¿Eres propietario de algún comercio en la ciudad de México? ¿Te acaba de llegar un citatorio del Invea? Entonces esto te interesa. El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea) ha reportado la entrega de citatorios falsos en diversos establecimientos mercantiles de la ciudad. Esta nueva forma de extorsión consiste en la entrega de “oficios” donde se llama a comparecer a los dueños o apoderados legales ante una oficina apócrifa del Instituto ubicada en la delegación Cuajimalpa, estipulando fecha y hora para apersonarse. En estos documentos se pide presentar toda la documentación que demuestre el correcto funcionamiento del negocio para no ser acreedor a sanciones económicas o, incluso, penales.

Los citatorios falsos imitan el membrete de los documentos oficiales, llevando los logotipos del Gobierno del Distrito Federal y del Invea, así como la firma y nombre de supuestos encargados, acompañados por sellos que se hacen pasar por los oficiales. Hay que extremar precauciones porque dichos citatorios falsos vienen con la dirección exacta de los inmuebles y el nombre completo del dueño o apoderado legal. El descubrimiento de esta nueva modalidad de extorsión en el DF se realizó en un establecimiento mercantil de la delegación Magadalena Contreras. El Instituto se ha deslindado de toda responsabilidad tras publicar el comunicado de prensa correspondiente.

¿Cómo saber si recibes uno de estos citatorios falsos? El Invea ha dado las siguientes recomendaciones:

• Todos los documentos que entrega el Instituto se realizan a través de personal debidamente uniformado e identificado. Toma nota del nombre y número de identificación del verificador que te está entregando el documento, así como la hora en que lo hace.

• Entra a la página del Invea (www.inveadf.df.gob.mx) y accede al apartado: “Personal Especializado en Funciones de Verificación Administrativa”. Ahí encontrarás un listado con el nombre, número de identificación y fotografía de todo el personal verificador. Puedes buscar a los encargados de atender tu delegación seleccionando el nombre de tu demarcación en el menú de la izquierda. También puedes ver qué rubro verifica cada uno.

• Si no lo encuentras, es posible que quieran hacerte víctima de extorsión. ¡Denuncia! Ponte en contacto con las dependencias encargadas de este caso a través de sus números telefónicos o envíales un correo. Explícales la situación para que ellos tomen cartas en el asunto. Los datos de contacto son:

Correo electrónico: denuncia.invea@df.gob.mx
Teléfonos:
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de la Justicia: 5533-5533
Subdirección de Atención Ciudadana: 4770-7700.

• Es importante que denuncies y prevengas. Piensa que estos vivales tienen tu información y es necesario que caigan. Pudieron haberla tomado de algún estado de cuenta o correspondencia dirigida a tu negocio que lograron interceptar o robar. Asegúrate de que todos los estados de cuenta y facturas de servicio estén llegando. No sólo previenes este tipo de delitos, sino muchos otros.

• Si tú no recibes la documentación, pide al empleado, gerente o encargado de tu negocio que tome estos datos por ti y consulta con él o ella la base de datos de los verificadores del Invea. No está de más aplicar los mismos criterios para otro tipo de citatorios, como los de Hacienda, donde el personal también debe identificarse correctamente.

Ten en mente esta información para toda los citatorios que recibas. Y no olvides comunicársela a otros dueños o apoderados legales. La extorsión de este tipo encuentra terreno fértil en un sistema burocrático tan complejo como el nuestro, donde nos pueden ver la cara de What? fácilmente gracias a nuestro desconocimiento de los mil y un trámites para obtener un persmio. Infórmate, replica la información y protege tu patrimonio.

Imagen: Vanguardia

Tan sólo el día de ayer, dos negocios en la ciudad de Monterrey fueron incendiados por presuntos integrantes de estas organizaciones a manera de represalia contra los dueños por no pagar el derecho de piso, una forma de extorsión que consiste en el pago de un “impuesto” o “seguro de vida” a los criminales para no ser atacados en su patrimonio, personas o familias. Esta práctica, común ya —desde hace tiempo en varios estados— se ha ensañado, especialmente, con las pequeñas y medianas empresas, aunque también es común esta clase de pagos en los mercados populares. Incluso, todo apunta a que el ataque contra el Casino Royale obedece a una represalia contra los dueños del inmuebles.

Según el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, cerca del 90 por ciento de los negocios en la demarcación deben pagar derecho de piso para poder operar. Situación que también es común en al menos otros nueve Estados del país, como Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Morelos, Guerrero, Coahuila y Veracruz, donde la intimidación a través de la violencia se ha convertido en un mal común entre los empresarios. En Mexodus, por ejemplo, se reporta cómo estas actividades han orillado a empresarios a cerrar sus negocios definitivamente o trasladarlos a otras parte del país. O incluso abrirlos del otro lado.

Sectores como la agricultura también se han visto afectados por el cobro de piso. Un ejemplo de ello son la amenazas que han sufrido productores de aguacate hass en el estado de Michoacán, donde los grupos criminales exigen el pago de cuotas que rebasan la mitad de las ganancias que pueden obtener los agricultores. Como es de esperarse, esta práctica también ha afectado a otros sectores relacionados con la industria, como el de los invernaderos, fertilizantes, transportistas, etcétera. Caso similar al de Tamaulipas, donde la zona norte, centro y sur de la entidad ha sido asolada por el cobro de piso para bares, discotecas y comercios. “Nadie se salva”, declararon un grupo de empresarios anónimo.

En la ciudad de Monterrey, hasta ahora uno de los peores escenarios por crímenes contra civiles relacionados con la extorsión y el pago de cuotas —una nueva definición del término ajuste de cuentas—, se calcula la pérdida de aproximadamente cinco mil empleos. Además de que, para no sufrir alguno de estos “castigos ejemplares”, se deben pagar cuotas que van del 20 al 30 por ciento del total de las ventas registradas. De igual manera, cerca del 40 por ciento de los comercios del Centro histórico han tenido que ser cerrados. Siendo los más afectos aquellos orientados hacia el esparcimiento nocturno.

Veracruz, Estado que ha sido manchado de sangre por los asesinatos contra periodistas —aun sin resolución—, también se encuentra entre las entidades con mayor incidencia de estos crímenes. Ya en mayo de este año, empresarios afiliados a las distintas cámaras de comercio, denunciaron que se registraban de tres a cuatro casos de extorsión entre los miembros de los diferentes organismos empresariales. Los más afectados en ese momento eran los comercios dedicados a la venta de ropa y de joyería, quienes denunciaron el acoso de estos grupos ante las autoridades.

Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha tomado conocimiento de los hechos, pues corresponde a las autoridades locales investigar los delitos y dar resolución a los casos. Sin embargo, la presencia del crimen organizado en los distintos gobiernos locales también ha sido evidente. El último caso fue la aprehensión de una “dama templaria” que extorsionaba a galleros desde su oficina en el gobierno de Michoacán.

Indudablemente, este cáncer social que padecemos ha comenzado a sentar raíces en otros órganos fundamentales para nuestra supervivencia como cuerpo social. Las acciones del Gobierno Federal hacia esta clase de delitos no han sido claras y parece motivadas sólo por la presión de la opinión pública que, tras el ataque al Casino Royale, ha vuelto a exigir un cambio de estrategia y no un pacto con las células del crimen organizado. La pregunta queda al aire: si estas células dañinas siguen haciendo metástasis a pesar de la intensa quimioterapia a la que hemos sido expuestos —la cual, también ha mellado nuestro tejido, separándolo— ¿cuál será el tratamiento a implementar para
que el remedio no salga más caro que la enfermedad?

Imagen: Vox Noticias

Hoy, por ser navidad, hubiera querido contarles una historia más alentadora y con final feliz, pero una lectora de Vivir México nos contó lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes.

La familia de Verónica Santiago fue víctima “de un completo abuso de autoridad” el pasado 22 de diciembre. Sus papás y un tío iban camino a la Ciudad de México por la autopista y se detuvieron a cargar gasolina en Santa Cruz Tlapacoya, municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.

Estando en la gasolinera, se les acercaron dos supuestos agentes municipales que sólo portaban un chaleco para identificarse y conducían un vehículo tipo Pointer de color gris con placas 195 RJE. Los agentes le pidieron a los familiares de Verónica que les enseñaran sus documentos. Tenían todos excepto la verificación y, en lugar de multarlos con mil 149 pesos como correspondería, les pidieron que los acompañaran a las oficinas que estaban “a la vuelta”.

En ese momento, una patrulla de Ixtapaluca, la unidad 0232, “se ofreció a escoltar a mi familia para ver que todo estuviera bien”. Los llevaron a una especie de corralón o deshuesadero donde había más personas detenidas. “La patrulla sirvió nada más para intimidar porque todos se conocían”. Otro agente les pidió, respaldándose con los artículos que él tenía en la mano, el equivalente a 100 días de salario mínimo, y les avisó que si denunciaban los hechos “a la contraloría, el carro lo iban a detener por tres días y a sumarle otros 60 días de salario mínimo”.

Finalmente los señores pagaron la multa sin obtener un recibo ni nada que constatara que se hizo el pago. “Fue como una emboscada y … no los dejan hablar entre los multados, tomar fotos” ni obtener los nombres de los agentes. Los papás de nuestra lectora tomaron un par de fotografías (que ilustran esta nota). Como dice ella, eso es casi un secuestro.

¿Mi conclusión? ¡Hay que denunciar! El final de estas historias no puede ser el coraje y la impotencia que provocan, sino la aplicación de la justicia o, por lo menos, cumplir con una responsabilidad ciudadana de reportarlo.

Imágenes: Verónica Santiago.

Que la campaña del Renaut terminara como un completo fracaso era algo que se veía venir desde sus inicios.

Ya mi compañera Jessica Uribe había explicado los motivos por los cuáles esta campaña estaba destinada al fracaso: poca información del paradero de los datos, poca confianza que tenemos en el gobierno, entre las más importantes.

Por lo pronto la Comisión de la Cámara de Diputados a cargo de este registro, pidió que se amplíe 6 meses el plazo de registro debido a que son muy pocos los números que están en orden. Si se aprueba esta prórroga, la próxima fecha de cierre será para el 10 de octubre.

¿Creen ustedes que aún con esta prórroga se logre registrar a todos los celulares del país? Yo lo dudo mucho. Por lo pronto las compañías de telefonía móvil han declarado que les parece muy corto el tiempo de prórroga, pues se sabe que faltan por registrar cerca de 40 millones de números.

Lo cierto es que tanto compañías de telefonía como ciudadanos estamos conscientes de que dicha ley tiene muchas lagunas, lo que se podría prestar para mal obrar con los números y la información que se supone debería ser confidencial.

Imagen: Bud Spencer

Hace ya casi un año les hablamos de la entrada en vigor del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) en el país, el cual consiste en aportar algunos datos personales de identificación del usuario con el objetivo principal de monitorear a quienes cometan ciertos delitos con números celulares, como secuestros o extorsión, sin embargo a pocos días de que venza el plazo para que TODOS los celulares estén registrados aún no se llega ni al 50%.

Uno de los motivos principales, y que nuestros queridos lectores no han dejado saber, es la nula confianza que la ciudadanía tiene en el uso de esos datos además de que a falta de un eficiente sistema de registro se pueden dar datos falsos en la compra de cualquier teléfono o tarjeta SIM.

Otro de los motivos es la pésima campaña que se le hizo a este proyecto, pues muchos ciudadanos no tienen ni idea de como funciona o de como hacerlo.

El mismo, Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF afirmó que la falta de información no ha permitido que los ciudadanos tengan la suficiente confianza pues no entienden de que se trata, además de que es necesario que las autoridades confirmen la efectividad de este registro como un medio válido para reconocer la propiedad de un equipo, pues se habla de que muchas veces se registran con información falsa y en más de una ocasión.

El problema aquí es que para evitar la falta de interés de la gente para registrarse se creó un sistema muy ineficiente, lo que permite que cualquiera que compre un celular o una SIM, registre datos falsos pues no se te pide ni identificación ni una prueba que garantice que esos datos que estás proporcionando son tuyos, una solución propuesta por muchos para eficientar el registro es creando claves únicas o pidiendo a los usuarios que acudan personalmente a los distribuidores a realizarlo con un comprobante de que esos datos son verdaderos, pero obviamente esto sería un obstáculo mucho más grande; a la gente no le gusta perder el tiempo y menos cuando no se ven resultados contundentes.

Lo que se necesita urgentemente es un replanteamiento del por qué existe este registro, de que manera va a beneficiar tanto a la ciudadanía como a las autoridades, empezando por ampliar el plazo de vencimiento pues muchas compañías está por perder miles de usuarios pues recordemos que si tu número no está registrado a más tardar el 10 de abril será suspendido.

Y tú querido lector:

Ayer comentábamos como la canciller mexicana Patricia Espinosa afirma que la violencia en México sólo se concentra en 3 estados. Hoy a primera hora de la mañana la Secretaría de Seguridad Pública Federal anuncia que el delito de extorsión ha aumentado considerablemente en el último año, pues de 60 denuncias registradas en el año 2002, se tienen contabilizadas 50 mil a lo que va del 2009, convirtiéndose en un asunto de prioridad nacional.

Sabemos de ante mano que el 60 por ciento de las denuncias por extorsión se concentran en los tres estados que la canciller señala, pero no por eso deja de ser importante las demás demandas registradas en el país.

¿Quién dice que México no es violento? Creo que en vez de estar haciendo declaraciones para quedar bien con Secretarios de Turismo extranjeros, la canciller debería de trabajar en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública para informar a la prensa y a los mexicanos la realidad sobre seguridad nacional.

Foto: Flickr

La semana pasada Joel Ortega, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, recibió una llamada de intento de extorsión con el supuesto de que había ganado medio millón de pesos.

Hace poco se publicó un registro de los números que han sido utilizados para realizar este tipo de acciones delictivas, asimismo se sabe que esta medida no ha ayudado de mucho pues así como utilizan un número desechan el chip y usan otro nuevo no registrado.

También lanzaron un teléfono para denunciar este tipo de extorsiones dentro de la “Campaña contra la Extorsión Telefónica.”

Hoy en día se sabe que nadie esta exento a estos delitos, el año pasado se supo del intento de extorsión que sufrieron algunos legisladores y ahora el mismo secretario de Seguridad.

Las autoridades tienen que poner fin de raíz a este problema, pues las medidas y programas que han lanzado poco han logrado.

Enlace: Sufre Joel Ortega intento de extorsión telefónica.