y que cometan una falta que no sea tipificada como grave; la mayoría jóvenes y menores de edad.

En la ciudad de México, este programa se implementará con el apoyo de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas **. Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), anunció que el combate a las adicciones será una de las prioridades en el próximo periodo ordinario de sesiones, a iniciarse el día 14 del mes en curso. En ellas se discutirán el destino de los recursos necesarios, así como las adecuaciones pertinentes a realizarse en el marco jurídico para poder implementar las **Cortes de Droga. Una de las acciones que se deberán emprender antes de iniciar su funcionamiento será la capacitación de los jueces en torno a las adicciones y su tratamiento para que logren indicar el tratamiento más adecuado a seguir.

Otros países latinoamericanos donde se han implementado este tipo de Cortes son Chile y Colombia. En nuestro país un experimento judicial similar a estas Cortes de Droga se está realizando en el estado de Nuevo León, con resultados, hasta el momento, favorecedores.

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Pues sí, igual que en las comedias de situación, una vez descubierto el malentendido, todos acabamos riendo al final del episodio. Bueno, tal vez el conyugue corneado no, pero eso ya es otro cuento…

El lunes habíamos informado que en el Distrito Federal los culpables por adulterio no podrían reclamar la herencia del cónyuge afectado y todos pusimos el grito en el cielo por esta forma tan camensalinesca (discúlpeseme el neologismo) de “elevar un pleito de alcoba a caos legal”. Sin embargo, podemos respirar tranquilos: todo fue un malentendido.

Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, salió al quite para aclarar que la reforma 1316 del Código Civil para el DF se refiere a otra clase de daño moral que nada tiene que ver con el concepto medieval de honor, sino con el de la dignidad del cónyugue. Se refiere, en pocas palabras, a violencia intrafamiliar como golpes, insultos o restricciones. La confusión de algunos legisladores —a decir del presidente de la Comisión— vino:

porque antes de la reforma al artículo 1316 del Código Civil, se establecía que eran incapaces de heredar por testamento el cónyuge que fue declarado adultero, actualmente como el adulterio desapareció como causal de divorcio y como delito, se suplió la palabra infiel por la de daño moral”.

Basta recordar que desde octubre de 2008, el adulterio quedó sin efectos como una causal de divorcio, permitiendo que en los llamados pleitos de alcoba seamos nosotros mismos —o mismas— quienes pongamos una solución al acuerdo de relación, dejando al Estado fuera de una discusión que, como diría mi abuela, es de casados; o sea: casa de dos. Ojalá que en un futuro próximo, nuestro legisladores se fijen un poquito más en lo que se legisla. Sólo un poquito, pues.

Imagen: Transparente y opaco

Como si nuestro imaginario colectivo necesitara de más argumentos para las telenovelas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha resuelto que los culpables por adulterio no podrán hacerse acreedores de la herencia del cónyuge. Así es, si los familiares del fallecido sospechan que el intestado (¿o el interesado?) fue infiel, puede llevar el caso a los tribunales para evitar que se haga de los bienes heredados.

¡Oh, telecracia! Rocío Sánchez Azuara, Silvia Pinal y compañía deben estar frotándose las manos ante la oleada de casos que les podrán llegar. El argumento es que la infidelidad cuenta como daño moral, entendido como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, honor, reputación o vida privada”. De este modo, el adulterio queda tipificado como un daño moral, por lo cual, se anula la recepción de la herencia de acuerdo con el artículo 1316 del Código Civil del Distrito Federal.

La modificación obedecería a que en 2008, se retiró el adulterio como una de las causales de divorcio, por lo cual, la infidelidad prácticamente carecía de efectos jurídicos. Por supuesto, esta legislación es un completo disparate. Como explica Geraldina González de la Vega en Twitter, el afecto por el adulterio no es el fallecido —porque un muerto pierde personalidad jurídica— sino la familia. Ergo, se trata de un recurso para vengar la memoria del afectado, porque el occiso (obviamente) ya no puede hacer nada. Suena a un argumento casi tan retrógrada como “mantener el honor de la familia”.

Peor aún si este dictamen de “daño moral” por infidelidad aplica en vida. Por ejemplo, un hombre que sospeche de su esposa (o viceversa) puede entablar un juicio. ¿O que tal que está en contra de que su mujer trabaje y sospecha que le pone el cuerno? Peor aún, interponer el recurso como una reacción ante un divorcio exprés. A todas luces, se trata no sólo de una medida arcaica, sino revanchista. Felicidades, acabamos de elevar el pleito de alcoba a caos legal.

Imagen: Femenino: la mujer de hoy

Una buena noticia en torno a la salud nos ha regalado el día de hoy la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes han aprobado una reforma legal que prohíbe al mismo gobierno capitalino utilizar dentro de su publicidad cualquier estereotipo de belleza y salud que fomente los trastornos alimenticios.

Además de la prohibición de este tipo de publicidad, la resolución obliga al gobierno local a proporcionar atención multidisciplinaria e integral a pacientes que son víctimas de dichos trastornos y, en caso de ser necesario, referirlos a una institución especializada en su tratamiento. De la misma forma, el gobierno de la ciudad de México deberá promover la adopción de medidas para regular cualquier tipo de publicidad impresa y digital, así como la difusión de mensajes que alienten a la población a no caer en este tipo de problemas. Recordemos que en nuestro país el 10% de las mujeres sufren de anorexia.

Dentro de estos medios de promoción se encuentra la elaboración de una guía del sobrepeso y obesidad que además incluya información básica sobre todas las enfermedades alimenticias, procedimientos para saber detectarlas, así como un perfil aproximado de quienes la padecen. Son varias medidas para erradicar un problema que, a pesar de los esfuerzos, pareciera ir en aumento.

La aprobación de las reformas me parecen de lo más adecuado para una sociedad y una ciudad que se encuentran inmersas en un mar de publicidad. Desgraciadamente estamos siendo influenciados por un estereotipo de belleza gringo y lo hemos adoptado como propio. Incluso hemos adoptado los mismos conceptos erróneos y problemas de que para ser “bella” tienes que estar extremadamente delgada.

Con acciones como ésta no se fomentará tampoco a comer de más, si no a tener una cultura adecuada de la alimentación. La prohibición de imágenes que abusan de los cuerpos súper delgados es uno de los primeros pasos para erradicar por fin esa idea del “mientras más flaco mejor”.

Foto: Justin Henry

Así se podría resumir la historia de la diputada local por el PRD en el Distrito Federal, Karen Quiroga Anguiano, quien en la tarde del día martes, invadió y se adueño de una vivienda en la colonia La Joya en Iztapalapa. Todo esto sin ningún procedimiento legal ni orden judicial, solamente bajo la excusa del “tengo fuero”, “tengo fuero” procedió a la invasión del inmueble.

A decir de la diputada, ella sólo ejecutó la voz del pueblo que reclamaba dicho espacio utilizado como un comedor que, los días lunes, miércoles y viernes, ofrece comida corrida a 10 pesos, y que según ella, pasó a manos de los diputados Eduardo Mendoza y su hermano David Mendoza, curiosamente también del PRD.

“Llevo mucho luchando por este espacio, años. Estoy hasta acá”, menciona la diputada en un video donde se muestra en una constante batalla contra la reja del inmueble, para que al final optara por saltársela y esquivar unos alambres de púas. Finalmente y tras varios minutos pudo lograr su cometido. Lo curioso es que mientras cometía el atraco, dió la orden de hacer un comunicado con una recolección de firmas de todos los vecinos, para justificar sus actos. Aquí les dejo el video para que ustedes juzguen por su cuenta:

Honestamente, no sé cuál es el motivo de la invasión al inmueble, pero me parece de lo más deplorable que un funcionario público haga este tipo de escándalos. Lo que más me llama la atención es la forma en la que se jacta de tener “fuero político”, como diciendo “a mi no me van a hacer nada” enfrente de todos los vecinos. Yo no sé que es lo que debe proceder aquí, ya se ha tocado el tema sobre el asunto del fuero y una urgente reforma al mismo. Los funcionarios lo ocupan más para escudarse de sus actos, que como un derecho legal, siendo un claro ejemplo el que nos otorga la diputada Karen Quiroga Anguiano.

Gracias a esto que acabamos de ver, la verdad es que me dan ganas de mínimo ser diputado, ¿a poco no? Por algo existen las leyes y los procedimientos para pelear por la propiedad de un inmueble. Al final eso no le importó a la diputada, quien no se arrepiente por lo hecho alegando que “no iba a esperar el largo proceso que representa enfrentar un litigio, por lo que decidió echar el fuero por delante y así cumplir con su objetivo”, vaya mujer.

Por favor señores diputados, el pueblo no esta más para aguantar este tipo de desplantes y actos de corrupción. Tienen que tener en cuenta que son escogidos por los ciudadanos, y si no funcionan, el pueblo a la larga los va a quitar de donde están, empezando por su queridísimo y tan preciado fuero.

Por cierto, es de aplaudir lo que menciona la señora que está grabando el video, una ciudadana ejemplar.

Foto: ALDF PRD