Aseguran que se perdió. Que su destino era United Nations Ammunition en Phoenix, EEUU, y que el camión que transportaba desde Tennesee más de 250 mil cartuchos de rifles automáticos (valorados en unos 80 mil dólares) haya entrado a México, fue debido a un “error honesto” del conductor, asegura la compañía de transporte de carga Demco, a quien pertenece la unidad.

Seguramente ese día el conductor olvidó su pata de conejo en casa, pasó debajo de una escalera o se cruzó con algún gato negro, porque mira que perderte en tu ruta de transporte, pasar la frontera con otro país (con el cuál por cierto existe un gravísimo problema de tráfico ilegal de armas) cuando transportas tal cargamento de cartuchos, para acabar detenido e investigado por tráfico ilegal de armas, y todo “inocentemente”, de veras es que la mala suerte se ensañó contigo.

El camión fue detenido el pasado martes por autoridades de nuestro país en Ciudad Juárez, de acuerdo a una nota de El País. En esta se señala que el vocero de la Procuraduría de Justicia del estado, Ángel Torres, afirma que en la aduana el conductor dijo no tener ningún artículo que declarar. Y un agente de aduanas añade que al ser sometido a revisión se encontraron los cartuchos que usan los llamados cuernos de chivo junto con otro tipo de cartuchos. El vocero señaló que éstos estaban ocultos en el piso del camión.

No conozco la frontera con Ciudad Juárez, pero yo supongo que mínimo, mínimo un Bienvenido-Welcome con una banderita de México sí debe haber. ¿O es que resulta que aparte de despistado también era ciego el conductor?

Foto: Bill on Capitol Hill

Los índices de violencia en las escuelas de Ciudad Juárez, Chihuahua, han reflejado un aumento como consecuencia del entorno social y de inseguridad que ha venido padeciendo esta población desde hace tiempo. Es por esto que como parte del “Proyecto Ciudad Posible, Sí: Cultura de la Justicia y la Mediación”  la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la implementación del programa “Escuela, Mediación y Justicia: Resolución Creativa de Conflictos” para contrarrestar dicho fenómeno.

Ya hace unos días hablábamos aquí del impacto que el ambiente de violencia e inseguridad estaba teniendo en la salud de los niños y entre ellos se mencionaba los problemas de conducta. En esta ocasión, la violencia manifestada en las escuelas, reflejada mediante el acoso, maltratos, insultos, riñas y agresiones entre estudiantes o hacia los maestros es el daño a solucionar derivado del problema de inseguridad.

Por lo tanto este mes se pondrá en marcha el programa que pretende desarrollar en los alumnos habilidades para tomar conciencia de que los problemas se pueden solucionar sin que se reproduzcan patrones de conducta violenta, señaló el vocero de la delegación de la PGR en la entidad, José Ángel Torres Valadez. Para esto serán capacitados 60 docentes de secundaria donde se pretende darles las herramientas para que logren encaminar a los alumnos en la solución pacífica de conflictos.

Aunque podemos ver esto aún lejano pues se da en una ciudad fuertemente azotada por los problemas de inseguridad, deberíamos verlo como una advertencia y anticiparnos en el resto de localidades para desde ya, tanto maestros como padres, motivar en los jóvenes conductas más saludables, que les eviten la posibilidad de vivir un acto de violencia y no dormirnos en nuestros laureles, pues siempre será mejor la prevención que la reparación de los daños.

El problema, comenta Leila Ruiz Escalona, titular del Departamento de Psicología del Hospital Infantil, se agrava porque en niños el estrés postraumático suele confundirse con problemas de ansiedad, cefaleas, dolores de estómago, problemas de conducta o con simples berrinches, y no es diagnosticado adecuadamente. Cuando el paciente calla y no dice nada, se presentan los síntomas que desencadenan más problemas hasta que el tratamiento con terapia se vuelve indispensable, agrega.

El estrés postraumático lo puede padecer cualquier persona a cualquier edad que sufra o presencie un fenómeno natural o evento violento: un sismo, inundación, robo, muerte o terrorrismo por poner ejemplos. Con frecuencia pensamos que los niños por no conocer la problemática que envuelve esta situación de violencia, cuando presencian alguno de estos eventos lo olvidarán fácilmente o que sólo con una simple explicación bastará. Pero sería bueno que los padres que saben que su hijo presenció algo de éste tipo, lo tengan presente y estén atentos a los cambios de comportamiento o salud que su hijo pueda manifestar durante mucho tiempo; pues aunque algunos pueden presentar síntomas de forma inmediata, hay casos en que se reflejan meses o hasta años más tarde.

El estudio habla de los niños que acuden al hospital, pero yo me preguntaría qué tanto miedo padecerán aquellos niños que afortunadamente no han presenciado ninguna de estas situaciones pero que sus padres o familiares no evitan las conversaciones de los muertos y secuestrados frente a ellos. O que durante la hora de la comida prefieren prender el noticiario de la televisión con sus explícitas escenas en lugar de platicar que hicieron en el día o algo más alegre. Una cosa es enseñarlos a cuidarse y cómo deben actuar en determinados casos y otra contarles lo que sucede (como se dice vulgarmente) con pelos y señas. Sería bueno que al tener niños cerca nuestras conversaciones y actividades se guiaran bajo el precepto de que si no le beneficia y posiblemente sí le perjudica, mejor evitarlo. Digo, si es que de veras queremos lo mejor para ellos.

Foto: wanderinghome, flickr.com

El día de ayer, Marisela Reyes, hermana de la activista Josefina Reyes —asesinada el año pasado—, difundió por medio de las redes sociales que un comando de paramilitares atacó la población de #El Mimbre. Asentamiento ubicado a 40 minutos al oriente de Ciudad Juárez y a 10 minutos del destacamento militar apostado en Guadalupe Distrito Bravos. La “versión oficial”, dada por la Fiscalía General del Estado Zona Norte y por Derechos Humanos (DDHH) indica que los ataques a la población son falsos.

Como suele pasar en estos casos, Facebook y Twitter fueron los medios que se usaron para dar a conocer la noticia pues, a decir de Reyes, en entrevista, hubo una balacera, dejando muertos y heridos, por lo cual se pidió ayuda militar y médica para la población, misma que no llegó.

El que sí llegó —cuentan- fue Gustavo de la Rosa, visitador estatal de DDHH, y dijo “aquí no pasa nada”. Por su parte, Andrés Morales, secretario del ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, tuvo sus cinco minutos de fama, desmintiendo el rumor —¿habrá ido o no?—:

Después aparecieron unas mantas denunciando los supuestos hechos, dicen que la Policía Municipal las quitó “en caliente”, no fuera a ser que alguien las viera, pero alguien las vio y hasta fotos tomó —no muy buenas, debo decir—, en donde se lee:

…y dicen que no pasó nada en El Mimbre vayan periodistas para enseñarles y vean donde quemaron los ranchos.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar. Unos defendiendo la veracidad de los hechos, otros desmintiendo y otros más haciendo bromas —¿qué es un tuitero sin bromas “ingeniosas” para todos los eventos de actualidad?—.

Entre “que sí, que no…” está el asunto de El Mimbre. Los que desconfían del ataque, arguyen protagonismo por parte de Reyes y de grupos activistas de izquierda —seguro también dirán que si la nota está en la sección roja no es confiable o algo así—. Es natural que la versión oficial sea “aquí no pasa nada”, por algo es “la oficial”, difícilmente saldrá un comunicado que diga: en efecto, se acribillaron a mansalva a algunos lugareños y no respondimos al llamado porque pensamos que era una broma del día de los inocentes. Además, ya sabemos que al gobierno se le da muy bien eso de encubrir asesinatos —así sean de miles en una plaza pública—. Pero eso no implica que, en efecto, haya pasado. La duda sigue en el aire.

¿Y tú, estimado lector, a quién le crees?

Imagen: La Opción de Chihuahua

La actuación de nuestras fuerzas de Seguridad Pública vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, por el asesinato de dos estudiantes el día de ayer, durante el desalojo violento de una caseta de cobro en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, Guerrero. El enfrentamiento entre las policías estatal y federal con estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, dejó también a tres normalistas heridos —uno de los cuales, se encuentra en coma—, otros más detenidos y varios automovilistas lesionados que se vieron, involuntariamente, envueltos por la trifulca.

Esta no es la primera vez que elementos policiales pierden el control tratando de controlar a manifestantes. Hace no mucho tiempo, integrantes de la agrupación Indignados de Juárez fueron también sometidos de manera violenta por manifestarse en la vía pública; no una, sino dos veces en el mismo día. Llama la atención que en ambos casos se trata de poblaciones que enfrentan en su día a día la violencia derivada de la presencia de grupos del crimen organizado. Presencia que busca ser contrarrestada mediante operativos como “Guerrero Seguro”, donde destaca la participación de elementos del Ejercito, la Marina y la Policía Federal para respaldar las acciones de la policía local.

¿Existe alguna relación entre la presencia de estos “elementos de refuerzo” y la represión violenta de manifestaciones ciudadanas? Todo parece indicar que sí. La situación de violencia que atraviesan numerosas localidades de la república está relacionada con la actuación poco eficaz de las autoridades locales, que en un principio dejaron que el crimen organizado fuera ganando terreno. Y ahora, una vez el niño ahogado, buscan tapar el pozo mediante la violencia, dirigiéndola tanto a los grupos criminales como hacia la sociedad civil. Tal parece que la desesperación conduce al autoritarismo, donde el diálogo es un privilegio reservado a tiempos mejores.

Al igual que en Ciudad Juarez, tras la represión ejercida contra los indignados, organizaciones de la sociedad civil y los estudiantes normalistas han pedido la renuncia del gobernador, Ángel Aguirre Rivero y su gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia. ¿Las razones? La respuesta violenta que dieron para buscar “controlar” a los manifestantes. Hasta ahora, las autoridades han justificado su proceder por la presencia de “bombas molotov” entre los manifestantes; de las cuales, se dice una cayó cerca de una gasolinería en el paradero cercano a la caseta, motivando a la policía a iniciar disparos al aire. Sin embargo, es de resaltar que antes del enfrentamiento, en ningún momento existió un espacio para mantener el diálogo.

¿Qué pedían los normalistas que habían tomado la caseta de la Autopista del Sol? En su pliego petitorio destacan la reanudación de clases en su escuela, mantener la licenciatura de educación Primaria y que se aceptara a jóvenes con promedio de 7.0. Puntos que, como sabemos, forman parte del rezago en materia educativa y que vienen siendo discutidos desde hace varios meses, cuando Elba Esther Gordillo, lideresa del sindicato magisterial, abogó por el cierre de las Escuelas Normales y lo que muchos han llamado, la privatización de la enseñanza en México.

Imagen: Noticieros Televisa

Cuando los antiguos perdían el rumbo de sus pasos, miraban a las estrellas. Algunas constelaciones, como la Corona Australis, fueron descritas con exactitud desde los tiempos de Ptolomeo, allá en el siglo II d.C. Los cuerpos celestes que las forman han servido de guía para tripulaciones, caminantes y exploradores a lo largo de la historia. No en balde permanecen en nuestro imaginario como señales fulgurantes para quienes hemos extraviado tanto el camino, como la esperanza. ¿Será que, como humanidad, habremos perdido toda brújula y olvidado cómo interpretar los firmamentos para volver a nuestro sendero? Pareciera que estamos perdidos en un páramo… similar al campo algodonero de ciudad Juárez, epicentro de una masacre silenciosa y sistemática contras las mujeres; pero también inspiración para el web-book Corona Australis, de Mons!, un tributo multimedia a todas las mujeres que han perdido la vida por el simple hecho de ser mujeres.

Corona Australis es un libro multimedia que narra en 17 capítulos la historia de Rosalita Cuevas, una mujer originaria de ciudad Juárez. El libro, compuesto por textos y animaciones musicalizadas por la banda españolMons, incluye la participación de numerosos artistas visuales, así como de la organización civil Nuestras hijas de regreso a casa, una de las más férreas defensoras de los derechos de la mujer en la frontera norte. En palabras de la banda de Alicante, España:

El proyecto que llevamos entre manos es el de dar a conocer una realidad que se vive día a día en Ciudad Juarez, dónde muchas mujeres jóvenes desaparecen año tras año y las autoridades poco o nada pueden hacer. Mediante el viaje de Rosalita Cuevas (disponible en el apartado libro) se quiere dar una visión global del problema, aparte de tratar otros muchos temas que suceden en el mundo provocando mucho sufrimiento en la existencia humana. Nuestra intención no es dar ninguna lección, ni aportar una solución mágica. Sólo pretendemos con todo esto provocar una reflexión común y disfrutar de una obra de arte con todos nuestros allegados, tanto en la creación como en su reproducción.

De 1993 a la fecha, los cadáveres de más de 500 mujeres han sido encontrados a flor de tierra en
el campo algodonero de ciudad Juárez, Chihuahua. Sus cuerpos han mostrado signos de violencia, tanto física como sexual, brutal. A través de esta historia, las animaciones y su música, Mons! nos invita —como ellos mismo lo escriben— a reflexionar sobre el momento histórico que vivimos, donde la vida de una mujer, por el hecho de ser mujer y no ser influyente, la convierte en un ente deleznable, del que poco importa si vive o muere.

Para poder escuchar/ver/leer Corona Australis, visita su sitio web.

¿Quieres sabe más del proyecto? Visita su entrada en el blog de Nuestras hijas de regreso a casa

¿Te gustó la música que conforma este libro-album-exposición? Puedes escucharlo aquí.

Imagen: Corona Australis

Pedir perdón no basta. Especialmente cuando aún quedan cientos de casos pendientes por ser investigados. De 1993 a la fecha, se han registrado más de 500 casos de feminicidio en ciudad Juárez. Asesinatos que se han caracterizado por involucrar largos periodos de privación de la libertad, tortura y violencia sexual que sólo puede calificarse como extrema. En el campo algodonero de esta ciudad fronteriza ha florecido un verdadero camposanto de cruces pintadas de color rosa mexicano. Cruces ahora características de la región que, a pesar de su color estridente, no han logrado llamar la atención de las autoridades. Ni siquiera al momento de erigirles un memorial.

Hoy por la mañana, fue inaugurado el “Monumento en Memoria de las Mujeres Víctimas de Homicidio por razones de Género en Ciudad Juárez”; monumento memorial que busca regresarle nombre y rostro a siete de las más de 500 mujeres víctimas de feminicidio que han encontrado el último reposo en el campo algodonero de ciudad Juárez. Sin embargo, la inauguración de este monumento ha generado más dolor e indignación que alivio y reconocimiento. Los padres, esposos, hijos y demás deudos de estas más de 500 víctimas de la violencia, han visto en el sencillo homenaje un motivo más de afrenta: “No queremos mausoleos, queremos líneas de investigación para saber dónde están nuestras hijas y quién las mató”. Un reproche justo contra los gobiernos estatal y federal que aprovecharon la ocasión para pedir disculpas por las “omisiones” cometidas durante las investigaciones.

Más que una muestra de buena voluntad o un signo de cambio, esta “disculpa de trámite” y memorial inconcluso es la ejecución de una sentencia impuesta al gobierno de nuestro país desde 2009. O al menos parte de ella. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró en aquel año, culpable al Estado mexicano de no prevenir la muerte de las mujeres asesinadas en el campo algodonero de ciudad Juárez, así como de haber fallado en su deber de investigar a fondo para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. Entre las penas que deberá pagar destaca —además del memorial y “sentida disculpa”— la entrega de 383,000 dólares a las familias de las víctimas. Sin embargo, como ya se mencionó antes, el evento fue un motivo más de desazón y regusto ocre en la boca.

Para empezar, ni siquiera el presidente Felipe Calderón se apersonó en la ceremonia. Mucho menos el Secretario de Gobernación. No. En representación de la máxima autoridad mexicana, acudió Felipe Zamora, subsecretario de Gobernación, quien tuvo que pasar el trago amargo de “pedir disculpas” a nombre de nuestro gobierno mientras los familiares lo abucheaban y les exigían resultados con la consabida protesta: Vivas se las llevaron, vivas las queremos de regreso. Felipe Zamora aseguró que no sólo se continuarán las investigaciones, sino también se tomarán cartas en el asunto para sancionar a los funcionarios que hayan participado en las omisiones.

El memorial tuvo un costo de 16 millones de pesos y, como puede verse, retoma los motivos de las cruces que activistas han dejado para que el recuerdo de sus hijas, hermanas, parejas o madres no se entierre en la arena del desierto. Pero de poco sirve —salvo de sal en la herida— mientras las investigaciones no estén terminadas y logremos saber cuántas mujeres realmente desaparecieron.

Imagen: La Jornada

El gobierno de la “ciudad más violenta del mundo” parece no estar dispuesto a tolerar muestras de inconformidad por parte de sus gobernados. Poco importa si éstas son de índole pacífica o no; si ameritan el uso de la fuerza bruta, o no. El día de ayer, manifestantes y periodistas fueron reprimidos de manera violenta por la policía de ciudad Juárez en dos ocasiones. La primera, en la zona dorada de esta entidad de Chihuahua; la segunda en el sector Aldama, cuando activistas protestaban por la brutalidad con la que miembros de Indignados de Juárez habían sido detenidos horas antes.

Las cámaras de un medio local registraron el arribo de la policía al cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Paseo Triunfo de la República, donde la agrupación Indignados de Juárez se encontraba pintando —con pintura de agua; es decir, lavable— cruces de color rosa y los nombres de las personas que han perdido la vida a causa de la violencia derivada del combate contra el narcotráfico. En el video se puede apreciar cómo los ánimos comienzan a caldearse y cómo peatones y testigos se manifiestan en contra de la violencia que la policía de ciudad Juárez ejerce contra los Indignados.

Jóvenes, adultos e incluso adultos mayores resultaron golpeados y detenidos tras el enfrentamiento. Entre ellos varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban cubriendo la manifestación. Incluso la ex candidata del PRD a una diputación Federal, Verónica Castillo, se vio en el ojo del huracán. Quizá lo más grave de este operativo es que el mismísimo secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez, y la directora de Tránsito, Maris Domínguez, lideraron la movilización personalmente, haciéndose rodear de policías cuando los periodistas los ubicaron entre los elementos de “seguridad”. Al lugar llegaron los refuerzos de 40 unidades (!) para terminar de someter a periodistas, activistas y peatones… como si fueran criminales.

Por la noche, miembros de Frente Plural Ciudadano se reunieron en el cruce de Triunfo de la República y López Mateos para exigir la liberación de los manifestantes que fueron agredidos y detenidos una hora antes. Sin embargo, fue pretexto para que la policía de ciudad Juárez arremetiera contra ellos, deteniendo a dos fotógrafos de medios locales que, ni la debían, ni la temían. De nuevo existe un video tomado por un medio local:

¿Las manifestaciones merecían esa respuesta por parte de las autoridades? Todo parece indicar que no. La situación en ciudad Juárez, al igual que en otras demarcaciones del país, es delicada. La actuación de la policía es fundamental no sólo para combatir al crimen organizado, sino también para proteger a la ciudadanía, misma que ahora no creo le guarde mucha a confianza a los “defensores de la ley” que, con lujo de violencia, sometieron a jóvenes, mujeres, periodistas e incluso adultos mayores que, por principio de cuentas, no tenían por qué haber tocado.

Las reacciones no se han hecho esperar:

En un país que atraviesa una situación de violencia como la que vivimos, esta clase de represiones está totalmente fuera de lugar.

Imagen: El Occidental

Tan sólo el día de ayer, dos negocios en la ciudad de Monterrey fueron incendiados por presuntos integrantes de estas organizaciones a manera de represalia contra los dueños por no pagar el derecho de piso, una forma de extorsión que consiste en el pago de un “impuesto” o “seguro de vida” a los criminales para no ser atacados en su patrimonio, personas o familias. Esta práctica, común ya —desde hace tiempo en varios estados— se ha ensañado, especialmente, con las pequeñas y medianas empresas, aunque también es común esta clase de pagos en los mercados populares. Incluso, todo apunta a que el ataque contra el Casino Royale obedece a una represalia contra los dueños del inmuebles.

Según el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, cerca del 90 por ciento de los negocios en la demarcación deben pagar derecho de piso para poder operar. Situación que también es común en al menos otros nueve Estados del país, como Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Morelos, Guerrero, Coahuila y Veracruz, donde la intimidación a través de la violencia se ha convertido en un mal común entre los empresarios. En Mexodus, por ejemplo, se reporta cómo estas actividades han orillado a empresarios a cerrar sus negocios definitivamente o trasladarlos a otras parte del país. O incluso abrirlos del otro lado.

Sectores como la agricultura también se han visto afectados por el cobro de piso. Un ejemplo de ello son la amenazas que han sufrido productores de aguacate hass en el estado de Michoacán, donde los grupos criminales exigen el pago de cuotas que rebasan la mitad de las ganancias que pueden obtener los agricultores. Como es de esperarse, esta práctica también ha afectado a otros sectores relacionados con la industria, como el de los invernaderos, fertilizantes, transportistas, etcétera. Caso similar al de Tamaulipas, donde la zona norte, centro y sur de la entidad ha sido asolada por el cobro de piso para bares, discotecas y comercios. “Nadie se salva”, declararon un grupo de empresarios anónimo.

En la ciudad de Monterrey, hasta ahora uno de los peores escenarios por crímenes contra civiles relacionados con la extorsión y el pago de cuotas —una nueva definición del término ajuste de cuentas—, se calcula la pérdida de aproximadamente cinco mil empleos. Además de que, para no sufrir alguno de estos “castigos ejemplares”, se deben pagar cuotas que van del 20 al 30 por ciento del total de las ventas registradas. De igual manera, cerca del 40 por ciento de los comercios del Centro histórico han tenido que ser cerrados. Siendo los más afectos aquellos orientados hacia el esparcimiento nocturno.

Veracruz, Estado que ha sido manchado de sangre por los asesinatos contra periodistas —aun sin resolución—, también se encuentra entre las entidades con mayor incidencia de estos crímenes. Ya en mayo de este año, empresarios afiliados a las distintas cámaras de comercio, denunciaron que se registraban de tres a cuatro casos de extorsión entre los miembros de los diferentes organismos empresariales. Los más afectados en ese momento eran los comercios dedicados a la venta de ropa y de joyería, quienes denunciaron el acoso de estos grupos ante las autoridades.

Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha tomado conocimiento de los hechos, pues corresponde a las autoridades locales investigar los delitos y dar resolución a los casos. Sin embargo, la presencia del crimen organizado en los distintos gobiernos locales también ha sido evidente. El último caso fue la aprehensión de una “dama templaria” que extorsionaba a galleros desde su oficina en el gobierno de Michoacán.

Indudablemente, este cáncer social que padecemos ha comenzado a sentar raíces en otros órganos fundamentales para nuestra supervivencia como cuerpo social. Las acciones del Gobierno Federal hacia esta clase de delitos no han sido claras y parece motivadas sólo por la presión de la opinión pública que, tras el ataque al Casino Royale, ha vuelto a exigir un cambio de estrategia y no un pacto con las células del crimen organizado. La pregunta queda al aire: si estas células dañinas siguen haciendo metástasis a pesar de la intensa quimioterapia a la que hemos sido expuestos —la cual, también ha mellado nuestro tejido, separándolo— ¿cuál será el tratamiento a implementar para
que el remedio no salga más caro que la enfermedad?

Imagen: Vox Noticias

Al observar las fotografías de estas casas abandonadas en el norte del país, es imposible no recordar a Juan Preciado internándose en las calles de Comala en busca de su padre, el sanguinario cacique Pedro Páramo. Más de 48 mil casas-habitación del Infonavit —la mayoría en el norte del país— están abandonadas. Y según el director de dicho instituto,Víctor Manuel Borrás, los trabajadores las han desalojado debido a la inseguridad y violencia que vivimos actualmente. Tan solo en la unidad habitacional Rivera del Bravo, en Ciudad Juárez, Chihuaha, hay 6 mil casas en este estado.

El Infonavit, ante esta situación, ha iniciado un programa de recuperación para rehabilitar esos inmuebles y volverlos a poner en el mercado a precios más accesibles y bajo mecanismos que doten de seguridad a sus habitantes. El funcionario aseguró que los descuentos irán del 10 al 30 por ciento de los costos de estas casas. La situación de estos inmuebles es diversa, algunas ya fueron tomadas por los tradicionales paracaidistas, otras nunca fueron habitadas por sus compradores y otras simplemente abandonadas por sus moradores. Según el plan de la institución, se pretenden recuperar entre 10 mil y 20 mil casas en este año, cuya prioridad será el norte.

Buscando ayudar a combatir la situación de inseguridad y violencia en Ciudad Juárez, el instituto donó 32 casas para convertirlas en centros comunitarios donde el gobierno local pueda atender a los habitantes en materia de inseguridad. Para el desempeño de este programa se espera que participen autoridades federales, estatales y municipales. Incluso los mismos constructores de vivienda que le darán mantenimiento a toda la unidad. Sin embargo, a pesar de estas medidas, queda abierta la pregunta de ¿quiénes de los que abandonaron la entidad querrán regresar mientras la situación de violencia continúe? ¿Bastarán los descuentos para volver a repoblar la zona? En lo personal, no lo creo.

Imagen: Uno más uno Hidalgo