Al más puro estilo de James Bond, se desató un escándalo en la Cámara de Diputados por presuntos actos de espionaje. Tras la detección de “aparatos” de intervención telefónica, la paranoia embargó a los legisladores, mandando revisar oficinas, clausurando áreas y, obviamente, interponiendo la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.

La información en los medios es mucha y fragmentada, así que aquí nos dimos a la tarea de tratar de hacer la reconstrucción, de acuerdo con lo vertido en algunos de ellos -siguiendo con el espíritu detectivesco que amerita la ocasión-:

• Guadalupe Acosta Naranjo, Diputado Federal por Nayarit y ex presidente interino del PRD, fue electo presidente de la Mesa Directiva -cuyo predecesor en el cargo es el priísta Emilio Chuayffet, dato interesante por mero sospechosismo-. Al tomar la oficina correspondiente a su nueva posición, pidió que revisaran las líneas para garantizar condiciones de seguridad. Otros dicen “solicitó un barrido”, “revisión de rutina”, “revisión de seguridad”, etc.

Primeras dudas: ¿si es una “revisión de rutina” por qué no habían detectado los aparatos anteriormente -la antigüedad se verá más adelante-? ¿El señor diputado es sumamente cuidadoso y pide expresamente que revisen las líneas cada vez que toma una oficina? ¿Se trató de un caso de serendipia?

• Las versiones de lo que encontraron varian de acuerdo al medio. La Crónica dice: “Entre las pruebas entregadas a la dependencia están aparatos que supuestamente sirven para intervenir y escanear llamadas telefónicas, así como transcripciones de charlas y otros documentos cibernéticos”. El mismo medio en otra nota indica “se detectaron este tipo de aparatos de intervención telefónica y de videograbación”. El Universal fue más conservador, sólo dijo: “se detectaron aparatos de espionaje -grabadoras-“. Grupo Fórmula, en una entrevista a Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, hecha por Ricardo Rocha, advierte: “haber encontrado varios aparatos y equipos en distintas oficinas”. También Grupo Fórmula, en otra entrada, señala: “la existencia de los aparatos que se presumen son de intervención telefónica”. Hasta aquí paramos el muestreo de medios para evitar saturación.

Exactamente ¿qué encontraron? Todos coinciden en “aparatos”, pero ¿qué tipo de aparatos? Si se dan cuenta, no se especifica. Se podrá aducir que esto es así por la secrecía obvia que se ha pedido en la investigación. Pero no deja de llamar la atención que ni se dice con precisión qué encontraron, ni hay igualdad en los reportes. Hablan también de “transcripciones y documentos”, de “videograbación”, de “grabadoras”, incluso “micrófonos” -en otra versión no citada líneas arriba-. Vaya, uno se puede poner a lucubrar lo que se nos dé la gana. Yo me imaginé algo así como los aparatos que salen en CSI.

• ¿Qué se indujo a partir del hallazgo? Además de la obvia respuesta de “espionaje”, los “aparatos” se convirtieron en “evidencia robusta” de que el referido espionaje se hacía desde hace tiempo. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Porque, de acuerdo con información de este órgano de gobierno, algunos equipos tenían una antigüedad de tres años y otros fueron renovados los últimos meses -si esto es así, descartamos a Chuayffet como la mente maestra detrás del revuelo porque entonces a él también le tocó-.

¿Esa conclusión de dónde salió? Seguro expertos fueron los que determinaron la antigüedad de los equipos, porque no me imagino a los señores diputados en papel de Sherlock Holmes, revisando con lupa los equipos y sacando conclusiones al respecto -pero eso también es un ejercicio especulativo, tal vez nuestros diputados son expertos en tecnología de espionaje-.

• ¿Qué pasó tras el hallazgo? En la entrevista citada líneas arriba se afirma:

“…después se procedió a hacer una revisión en la Junta de Coordinación Política y ocurrió lo mismo, se revisó la oficina mía, la de la Coordinación de los diputados federales, se encontraron algunos micrófonos y así sucesivamente fueron apareciendo más aparatos que ahora lo que dejan es por lo menos información de que son varias las oficinas que tienen o enfrentan esta actividad clandestina”.

• Es decir, el espionaje era general, no era para algún partido en específico, ni una comisión en particular. ¿Qué más hicieron? En El Universal se reportó la clausura de 25 puertas y áreas que daban acceso a los servidores de telefonía e internet, y agregan: “cuyos sellos fueron rotos por un funcionario de San Lázaro que fue despedido” -inserte música de suspenso-. Un medio mucho menos conocido, llamado Puente libre reporta: “el Departamento de Telefonía en el basamento del edificio A de San Lázaro se clausuró con sellos de protección, donde personal de Seguridad y Resguardo Parlamentario vigila dichas oficinas. Asimismo la bodega que se encuentra junto a dichas oficinas y los conmutadores telefónicos están clausurados y vigilados por ese mismo personal de seguridad. Varias oficinas de los legisladores federales, entre ellas la de la diputada del PRI, Carolina Viggiano, tienen sellos de clausura”.

La situación no era para menos, la revisión y clausura de espacios era una medida lógica a tomar después de hallar estos “aparatos”. El detalle de que un funcionario haya roto los sellos ya empieza a señalar posible involucrados. Seguramente las medidas de seguridad se incrementaron y pasaron lista a todos los empleados, particularmente a los responsables de que estos hechos no sucedan, habrá que empezar a depurar para saber dónde está el topo.

• Ahora sí, ya con los “aparatos” en la mano, a las 12:25 horas del martes 24, la Dirección Jurídica del órgano legislativo presentó la denuncia ante la PGR, dependencia que abrió la averiguación previa AP/PGR/ UEIDCSPCAJ/037/2012, por el ilícito de intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial competente, ilícito que prevé sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa -o sea, una nadería si consideramos costo-beneficio de quienes hayan sido los presuntos implicados, y con lo dados que son en este país a fabricar culpables, los responsables están del otro lado (¡Hola, Jorge Hank!)-.
  La procuradora Marisela Morales Ibáñez se comprometió a realizar una investigación imparcial, profunda y eficaz. El área que inició las diligencias fue la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, a cargo de Víctor Miguel Guerra Enríquez, y dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF).

Aquí brinca de inmediato la frase “sin mandato de la autoridad judicial competente”. O sea que si era orden directa del de arriba, se aguantan. Claro que el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), -mejor conocidos como orejas- ya se lavó las manos negando que hayan sido ellos. Aunque no faltó el priísta, en este caso, Jorge Romero, diputado por Hidalgo, que levantó su dedito índice acusando al Gobierno Federal -¿acaso conocedor y nostálgico de estas prácticas priístas que en su calidad de mito urbano, todos sabemos y todos callamos?-.

Entonces ¿a quién le echamos la culpa? Después de todo, no debe ser tarea fácil entrar al recinto legislativo armado de “aparatos”, con los cuerpos de seguridad que verifican el acceso y la red de cámaras instaladas -salvo que seas personaje de acción en alguna película gringa o… (inserte música de suspenso)-. Algunos legisladores empiezan a barajar las posibilidades: adversarios políticos, gobierno, crimen organizado -un elefante que confiese que es conejo, el chupacabras (mejor conocido como Salinas), James Bond, el mayordomo con la lámpara en la biblioteca, etc.-.

Si no tienen cola que les pisen -ajá-, ¿a qué le tienen tanto miedo, qué información ultrasecreta y confidencial corre por los pasillos y líneas telefónicas de San Lázaro? De acuerdo con Armando Ríos, también coordinador de los diputados del PRD, lo que les preocupa es que la información generada sea utilizada para obtener algún tipo de beneficio económico, es decir, temen que los quieran chantajear. Pero, como bien advierte el panista Arturo García -sí, esta vez le doy la razón, pero poquito-, ¿no se supone que los temas legislativos son públicos?

Desde luego, sentirse vulnerados y saber que conocen santo y seña de lo que han dicho -¡y vayan a saber qué tanto dijeron los legisladores y demás trabajadores del órgano colegiado!- los debe poner muy paranoicos e indignados, por algo existe el derecho a la privacidad, pero seguro más de uno tiene algo qué esconder -y se están mordiendo las uñas y tomando su Tafil-, ¿temerán que nos enteremos cómo cocinan en lo oscurito las iniciativas, de los cabildeos, de cómo les dan línea, que sepamos que son el congreso más perezoso del mundo? Descuiden, eso ya lo sabemos. Aunque si eso es lo público, ¿cómo estará lo privado?

Y usted, estimado lector, ¿quién cree que fue el responsable? ¿Qué cree que oculten nuestros legisladores? ¿En cuánto tiempo creen que se identifiquen a los culpables? Las apuestas están abiertas.

Imagen: Fondos de cine

De la congeladora al fogón. Inmersos en una realidad signada por cambios vertiginosos, vale la pena preguntarnos cuánto tiempo de vida útil tiene una propuesta legislativa antes de caducar por completo o requerir de ajustes y actualizaciones; especialmente cuando se trata de iniciativas que, por angas o mangas, terminaron sus días en la famosa congeladora ¿Será de dos o quizá tres años? ¿Tal vez menos? La pregunta viene a colación por las 3 mil 930 iniciativas rezagadas que la Cámara de Diputados “incineró” ayer por la tarde.

A manera de “limpieza de primavera”, la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, presidida por el priista Emilio Chuayffet, ordenó que fueran desechadas todas las iniciativas que titiritaban en la congeladora. Algunas sin haber visto la luz desde 1997. Las 3 mil 930 iniciativas rezagas fueron declaradas “totalmente concluidas”, acatando de esta manera las disposiciones establecidas en el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados. El cual dispone que, de no atenderse en mes y medio las iniciativas propuestas por los distintos frentes políticos, éstas pasarán al olvido. Es decir, de la congeladora al fogón.

La “incineración” de estas 3 mil 930 iniciativas rezagadas sienta un precedente claro para la futuras Legislaturas. Tras la aplicación de este nuevo reglamento —aprobado por mayoría de votos en diciembre de 2010 y que reemplaza al de 1934 (!)—, el tiempo para legislar deberá ser empleado de manera más eficiente, tanto por el pleno como por las comisiones. De lo contrario, las iniciativas —buenas, malas o simplemente monstruosas— pasarán a mejor a vida. Al momento, 130 iniciativas “rescatadas” de las casi cuatro mil propuestas enviadas fogón deberán ser discutidas para no sufrir la suerte de sus compañeras.

De las 130 sobrevivientes, 61 le deben su segunda oportunidad al PAN; 30 al PT; otras 19 al partido Nuevo Alanza; 12 a las comisiones del DF; siete más a la de Equidad y Género; y la huérfana a la comisión de Asuntos Indígenas. A las demás nadie les tiró un salvavidas para darles una segunda oportunidad entre las comisiones o en el pleno. Se espera que con esta medida se combata el rezago que ha caracterizado a las Legislaturas de nuestro país; pues si se busca que una iniciativa no pase de la congeladora al fogón, deberá ser discutida en tiempo y forma. Medida que, lamentablemente, es de doble filo. Ahora, deshacerse de las iniciativas incómodas será más fácil. Una de las propuestas que pasó a mejor vida fue, ni más, ni menos, aquella que pugnaba por la desaparición de legisladores plurinominales.

Sobre la matanza de Tlatelolco aún quedan muchas incógnitas por resolverse. Nuestra memoria histórica presenta auténticas lagunas sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Luis González de Alba, uno de los protagonistas del movimiento estudiantil, ha reiterado en numerosas ocasiones que, incluso en el relato de los líderes estudiantiles, existen vaguedades y contradicciones; formando más que una relato unívoco, una auténtica versión coral, donde parece que ni siquiera del lado de las Fuerzas de la Ley existe una versión definitiva. Al momento, ni siquiera el número de víctimas y desaparecidos es claro. Sin embargo, la matanza de Tlatelolco se perfila como uno de los sucesos que han prefigurado el rostro de nuestra nación.

En reconocimiento a este lamentable suceso que —de manera trágica— nos dio patria, la Cámara de Diputados aprobó durante esta semana que el 2 de octubre sea considerada fecha de luto nacional, izándose la bandera a media asta en escuelas, edificios públicos y embajadas. El nombre oficial de la conmemoración fue signado como “aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968” en la adición realizada a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, propuesta desde 2007 por el perredista Pablo Gómez Álvarez. En el dictamen para la adición hecha a esta Ley se establece que su razón de ser obedece a que:

un número significativo de ciudadanos, en su mayoría estudiantes, que participaban en una manifestación política, resultaron muertos, heridos o detenidos por efectivos militares mediante el uso indiscriminado de la fuerza.

La consideración del 2 de octubre como una fecha de luto nacional podrá ser percibida como una cuestión meramente de “formas”, pues dicha adición a la Ley no especifica la creación de un comité especializado para ir más profundo en las investigaciones, o para sancionar a los pocos responsables que aún quedan vivos. Sin embargo, es un paso fundamental para ir recobrando terreno a esas lagunas que, de no cercarlas, amenazarán con inundarnos de olvido y borrar una cicatriz en el rostro de nuestro país, como si el daño nunca hubiera sido hecho, como si en el país realmente nunca pasara nada (dijo nadie nunca).

Imagen: Hogar FEM

La Reforma Política sigue siendo motivo de incordias. Tras el “cierre de filas” por parte de Diputados Federales del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, los ánimos en San Lázaro se han caldeado. Al alcanzar las nueve horas de trabajo continuo, la tensión acumulada entre las bancadas terminó —de nuevo— en un pueril intercambio de dimes y diretes al más puro estilo de “Cachún cachún ra ra”. En esta ocasión, el motivo de pleito no fue la “tiránica” dirección de Emilio Chuayffet —acusado de favorecer las intervenciones del PRI—, sino la acusación de que diputados priístas del Estado de México se encontraban empinando el codo para “aliviar la tensión” producida por el extenuante día de trabajo.

El primero en denunciar la beberecua al interior de San Lázaro fue el panista Saúl Castillo; quien encontró eco en la perredista Enoé Uranga; y quien fue secundada por el petista Jaime Cárdenas. Los tres señalaron a los Diputados del PRI por el Estado de México como los responsables de estar echando el trago coqueto mientras se decide el futuro político de nuestro país. Ante este conato de escándalo, Porfirio Muñoz Ledo, pidió se pospusiera la sesión. Lo único que logró irguiéndose fue un auténtico pastalezo por parte del priísta Julián Nazar. Cheque nomás la calidad del insulto, que hasta para denigrar al prójimo hay que tener gracia:

Pues ahí está Porfirio Muñoz Ledo, a quien si le hacen un análisis de sangre sale 90% de alcohol y 10% de botana.

Una auténtica romería. Algunos diputados, en cuanto comenzaron las acusaciones, gritaron desde su curul: “rólenla, rólenla”, refiriéndose a la supuesta botella que los priístas habían descorchado con motivo, seguramente, de celebrar que la Reforma Política se iría más mutilada que la Venus de Samotracia. La Diputada del PRD, Enoé Urganga, exigió una investigación al respecto; exigencia que un Emilio Chuayffet harto —abandonó más de tres veces la Mesa Directiva—- le concedió. Los priístas mexiquenses, indignados al “punto del copete”, exigieron una disculpa y pruebas.

Así se las gastan nuestros legisladores, que más que representar a Estados de la República, parecen actuar en representación de sitcoms y comedias de enredo. Sin embargo, a pesar de sus actitudes pueriles, el pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado la Reforma Política, reservándose 53 artículos en lo particular para poder ser discutidos. Entre estos puntos se encuentran los tres más relevantes de toda esta reforma estructural:

• Revocación de mandato
• Reducción presupuestal
• Reelección de alcaldes y legisladores

Las tres R que al PRI le han causado migraña. Hace una hora, los Diputados reiniciaron la sesión. Sin embargo, tras el circo que mantuvieron ayer después de seis horas discutiendo un solo punto, qué podemos esperar hoy sino el guión de la nueva película: “Esta no es otra tonta sesión de Legisladores”.

Imagen: Sendero Poblano del Peje

Los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han convertido en una auténtica preocupación para muchos mexicanos. No en balde, durante el segundo trimestre del año, la CFE encabezó la lista de proveedores de servicios con mayor número de quejas presentadas ante la Profeco. Gran parte del malestar y desconfianza que esta empresa ha generado, se origina en el sistema que emplea para el cobro de consumo eléctrico; el cual, debido a su complejidad, ha dado pie a opacidades y suspicacias.

Una de las propuestas para enmendar esta problemática es la creación de una Comisión Reguladora de Tarifas Eléctricas, la cual tendría como misión establecer nuevos lineamientos para el cobro de consumo de energía eléctrica, así como esclarecer el destino final de los recursos que recibe anualmente la CFE. Esta propuesta ha sido enmarcada en la campaña “Un Millón de Protestas, Una Gran Solución”, lanzada a finales de agosto por legisladores y líderes sindicales. Con ella, se busca reunir un millón de firmas de usuarios inconformes para presentarlas esta semana a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La campaña parece haber sido bien recibida en todo el país. Hace unos día, los dirigentes de la campaña anunciaron que se encuentran cerca de alcanzar los dos millones de firmas, es decir, el doble de lo que habían previsto. Este jueves, Emilio Chuayffet, presidente de la Mesa Directiva, recibirá el documento que incluye el total de firmas recolectadas, buscando ejercer presión para que se legisle sobre este tema. Hasta el momento, la dependencia pública encargada de definir los montos de cobro es la Secretaría de Hacienda, a quien acusar de no ser sensible hacia la situación que atraviesa la ciudadanía.

Imagen: El Tostón

Sin embargo su aprobación final fue pospuesta para la próxima sesión del Congreso por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el argumento de que se requería más tiempo para analizar la propuesta… claro, porque no fue precisamente lo que hizo el Senado, ¿verdad?

Resulta que se necesita un análisis más exhaustivo de la propuesta de reforma, o al menos así lo planteó Ramón Martel, vicecoordinador del PRI en la Cámara baja:

Fui informado por mis compañeros de fracción que ya llegó a la Mesa Directiva la minuta sobre reforma política que nos envía el Senado de la República. Primero que nada, bienvenida la acción de la colegisladora. Segundo, no sé si vaya a ser hoy, pero fue deseable que lo que seguiría en procedimiento es que la Mesa Directiva pueda enviar o turnar esta minuta a la Comisión o comisiones que se considere convenientes.

De nada valió que Josefina Vázquez Mota sudara la gota gorda -literalmente, dicen- intentando convencer a sus compañeros legisladores de votar de una vez por todas, la reforma no se debatirá entre los diputados sino hasta mayo… y de ahí, quién sabe cuánto tarden en hacer modificaciones y votarla en el pleno.

A causa de este retraso, cada vez es más difícil que las modificaciones propuestas se apliquen para las elecciones de 2012. Es curioso, pues esto no sólo afectará a todos los legisladores que estén en posición de reelegirse, sean del PAN, del PRI o del PRD. Cualquiera pensaría que mantener su trabajo seis años más es algo que interesaría lo suficiente a los diputados como para aprobar rápidamente esta propuesta.

Nuevamente, la única razón lógica para ¿justificar? El retraso es el ya tradicional partidismo. Pero no desesperen, no todo es malo. Al menos ya tenemos una Ley Antimopolios.

Imagen: CNN

El día de hoy en el Diario Oficial de la Federación ha publicado el Manual que Regula las Remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, donde se explica de manera detallada los cobros que hacen los servidores públicos por ejercer su cargo, además de los servicios y prestaciones que reciben por el mismo concepto.

Setenta y cinco mil seiscientos treinta y un pesos de salario neto o dieta mensual reciben los diputados federales por ejercer su cargo, una suma con la que muchos de nosotros estaríamos conformes por trabajar como servidor público; pero para nuestros legisladores pareciera no ser suficiente, pues además de su salario neto reciben diferentes bonos, premios y seguros ante cualquier percance. Entre los principales bonos e ingresos extras que pueden recibir los diputados se encuentran:

• Apoyo Económico por Asistencia Legislativa por un monto de $45, 786
• Apoyo Económico por Atención Ciudadana por un monto de $28, 722
• Seguro de gastos médicos ante cualquier eventualidad por un monto de 1500 salarios mínimos, además de una cobertura adicional en el extranjero por otro tanto, cuya prima es cubierta por la Cámara de Diputados.
• Gratificación de fin de año equivalente a 40 días de dieta (salario)
• Dos periodos Vacacionales de 10 días cada uno recibiendo un sueldo del 50% por los días trabajados.

A mi parecer es demasiado el sueldo que reciben nuestros funcionarios, quienes tienen que hacer recortes al gasto público, aumentar impuestos o inventarse otros métodos para que los recursos de la nación alcancen, pero no pueden generar un ahorro con la reducción de un salario que está más que sobrevalorado. Además dependiendo del puesto que tengas en el pleno, es la dieta mensual recibida, nada más por poner un ejemplo; el Secretario General de la Cámara de Diputados, Guillermo Javier Haro Bélchez cuya imagen nos acompaña en esta nota, recibe un salario de ciento cincuenta y tres mil doscientos veintiocho pesos.

Sin lugar a dudas, los diputados federales tienen un sueldo muy bien remunerado añadiendo todas las prestaciones que se les otorga. Por lo que uno se pregunta, si con seis mil pesos nos puede alcanzar para coche, casa y colegiaturas, a los diputados federales con semejante dieta mensual, ¿para qué les alcanzará entonces?

Aristegui habló, ¿Presidencia censuró?… y por los últimos días todos nos hemos volcado a expresar nuestras opiniones respecto a ello en línea. Habrá quienes vean esto como el más puro auto de censura gubernamental, y otros pocos que defiendan la perspectiva de autorregulación de los medios, pero a fin de cuentas lo más interesante de esta situación es la variedad tan extraordinaria de reacciones y opiniones que provoca.

En esta edición de Vivir México Opina, Perla Gómez, Alejandro Ortiz y Ximena Vega damos nuestras posturas respecto al tema que ocupa al país entero: la salida de Carmen Aristegui de MVS.

Perla Cristal Gómez

Mucho se ha hablado sobre el despido de Carmen Aristegui y del actuar de MVS. Todo se ha basado en la supuesta falta al código de Ética que cometió la periodista, pero como algunos lectores mencionan, sí MVS siguiera al pie de la letra dicho código, el rumor del aviso a Presidencia sobre el término del programa y despido de Aristegui no se hubiera generado

En este punto todas las personas que asienten a la oración anterior, hacen un ejercicio similar al que Aristegui realizó al aire: preguntar por el hecho e insistir en que se investigue, ya que hasta este punto es un hecho subjetivo del que no se tiene pruebas y aún así, considero lamentable que tras la afirmación de la compañía, se esté buscando la renovación de sus frecuencias en 2.5 GHz que se realiza desde octubre del año pasado.

Personalmente y por profesión, sé que los instrumentos éticos de cualquier empresa no sirven para motivar disculpas, sino para evitar errores en el manejo de la información y no veo errores para generar un despido, pero sí veo que hasta hoy “el hecho subjetivo” por el cual estamos analizando todo este problema, no ha sido descartado.

Personalmente critico fuertemente al Gobierno Federal por descartar la pregunta que se lanzó al aire y por permitir que una empresa que puede defender la libertad de expresión (a su favor) ejerza tremenda cesura.

Ximena Vega

Nuestra semana comenzó con un Calderón acusado de ser alcohólico y una Aristegui despedida por no medirse. No abundaré en los detalles de este último encontronazo entre medios y gobierno porque ya todos los conocemos. Admito que, aunque la respuesta gubernamental fue desproporcionada, y que una simple aclaración por parte de Presidencia de la República hubiese bastado, me parece que Aristegui es en parte culpable. Hace un tiempo, la redacción de Milenio recibió información sobre el presunto alcoholismo de Calderón. Ellos mismos explican que se negaron a publicarla porque la fuente carecía de pruebas fidedignas que hicieran de la información algo más que un simple chisme digno de TVNotas.

Al final del día, Presidencia se pasó de autoritaria, a Carmen Aristegui le faltó tacto y a MVS le faltaron las agallas para defender a su empleada. Y ahora, con una cita de Josefina Vázquez Mota al respecto cambiaré olímpicamente de tema:

Así como la censura es enemiga de la libertad de expresión, también lo son la calumnia y la difamación.

Hablamos mucho de Carmen Aristegui, de la censura, del autoritarismo, y está bien; el debate y la crítica son esenciales para la construcción de una sociedad participativa. Pero no olvidemos quién comenzó con todo esto: Gerardo Fernández Noroña.

Hay que tomar las cosas de quien vienen nos dice la sabiduría popular. Carmen Aristegui es una mujer inteligente y en esta ocasión, los datos tenían que ser corroborados. La información venía de Fernández Noroña, fiel seguidor de Andrés Manuel López Obrador y gran opositor de todo lo que hace Calderón… o a alguien que no sea él, si a esas nos vamos. Él, junto con la bancada del Partido del Trabajo, echaron por la borda otra sesión de la Cámara de Diputados (¿y se hacen llamar Partido del Trabajo?) para acusar a Calderón de ser alcohólico. Y nadie hace escándalo por ello. Adivinaron. Lo que más me molesta de toda esta situación es que el factor detonante haya sido la ya tan familiar situación de varios diputados NO trabajando. Táchenme de oficialista si quieren, pero antes de acusar hay que tener pruebas. Creo que nadie ha visto a Calderón presidir un acto oficial en estado de ebriedad, o vomitar sobre algún dignatario extranjero o hacer tantas otras cosas características de alguien con ese problema. En mi opinión, hasta las figuras públicas de su calibre merecen tener una vida privada, y mientras ese problema (exista o no) no afecte su desempeño o proceso de toma de decisiones no es de la incumbencia de nadie.

Alejandro Ortiz Sotomayor

Es una situación bastante delicada en materia de libertad de expresión. La censura de una de las periodistas con mayor seriedad y credibilidad en el país sólo ha empeorado la confianza que se tiene sobre nuestros gobernantes y nuestras libertades.

Sobre el tema del presunto alcoholismo de Felipe Calderón, nadie tiene derecho a criticar si padece de ese mal, aún si esa persona es nuestro presidente, pero si tenemos derecho como ciudadanos y votantes de saber sí las presuntas afirmaciones son ciertas o no.

De cualquier forma, la manera de actuar de la empresa MVS hace levantar muchas sospechas sobre quién es el responsable de la salida de la periodista, pero hay que ser serenos y tener la cabeza fría en el asunto, el principal problema y el centro de nuestra atención deber ser el tema de la libertad de expresión. No se puede permitir que se censure una labor periodística y más viniendo de una persona que sin importar el nombre de la empresa es reconocida por buscar siempre la verdad, además su “error” no parece ser una razón suficiente para generar un despido.

Todos tenemos derecho a emitir una opinión pero tenemos un derecho mayor a que se respeten nuestras garantías individuales y es algo que claramente no se ha logrado en el caso de Carmen Aristegui. Como editor de un blog exijo una respuesta congruente de parte de las autoridades y la empresa responsable.

Fotos: MVS | El Diario de Coahuila

El día de hoy será diferente en la Cámara de Diputados. Este día los 500 Diputados Federales estarán obligados a modernizar su mecánica laboral, ya que la gaceta impresa se dejará de emitir y en su lugar les será otorgado un iPad a cada uno.

Este iPad ha resultado de una negociación que la Cámara de Diputados hizo con Telmex. El Congreso pagará 42 millones de pesos a Telmex a cambio de la entrega de un tablet a cara Diputado, la modernización de los aparatos telefónicos, del cableado de las instalaciones legislativas, además de tarifas preferenciales en los costos de las llamadas locales, larga distancia y a celulares.

Visto desde el punto de vista económico, la adopción de un aparato tecnológico —ya sea un iPad, una laptop o cualquier otro dispositivo— puede significar un ahorro ya que la Cámara de Diputados gasta anualmente 30 millones de pesos en papel. Con un iPad se podría suprimir este gasto; además de que se evitaría la tala de varias hectáreas de bosques.

La pregunta que nos viene a todos es: ¿Y que pasará con el iPad cuando termine el periodo legislativo de estos diputados? Pues adivinaron, muy posiblemente se queden con estos dispositivos. Aunque todavía me quedan algunas dudas: ¿Tendrán que reponer un iPad en caso de extravío?, ¿Se lo descontarán de su salario si el Diputado se opone a reponerlo?.

Sin duda, esta modernización también requerirá una mayor responsabilidad. Estos iPads serán muy cotizados en el mercado negro gracias a la información que pudiera contener, sobre todo estando tan de moda Wikileaks.

Foto: Vanguardia

Como un gran avance en la reivindicación de la población del país que se ve afectada por alguna situación que la incluya en este grupo vulnerable, el día de ayer en la Cámara de Diputados fue aprobada la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, esperando recibir el mismo dictamen p0r parte del Senado cuando inicie sesiones en febrero de 2011.

El punto medular de la legislación es la creación de un organismo descentralizado con patrimonio propio que llevará por nombre“Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, que, en palabras de la diputada Yolanda de la Torre, es respuesta a  legitimo reclamo de los últimos años y tendrá como objetivo respaldar los trabajos de coordinación y articulación interinstitucional de la política pública entre las entidades federales.

Son alrededor de 10 millones de mexicanos que padecen una discapacidad y que esperan verse beneficiados con este nuevo ordenamiento, al cual desde su arranque se le dotará del presupuesto asignado al CONADIS (Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad) para el 2011.

Esta nueva ley también señala los derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa, así como designa las dependencias y entidades de la administración pública responsables de sus cumplimientos, involucrando también a los estados y municipios en la creación y promoción de normas y reglamentos en favor de este sector de la sociedad.

Le corresponderá a la Secretaría de Salud la coordinación del naciente Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuya finalidad es la construcción de una nueva cultura, en el que todos respetemos los derechos de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, según declaraciones del Senador Guillermo Tamborrel.

La diputada Claudia Anaya, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, enfatizó la necesidad de que desde el ejecutivo se cree una política pública solida y eficiente y que incluya una visión clara de a donde queremos llegar con las personas con discapacidad a mediano y largo plazo, de lo contrario la ley se volverá sólo buenas intenciones.

Espero sinceramente que por primera vez en la historia de este país le resulte positivo a la burocracía añadirle “más burocracia”.