La que sin duda pasará a la historia como una de las leyes más manoseadas del sexenio, la así conocida Ley Antiobesidad, de nueva cuenta fue sometida al escrutinio de nuestra Cámara de Senadores, mismos que se avientan la papa caliente deslindándose de velar por los intereses de empresas afectadas por la legislación, y mediante una de esas tan acostumbradas votaciones al vapor fueron regresadas a las comisiones algunas de las modificaciones más agresivas de la misma, como la rotunda prohibición de la venta de alimentos y bebidas chatarra en centros escolares.

Según argumentación de la bancada priista a través de Francisco Arroyo Vieyra, senador por el estado de Guanajuato, los cambios generaban contradicciones en el dictamen, por lo que decidieron echar atrás lo ya dispuesto, y quedando en el aire los artículos reservados en lo particular. Este jueves se continuará la revisión de la ley, pero ante lo visto no se espera mucho cambio.

Fue el mismo PRI quien antes de detener los cambios emitió un comunicado en el que rechaza rotundamente que exista algún conflicto de interés para frenar el dictamen, en respuesta a los señalamientos que se hicieron contra la senadora María del Socorro García (integrante de la Comisión de Salud), aseverando que han sido las colaboraciones provenientes desde su bancala las que han servido para mejorar las reformas.

A manera de “dorar la píldora” se puede leer en la reseña de la Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este miercoles:

En primer término el proyecto de decreto crea la plataforma normativa para que los asuntos relacionados con la obesidad cuenten con el reconocimiento de un asunto de interés público, y sea materia de salubridad general, así como un objetivo del sistema nacional de salud. También se establecen las bases para que los consumidores elijan libremente los alimentos que sean de su preferencia, y que ese derecho sea ejercido de manera informada y responsable.

Por lo tanto, en defensa de la libertad de nuestros pequeños y su bien ganado derecho a consumir alimento chatarra, ¡gracias honorabilísimos Senadores!

Imagen: Twitter Adolfo Toledo

El tema del fuero militar ha estado en el centro de los debates públicos a fechas recientes debido a las diferentes manifestaciones, tanto gubernamentales como civiles, sobre la necesidad de este de adaptarse a las necesidades actuales. Y las necesidades actuales son que el fuero militar desaparezca por completo, o que se invalide al menos en los casos de violaciones de derechos humanos a civiles.

El día de ayer por la tarde, el presidente Felipe Calderón entregó a la Cámara de Senadores su propuesta para terminar con el fuero militar en casos de violaciones a civiles. De aprobarse en su totalidad, dicho proyecto reformaría el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.

Entre otras cosas este proyecto:

• Cumple al fin con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos específicos de violaciones de derechos humanos por parte de militares a mujeres indígenas.
  
• Reformaría principalmente el artículo 57 del Código de Justicia Militar, obligando a los militares a ser juzgados por autoridades civiles en caso de violaciones de derechos humanos a población no castrense.
• Aumentaría a 35 en periodo de prescripción del delito.
• De igual manera aumentaría las penas a servidores públicos encontrados culpables de violación, secuestro y tortura.
• Establece un sistema de denuncias anónimas contra militares que delinquen.

Aunque este proyecto aún debe ser debatido y aprobado, en realidad no hay ninguna razón por la cual no debería ser aprobado en su totalidad, pero eso está aún por verse. De resultar efectiva esta reforma, podría ser una forma de reconciliar al ejército con la población civil, tan lastimada por la guerra contra el narcotráfico y por algunas de las acciones castrenses en el marco de la misma.

Foto: Kubrick en castellano

El debate acerca de la profesionalización de las policías municipales y la reestructuración de éstas en un mando único estatal es un tema clave en la lucha contra el narcotráfico. El proyecto original proponía un mando único nacional pero a través de debates y negociaciones, se llegó a la propuesta de 32 mandos, uno por cada entidad nacional (incluyendo al Distrito Federal). Aún así muchos de ellos se pronunciaron en contra de la propuesta. Algunos tenían una razón válida: sus policías municipales eran capaces y estaban bien entrenadas; pero la mayoría no dio razón alguna sobre su negativa.

En esencia, se dividieron en dos grupos, la Asociación de Municipios de México (AMMAC), que integra a 1,200 alcaldes (y que rechaza la creación de 32 policías estatales) y la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), a la que pertenecen 1,510 alcaldes y que apoya el proyecto, aunque con ciertas modificaciones.

Durante la última edición de Diálogos por la Seguridad, se habló de un modelo híbrido para implementar el sistema policial. Habría mandos únicos estatales y, si algún presidente municipal lo quería de esa forma, podrían enviarse a cuerpos municipales a pruebas de confianza y capacidades policiales, entre otras cosas. De esta manera, adicional al mando único se contarían con unas pocas policías municipales, con altos estándares de calidad y bajos índices de corrupción.

El proyecto modificado ya fue turnado por el Presidente Felipe Calderón a la Cámara de Senadores. Esta versión, discutida con los alcaldes, incluye un principio de corresponsabilidad en el que no sugiere, sino que obliga a las policías estatales a cooperar con otras entidades policiales, a compartir información relevante sobre sospechosos y a entregar prisioneros con órdenes de arresto en otros estados de la República.

Entre las razones que da el gobierno ejecutivo federal para la implementación de este nuevo modelo policial se encuentra la dispar distribución del poder policial en el país. De acuerdo a cifras gubernamentales, sólo 12 de 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios y 400 (de casi 2 mil 500) municipios no cuentan con ningún cuerpo de seguridad pública propio (el caso de Colima es aparte).

Es tal la seguridad de que el proyecto será aprobado por los senadores, que los diputados ya están tomando posturas. Por lo pronto, las bancadas de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional se pronunciaron a favor de este nuevo modelo, mientras que la directiva estatal en el Estado de México del Partido de la Revolución Democrática se pronunció en contra de la policía única en esa entidad.

Foto:El Porvenir

Foto: DjibNet

Para los ñoños que como yo sintonizan de cuando en cuando el Canal del Congreso, es una verdadera vergüenza ver como una gran parte de los asientos están vacíos. Si hay algo que reclamamos a nuestros representantes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, es su falta de acción, su falta de compromiso… y sus faltas, en general. Por desgracia, los excesos de faltas no es un fenómeno exclusivo del Congreso de la Unión, se da también en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en los congresos locales.

Pero la medida que se implementará para castigar a los faltistas concierne sólo al Congreso de la Unión, tanto a diputados como a senadores. En vista de la cantidad tan enorme de faltas que acumulan los legisladores, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias publicó una nueva norma que sancionará a todo legislador que acumule cuatro faltas a sesiones.

¿La pena? Darlo de baja. Y cuando entre en vigor este nuevo reglamento, la ausencia de voto será tomada como falta presencial, así que ¡nada de dormir en sesiones señores legisladores!
La baja de determinado diputado o senador significa que su suplente entrará en labores y que el amonestado no percibirá ningún sueldo. Sin embargo es relativamente fácil dar de alta nuevamente a un diputado, eso sí, después de horas de papeleo y trámites.

¿No se merecerían nuestro apreciados legisladores un castigo ejemplar? Si hasta Lindsay Lohan tuvo que ir a la cárcel y ella no es un funcionario público. En mi opinión, el castigo debería establecerse en relación a lo que se espera de los funcionarios transgresores. Un legislador es electo por la gente, debe trabajar a favor de sus votantes y cada vez que no asiste a trabajar es nuestro dinero el que se va por la borda. Para empezar, una cuantiosa multa sería un mejor castigo para los faltistas. Pero claro, son ellos los que deben aprobarlo primero…

Foto: Vivir México

Justo hoy, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, surge una nueva crítica contra los medios nacionales. En esta ocasión proviene de la Iglesia Católica.

En la editorial del boletín Desde la Fe (órgano de difusión de la Arquidiócesis Primada de México) se culpa a los diferentes medios de comunicación por hacer dinero a raíz del desprestigio de la Iglesia. Además la Arquidiócesis pide a los periodistas que hagan un “examen de conciencia” y que antepongan el interés social al propio. Yo pregunto: ¿es acorde al “interés social” ignorar la pederastía venga de donde venga?

Declararon que las quejas interpuestas por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes son parciales y que la prensa les da demasiado peso.

Evidencia prácticas retorcidas por parte de abogados mercaderes del dolor ajeno y actitudes parciales de los medios de comunicación, que dan seguimiento, más que a los hechos jurídicos, al acontecimiento mediático y al amarillismo rentable.

¿Qué es lo que reportan los medios? ¿Son en realidad amarillistas? Desde mi punto de vista, se centran de manera particular en este caso por la incongruencia que representa, porque proviene de una institución que llama inmoral al aborto e inlcuso al uso de anticonceptivos mientras que sus sacerdotes violan menores de edad.

Independientemente de la relación entre el clero y la prensa, el Senado de la República ya decidió tomar cartas en el asunto. Después de más de un año de debate, se aprobó la tipificación de la pederastía como delito grave. Esto daría hasta 18 años de prisión a cualquiera (sacerdote o no) que incurra en este crimen.

En el texto se estipula que las asociaciones religiosas tendrán la obligación de denunciar a los ministros que abusen sexualmente de niños, niñas y adolescentes. En caso de no hacerlo la pena sería perder su registro.

Imagen: Joaquín Lavado (Vía: El Observa Todo)

La corrupción es un problema, por desgracia, nada nuevo en México. Afecta a todos los sectores, privado y público; civil, policial y militar. Pero a últimas fechas es la corrupción en el ejército lo que preocupa más. Tomando esto en cuenta, los senadores aprobaron la creación del delito de Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas.

A diferencia del delito de traición a la patria, en cual se castiga al militar que sirva a intereses extranjeros, el nuevo delito penalizará hasta con 60 años de cárcel a todo militar que acepte sobornos de, deserte para ayudar a, o permita la infiltración de miembros del crimen organizado. Además, se le juzgará no como militares, sino como miembros de dichas asociaciones delictivas.

Esta es otra de las modificaciones que se harán al Código de Justicia Militar con el objetivo de crear un sistema penal más eficiente al momento de juzgar a miembros del ejército. Debido al importante papel del ejército en la lucha contra en narcotáfico, me sorprende que esto no se haya hecho antes.

Además, esta semana fueron aprobadas las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, las cuales regulan la actuación del ejército y ponen candados al despliegue militar indiscriminado. También creó las disposiciones pertinentes para que los mandatarios locales dejen de utilizar al ejército en labores de represión a movimientos sociales o sindicales. El ejército ya no tendrá parte en controlar los movimientos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros.

Fue una semana bastante movida en lo que a seguridad se refiere, pero sin duda una de las aportaciones más importantes fue la redefinición de los conceptos de Seguridad Nacional, Seguridad Interna y Seguridad Exterior. Sólo sabiendo qué es lo que significa seguridad, podremos decidir con mayor claridad cómo lograrla.

Foto: US Embassy

Hace poco les comentábamos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su trabajo en el caso del ejército mexicano. Pues bien, hacia finales del año pasado la CIDH recomendó al gobierno mexicano revisar el Código de Justicia Militar y hacer los cambios pertinentes para juzgar con mayor efectividad a los miembros de las fuerzas armadas que incurrieran en violaciones contra los derechos humanos.

Los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina comenzaron a trabajar en una reforma al artículo 57 de dicho código, con el fin de permitir que delitos relacionados con civiles se juzguen en el fuero común y no en el militar. Un gran avance para la justicia en México.

A la par comenzaron los trabajos en ambas cámaras del Congreso de la Unión para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Esto con el objetivo de regular las labores del Ejército Mexicano en tareas de seguridad y particular, en lo referente a la lucha contra el narcotráfico. La reforma establece que cada estado será responsable de pedir ayuda por parte del ejército un vez que la comisión de Seguridad Nacional haya evaluado que la policía local en cuestión se ha visto rebasada. Dichas reformas ya están listas para votarse.

Sin embargo, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont anunció a los legisladores que el Presidente Felipe Calderón enviará la reforma del fuero militar a inicios de la próxima sesión, es decir, en septiembre. Se enviará tan tarde porque están las observaciones y recomendaciones de los secretarios de Defensa y Marina.

Aún así, pidió que aprobaran las reformas a la Ley de Seguridad Nacional sin incluir la parte del fuero militar. Hasta ahora todo marcha bien, las reformas se aprobarán a tiempo y hasta la opinión sobre Gómez Mont al interior del congreso ha mejorado. El presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Jesús Murillo Karam, declaró:

A mí me ha dado una buena impresión que el secretario de Gobernación le dé su lugar al Senado de la República, me parece espléndido, grato.

Muy lindo, pero sólo tengo una observación. Creo que es bastante riesgoso legalizar y regularizar la actuación del gobierno en labores internas de seguridad sin aprobar al mismo tiempo los mecanismos apropiados para castigar cualquier falta en contra de los civiles.

Pero, ¿qué sería más conveniente? ¿Esperar hasta septiembre para aprobar ambas reformas? ¿O seguir juzgando a los militares en fuero castrense? Algo es seguro: el ejército ya no debe ser juez y parte.

Foto: Sulekha

Hace unas horas, la Comisión de gobernación del Senado de la República, aprobó la minuta de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares enviada por la Cámara de Diputados hace algunos días.

Recordemos que esta ley prevé sanciones hasta por 18 mil pesos de multa a empresas y particulares que hagan uso indebido de bancos de datos.

Es muy importante que se respete la privacidad del ciudadano, todo aquello que le dé seguridad al ciudadano de que nadie va a hacer uso de sus datos, que no lo van a molestar en sus posesiones, en su teléfono, etcétera, todo eso lo tenemos que cuidar y castigar ejemplarmente a quien ande dándole lata a la gente”, afirmó en senador panista Felipe González, quien también funge como presidente de esta Comisión.

Esta minuta será sometida a votación por el pleno del Senado en la sesión de mañana, así que es probable que mañana tengamos una Ley que proteja nuestros datos, ahora falta que sea realmente aplicada.

Les estaremos informando.

La discriminación es todo acto que realizan las personas ah… mmm… tendientes a, este… que por razón de raza, sexo, edad, situación económica, etnia, incluso sean discriminadas o, digamos…

La diputada queretana Micaela Rubio Méndez define así el término “discriminación.” También declara no saber nada sobre las estadísticas sobre discriminación en su entidad y expresó que tampoco ha tenido tiempo de elaborar una propuesta de sanciones y multas a quienes discriminen. Rubio Méndez, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), es presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

¿A quién culpar por esto? ¿A la diputada involucrada, o a la falta de candados para acceder a una candidatura pública?

De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los requisitos para postularse a una diputación son:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
• Tener 21 años cumplidos al día de la elección,
• Ser originario del estado por el cual se postula o haber residido seis meses en él,
• No estar activo en el ejército,
• No ostentar ningún otro cargo público,
• No ser ministro de ningún culto religioso y,
• No reelegirse en el periodo inmediato al que se acaba de cumplir.

No son requisitos contar con algún nivel mínimo de educación ni presentar carta de no antecedentes penales. Pero dejemos por un lado los antecedetes penales. ¿Alguien con estudios de primaria puede postularse? Claro y ha pasado. Sin embargo exigir un título universitario podría ser percibido precisamente como discriminatorio.

Aún así, no podemos permitir que los mismos congresistas desconozcan el proceso legislativo. Seguro, se les capacita al iniciar la gestión. Pero eso no garantiza se desempeñen correctamente en las diversas comisiones, para las cuáles se requieren conocimientos más específicos.

Foto: Nigua