Si a los diputados no los mima su mamá, no les hace falta, para eso está el presupuesto de la federación. Reporte Indigo sacó un reportaje titulado “Los caprichos de los diputados”. Me pareció un trabajo interesante que consistió en revisar dos días de las actas de aprobación del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, órgano que se encarga de aprobar los montos presupuestales sobre peticiones particulares de los legisladores. ¿Qué encontraron? Gastos nada despreciables por conceptos que uno no se explica, veamos.

Compraron la serie española “Desaparecida” -que va de una chica que vive en las afueras de Madrid y cuando sale a una fiesta, adivinen, sí, desaparece- y la película “Clara Campoamor, La Mujer Olvidada”, la defensora de los derechos de la mujer y principal impulsora del sufragio femenino en España. Al parecer, los legisladores están muy preocupados por la vida real y ficticia de las mujeres españolas, inclinación que nos tendría sin cuidado de no ser porque se tuvo que desembolsar la nada despreciable cantidad de 297 mil pesos para su compra. Una serie y una película por casi 300 mil pesos. No tengo idea de cuántas series y películas podría comprar con ese dinero, pero seguro son más de una y una.

¿En cuánto sale un viaje a Oaxaca? En serio, ¿en cuánto sale? Porque si cuesta lo mismo que le pagaron a la legisladora Kenia López, la ahora candidata a la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa por el PAN, eso explica porque nunca he ido, ni iré. Resulta que la Comisión de Cultura realizó una de sus reuniones en Oaxaca, por qué hacer una sesión en el aburridísimo Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando se puede “ir a la cultura misma”. Así, se le reembolsó a la susodicha la cantidad de 109 mil 322 pesos por concepto de gastos de boletos de avión y viáticos.

¿Cuántas especialidades en Derecho Constitucional Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México se pueden pagar con un millón y medio de pesos? Ojo, sólo se está considerando el segundo semestre. No tengo idea de la respuesta, pero espero que con eso más de un legislador que haya aprendido algo sobre lo que se supone que debe hacer.

José Luís Ovando Patrón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, consideró conveniente organizar dos foros: uno sobre “Seguridad Pública y Participación Ciudadana” y otro sobre “Mujeres en Seguridad: Logros y Retos”. Para ello, el legislador panista solicitó una ampliación del techo presupuestal de su Comisión por la cantidad de 831 mil 198 pesos. Supongo que la difusión del evento fue muy mala y la cobertura de prensa peor, porque no encontré ni rastro de los mentados foros. Hubo uno en Nuevo León en 2010, uno en Cholula en 2009, otro en Torreón en 2010, pero ninguno fue organizado por la Cámara de Diputados. Del foro de las mujeres, nada. El asunto es que de los dos encuentros no se especifica fecha ni lugar, tal vez los hicieron… en alguna dimensión paralela o los harán… eventualmente… alguien. ¡Ah! El diputado Ovando Patrón pidió 87 mil pesos adicionales para la impresión de las memorias de estos foros, como si la cámara no tuviera imprenta propia.

Estos fueron algunos de los hallazgos de Reporte Indigo, sólo revisando las actas de aprobación de gastos de los días 7 y 28 de marzo. ¿Se imaginan lo que se encontraría en una revisión de más días? Pero es que, pobres, hay que pensar que su humilde dieta anual neta de 1 millón 524 mil 151 pesos, es muy poco. Imaginen sólo ganan de sueldo base 1 millón 264 mil 536 pesos y sus prestaciones ascienden a 654 mil 304 pesos, que incluye un modesto aguinaldo, ayuda para despensa, seguro de gastos médicos mayores y cositas así. Después de todo, seguro que se merecen tantos apapachos, si nuestros legisladores son los más trabajadores del mundo, ¿no?

En las finanzas personales, hacer cuentas y terminar con un excedente que salió de quién-sabe-dónde es una sorpresa agradable. Pero cuando termina el año fiscal y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que hace cuentas y al final del día le sobran 10 mil millones de dólares, en lugar de respiro queda la duda: ¿ese excedente dentro del sistema financiero mexicano de dónde salió? Dicho excedente se adjudicó a las actividades ilícitas y al lavado de dinero, los únicos con el superpoder de sacar semejante cantidad de quién-sabe-dónde.

El lavado de dinero no es un secreto para nadie, como lo expone el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, que realizó el documento: “Lavado de dinero: indicadores y acciones binacionales”, en el cual se advierte que de acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estado Unidos (DEA), la economía mexicana presenta un excedente de entre 9.2 y 10.2 mil millones de dólares, más o menos el mismo monto que le sobró a la SHCP en sus cuentas.

En el documento de la Cámara de Diputados se señalan diferencias en los montos de lavado de dinero, dependiendo de la fuente. Como ya se dijo, en la DEA el monto máximo reportado es de 10 mil 200 millones de dólares; el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas supone que es de 17 mil 200 millones; el Departamento de Estado dice que es 25 mil millones de dólares y el Congreso de Estados Unidos eleva esta cifra hasta 29 mil millones de dólares. Supongo que el hecho de que no se pongan de acuerdo tiene que ver con la dificultad intrínseca de rastrear el dinero sucio.

Ya sean 10 mil mdd o casi 30 mil, eso es mucho dinero sucio que nos deja con la pregunta ¿de dónde sale? De acuerdo con el estudio, la distribución del blanqueado de dinero proviene 41 por ciento narcotráfico, 33 por ciento del tráfico de personas, 20 por ciento de la piratería y 6 por ciento del fraude. Y todo esto sucede a pesar de que en la Red de Información sobre el Lavado Internacional de Dinero de las Naciones Unidas se identifican en el marco legal mexicano 16 leyes, dos códigos, dos reglamentos y una resolución que se refieren al tema. ¿De qué sirve tanta regulación al respecto si las cifras millonarias del lavado de dinero siguen circulando -junto con el dinero-?

Pero bueno, para poder implementar estrategias que permitan establecer mecanismos adecuados que combatan el problema, es importante tener un diagnóstico de la situación, como el que presentó el CESOP. Se reporta que en el órgano legislativo se analiza en comisiones la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, para la cual toda la información contenida en el documento servirá de algo -quiero creer-.

Aunque, tal vez, también servirían otras acciones, como legalizar la venta de drogas -por lo menos la marihuana-, para que esos millones en lugar de ser lavados, sean fiscalizados, y todos los sujetos que viven de esa actividad criminal tengan que pagar impuestos y pasar por hacienda -por lo menos para que vean lo que se siente eso de ganar dinero, para que al final te quiten equis porcentaje para contribuir al bienestar del país-.

Como ciudadana que trabaja todos los días en una actividad honrada, que gana poco, que paga impuestos y que tiene que hacer malabares para sobrevivir, me indigna mucho leer las ganancias millonarias de seres sin escrúpulos y sin dos gramos de progenitora, y ver cómo, al parecer, no tienen mayores problemas para hacer que las ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas, aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Y me ofende un poquito más imaginar que si pueden lavar 10 mil millones de dólares es porque el sistema lo solapa.

De todos es sabido que cuando se trata de sueldos y prestaciones, los funcionarios públicos se sirven con la cuchara grande, presidente, secretarios, senadores, diputados, ministros, consejeros, magistrados, vaya, hasta ex presidentes, saben consentirse. Por eso, cuando Felipe Calderón dijo que estaba haciendo que la salud sea un derecho igual para pobres y ricos, no pude evitar la indignación. ¿Cómo puede hablar de igualdad en materia de salud cuando a ellos se les paga un seguro de gastos médicos mayores con el dinero del erario?

Cierto, estamos en época de campaña y el gobierno federal ya no puede anunciar sus logros, pero por ahí de febrero, a Calderón le dio por presumir la cobertura universal de salud, a través del Seguro Popular:

Ya en el Seguro Popular en muy pocos años llegamos hoy, al entregar la última póliza, a la meta de cobertura universal de salud a través de 1 millón 93 mil asegurados en el Seguro Popular, el Seguro Popular no es sólo un seguro médico, sino es también un seguro económico para la gente más pobre, estamos haciendo grandes cosas, independientemente de las desigualdades económicas que tiene nuestro México, la salud sea un derecho igual para el rico y para el pobre.

“La salud sea un derecho igual para el rico y para el pobre”, es una de esas frases que se quedan dando vueltas y que merece una reflexión aparte. Porque una cosa es la cobertura universal vía Seguro Popular -que ni es tan universal, yo no tengo, ni de ese, ni de ningún otro, por ejemplo-. Y otra muy distinta que eso implique que el derecho a la salud sea igual para pobres y ricos. Si fuera igual, ellos también usarían los servicios de salud del gobierno, en lugar de pagar millones para la cobertura de seguros de gastos médicos mayores.

El seguro de gastos médicos mayores no es una prestación por ley, es una prestación que se puede otorgar, pero no está obligada. Sin embargo, nuestras queridas autoridades se la dan porque, pobres, trabajan mucho y arriesgan el físico en sus actividades. Este seguro lo tienen desde titulares hasta mandos medios, aunque también entre los perros hay razas, así que baja la cobertura conforme al escalafón. Adivinen quién paga esos seguros… adivinaron, nosotros, es decir, los mexicanos con los impuestos.

Para que se den una idea, tan sólo en el Senado se adquirió a Grupo Nacional Provincial -sí, ese que está detrás del video de los niños incómodos- seguros de gastos médicos mayores para 256 legisladores federales y un grupo de altos funcionarios, por 17 millones 890 mil 975 pesos, lo que implica que la protección es para los actuales 128 senadores y sus 128 sucesores, ¿así o más abusados?

Si piensan que eso es mucho, es porque no han visto lo que gastan en la Cámara de Diputados, en donde les dio por asegurar todo, así que los 41.8 millones de pesos que tenían planeados usar en eso, la cifra se disparó hasta 170.3 millones. Pero atendiendo a los seguros de gastos médicos mayores, que es el tema de la nota, la cobertura de los legisladores de San Lázaro costó 55 millones 500 mil pesos, seguro que incluye a cónyuges, hijos menores de 25 años y ascendientes directos. Hay que advertir en cuanto al seguro de gastos médicos mayores, los diputados previeron un incremento del 25 por ciento en el costo de la prima para este año, así que de 88 mil 478 pesos por cada uno en el 2011, en éste el costo se elevó a 110 mil 610 pesos, una diferencia de 22 mil 132 pesos por legislador.

Pero, como comenté, no sólo se aseguran diputados, también mandos medios y superiores, que para el caso de esta cámara son 578 en total, así que el monto del gasto para ellos fue de 9 millones 742 pesos y cubre ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización.

Y esto es sólo con respecto al poder legislativo, ya no hablemos del presidente, ministros de la Suprema Corte de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados, consejeros electorales, CDNH, INEGI, ex presidentes, etc.

Ya quisiera ver a todos estos asegurados por el erario con sólo el Seguro Popular, quisiera que en lugar de tratar sus enfermedades en Estados Unidos -¡hola, Lujambio!- se fueran a hacer fila al ISSSTE, como los ciudadanos de a pie. Porque es muy fácil llenarse la boca diciendo que en México el derecho a la salud es igual para ricos y pobres, cuando tienes un seguro de gastos médicos mayores pagado por los mexicanos. Y no digo que no lo tengan, digo que se lo paguen con su “dieta”, que al final de cuentas no ganan dos pesos, ¡eh! Y esos millones que se destinan para pagarles sus seguros, mejor se los metan a las instituciones de salud, que buena falta les hace.

Amanecimos con una controversia que denuncia “albazo” en las reformas aprobadas a la Ley Federal de Radio y Televisión el día de ayer, en la que, al más puro estilo de los Simpson -aprobar reformas agregando una controvertida a una popular mediante un clip-, aprovechando el discurso indigenista, se introdujo la figura de “red o cadena” para considerar cumplida la obligación de transmitir pautas -mensajes en tiempos del Estado- con las emisiones que realicen la estación de origen.

Hay dos versiones encontradas de la historia. Los que están a favor hacen hincapié en que la reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión que aprobó la Cámara de Diputados, con 244 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, fue para introducir la figura de las estaciones indígenas en el marco normativo, con lo que se eliminarán estereotipos que fomenten la discriminación y la violencia. Se supone que con las modificaciones, el Estado asegurará la integración de los grupos indígenas al desarrollo nacional y los dotará de la facultad de solicitar un permiso para operar una estación de radio propia, siempre y cuando cuenten con una constancia de pueblo o comunidad indígena por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Además, se estableció que la programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión promuevan una alimentación nutritiva y equilibrada. Las reformas también pretenden generar herramientas que permitan crear contenidos de servicio público, que atiendan necesidades sociales de la población, que estimulen la cultura de la no violencia, el respeto por los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

Hasta ahí todo suena muy bien, pero entonces viene la versión de los que están en contra. Para ellos, las reformas son un “regalazo” al duopolio televisivo de nuestro país, porque permitirían a las televisoras darle la vuelta a la transmisión de los spots electorales y evitar su programación en entidades donde hay elecciones locales. La “trampa” estuvo en el artículo 49 Bis y 79 B. El primero establece:

…dos o más estaciones podrán ser operadas bajo la figura de red de cadena, ya sea regional o nacional. La figura de red o cadena, se refiere al enlace o a la retransmisión del contenido programático que se origine en la estación que para tal efecto sea designada como la estación de origen, mediante la notificación correspondiente a la comisión.

Y eso ¿qué tiene de malo? Hasta ahí, nada. Sólo se aplanó el terreno para agregar el artículo 79 B:

…[el] cumplimiento de los tiempos que correspondan al Estado diariamente, en los casos de las estaciones que operen bajo la figura de red o cadena conforme a lo previsto en el artículo 49 Bis, se considerará cumplida la obligación de los concesionarios y permisionarios de dichas estaciones al transmitir las pautas, programación o propaganda que las autoridades correspondientes entreguen a la estación que haya sido designada como estación de origen conforme al artículo 49 Bis.

Uno de los principales opositores, Javier Corral, diputado con licencia y candidato del PAN al Senado de Chihuahua, advirtió que la reforma es retrógrada e inconstitucional, porque va en contra de lo que señala el artículo 41, fracción tercera, inciso A, que indica que los tiempos del Estado para fines electorales serán distribuidos en “cada estación de radio y televisión”.

Por su parte, Jaime Cárdenas, diputado del Partido del Trabajo, expuso su punto de vista, previo a la votación del dictamen:

Estamos también favoreciendo bajo esta figura de cadena, a estaciones concesionadas, en manos de particulares para cumplir con la pauta de tiempo del Estado cuando esa pauta se transmita en estación de radio originaria y ese no es el propósito, ese no es el espíritu de esta reforma. El espíritu de esta reforma era exclusivamente favorecer a los permisionarios con estaciones de radio comunitaria indígena; pero aquí estamos favoreciendo en las cadenas a los concesionarios y por eso daré mi voto en contra.

Otros molestos con el “albazo” son los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Alfredo Figueroa, que también advirtieron su inconstitucionalidad y que sólo favorecen a Televisa y TV Azteca. Además, apuntaron que es falso que esto mejore la administración de los tiempos oficiales y que las reformas no favorecen a la autoridad electoral.

Así las cosas, en menos de un mes, los diputados aprueban unas reformas que seguramente hará quedar muy bien a la “telebancada”, sin importarles que el Código Electoral prohiba la modificación de las reglas de la contienda 90 días antes del arranque. Ahora la bolita pasa a los senadores, a ver si con ellos también sirve “el clip”.

Imagen: Cuartoscuro

Nota a los medios: Como este anuncio publicitario no incita al voto ni promueve a candidato alguno (los plurinominales no se votan), de ninguna forma se está violando la veda electoral impuesta por el IFE, si quieres ser parte de este programa y algún agente del IFE te pide tu credencial, denúncialo ante la FEPADE.

¿Eres delincuente, corrupto o narcotraficante?, ¿Estás harto de que el gobierno te persiga (o finja hacerlo) o que los activistas sociales te señalen y presionen a las autoridades por el simple hecho de querer ser alguien en la vida? ¿Estás harto de que te juzguen por actos que cometen, que según algunas personas en su orden moral retrógradas son malos?. Nosotros tenemos la solución. Para personas como tú que con su trabajo aportas dinero al Producto Interno Bruto, ya sea poniendo el dinero en circulación al mercado que obtuviste por medio de personas que lo tenían “guardado en el banco”, o por incentivar el mercado de estupefacientes en nuestro país, tenemos el programa “Plurinominales”.

¿En que consiste este programa?. Simplemente apoyamos a la gente realmente productiva del país, que además de trabajar duramente ayudan a redistribuir la riqueza (quitándole dinero a los ricos por medio de plagios y secuestros express). Los requisitos son simples, el interesado deberá ingresar a un partido político, que sea una persona que le guste el trato con los animales (es necesario para eso de la búsqueda del “hueso”) y que tenga cierto poder político y económico. Este poder político y económico es la especie de cuota para entrar al selecto club. Una vez admitido, el participante será elegido para un puesto en una diputación o senaduría plurinominal, para que pueda tener inmunidad y fuero; de esta forma nadie podrá acusarlo.

El requisito dentro de este programa, simplemente es que asistan regularmente a la cámara que les corresponde (lo podrán hacer 2 o 3 veces al año), en el recinto existen asientos reclinables y deberán solamente participar en algunas votaciones donde se necesite su apoyo sobre el partido. No será necesario que sepan de que se tratan las votaciones, solo tendrán que decir que sí. Además tendrán cuantiosos beneficios, como un sueldo de más de $100,000 pesos al mes y seguro médico privado gratis.

Existen tres paquetes, que en realidad ofrecen los mismos beneficios pero que difieren en el giro de trabajo del cliente. Por ejemplo, tenemos el paquete Plurinominal Ángel Nacionalista (PAN) ideal para sacerdotes pederastas, empresarios corruptos, o conservadores de doble moral vendedores de quesos, también tenemos el paquete Plurinominal Revoltoso Diabólico (PRD) orientado a aquellas personas que han matado o secuestrado personas como una forma de oponerse al sistema, que han abortado con el fin de evitar el crecimiento demográfico lo cual generaría más pobres y por último está el muy concurrido paquete Plurinominal Ratero Incomprendido (PRI) orientado a todas las demás personas que sean perseguidos por cualquier otro motivo.

¿Dudan de su funcionalidad?, nuestros futuros clientes (que entrarán al programa a fines del 2012) hablan de nuestros servicios.

Me acusaban injustamente de desviar fondos de PEMEX, siendo que esos fondos iban destinados a personas que buscaban el bien de mi país, como mis amigos del sindicato, mis “cuates” empresarios. Pero con este programa podré seguir trabajando por el bien de la nación y para preservar el sindicato democrático tan justo e igualitario, donde la gente no tiene que venir a trabajar para tener derecho a un sueldo digno (les decimos “aviadores” porque vuelan de felicidad). Carlos Romero Deschamps.

Siempre he pensado que los niños al llegar a la tierra se corrompen, ante una sociedad llena de influencias ateas y judeomasónicas, caen en la tentación del pecado. Por eso decidí quemar a más de 40 niños en la Guardería ABC ¿Tiene algo malo eso cuando lo hice para que esos inocentes niños puedan ir directamente al cielo?. La llamada justicia seguramente infiltrada por la masonería me persigue por eso. Pero gracias a la ayuda del programa Plurinominales, se hará justicia y estas personas malintencionadas me dejarán de seguir. El programa es tan bueno que sin ningún costo le ofrecieron inmunidad a mi amigo “platanito”. Juan Molinar Horcasitas.

Me dicen el señor de las ligas, me acusan de corrupto porque recibi dinero de Carlos Ahumada, el cual me pagó para que permitiera que su empresa invirtiera en la Ciudad de México. Yo gustoso recibí el dinero pero muchos detractores me llegaron encarcelar porque dicen que la riqueza es mala. Ahora que he salido de la cárcel, he estado buscando ayuda para apoyar a las personas que reciben dinero a cambio de favores que beneficiarán a la nación. E incluso abrí una Asociación Civil llamada, Asociación Mexicana de Ladrones Onestos (AMLO) Cabe aclarar que mi AC fue bautizada por Enrique Peña Nieto, Ahora con el Programa Plurinominales sin temor a ser víctima de la injusticia podré luchar por aquellos mexicanos que se ganan legítimente el pan de cada día recibiendo dinero de parte de empresas u otros políticos René Bejarano.

No lo dudes, sé parte de este programa. Orientado para que personas como tu que secuestran, roban o están en problemas de lavado de dinero o narcotráfico puedan Vivir Mejor.

Fecha límite de registro, antes que termine la veda electoral. Permiso de SEGOB Nº 666-12345-60 (en realidad le dimos una mochada a Alejandro Poire), come frutas y verduras.

Al más puro estilo de James Bond, se desató un escándalo en la Cámara de Diputados por presuntos actos de espionaje. Tras la detección de “aparatos” de intervención telefónica, la paranoia embargó a los legisladores, mandando revisar oficinas, clausurando áreas y, obviamente, interponiendo la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.

La información en los medios es mucha y fragmentada, así que aquí nos dimos a la tarea de tratar de hacer la reconstrucción, de acuerdo con lo vertido en algunos de ellos -siguiendo con el espíritu detectivesco que amerita la ocasión-:

• Guadalupe Acosta Naranjo, Diputado Federal por Nayarit y ex presidente interino del PRD, fue electo presidente de la Mesa Directiva -cuyo predecesor en el cargo es el priísta Emilio Chuayffet, dato interesante por mero sospechosismo-. Al tomar la oficina correspondiente a su nueva posición, pidió que revisaran las líneas para garantizar condiciones de seguridad. Otros dicen “solicitó un barrido”, “revisión de rutina”, “revisión de seguridad”, etc.

Primeras dudas: ¿si es una “revisión de rutina” por qué no habían detectado los aparatos anteriormente -la antigüedad se verá más adelante-? ¿El señor diputado es sumamente cuidadoso y pide expresamente que revisen las líneas cada vez que toma una oficina? ¿Se trató de un caso de serendipia?

• Las versiones de lo que encontraron varian de acuerdo al medio. La Crónica dice: “Entre las pruebas entregadas a la dependencia están aparatos que supuestamente sirven para intervenir y escanear llamadas telefónicas, así como transcripciones de charlas y otros documentos cibernéticos”. El mismo medio en otra nota indica “se detectaron este tipo de aparatos de intervención telefónica y de videograbación”. El Universal fue más conservador, sólo dijo: “se detectaron aparatos de espionaje -grabadoras-“. Grupo Fórmula, en una entrevista a Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, hecha por Ricardo Rocha, advierte: “haber encontrado varios aparatos y equipos en distintas oficinas”. También Grupo Fórmula, en otra entrada, señala: “la existencia de los aparatos que se presumen son de intervención telefónica”. Hasta aquí paramos el muestreo de medios para evitar saturación.

Exactamente ¿qué encontraron? Todos coinciden en “aparatos”, pero ¿qué tipo de aparatos? Si se dan cuenta, no se especifica. Se podrá aducir que esto es así por la secrecía obvia que se ha pedido en la investigación. Pero no deja de llamar la atención que ni se dice con precisión qué encontraron, ni hay igualdad en los reportes. Hablan también de “transcripciones y documentos”, de “videograbación”, de “grabadoras”, incluso “micrófonos” -en otra versión no citada líneas arriba-. Vaya, uno se puede poner a lucubrar lo que se nos dé la gana. Yo me imaginé algo así como los aparatos que salen en CSI.

• ¿Qué se indujo a partir del hallazgo? Además de la obvia respuesta de “espionaje”, los “aparatos” se convirtieron en “evidencia robusta” de que el referido espionaje se hacía desde hace tiempo. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Porque, de acuerdo con información de este órgano de gobierno, algunos equipos tenían una antigüedad de tres años y otros fueron renovados los últimos meses -si esto es así, descartamos a Chuayffet como la mente maestra detrás del revuelo porque entonces a él también le tocó-.

¿Esa conclusión de dónde salió? Seguro expertos fueron los que determinaron la antigüedad de los equipos, porque no me imagino a los señores diputados en papel de Sherlock Holmes, revisando con lupa los equipos y sacando conclusiones al respecto -pero eso también es un ejercicio especulativo, tal vez nuestros diputados son expertos en tecnología de espionaje-.

• ¿Qué pasó tras el hallazgo? En la entrevista citada líneas arriba se afirma:

“…después se procedió a hacer una revisión en la Junta de Coordinación Política y ocurrió lo mismo, se revisó la oficina mía, la de la Coordinación de los diputados federales, se encontraron algunos micrófonos y así sucesivamente fueron apareciendo más aparatos que ahora lo que dejan es por lo menos información de que son varias las oficinas que tienen o enfrentan esta actividad clandestina”.

• Es decir, el espionaje era general, no era para algún partido en específico, ni una comisión en particular. ¿Qué más hicieron? En El Universal se reportó la clausura de 25 puertas y áreas que daban acceso a los servidores de telefonía e internet, y agregan: “cuyos sellos fueron rotos por un funcionario de San Lázaro que fue despedido” -inserte música de suspenso-. Un medio mucho menos conocido, llamado Puente libre reporta: “el Departamento de Telefonía en el basamento del edificio A de San Lázaro se clausuró con sellos de protección, donde personal de Seguridad y Resguardo Parlamentario vigila dichas oficinas. Asimismo la bodega que se encuentra junto a dichas oficinas y los conmutadores telefónicos están clausurados y vigilados por ese mismo personal de seguridad. Varias oficinas de los legisladores federales, entre ellas la de la diputada del PRI, Carolina Viggiano, tienen sellos de clausura”.

La situación no era para menos, la revisión y clausura de espacios era una medida lógica a tomar después de hallar estos “aparatos”. El detalle de que un funcionario haya roto los sellos ya empieza a señalar posible involucrados. Seguramente las medidas de seguridad se incrementaron y pasaron lista a todos los empleados, particularmente a los responsables de que estos hechos no sucedan, habrá que empezar a depurar para saber dónde está el topo.

• Ahora sí, ya con los “aparatos” en la mano, a las 12:25 horas del martes 24, la Dirección Jurídica del órgano legislativo presentó la denuncia ante la PGR, dependencia que abrió la averiguación previa AP/PGR/ UEIDCSPCAJ/037/2012, por el ilícito de intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial competente, ilícito que prevé sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa -o sea, una nadería si consideramos costo-beneficio de quienes hayan sido los presuntos implicados, y con lo dados que son en este país a fabricar culpables, los responsables están del otro lado (¡Hola, Jorge Hank!)-.
  La procuradora Marisela Morales Ibáñez se comprometió a realizar una investigación imparcial, profunda y eficaz. El área que inició las diligencias fue la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, a cargo de Víctor Miguel Guerra Enríquez, y dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF).

Aquí brinca de inmediato la frase “sin mandato de la autoridad judicial competente”. O sea que si era orden directa del de arriba, se aguantan. Claro que el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), -mejor conocidos como orejas- ya se lavó las manos negando que hayan sido ellos. Aunque no faltó el priísta, en este caso, Jorge Romero, diputado por Hidalgo, que levantó su dedito índice acusando al Gobierno Federal -¿acaso conocedor y nostálgico de estas prácticas priístas que en su calidad de mito urbano, todos sabemos y todos callamos?-.

Entonces ¿a quién le echamos la culpa? Después de todo, no debe ser tarea fácil entrar al recinto legislativo armado de “aparatos”, con los cuerpos de seguridad que verifican el acceso y la red de cámaras instaladas -salvo que seas personaje de acción en alguna película gringa o… (inserte música de suspenso)-. Algunos legisladores empiezan a barajar las posibilidades: adversarios políticos, gobierno, crimen organizado -un elefante que confiese que es conejo, el chupacabras (mejor conocido como Salinas), James Bond, el mayordomo con la lámpara en la biblioteca, etc.-.

Si no tienen cola que les pisen -ajá-, ¿a qué le tienen tanto miedo, qué información ultrasecreta y confidencial corre por los pasillos y líneas telefónicas de San Lázaro? De acuerdo con Armando Ríos, también coordinador de los diputados del PRD, lo que les preocupa es que la información generada sea utilizada para obtener algún tipo de beneficio económico, es decir, temen que los quieran chantajear. Pero, como bien advierte el panista Arturo García -sí, esta vez le doy la razón, pero poquito-, ¿no se supone que los temas legislativos son públicos?

Desde luego, sentirse vulnerados y saber que conocen santo y seña de lo que han dicho -¡y vayan a saber qué tanto dijeron los legisladores y demás trabajadores del órgano colegiado!- los debe poner muy paranoicos e indignados, por algo existe el derecho a la privacidad, pero seguro más de uno tiene algo qué esconder -y se están mordiendo las uñas y tomando su Tafil-, ¿temerán que nos enteremos cómo cocinan en lo oscurito las iniciativas, de los cabildeos, de cómo les dan línea, que sepamos que son el congreso más perezoso del mundo? Descuiden, eso ya lo sabemos. Aunque si eso es lo público, ¿cómo estará lo privado?

Y usted, estimado lector, ¿quién cree que fue el responsable? ¿Qué cree que oculten nuestros legisladores? ¿En cuánto tiempo creen que se identifiquen a los culpables? Las apuestas están abiertas.

Imagen: Fondos de cine

De la congeladora al fogón. Inmersos en una realidad signada por cambios vertiginosos, vale la pena preguntarnos cuánto tiempo de vida útil tiene una propuesta legislativa antes de caducar por completo o requerir de ajustes y actualizaciones; especialmente cuando se trata de iniciativas que, por angas o mangas, terminaron sus días en la famosa congeladora ¿Será de dos o quizá tres años? ¿Tal vez menos? La pregunta viene a colación por las 3 mil 930 iniciativas rezagadas que la Cámara de Diputados “incineró” ayer por la tarde.

A manera de “limpieza de primavera”, la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, presidida por el priista Emilio Chuayffet, ordenó que fueran desechadas todas las iniciativas que titiritaban en la congeladora. Algunas sin haber visto la luz desde 1997. Las 3 mil 930 iniciativas rezagas fueron declaradas “totalmente concluidas”, acatando de esta manera las disposiciones establecidas en el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados. El cual dispone que, de no atenderse en mes y medio las iniciativas propuestas por los distintos frentes políticos, éstas pasarán al olvido. Es decir, de la congeladora al fogón.

La “incineración” de estas 3 mil 930 iniciativas rezagadas sienta un precedente claro para la futuras Legislaturas. Tras la aplicación de este nuevo reglamento —aprobado por mayoría de votos en diciembre de 2010 y que reemplaza al de 1934 (!)—, el tiempo para legislar deberá ser empleado de manera más eficiente, tanto por el pleno como por las comisiones. De lo contrario, las iniciativas —buenas, malas o simplemente monstruosas— pasarán a mejor a vida. Al momento, 130 iniciativas “rescatadas” de las casi cuatro mil propuestas enviadas fogón deberán ser discutidas para no sufrir la suerte de sus compañeras.

De las 130 sobrevivientes, 61 le deben su segunda oportunidad al PAN; 30 al PT; otras 19 al partido Nuevo Alanza; 12 a las comisiones del DF; siete más a la de Equidad y Género; y la huérfana a la comisión de Asuntos Indígenas. A las demás nadie les tiró un salvavidas para darles una segunda oportunidad entre las comisiones o en el pleno. Se espera que con esta medida se combata el rezago que ha caracterizado a las Legislaturas de nuestro país; pues si se busca que una iniciativa no pase de la congeladora al fogón, deberá ser discutida en tiempo y forma. Medida que, lamentablemente, es de doble filo. Ahora, deshacerse de las iniciativas incómodas será más fácil. Una de las propuestas que pasó a mejor vida fue, ni más, ni menos, aquella que pugnaba por la desaparición de legisladores plurinominales.

Sobre la matanza de Tlatelolco aún quedan muchas incógnitas por resolverse. Nuestra memoria histórica presenta auténticas lagunas sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Luis González de Alba, uno de los protagonistas del movimiento estudiantil, ha reiterado en numerosas ocasiones que, incluso en el relato de los líderes estudiantiles, existen vaguedades y contradicciones; formando más que una relato unívoco, una auténtica versión coral, donde parece que ni siquiera del lado de las Fuerzas de la Ley existe una versión definitiva. Al momento, ni siquiera el número de víctimas y desaparecidos es claro. Sin embargo, la matanza de Tlatelolco se perfila como uno de los sucesos que han prefigurado el rostro de nuestra nación.

En reconocimiento a este lamentable suceso que —de manera trágica— nos dio patria, la Cámara de Diputados aprobó durante esta semana que el 2 de octubre sea considerada fecha de luto nacional, izándose la bandera a media asta en escuelas, edificios públicos y embajadas. El nombre oficial de la conmemoración fue signado como “aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968” en la adición realizada a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, propuesta desde 2007 por el perredista Pablo Gómez Álvarez. En el dictamen para la adición hecha a esta Ley se establece que su razón de ser obedece a que:

un número significativo de ciudadanos, en su mayoría estudiantes, que participaban en una manifestación política, resultaron muertos, heridos o detenidos por efectivos militares mediante el uso indiscriminado de la fuerza.

La consideración del 2 de octubre como una fecha de luto nacional podrá ser percibida como una cuestión meramente de “formas”, pues dicha adición a la Ley no especifica la creación de un comité especializado para ir más profundo en las investigaciones, o para sancionar a los pocos responsables que aún quedan vivos. Sin embargo, es un paso fundamental para ir recobrando terreno a esas lagunas que, de no cercarlas, amenazarán con inundarnos de olvido y borrar una cicatriz en el rostro de nuestro país, como si el daño nunca hubiera sido hecho, como si en el país realmente nunca pasara nada (dijo nadie nunca).

Imagen: Hogar FEM

La Reforma Política sigue siendo motivo de incordias. Tras el “cierre de filas” por parte de Diputados Federales del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, los ánimos en San Lázaro se han caldeado. Al alcanzar las nueve horas de trabajo continuo, la tensión acumulada entre las bancadas terminó —de nuevo— en un pueril intercambio de dimes y diretes al más puro estilo de “Cachún cachún ra ra”. En esta ocasión, el motivo de pleito no fue la “tiránica” dirección de Emilio Chuayffet —acusado de favorecer las intervenciones del PRI—, sino la acusación de que diputados priístas del Estado de México se encontraban empinando el codo para “aliviar la tensión” producida por el extenuante día de trabajo.

El primero en denunciar la beberecua al interior de San Lázaro fue el panista Saúl Castillo; quien encontró eco en la perredista Enoé Uranga; y quien fue secundada por el petista Jaime Cárdenas. Los tres señalaron a los Diputados del PRI por el Estado de México como los responsables de estar echando el trago coqueto mientras se decide el futuro político de nuestro país. Ante este conato de escándalo, Porfirio Muñoz Ledo, pidió se pospusiera la sesión. Lo único que logró irguiéndose fue un auténtico pastalezo por parte del priísta Julián Nazar. Cheque nomás la calidad del insulto, que hasta para denigrar al prójimo hay que tener gracia:

Pues ahí está Porfirio Muñoz Ledo, a quien si le hacen un análisis de sangre sale 90% de alcohol y 10% de botana.

Una auténtica romería. Algunos diputados, en cuanto comenzaron las acusaciones, gritaron desde su curul: “rólenla, rólenla”, refiriéndose a la supuesta botella que los priístas habían descorchado con motivo, seguramente, de celebrar que la Reforma Política se iría más mutilada que la Venus de Samotracia. La Diputada del PRD, Enoé Urganga, exigió una investigación al respecto; exigencia que un Emilio Chuayffet harto —abandonó más de tres veces la Mesa Directiva—- le concedió. Los priístas mexiquenses, indignados al “punto del copete”, exigieron una disculpa y pruebas.

Así se las gastan nuestros legisladores, que más que representar a Estados de la República, parecen actuar en representación de sitcoms y comedias de enredo. Sin embargo, a pesar de sus actitudes pueriles, el pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado la Reforma Política, reservándose 53 artículos en lo particular para poder ser discutidos. Entre estos puntos se encuentran los tres más relevantes de toda esta reforma estructural:

• Revocación de mandato
• Reducción presupuestal
• Reelección de alcaldes y legisladores

Las tres R que al PRI le han causado migraña. Hace una hora, los Diputados reiniciaron la sesión. Sin embargo, tras el circo que mantuvieron ayer después de seis horas discutiendo un solo punto, qué podemos esperar hoy sino el guión de la nueva película: “Esta no es otra tonta sesión de Legisladores”.

Imagen: Sendero Poblano del Peje

Los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han convertido en una auténtica preocupación para muchos mexicanos. No en balde, durante el segundo trimestre del año, la CFE encabezó la lista de proveedores de servicios con mayor número de quejas presentadas ante la Profeco. Gran parte del malestar y desconfianza que esta empresa ha generado, se origina en el sistema que emplea para el cobro de consumo eléctrico; el cual, debido a su complejidad, ha dado pie a opacidades y suspicacias.

Una de las propuestas para enmendar esta problemática es la creación de una Comisión Reguladora de Tarifas Eléctricas, la cual tendría como misión establecer nuevos lineamientos para el cobro de consumo de energía eléctrica, así como esclarecer el destino final de los recursos que recibe anualmente la CFE. Esta propuesta ha sido enmarcada en la campaña “Un Millón de Protestas, Una Gran Solución”, lanzada a finales de agosto por legisladores y líderes sindicales. Con ella, se busca reunir un millón de firmas de usuarios inconformes para presentarlas esta semana a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La campaña parece haber sido bien recibida en todo el país. Hace unos día, los dirigentes de la campaña anunciaron que se encuentran cerca de alcanzar los dos millones de firmas, es decir, el doble de lo que habían previsto. Este jueves, Emilio Chuayffet, presidente de la Mesa Directiva, recibirá el documento que incluye el total de firmas recolectadas, buscando ejercer presión para que se legisle sobre este tema. Hasta el momento, la dependencia pública encargada de definir los montos de cobro es la Secretaría de Hacienda, a quien acusar de no ser sensible hacia la situación que atraviesa la ciudadanía.

Imagen: El Tostón