A últimas fechas, cada vez que leo los medios encuentro que las noticias no son novedosas. Se repiten hasta la náusea, en un tétrico desfile de muerte. Mayo ni siquiera va a la mitad y ya van tres hallazgos de numerosos cuerpos sin vida, como la puntual entrega de una carnicería humana comprometida con su labor. Esta vez fue la más “abundante” y sucedió en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, en donde se encontraron 49 cadáveres mutilados, 43 hombres y seis mujeres. La autoría del multihomicidio fue adjudicada al grupo criminal de Los Zetas.

Empecemos por el multihomicidio en Nuevo León. Los cuerpos fueron mutilados, les quitaron cabezas y extremidades, presuntamente para complicar su identificación. Si ese era el propósito, lo lograron. Las autoridades declararon que en esa entidad no existe tal cantidad de reporte de personas desaparecidas. Las hipótesis apuntan hacia la posibilidad de que sean de otros estados o, incluso, migrantes. También suponen que podrían ser delincuentes, ya que muchos cuerpos estaban tatuados y había un mensaje. Esta inferencia me resulta personalmente ofensiva y digo “personalmente” porque yo tengo tatuajes y no soy delincuente, ni pertenezco a algún grupo criminal. Así como yo, tengo familiares, amigos y conocidos tatuados, ellos tampoco son delincuentes. Es decir, los tatuajes no son indicativo de delincuencia, pero bueno, las autoridades suelen ser muy ignorantes en este tipo de asuntos. Tampoco defiendo a los victimados, sólo digo que las investigaciones deberían seguir su curso con la correspondiente identificación a través del ADN, antes de emitir juicios de esta naturaleza.

En conferencia conjunta de autoridades estatales, el vocero de Seguridad, Jorge Domene; el procurador de Justicia, Adrián de la Garza, y el secretario de Seguridad, Javier del Real Magallanes, señalaron que estos ataques no son en contra de la población civil. Se supone que cualquier persona civil es aquella que no es miembro de las fuerzas armadas de una parte en conflicto. Aquí me llama la atención que todavía no identifican los cuerpos, pero ya aseguran que no es población civil porque, obvio, tienen tatuajes, obvio, fueron ultimados por Zetas, ergo, son delincuentes -como si no hubiera civiles tatuados y como si los Zetas no mataran a civiles-.

De acuerdo con Domene, los cuerpos encontrados no fueron privados de la vida recientemente, lo que hace suponer que no fueron victimados en el sitio y le llamó la atención que no existan impactos de bala en ninguno de los cuerpos. Si consideramos el pequeño detalle de que no tienen cabezas, bueno, eso sigue sin decirnos gran qué sobre el multihomicidio.

Lo que hay que advertir es que Cadereyta, Nuevo León, es una de las principales rutas del tráfico de ilegales, de cocaína y de robo de combustible, y en este momento es uno de los municipios más peleados por los cárteles de Los Zetas, del Golfo y el de Sinaloa por el nivel de ganancias que les implica. Es decir, es una perogrullada afirmar que son actos de violencia entre grupos rivales de la delincuencia organizada, eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es quiénes son los muertos, ni en qué condiciones se dio el crimen, eso es lo que habrá que investigar. Porque así como pueden ser miembros de grupos criminales antagónicos, también pueden ser migrantes de otros países o ciudadanos mexicanos que han sido secuestrados o están siendo traficados por esos grupos y esos sí que son civiles.

Habrá que recordar que en lo que va del mes es el tercer hallazgo de asesinados. El viernes 4 de mayo se encontraron 23 cadáveres en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nueve fueron colgados de puentes y otros 14 aparecieron decapitados. El miércoles siguiente -9 de mayo-, aparecieron 18 cuerpos descuartizados en dos vehículos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco.

Así, en lo que va del mes se han encontrado 90 cuerpos en tres puntos del país, sólo atendiendo a multihomicidios, y eso que estamos a 14. Todo esto nos habla de una descomposición terrible, cuerpos que reflejan una sociedad sometida a la violencia por más de un frente. Estamos sitiados. Los cárteles están en guerra entre ellos, el gobierno federal está en guerra contra ellos. La población civil está en un fuego cruzado que cobra víctimas. No podemos olvidar a los desaparecidos -civiles-, a los asesinados -civiles-. ¿Será que la escalada de violencia sólo puede incrementarse? ¿Será que el fuego se combate con fuego? ¿Será que esto sólo empeorará antes de mejorar? O, peor aún, ¿quién dijo que mejoraría? No sé para ustedes, para mí, esto es motivo de alarma social.

No fue Chuck Norris, pero será Rambo quien vendrá a México para combatir al crimen organizado. Según el actor estadounidense Sylvester Stallone, ya trabaja en el quinto y último filme de la saga de películas de Rambo y en esta ocasión tendrá como enemigo los carteles de México.

La saga de Rambo fue muy popular en los años ochentas, cuando se lanzaron las primeras tres películas. Tuvieron que pasar veinte años para que en 2008 Sylvester Stallone lanzara una cuarta edición. Cuatro años después, a sus 65 años, el actor estadounidense ya trabaja en la que promete será la quinta y última entrega. La trama comenzará en el desierto de Arizona y pasará a pelear con el crimen en territorio mexicano:

Se trata de la culminación de su vida, pero también del momento en el que se da cuenta de lo que el destino le tenía preparado. No ser granjero, ni quedarse en la oscuridad, sino el partir en un destello de gloria.

Tengo curiosidad por ver cómo ven desde fuera la violencia que se vive en México. Aunque la verdad no descarto que, como en prácticamente todas las películas estadounidenses, nos dibujen con el ya típico estereotipo mexicano que nos han creado y la historia esté llena de prejuicios.

Vamos a ver si en esta película se cumple el discurso de Felipe Calderón: “Vamos ganando la guerra contra el narco”. Seguramente varios integrantes de ese partido soñarán con ser ese “Rambo” peleando contra el crimen organizado.

Foto: peru

Como era de esperarse, la celebración del Día del Niño motivó la presentación de datos sobre la situación de la infancia mexicana desde distintos aspectos. La que destaca por los resultados alarmantes y relacionados con la situación de violencia, es la de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), de acuerdo con la cual entre 30 mil y 50 mil menores están involucrados con el crimen organizado.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, advirtió que las cifras proporcionadas son cálculos generados por las organizaciones, elaboradas a partir de investigaciones de campo, pues no existen cifras oficiales sobre el tema. De acuerdo con sus indagaciones, aproximadamente 30 mil niños de ambos sexos, entre 9 y 17 años, son explotados por grupos criminales de diversas formas y se involucran en 22 tipos de delitos, como tráfico de droga, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.

Las “tareas” asignadas tienen relación con la edad. Así, los más pequeños se convierten en vigías o informadores. A partir de los 12 años, empiezan a cuidar casas de seguridad para que no escapen las víctimas de secuestro. Para los 16 años ya están “preparados” para actividades más violentas, como secuestro y asesinatos.

Por lo anterior, no es fortuito que la tasa de mortalidad por homicidio de jóvenes de 15 a 17 años de edad casi se triplicó en los últimos cuatro años, al pasar de 5.3 a 14.4 casos por cada 100 mil habitantes, destacando el hecho de que dos terceras partes de los homicidios con arma de fuego, ocurren contra jóvenes en ese rango de edad, de acuerdo con el “Mapa Geo-referencial sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México”, que presentó Redim.

El domingo pasado escribí una reflexión motivada, justo, por el Día del Niño, que se quedó en un plano retórico. Estas cifras abonan a la discusión elementos preocupantes. ¿Qué está pasando con nuestra niñez? ¿Cómo es posible que miles de niños estén involucrados con el crimen organizado? Un comentarista advertía sobre la otra cara de la moneda, la de los “pequeños tiranos” que tergiversan la ley a su favor. Eso pone la atención en un punto fundamental, la idea de que los niños son buenos per se. Las dualidades se diluyen, los matices se diversifican. ¿Los niños ingresan a las filas criminales porque quieren o porque no les queda de otra?

Yo quiero creer que es la segunda opción, es decir, me sumo a la postura de las organizaciones que los ven como víctimas y no como infractores. En este sentido, Claudia Cruz Santiago, investigadora del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y Democracia, refirió que, de acuerdo con estudios, 62 por ciento de los integrantes de pandillas fue abusado en su infancia sin recibir atención adecuada, por lo que hay una alta relación entre estos dos factores.

En este contexto, las leyes no ayudan demasiado. Edgardo Buscaglia, experto en seguridad y crimen organizado y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, advirtió que la propuesta de Ley General de Protección a los Derechos de los Niños, que se votará en el Congreso, “es una gran simulación corrupta y oligopólica”. Señala también que dicha ley “ha sido redactada a oscuritas, es un gran negocio, una simulación, en la que hay un pacto oscuro entre el PAN y PRI, así como una parte del PRD, porque no tiene mecanismos de implementación”. Por ello, exhortó a la sociedad organizada a que elaboré una propuesta alterna.

Finalmente creo que es la opción, las organizaciones están haciendo la tarea de las autoridades en más de un sentido y podría ser la voz más sensata en cuanto a propuestas en esta situación tan complicada.

“¿Alguna vez las autoridades harán algo o se seguirá este “tú secuestras, yo retengo” hasta que en lugar de liberados haya muertos?”, así cerré mi última nota sobre Cherán escrita hace casi un mes. No se necesitaba ser pitonisa ni oráculo para prever lo obvio: tarde o temprano el conflicto en Cherán iba a recrudecer hasta este punto. Por desgracia, fue más bien temprano, justo cuando terminó la celebración del primer aniversario de su alzamiento, como una especie de resaca terrible. ¿Qué pasó en Cherán? ¿Qué sigue pasando? La desbordante cantidad de información que se generó desde el miércoles pasado da bastantes pistas, aunque a veces se pierden entre las versiones opuestas. Pero vayamos en orden, eso podrá dar claridad en el panorama.

Un año reivindicando la dignidad purépecha

Tala clandestina, desaparecidos y muertos, ese era el escenario de Cherán, una comunidad de Michoacán. El primer paso -el más importante- fue perder el miedo para enfrentarse a los criminales que saqueaban sus tierras y asesinaban a su gente, y lo perdieron. Las mujeres lo dieron, la comunidad se unió -como el puño izquierdo cerrado, distintivo de la bandera purépecha que justo significa eso: unión-. Eso fue el 15 de abril de 2011, fecha en la que se conmemora la autodefensa de su pueblo.

Armados y atrincherados, lograron resistir los embates del crimen organizado. Montaron barricadas y fogatas en los que, hasta la fecha, participan todos. Después, desconocieron al gobierno y formaron el Concejo Mayor, guiados por sus usos y costumbres. El Tribunal Estatal Electoral de Michoacán reconoció el derecho que le asiste a su autodeterminación política y el Consejo tomó posesión, así, también sacaron a los partidos políticos de la jugada pues, dicen, sólo los dividía.

El proceso no ha sido fácil, una cosa es el autogobierno y otra que ellos tengan la capacidad y las facultades legales para perseguir a los delincuentes. En este año se registraron varios conflictos. El procedimiento era más o menos el mismo: tras el conflicto, los pobladores retenían vehículos y personas, llegaba la autoridad, negociaban, se liberaban a las personas y cada quién se iba a su casa. En todas las ocasiones los indígenas solicitaban lo mismo a las autoridades: que castiguen a los culpables del despojo, los asesinatos y el terror. Y no sólo eso, también los identifican: paramilitares, crimen organizado y narcotráfico, en complicidad con partidos y el mismo gobierno. Pero las autoridades no hacían nada o, al menos, no mucho. Pusieron algunos puestos de control y siguieron las negociaciones. De perseguir a los culpables, nada.

Los muertos

Tres días después del primer aniversario de su alzamiento, volvió a correr la sangre. Las versiones encontradas sólo coincidían en el número de muertos: ocho en total. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán determinó que fue un enfrentamiento entre comuneros de Cherán y presuntos talamontes. La dependencia indicó que integrantes de la Brigada Comunal fueron emboscados por hombres armados y encapuchados, ataque que fue repelido y, tras el enfrentamiento, perdieron la vida dos comuneros y seis presuntos talamontes.

La versión oficial fue desmentida por el Consejo Mayor, en un comunicado aclararon que la muerte de dos de sus comuneros no se dio luego de un enfrentamiento, sino que fue una emboscada, también se deslindaron de las otras seis víctimas encontradas.

El Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán aclara que el día de ayer no hubo enfrentamiento con Rancho El Cerecito, sino que delincuentes asentados en esta comunidad, emboscaron a un grupo de 20 trabajadores honrados de este pueblo -beneficiarios de un programa de Empleo Temporal de Semarnat- por lo que nos deslindamos, categóricamente, de los otros muertos que ahora se dice fueron producto de un enfrentamiento.

Cabe advertir que ya había existido conflicto entre Cherán y el rancho El Cerecito, por presuntos talamontes que radican en la comunidad vecina. De ahí la importancia de esclarecer los hechos, pues si bien, dos caídos fueron de Cherán, cinco fueron de El Cerecito y uno, presuntamente, de Purépero. De acuerdo con El Universal, dos de los muertos fueron calcinados intencionalmente dentro de un vehículo. Si hubo caídos de ambas comunidades, ¿quiénes fueron los que emboscaron?

Cherán exige

Tras los hechos, los habitantes de Cherán hicieron lo que suelen hacer en casos de conflicto: retener vehículos y personas. En la versión oficial, se retuvieron 16 servidores públicos: once elementos del Grupo de Operaciones Especiales, tres agentes ministeriales, un representante del Ministerio Público y un funcionario de la Secretaría de Gobierno. El objetivo, el mismo de siempre: negociar con las autoridades, específicamente con Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado, para que se comprometiera a recibirlos -la cita quedó para el día de hoy a las diez de la mañana-. Tras concretarse el encuentro, los retenidos fueron liberados -cerca de las 21 horas del día de ayer-.

Adicionalmente, la comunidad se mantuvo en estado de alerta, el Concejo ordenó la suspensión indefinida de clases y pidieron a la población no salir de los límites territoriales de la cabecera municipal. Al mismo tiempo, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República para investigar los hechos. También realizaron las exequias de los comuneros asesinados.

Por su parte, el gobierno de Michoacán inició un operativo con la finalidad de vigilar los accesos a la comunidad y realizar patrullajes en toda la zona. Elementos de la Policía Federal y de las policías Ministerial y estatal fueron desplazados para resguardan el municipio. El secretario de Gobierno, Jesús Reyna, afirmó que sería “muy deseable” que el Ejército se sumara a la vigilancia en Cherán.

¿Y ahora?

Si las cosas van como se planearon, en estos momentos se encuentra reunidos representantes de Cherán con las autoridades estatales. Tal vez será una de esas reuniones en la que los indígenas piden lo que han pedido desde hace tiempo, los funcionarios prometen lo que han prometido desde hace tiempo, pero nadie sabe en qué va a parar el asunto.

En problema de Cherán pone en la mesa de discusión algo que me parece importantísimo, ¿hasta qué punto se puede hablar de autogobierno? Cherán es pionero en el reclamo de sus derechos como pueblo independiente y es justo eso lo que hace todo tan complicado, no hay ejemplos que digan hacia qué derrotero tomar. Ellos lo saben, lo han dicho, esto es sólo el comienzo y el camino es largo, no se pueden cambiar las cosas de un día para otro.

Cierto, este tipo de cambios son paulatinos. Pero de pronto me da la impresión de que la comunidad de Cherán está sola contra el mundo. Es decir, sí, tienen autogobierno, pero son también parte de un estado y de un país que los contiene, que obedecen a una lógica muy distinta a la suya. ¿Hasta dónde está el límite entre lo que son ellos como comunidad autónoma y hasta dónde son parte de un país? Ese umbral borroso es lo que hace todo tan complicado. Porque no importa qué tanto se organicen, si una autoridad externa no acaba de raíz con los grupos criminales que los acosan, ellos no pueden hacer gran qué. Es decir, están inmersos en un sistema que los ataca por demasiados flancos y si han resistido los embates ha sido por la unión, por eso espero que nadie se canse de resistir.

Personalmente, admiro su postura, lo que ellos critican del gobierno y de los partidos, es también buena parte de mi crítica. No puedo evitar sentirme afín a sus causas y cautivada por su valentía y es, quizá, por eso, que en mi utopía personal Cherán no sólo sale avante, sino que contagia a otras comunidades, formando una bola de nieve en la que todos los mexicanos somos capaz de autogobernarnos sin necesidad de esos sátrapas que tanto daño hacen a nuestro país, pero vaya, yo sé que eso es sólo un sueño.

Imagen: Prensa indígena

El crimen organizado impone, amenaza y asesina a candidatos, es algo que se sabe, es un secreto a voces que hizo oficial la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ya no causa sorpresa, indignación, muy poca; es como si se hubiera aceptado, como si nos hubiéramos resignado a que eso sea lo normal: que los candidatos reciban amenazas, que sean secuestrados o les secuestren familiares, que los asesinen, que pacten con ellos, es parte de lo que deben pasar en el proceso, tan natural como asistir a mítines o dar discursos.

A principios del mes, la OEA aseguró que cada vez es más frecuente que el crimen organizado amenace, asesine e imponga candidatos en los procesos electorales que se llevan a cabo en la mayoría de los países del continente, incluido México. Ante semejante afirmación, el Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó una reunión con directivos de la OEA, y es que las declaraciones de ciertas instancias hay que tomarlas con pinzas, después de todo, la OEA no brilla precisamente por sus intereses nobles y desinteresados. Pero el IFE poco o nada puede hacer al respecto, como ellos bien apuntan, su función es organizar los comicios, no establecer mecanismos de seguridad contra el crimen organizado.

Imagino a los de la OEA bailando told you so, ahora que la Coalición Movimiento Progresista denunció ante Gobernación que candidatos a diputados federales y senadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento, y exigió al secretario, Alejandro Poiré, protección para los abanderados e investigar algunos casos.

Hay candidatos que están siendo sometidos (a amenazas) y están teniendo problemas severos desde el momento de haber sido registrados como candidatos a Senadores y Diputados […]. Estamos preocupados por la seguridad de algunos de los candidatos de puestos de elección popular y queremos advertir a tiempo para que esto no se descomponga, que no sea la delincuencia organizada la que gane la elección.

Aseguró Ricardo Monreal, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Aunque en un principio se negaron a aportar detalles de los casos, en el Reforma se publicó que la Coalición Movimiento Progresista documentó ante la Secretaría de Gobernación 13 casos de acoso y amenazas del crimen en contra de aspirantes al Congreso y varias gubernaturas.

Las denuncias van desde amenazas de muerte para los candidatos o sus familiares, hasta secuestro de familiares cercanos, liberados a condición de que abandonen la contienda electoral, sin contar los candidatos desaparecidos tras amenazas.

Desgraciadamente esto ni siquiera es nuevo, el proceso electoral de Michoacán se convirtió en la antesala de lo que serían las próximas elecciones, por lo menos en cuanto a la injerencia del crimen organizado.

La situación es grave. Algunas preguntas saltan ante semejante escenario: ¿cuáles son los intereses detrás de esto? ¿A quién beneficia? ¿El crimen organizado se manda solo? ¿Quiénes son sus gallos?

Esto está más turbio y más hediondo que el río Lerma. Pero vamos, seguro que son rumores, después de todo, en un gobierno democrático estas cosas no podrían pasar.

Imagen: Agrega

Dijeran por ahí “no tienen llenadera”. El crimen organizado se ha diversificado. Del negocio del narcotráfico, ha pasado a los secuestros y extorsiones, a la trata de personas, a la de armas, a la piratería y no recuerdo cuantos otros; y de acuerdo a lo informado por la Procuraduría General de la República (PGR), incursiona también en la fabricación de medicamentos apócrifos y su distribución en el país.

De acuerdo a la PGR, en 2011 desmantelaron 10 laboratorios clandestinos en los que se han encontrado supuestos antibióticos, antigripales, los conocidos como “naturistas” o remedios “milagro”, muchos de ellos envasados en cajas de presentación con el nombre de genéricos. Además de la distribución de supuestos “medicamentos” que entran de contrabando al país desde Asía, Europa y Estados Unidos.

En el mejor de los casos, por así decirlo, el supuesto “medicamento” resulta ser un placebo, es decir, la persona que lo toma cree que está tomando lo necesario para curarse cuando en realidad está tomando una sustancia inocua. Pero aún así, aparte del engaño, representa un riesgo para la salud si tomamos en cuenta que en muchos padecimientos el que el enfermo tome o no el medicamento correcto significa la diferencia entra la vida y la muerte o el generarle fatales consecuencias. Como lo señala Excelsior en su artículo: “En el territorio mexicano el contrabando de medicinas, la venta de medicamentos apócrifos y caducos se ha convertido en un problema de salud pública al haber provocado el fallecimiento de por lo menos cinco personas que adquirieron en negocios establecidos y en tianguis, fármacos a precios bajos, por lo que la dependencia federal a iniciado diversas averiguaciones previas” (sic.).

La investigación contra los responsables, señala la PGR, aún no concluye. Mientras tanto, una vez más les sugiero, cuidado con los productos, las condiciones y los lugares en que se adquieren los medicamentos, con esto puedes reducir cierto riesgo de ser presa de esta situación.

Por otro lado, no dejo de pensar en la constante diversificación de negocios y canales de distribución del crimen organizado. Con tanta “capacidad de emprendimiento” cómo no prefirieron dedicarse a negocios legales ¡caray!

Foto: Olga Díez

¡Vaya que vivimos tiempos extraños! No sólo por la inseguridad que nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida (si no es que modificarla por completo) sino también por los hechos que se suscitan en torno a esta situación. Hasta hace poco, en esta batalla concebíamos un triángulo constante en los enfrentamientos: las autoridades contra el crimen organizado, pero éste dividido en bandos que se confrontan con autoridades y con otros grupos contrarios del mismo crimen organizado (y en medio de todo los civiles). Pero recientemente en Estados Unidos, asegura el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), las peticiones de ayuda de narcotraficantes mexicanos para rescatar e intervenir en el secuestro de familiares que radican en ese país se han incrementado.

Ésto, aseguran dichas autoridades, se ha dado por la competencia que existe entre dichos grupos, pues el secuestro de familiares o miembros de cárteles se utiliza para presionar al grupo rival para el pago de deudas o lograr algún tipo de control, como lo explicó Gregory Brown, agente especial del FBI:

Esto es algo que no se había registrado antes dentro de Estados Unidos, pero los secuestros de esposas, familiares o socios han provocado que los propios narcotraficantes mexicanos que han entrado, legal o ilegalmente, a nuestro territorio tomen el teléfono y pidan ayuda a las autoridades antes de que las víctimas sean ejecutadas.

Generalmente los narcotraficantes seleccionan a algún miembro cercano del grupo rival, porque están seguros que jamás darán parte a la policía o a cualquier otra autoridad, y ahora estamos viendo que las cosas han cambiado, los casos están aumentando aunque no aparezcan en la prensa. No hay mejor garantía para un narcotraficante que tener a un familiar de su enemigo para recuperar su dinero o hacer un trato.

Los narcotraficantes piden la ayuda a pesar de que ellos mismos sean detenidos por tráfico de drogas, con tal de rescatar a su familiar. Como sucedió, según comentan, en el caso de la esposa del narcotraficante Sean King, quien fue detenido al igual que el secuestrador por operaciones de tráfico de drogas, después de que ella fue liberada.

Seguramente la conciencia no es el fuerte de los narcotraficantes, me imagino que no tenerla es requisito indispensable para entrar en la nómina de estos negocios. Pero lo que cuenta el FBI que está sucediendo debería ponerlos a analizar si no será mejor de una vez, cuando no tienes tanta cola que te pisen, entregarte a las autoridades y lograr una condena menor; si de todas maneras a la vuelta de la esquina es posible que te entregues sin muchas posibilidades de negociación. Casos como estos hay varios, por ejemplo el de Andrés López López, ex narcotraficante colombiano escritor de los libros de “El Cártel de los Sapos”, en los que está basada esa misma serie, que se entregó a las autoridades norteamericanas que lo perseguían en 2001, y tras una breve condena está libre llevando una vida diferente.

Foto: Thomas Hawk

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para impedir que, entre otras personas, tres ex Gobernadores de Tamaulipas abandonen el país mientras se realiza una investigación. Los tres políticos en cuestión son Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. Los mandatarios gobernaron por el PRI la entidad tamaulipeca en tres sexenios consecutivos, entre 1993 y 2010.

En la alerta no se aclara el motivo de impedir a los involucrados abandonar el país, pero se cree que podría estar vinculada a distintas denuncias realizadas a partir de 1998. La medida contra los tres políticos priístas fue tomada como precaución pues habrían sido incluídos en una investigación por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR. No se menciona de manera concreta un delito por el que se les investigue, pero todo apunta a que se trate sobre relaciones con el crimen organizado durante sus administraciones.

Los oficios fueron girados por la PGR con firma del agente del Ministerio Público de la Federación, David Juárez Mora, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pasado 13 de enero. En ellos se incluye un total de 46 personas entre familiarees y otros funcionarios que ejercieron durante el mandato de los Gobernadores. Entre los familiares destacan la esposa de Yarrington, María Antonieta Morales Loo y sus hijos, María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales.

Entre los funcionarios incluídos en la alerta migratoria se encuentran el ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales, Alfonso Salazar Arzola; el ex procndourador Fernando Tomás Cayuela Villarreal; el ex subsecretario de egresos, Alfredo Sandoval Musi, entre otros. Después de todo, Tamaulipas es la tercera entidad con mayor crecimiento en el número de muertes debido al crimen organizado, apenas detrás de Chihuahua y Sinaloa.

Imagen: Siempre

La trata de personas en México es el segundo ilícito más rentable para el crimen organizado, generando ganancias de 42 mil millones de dólares al año, advirtió Rosi Orozco, presidente de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, durante la inauguración del foro “Líderes de opinión contra la trata de personas”.

El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, ya habían anunciado este lamentable hecho al dar a conocer el “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, en el que se puso de manifiesto que es el segundo negocio ilícito más redituable, sólo superado por el narcotráfico, pero situado por encima del tráfico de armas. En el mismo estudio se indicó que México es el segundo proveedor de víctimas de trata a Estados Unidos.

Las víctimas son usadas en su mayoría para explotación sexual, pero también hay una porción dedicada a la explotación laboral y la extracción de órganos. Los grupos más vulnerables son niños, niñas, adolescentes -principalmente no acompañados- y adultos mayores.

De acuerdo con una investigación auspiciada por Estados Unidos, en la frontera norte de nuestro país existen alrededor de 5 mil células de tratantes de personas, células que pueden estar constituidas por cuatro o cinco individuos o por más de un centenar. Marisa Ugarte, investigadora titular del proyecto, clasificó las operaciones en 10 aspectos fundamentales, que van desde el traslado, almacenamiento y cruce de personas, al manejo financiero y blanqueo de dinero. Apuntó que los operadores se encuentran indistintamente entre la clase empresarial, política, policial y criminal tanto de México como de Estados Unidos.

En el informe anual 2011 del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre tráfico de personas se expuso que México sigue sin cumplir con los estándares mínimos para erradicar el tráfico de personas dentro de su territorio. A decir del organismo estadounidense, este problema lleva más de 10 años en nuestro país.

Sin embargo, hay que destacar los esfuerzo que se han hecho en los últimos años para diagnósticas y abatir este mal. Por ejemplo, a principios de 2011, la PGR se dio a la tarea de analizar la situación de la trata de personas en México, vinculando este delito con la actividad turística para explicar el auge del comercio sexual. Los datos obtenidos indican que poco más de la mitad del país se convirtió en los últimos años en una intrincada red de plagio, concentración y explotación de personas (principalmente niñas, niños y jovencitas) para fines de prostitución y otras actividades delictivas.

En su informe, “La Trata de Personas en el Sector Turístico” se reveló que 18 de los 32 estados del país concentran 90 por ciento de la trata de personas, destacando Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero como epicentros del delito. Mientras que Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal se perfilan como pasos obligados, pivotes para catapultar la trata y la explotación sexual.

Por si fuera poco, de acuerdo con los diputados, México ocupa el segundo lugar mundial en producción de pornografía infantil, delito vinculado a la trata de personas. Por todo lo anterior, es urgente que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, propuesta por Orozco, se revisada y dictaminada por los organismos conducentes. Baste recordar que en México sólo 19 entidades tienen leyes contra la trata, y únicamente los tribunales de Ciudad de México, Chiapas y Puebla han emitido sentencias al respecto.

Imagen: La primera plana

Una de las mayores tragedias que sacudieron a nuestro país durante 2011 fue sin duda el ataque perpetrado contra el Casino Royale en Monterrey en el que perdieron la vida 52 personas. Autoridades de Nuevo León presentaron hoy a Baltazar Saucedo Estrada, conocido como “El Mataperros” autor intelectual del incendio del Casino Royale el pasado mes de agosto, además de algunos otros delitos relacionados con el crimen organizado.

En conferencia de prensa donde estuvieron el vocero Estatal de Seguridad Jorge Domene, el Procurador Adrián de la Garza y el Secretario de Seguridad Pública Jaime Castañeda, también se le atribuyeron a “El Mataperros” las ejecuciones de Germán Quiroz Pérez, jefe de Policía de Santa Catarina quien fuera asesinado en su oficina el pasado 27 de junio y de Homero Salcido, titular del C5, además de la desaparición de varios uniformados de Santa Catarina.

El Procurador Adrián de la Garza informó que Saucedo Estrada se encontraba a las afueras del Casino Royale, supervisando que el incendio del lugar se llevara a cabo, ejecutando la orden que recibiera de sus superiores debido a que los dueños del lugar se habían negado a pagar la cuota por cobro de piso. Se supo que posteriormente “El Mataperros” huyó a varios estados de la República y fue aprehendido cuando regresó a Nuevo León.

La detención se llevó a cabo cuando Saucedo Estrada intentara huir a bordo de una camioneta Windstar con reporte de robo, después de que integrantes de la Fuerza Civil le marcaran el alto. Así fue como, en un hecho fortuito, se llevó a cabo la detención de un sicario buscado por la PGR desde hace meses, cuya cabeza tenía un valor de 15 millones de pesos.

Imagen: SDP Noticias