La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para impedir que, entre otras personas, tres ex Gobernadores de Tamaulipas abandonen el país mientras se realiza una investigación. Los tres políticos en cuestión son Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. Los mandatarios gobernaron por el PRI la entidad tamaulipeca en tres sexenios consecutivos, entre 1993 y 2010.

En la alerta no se aclara el motivo de impedir a los involucrados abandonar el país, pero se cree que podría estar vinculada a distintas denuncias realizadas a partir de 1998. La medida contra los tres políticos priístas fue tomada como precaución pues habrían sido incluídos en una investigación por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR. No se menciona de manera concreta un delito por el que se les investigue, pero todo apunta a que se trate sobre relaciones con el crimen organizado durante sus administraciones.

Los oficios fueron girados por la PGR con firma del agente del Ministerio Público de la Federación, David Juárez Mora, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pasado 13 de enero. En ellos se incluye un total de 46 personas entre familiarees y otros funcionarios que ejercieron durante el mandato de los Gobernadores. Entre los familiares destacan la esposa de Yarrington, María Antonieta Morales Loo y sus hijos, María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales.

Entre los funcionarios incluídos en la alerta migratoria se encuentran el ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales, Alfonso Salazar Arzola; el ex procndourador Fernando Tomás Cayuela Villarreal; el ex subsecretario de egresos, Alfredo Sandoval Musi, entre otros. Después de todo, Tamaulipas es la tercera entidad con mayor crecimiento en el número de muertes debido al crimen organizado, apenas detrás de Chihuahua y Sinaloa.

Imagen: Siempre

La trata de personas en México es el segundo ilícito más rentable para el crimen organizado, generando ganancias de 42 mil millones de dólares al año, advirtió Rosi Orozco, presidente de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, durante la inauguración del foro “Líderes de opinión contra la trata de personas”.

El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, ya habían anunciado este lamentable hecho al dar a conocer el “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, en el que se puso de manifiesto que es el segundo negocio ilícito más redituable, sólo superado por el narcotráfico, pero situado por encima del tráfico de armas. En el mismo estudio se indicó que México es el segundo proveedor de víctimas de trata a Estados Unidos.

Las víctimas son usadas en su mayoría para explotación sexual, pero también hay una porción dedicada a la explotación laboral y la extracción de órganos. Los grupos más vulnerables son niños, niñas, adolescentes -principalmente no acompañados- y adultos mayores.

De acuerdo con una investigación auspiciada por Estados Unidos, en la frontera norte de nuestro país existen alrededor de 5 mil células de tratantes de personas, células que pueden estar constituidas por cuatro o cinco individuos o por más de un centenar. Marisa Ugarte, investigadora titular del proyecto, clasificó las operaciones en 10 aspectos fundamentales, que van desde el traslado, almacenamiento y cruce de personas, al manejo financiero y blanqueo de dinero. Apuntó que los operadores se encuentran indistintamente entre la clase empresarial, política, policial y criminal tanto de México como de Estados Unidos.

En el informe anual 2011 del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre tráfico de personas se expuso que México sigue sin cumplir con los estándares mínimos para erradicar el tráfico de personas dentro de su territorio. A decir del organismo estadounidense, este problema lleva más de 10 años en nuestro país.

Sin embargo, hay que destacar los esfuerzo que se han hecho en los últimos años para diagnósticas y abatir este mal. Por ejemplo, a principios de 2011, la PGR se dio a la tarea de analizar la situación de la trata de personas en México, vinculando este delito con la actividad turística para explicar el auge del comercio sexual. Los datos obtenidos indican que poco más de la mitad del país se convirtió en los últimos años en una intrincada red de plagio, concentración y explotación de personas (principalmente niñas, niños y jovencitas) para fines de prostitución y otras actividades delictivas.

En su informe, “La Trata de Personas en el Sector Turístico” se reveló que 18 de los 32 estados del país concentran 90 por ciento de la trata de personas, destacando Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero como epicentros del delito. Mientras que Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal se perfilan como pasos obligados, pivotes para catapultar la trata y la explotación sexual.

Por si fuera poco, de acuerdo con los diputados, México ocupa el segundo lugar mundial en producción de pornografía infantil, delito vinculado a la trata de personas. Por todo lo anterior, es urgente que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, propuesta por Orozco, se revisada y dictaminada por los organismos conducentes. Baste recordar que en México sólo 19 entidades tienen leyes contra la trata, y únicamente los tribunales de Ciudad de México, Chiapas y Puebla han emitido sentencias al respecto.

Imagen: La primera plana

Una de las mayores tragedias que sacudieron a nuestro país durante 2011 fue sin duda el ataque perpetrado contra el Casino Royale en Monterrey en el que perdieron la vida 52 personas. Autoridades de Nuevo León presentaron hoy a Baltazar Saucedo Estrada, conocido como “El Mataperros” autor intelectual del incendio del Casino Royale el pasado mes de agosto, además de algunos otros delitos relacionados con el crimen organizado.

En conferencia de prensa donde estuvieron el vocero Estatal de Seguridad Jorge Domene, el Procurador Adrián de la Garza y el Secretario de Seguridad Pública Jaime Castañeda, también se le atribuyeron a “El Mataperros” las ejecuciones de Germán Quiroz Pérez, jefe de Policía de Santa Catarina quien fuera asesinado en su oficina el pasado 27 de junio y de Homero Salcido, titular del C5, además de la desaparición de varios uniformados de Santa Catarina.

El Procurador Adrián de la Garza informó que Saucedo Estrada se encontraba a las afueras del Casino Royale, supervisando que el incendio del lugar se llevara a cabo, ejecutando la orden que recibiera de sus superiores debido a que los dueños del lugar se habían negado a pagar la cuota por cobro de piso. Se supo que posteriormente “El Mataperros” huyó a varios estados de la República y fue aprehendido cuando regresó a Nuevo León.

La detención se llevó a cabo cuando Saucedo Estrada intentara huir a bordo de una camioneta Windstar con reporte de robo, después de que integrantes de la Fuerza Civil le marcaran el alto. Así fue como, en un hecho fortuito, se llevó a cabo la detención de un sicario buscado por la PGR desde hace meses, cuya cabeza tenía un valor de 15 millones de pesos.

Imagen: SDP Noticias

El día de ayer, Marisela Reyes, hermana de la activista Josefina Reyes —asesinada el año pasado—, difundió por medio de las redes sociales que un comando de paramilitares atacó la población de #El Mimbre. Asentamiento ubicado a 40 minutos al oriente de Ciudad Juárez y a 10 minutos del destacamento militar apostado en Guadalupe Distrito Bravos. La “versión oficial”, dada por la Fiscalía General del Estado Zona Norte y por Derechos Humanos (DDHH) indica que los ataques a la población son falsos.

Como suele pasar en estos casos, Facebook y Twitter fueron los medios que se usaron para dar a conocer la noticia pues, a decir de Reyes, en entrevista, hubo una balacera, dejando muertos y heridos, por lo cual se pidió ayuda militar y médica para la población, misma que no llegó.

El que sí llegó —cuentan- fue Gustavo de la Rosa, visitador estatal de DDHH, y dijo “aquí no pasa nada”. Por su parte, Andrés Morales, secretario del ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, tuvo sus cinco minutos de fama, desmintiendo el rumor —¿habrá ido o no?—:

Después aparecieron unas mantas denunciando los supuestos hechos, dicen que la Policía Municipal las quitó “en caliente”, no fuera a ser que alguien las viera, pero alguien las vio y hasta fotos tomó —no muy buenas, debo decir—, en donde se lee:

…y dicen que no pasó nada en El Mimbre vayan periodistas para enseñarles y vean donde quemaron los ranchos.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar. Unos defendiendo la veracidad de los hechos, otros desmintiendo y otros más haciendo bromas —¿qué es un tuitero sin bromas “ingeniosas” para todos los eventos de actualidad?—.

Entre “que sí, que no…” está el asunto de El Mimbre. Los que desconfían del ataque, arguyen protagonismo por parte de Reyes y de grupos activistas de izquierda —seguro también dirán que si la nota está en la sección roja no es confiable o algo así—. Es natural que la versión oficial sea “aquí no pasa nada”, por algo es “la oficial”, difícilmente saldrá un comunicado que diga: en efecto, se acribillaron a mansalva a algunos lugareños y no respondimos al llamado porque pensamos que era una broma del día de los inocentes. Además, ya sabemos que al gobierno se le da muy bien eso de encubrir asesinatos —así sean de miles en una plaza pública—. Pero eso no implica que, en efecto, haya pasado. La duda sigue en el aire.

¿Y tú, estimado lector, a quién le crees?

Imagen: La Opción de Chihuahua

Vivimos tiempos difíciles. Durante este año, el repunte en la violencia asociada al crimen organizado ha tomado por sorpresa a varias escuelas del país. Gracias a los videos que, tanto alumnos como profesores, han filmado durante balaceras desatadas a escasos metros de sus instituciones educativas, nos hemos enterado de las medidas que los directivos y cuerpo docente han tenido que “improvisar” para poner la vida de los estudiantes a salvo. Ante esta situación alarmante, la Secretaría de Educación Pública ha comenzado a repartir un manual de seguridad escolar, donde además de instruir sobre qué hacer ante la amenaza de un sismo o un incendio, incluye las normas de seguridad básicas a seguir durante un enfrentamiento armado.

La presentación de este manual de seguridad escolar tuvo lugar el día de hoy durante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, presidido por Alonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública. En él, informó que el propósito de esta guía de procedimientos es instruir al alumnado sobre qué hacer frente a situaciones violentas, como un enfrentamiento armado, rumores de actos violentos o, incluso, la presencia de armas en su escuela. Este manual será repartido en todas las instituciones de educación básica, así como a las autoridades estales y municipales correspondientes.

Esta medida dentro de nuestro sistema educativo no es inédita. En junio del año pasado, las secretarías de Educación, Seguridad Pública y Protección Civil de Nuevo León habían publicado y distribuido el Manual y Protocolo de Seguridad Escolar; una guía de 16 páginas donde se recomendaba a docentes y pupilos no asomarse por las ventanas durante un enfrentamiento amado, ponerse bajo tierra al escuchar detonaciones, entre muchas otras. La publicación de este breve manual de seguridad escolar se anticipó a la crisis que vivimos durante este año, cuando escuelas del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, suspendieron clases de forma masiva debido a amenazas del crimen organizado. Trayendo a la mesa del debate la seguridad en las escuelas de todo el país en estos tiempos signados por la violencia producto del Narco.

La medida es, por un lado, dolorosa; pero también necesaria. Dolorosoa y necesaria porque, así como enseñamos a nuestros niños y adolescentes qué hacer ante un sismo —pues vivimos en una zona de gran actividad sísmica—, también ahora debemos prepararlos para que sepan reaccionar ante un enfrentamiento armado o una amenaza de bomba. La violencia continúa volviéndose parte de nuestro día a día…

¿El fin justifica los medios? En lo que puede ser considerada como una sesión maratónica, el Congreso del estado de Puebla aprobó por unanimidad las reformas a los códigos de Defensa Social y de Procedimiento en Materia de Defensa Social que dan luz verde a las intervenciones telefónicas, la participación de la policía encubierta y los cateos a domicilios sin orden de un juez. Ciertamente, medidas polémicas que el ejecutivo del estado, Rafael Moreno Valle, giró al congreso local en aras de “mantener a Puebla como un estado seguro”.

Debido a su posición geográfica, el estado de Puebla enfrenta el riesgo de padecer el efecto cucaracha, mismo que le ha traído muchos dolores de cabeza a entidades como Guanajuato. Bástenos con recordar que Puebla colinda con Veracruz, Guerrero y Morelos, territorios donde la violencia provocada por el crimen organizado ha sufrido un repunte durante este 2011. También vale la pena recordar que tanto Puebla, como su vecino Tlaxcala, son considerados actualmente un foro rojo en la trata de personas, evidente en la prostitución a pie de carretera que se puede apreciar a plena luz del día en la vía federal que une a las capitales de ambos estados.

Sin embargo, ¿hasta qué punto, la situación que vive el estado justifica las medidas aprobadas por su congreso? El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, ha hecho hincapié en que estas reformas no serán utilizadas con fines políticos, electorales o en casos civiles o mercantiles. Serán una facultad exclusiva del Procurador del Estado para investigar y esclarecer crímenes tipificados como graves o relacionados con el crimen organizado; tales como el narcomenudeo, la trata de blancas, el secuestro o el lavado de dinero.

¿Dónde está el problema entonces? Está donde siempre ha estado. En nuestra desconfianza hacia los órganos encargados de la procuración de justicia. Misma que no es gratuita. Preguntémosle al poeta Efraín Bartolomé qué pasó la noche en que —en aradas de combatir al crimen organizado— elementos de la policía invadieron su casa con lujo de violencia. Preguntémosle qué les pasó a sus vecinos que, ciertamente no eran poetas, ni estaban metidos de lleno en el mundo de las publicaciones. A ellos no les repusieron ni un reloj. Con estas medidas, se da luz verde a combatir de lleno al crimen organizado, pero también a los abusos que ya todos conocemos. A final de cuentas, siempre se puede salir con un *Usted disculpe, no es usted el criminal al que buscábamos”.

A poco menos de cuatro meses del ataque perpetrado contra el Casino Royale en la ciudad de Monterrey, los dueños de la casa de apuestas y los funcionarios implicados en su operación han sido eximidos de toda culpa. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los peritos de la PGR, las instalaciones del Casino Royale contaban con prácticamente todas las medidas de seguridad. Tras comparar la magnitud del atentado con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, manifestó que “cualquier medida de seguridad no hubiera sido suficiente para detener el siniestro” que cobró la vida de 53 personas.

¿En qué sustenta esta afirmación? Según los reportes de las dependencias estatal y federal, durante el ataque se utilizaron 10 garrafones de 20 litros cada uno para rociar el inmueble con gasolina. Es decir, 200 litros de combustible. Suficiente energético para provocar un incendio de gran magnitud en tan solo 40 segundos, tal y como ocurrió en la casa de apuestas. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los peritos, el Casino Royale contaba con ocho salidas de emergencia, 40 extintores y señales de evacuación, además de que los textiles utilizados en la confección de cortinas y alfombras contaban con sustancias que ayudan a retardar el avance del fuego. Todas medidas que se mostraron inútiles ante la magnitud del incendio.

De esta manera, al ser la magnitud del siniestro la responsable de las 53 víctimas fatales y no la ausencia de medidas de seguridad por parte de la empresa o las autoridades, ambas procuradurías han coincidio en deslindar de toda culpa tanto a los dueños del Casino Roayle como a los funcionarios públicos implicados en su funcionamiento. Por ende, toda la responsabilidad de este trágico suceso recaerá sobre los 18 sujetos que han sido identificados como los responsables; de los cuales, al menos 16, se encuentran enfrentando un proceso penal.

El motivo y causa del incendio que produjo el resultado de las 52 víctimas fue, sin lugar a dudas, las acciones que llevaron a cabo los 18 sujetos identificados, y de los cuales 16 ya se encuentran actualmente procesados […]. Al intentar resguardarse al interior murieron por asfixia en su mayoría

Sin embargo, no todos están conformes con los resultados del peritaje. Diputados locales del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza han expresado su inconformidad con el veredicto presentado por ambas dependencias. Calificado por los legisladores como “un atentado a la inteligencia de los neoleoneses”, consideran que los resultados no son satisfactorios y resultan indignantes para los familiares de las víctimas, quienes a lo largo de estos ya casi 100 días siguen esperando el castigo de los culpables. No es para menos. Recordemos que en Nuevo León, los legisladores han emprendido una cruzada contra las casas de apuestas tras la cloaca que destaparon los primeros peritajes en torno al Casino Royale. Mismos donde incluso el hermano del alcalde de Monterrey, Jonás Larrazabal, resultó implicado por el delito de extorsión, mismo del que fue “perdonado” por los dueños del Casino Red hace unas semanas.

Imagen: CUARTOSCURO

Según Teresa Ulloa, la cifra de jóvenes secuestras asciende a las 800 víctimas en todo el país, concentrándose la mayoría de los casos en estados donde se vive de manera más cruda la llamada guerra contra el narco. Tan sólo en Caborca, Sonora, los registros de varias organizaciones feministas revelan que se han registrado hasta 400 casos de chicas levantadas. La noticia no es ninguna novedad. Como todos sabemos, la trata de personas se ha convertido en una práctica terrible y súmamente redituable para el crimen organizando; ya sea comerciando con ellas o utilizándolas como “halconas”, sicarias o esclavas sexuales.

Según cifras de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, se calcula que son casi 500 mil las mujeres y niñas que son víctimas de esta práctica, denominada como “la esclavitud del siglo XXI”. En nuestro país, esta práctica ha echado raíces gracias no sólo al clima de impunidad en el que vivimos, sino a que las diferentes legislaturas de los estados y la capital no se encuentran homologadas ni dirigidas hacia la protección de las mujeres y niñas. Algunos de los estados donde —según Teresa Ulloa— sucede con mayor frecuencia esta práctica con: “Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Hidalgo, México, Chiapas y Quintana Roo”.

Muchas de estas chicas son —literalmente— cazadas de camino a la escuela, donde miembros de los distintos grupos criminales escogen a sus víctimas. Por eso Teresa Ulloa y las diferentes organizaciones dedicadas al combate de la trata de personas han exigido a la Cámara de Diputados que apruebe antes del 12 enero la Ley contra la Trata de Personas que no sólo homologue los criterios para detener y sancionar el delito, sino que establezca un presupuesto para que las procuradurías y oficinas especializadas en los estados puedan obrar en contra de este brazo del crimen organizado.

Imagen: La Laguna

A pesar de los intentos de Felipe Calderón por acabar con el crimen organizado, éste último, más que mostrar un debilitamiento, se aprecia más fuerte ante los ojos de la población. Y es que nos han demostrado que no tienen piedad alguna para violentar a la sociedad y sumirla en un estado de pánico. Guadalajara ha estado prácticamente inmune ante los efectos del narcotráfico, salvo algunas excepciones como la muerte de Nacho Coronel y un narcobloqueo que padeció la ciudad a inicios del 2011. Lamentablemente, nuestra ciudad se une a las narconoticias recientes que acontecen en el país. El acecho del narco continúa.

Ahora ha quedado claro que Guadalajara puede ser víctima del narcotráfico, y que la paz que hemos vivido podría verse frustrada en cualquier momento. Resulta que ayer por la mañana, en el cruce de López Mateos y Mariano Otero, dejaron 3 camionetas abandonadas. En estas se encontraron 26 cadáveres de personas que tenían entre 25 y 35 años de edad.

Las personas que dejaron las camionetas huyeron en un taxi —según testigos—. En este caso el impacto no fue tan fuerte como en Veracruz dado que los cuerpos se encontraban dentro de las camionetas; además de que, en el estado jarocho, los cadáveres fueron arrojados a la calle y quedaron a la exposición de todos los automovilistas.

Todavía no se sabe qué cártel es el responsable de tal barbarie. De las personas ultimadas, ocho fueron identificadas, y éstas habían sido reportadas como desaparecidas y la mayoría de ellos son de Guadalajara.

Lamentablemente con esto se muestra que ninguna ciudad puede presumir ser inmune al narcotráfico.

El triunfo del PRI en las pasadas elecciones de Michoacán continúa en entredicho. Al menos para los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. A pesar de que el conteo voto por voto ratificó los resultados emitidos por el PREP, ambas fuerzas políticas mantienen sus dudas respecto a la transparencia de los comicios. Las acusaciones dirigidas al Revolucionario Institucional han dejado de centrarse en un posible fraude; ahora apuntan hacia un pacto con el crimen organizado para coaccionar el voto libre de los habitantes de Michoacán. Motivo por el cual ambos partidos buscarán impugnar las elecciones ante las autoridades correspondientes.

El caso de las elecciones en Michoacán es uno complejo. Debido a la pésima actuación de los candidatos del PAN y PRD —quienes junto a Fausto Vallejo se declararon ganadores tras el cierre de casillas—, se ha vuelto complicado discernir entre lo que podría ser un auténtico motivo de impugnación y un berrinche electorero. Tal y como algunos analistas políticos lo han señalado, el regreso del PRI al poder en Michoacán tiene mucho qué ver con la pésima administración del PRD en la entidad y la popularidad a la baja que enfrenta nuestro mandatario, hermano de la candidata por Acción Nacional.

Sin embargo, la arraigada presencia de cárteles y agrupaciones criminales en el estado, como La Familia y los Caballeros Templarios, no nos permite descartar tan fácilmente la coacción al voto por parte de estas fuerzas criminales. Bástenos con recordar que no hace mucho, los mentados Caballeros Templarios organizaron una “marcha” contra la autoridades federales; o que el cártel de La Familia Michoacana ha sido uno de los más golpeados durante la estrategia de Seguridad bautizada como guerra contra el narco. Por lo pronto, Germán Tena Fernández, dirigente del PAN en dicho estado, presentará el día de hoy un juicio de nulidad.

Reconocemos los resultados del cómputo, pero no vamos a renunciar al derecho de recurrir a los tribunales, y acataremos lo que decidan. (…). En total son 11 agravios que presentaremos con pruebas ante el Tribunal Electoral del Estado y en su momento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A decir del PAN, existen pruebas de que hubo inseguridad durante la jornada y de que el PRI rebasó los topes de gasto con su tarjeta “La Efectiva”, contraparte tricolor a “La Ganadora” que Cocoa Calderón repartió durante actos proselitistas. También acusan la distribución de volantes donde se desprestigiaba a los candidatos de Acción Nacional, así como el comunicado de prensa que apareció un día antes de los comicios en el periódico local AM. Entre las pruebas que mostrarán durante el juicio de impugnación, se encuentran grabaciones —en audio y video— de supuestas amenazas hechas por grupos criminales para obligar a la ciudadanía a votar por el Revolucionario Institucional.

El PRD coincide con el PAN en los motivos para impugnar. Sin embargo, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, titular del Instituto Electoral de Michoacán, niega que se traten de narcoelecciones. Además de reiterar que, hasta el momento, no ha recibido ninguna queja formal al respecto. ¿Pacto con el crimen organizado o berrinche de malos perdedores? Aún es muy pronto para saberlo.sin embargo, ambos escenarios son un pésimo termómetro del clima electoral de cara a los comicios federales de 2012.

Imagen: CNN México