Hace poco más de un año, el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova, anunció que el Instituto Politécnico Nacional reportaba avances importantes en el desarrollo de la “vacuna contra la cocaína”. Ayer, el titular actual de la dependencia, Salomón Chertorivski, informó que el gobierno mexicano patentó la primera vacuna contra la heroína, como parte de las acciones que lleva a cabo para combatir y prevenir las adicciones en el país.

En la presentación de la Red de Transferencia de Tecnología para la Atención a las Adicciones (Renadic), Chertorivski explicó que esta medida forma parte de las acciones gubernamentales para brindar tratamientos en lugar de poner en prisión a personas que cometen un delito no grave por primera vez, bajo el influjo de las drogas. Al respecto, anunció que se creo el programa piloto en Nuevo León con la figura “Cortes de Droga”, apoyado por el Departamento de Estado y de la Asociación Nacional de Cortes de Drogas de Estados Unidos.

Destacó que el gobierno mexicano ha trabajado en acciones trascendentes como la operación de 334 Centros Nueva Vida lo cuales, sumados a los Centros de Integración Juvenil, representan la red más importante de atención a las adicciones de toda la región de América Latina.

Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional, presentó formalmente la Renadic, la cual se creó con una inversión de más de 17 millones de dólares provenientes de la —cuestionada— Iniciativa Mérida. Esta red conectará a 32 observatorios, 32 centros estatales, 334 Centros Nueva Vida y al Centro Nacional contra las Adicciones (Conadic), con un sistema de la más alta tecnología que existe en el mundo.

Regresemos a la vacuna —que a pesar de ser “la primera” no es una novedad—, en 1974, Charles R. Schuster descubrió que era posible inmunizar a los monos contra la heroína con un análogo de esta droga, bloqueando sus efectos. Las investigaciones se abandonaron por lo limitado de su efecto y porque aparecieron otras drogas prometedoras, como la metadona. A finales de la década pasada, varios especialistas retomaron los estudios, entre ellos, Donald Landry y sus colegas de la Universidad de Columbia que consiguieron producir anticuerpos que no sólo capturan la cocaína —que actúa diferente a la heroína, la heroína se une al receptor de un neurotransmisor y estimula directamente los canales de refuerzo, la cocaína lo hace indirectamente, prolongando la acción del neurotransmisor, eso hace que sea más difícil inmunizar contra la cocaína que contra la heroína—, sino que además la destruyen, lo que los hace aun más efectivos.

Lo particular de esta vacuna es que elimina los efectos agradables de la droga y deja los desagradables, así que el drogadicto termina por no seguir consumiendo. Pero este asunto de la vacuna tiene implicaciones éticas: ¿es ético privar a los adictos de los efectos agradables de la droga contra la voluntad de la persona? ¿Se justifica vacunar a alguien porque pertenece a un grupo que se estima que esta en riesgo de llegar a ser drogadicto? ¿Los padres pueden tomar esta decisión por sus hijos?

Aunque se anunció la patente de la vacuna, no se dijo cómo funciona, qué implicaciones tiene o cuáles serán los criterios para aplicarla. También sería interesante saber quién o quiénes fueron los creadores de la vacuna, ¿acaso fue el proyecto de Benito Antón, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, que por ahí de 2006 era la promesa más avanzada en México en este campo? Valdría la pena conocer a los verdaderos protagonistas y no al gobierno federal que se adjudica el logro. De esa información no dijo nada, lo que sí dijo fue que esta administración quiere que “la única adicción sea la vida misma”.

Me parece loable que, para variar, el gobierno federal proponga algo que no sea “guerra contra el narcotráfico” o prohibir. Me sigue pareciendo extraña su obsesión con el tema que, si bien, es grave y preocupante, bien podrían atenderse también otros que afectan al país y que no aparecen en el primer lugar de la agenda.

Imagen: Norte Digital

En los últimos diez años, se han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera, otros estudios hablan de una cifra de cerca de 56 millones, eso, en ambos casos, se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Al parecer, los gobiernos panistas decidieron reactivar la principal fuente de riqueza de la Colonia, con pocos avances para las condiciones de los trabajadores y ganancias para el país, pues la mayor parte de las beneficiadas son empresas extranjeras, particularmente trasnacionales canadienses.

La historia minera en México tiene como constante las lamentables condiciones de los mineros, la expropiación a indígenas y campesinos, para usufructo de las empresas; y una legislación que poco ha podido mejorar las condiciones. Si tratamos de dejar las imágenes miserables de indígenas y negros trabajando en las minas en la época colonial, nos topamos con la Huelga de Cananea, movimiento contra la empresa Cananea Consolidated Copper Company (CCCC), propiedad de un coronel estadounidense, evento conocido por ser uno de los principales antecedentes de la Revolución Mexicana.

Sería un alivio pensar que las cosas han cambiado para bien desde entonces, pero entonces se cruza implacable Pasta de Conchos, aquél terrible incidente ocurrido en febrero de 2006, en el que colapsó una mina de carbón en la región de Nueva Rosita, Coahuila, y se abandonaron a 65 mineros en sus entrañas, en un colmo de negligencia. En mayo de 2011, una nueva explosión, esta vez en una mina en Sabinas, Coahuila.

Se podrá replicar que los accidente pasan, que es parte del riesgo laboral. ¿Y es también parte intrínseca de la actividad los sobornos de mineras canadienses a gobernantes —cuyo precio es una “noche romántica” con Niurka—, el “asesinato misterioso” de opositores a las mineras extranjeras, perforar en lugares sagrados de los huicholes? Eso sin contar el impacto ambiental y las condiciones de los trabajadores.

Los panistas hablan de una “época de florecimiento” para la minería, los priístas dicen que no hay que satanizar a las trasnacionales que han obtenido concesiones, los expertos concluyen que no se regulan los derechos a favor de la nación ni de los propietarios de las tierras donde los minerales se encuentran, sino para favorecer a las grandes mineras, problema que se agrava cuando los propietarios son pueblos o comunidades indígenas.

No se trata de un nacionalismo exacerbado por una lectura peregrina del artículo 27 constitucional. Son observaciones hechas con cifras oficiales. De acuerdo con los padrones de la Dirección General de Minas, durante la administración de Vicente Fox se concedieron 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. En lo que va de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, sin contar el número de hectáreas autorizadas en los últimos dos años, no detalladas en el informe. Algunas de las cuales, se entregan sin que cumplan los requisitos que la ley exige.

Y por más que funcionarios y políticos afirmen que a pesar de que los recursos son explotados por extranjeros, los beneficios se quedan en suelo nacional -me pregunto cuántas “cenas con actrices o modelos” han pagado las trasnacionales para lograr tanto apoyo por parte de las últimas administraciones-, las violaciones a los derechos humanos de los mineros están a la orden del día. “¡Ah!”, advertirán los calderonistas, “pero esas son empresas mexicanas, en las trasnacionales los tratan muy bien”. ¿Será?

Imagen: Flickr

Es una pena ver cómo el gobierno federal usa a las etnias de nuestro país como mexican curious, pero no tienen ni dos gramos de madre respeto por su cultura, sus tradiciones y sus lugares sagrados. Es una pena y es indignante lo que está pasando con el pueblo huichol. Hace unos meses México fue sede de los Juegos Panamericanos, cuya mascota fue “Huchui”, un venado que representaba “el arte huichol y la cultura mexicana”, el cual fue un insulto para la etnia al trivializar sus creencias espirituales. Pero trivilizar sus creencias es lo menos que hace el gobierno federal, también les quita de la manera más infame sus lugares sagrados.

Hace poco, se dio a conocer que Felipe Calderón dio la concesión a una empresa canadiense para que iniciara perforaciones en Wirikuta, lugar sagrado del pueblo Wixárika (huichol), el asunto trascendió tanto que tres Premios Nobel y diversos artistas reconocidos de 30 países firmaron una carta para pedirle que cancele las concesiones mineras en Wirikuta, a fin de preservar este sitio sagrado. ¿Calderón hizo caso? No, claro que no.

Lo peor es que ese ni siquiera fue el inicio de su descarado despojo a la etnia, en junio del año pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concesionó para su enajenación casi 100 hectáreas de la denominada Playa del Rey en el municipio de San Blas, en cuyos considerandos olvidaron el pequeñísimo detalle técnico que en esa playa existe un paraje llamado Isla del Rey, un ancestral sitio sagrado para las comunidades wixaricas huicholas, transacción, dicho sea de paso, llena de irregularidades -como todo lo hecho en lo oscurito-.

Esta acción violó el Pacto Huauxa Manaka, firmado por los estados de Nayarit, Durango, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y el Gobierno Federal en abril de 2008, para la preservación de la Cultura Wixárika y la preservación de los sitios sagrados y los centros ceremoniales en varios estados de la República. En ese evento, Calderón tuvo el descaro de portar el traje tradicional de la cultura que supuestamente preservaría y dijo:

Con este documento los gobernadores tradicionales, aquí presentes, y las autoridades civiles, también representadas por los gobernadores de varios estados, así como el Gobierno Federal nos comprometemos a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo Wixárika (cursivas añadidas).

Tengo la impresión de que este señor tiene un serio problema de memoria y necesita que alguien se la refresque… y añadió:

Para que un día estos lugares sagrados para la Cultura Wixárika no sólo sean por esas piedras que simbolizan, precisamente, el origen de esta cultura, sean sagrados también por la dignidad de las personas que aquí habitan y que, acorde con esa dignidad cada quien pueda tener su sustento, su casa, su vestido y su sustento de manera también digna.

Y yo me pregunto, ¿dignidad? ¿dignidad es quitarles sus lugares sagrados -“piedras” para él-, dignidad es despojarlos de lo más importante para su cultura, dignidad es atropellar sus derechos y romper acuerdos firmados? ¡Vaya “dignidad” entendida por el señor Presidente!

Los huicholes tienen un permiso otorgado durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982) para utilizar la ínsula sin ser molestados. A pesar de eso, en 2007 la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango A.C. lograron un “permiso transitorio” de parte de la delegación estatal de la Semarnat para instalar “legalmente” en la Isla del Rey un ‘Ririqui’ (Casa de Dios), especie de templo para uso ceremonial religioso “donde acuden peregrinos del pueblo huichol a orar, realizar matrimonios, bautizos y ofrecer ofrendas a sus dioses”. Ese permiso transitorio tuvo vigencia de un año y ordenó a los huicholes pagar derechos bimestrales por usar ese predio. ¿Será que esa explotación bimestral ya no era suficiente y encontraron a quien les pagara en dólares?

El gobierno de Felipe Calderón se ha convertido en una pesadilla para el pueblo huichol y ha mostrado que no tiene palabra, ni respeto, ni vergüenza. ¿Qué tienen que hacer para que se les respete, para ser noticia nacional y que se haga algo por ellos? ¿Suicidarse? Pero eso sí, no fueran los “lugares sagrados” de los mochos panistas porque seguro se arma la de Dios es Cristo.

Imagen: La voz del Anáhuac

La importancia ambiental, comercial y turística de este lago es incalculable, pero organizar esfuerzos para salvar estos importantes recursos naturales puede ser complicado. En un intento por mejorar las condiciones ambientales del lago, de las zonas adyacentes, y como consecuencias, las de las personas que ahí habitan, el gobierno federal destinará 600 millones de pesos a varios proyectos.

Ante el gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy, el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo y el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, el Presidente Felipe Calderón anunció que se otorgaría esta suma a un proyecto integral que busca aliviar la situación ambiental por la que atraviesa la zona. En un primer momento se implementarán programas para combatir la tala inmoderada e ilegal.

Se pretende que en esta estrategia colaboren todos los que se beneficiarán de ella: funcionarios estatales y municipales del sector ambiental, micro, pequeños y medianos empresarios, y sociedades civiles. Si por “colaborar” se refieren a aportar ideas y perspectivas diferentes, me parece que este proyecto tiene una buena posibilidad de resultar exitoso.

Imagen: Purhepecha

Buena o mala, la Guerra contra el Narcotráfico™ no ha sido vista con buenos ojos por el grueso de la población. La estrategia seguida por nuestro Presidente, Felipe Calderón, ha sido muy cuestionada, al grado en que muchos dudan de que exista alguna. Es por eso que el Vocero de Seguridad, Alejandro Poiré, ha anunciado el lanzamiento de una serie de diez video-webcómics, a lo largo de los cuales se pretenden analizar 10 mitos de la lucha por la seguridad, a fin de aclarar en qué consiste –y en qué no- el combate al narcotráfico comandado por el Gobierno Federal.

El Dr. Poiré habla de estos mitos como “argumentos, opiniones y frases hechas, que, si bien son falsos y carecen de fundamentos, en la realidad se mantienen vigentes […] son mitos que debemos desmentir, porque de esa manera estaremos mucho mejor preparados para acelerar el paso en la construcción de una seguridad auténtica, duradera”. También mencionó que sería un error volver al pasado o tomar una salida falsa.

El primer video-webcómic, lanzado el día de hoy, trata sobre el mito que afirma que “en la lucha del Gobierno Federal por la seguridad no hay estrategia; se emplea sólo la fuerza”. El mito se desmintió concretando que las autoridades establecieron objetivos precisos y claros, los cuales se tradujeron en cinco componentes para lograrlos, como pueden ver en el video:

Dejando a un lado la pobre calidad del video, me parece un esfuerzo desesperado por justificar la situación de inseguridad que aterroriza a los habitantes de nuestro país. Además, el recorrido virtual se contradice en esencia. Me explico. En el blog de la Presidencia, Alejandro Poiré explica que se trata de un ejercicio democrático, con la finalidad de llegar a una discusión productiva que nos beneficie a todos. Sin embargo, los comentarios tanto en el video como en la entrada del blog se encuentran deshabilitados, a manera de silenciar las opiniones del público. Me pareció casi un insulto que digan una cosa e inmediatamente hagan lo contrario, pero bueno, lamentablemente así funcionan muchos aspectos de la política en nuestro país.

Imagen: Youtube

Ayer, domingo 29 de mayo, el Estado mexicano fue llevado a juicio ciudadano. Académicos, intelectuales y activistas sociales —caracterizados por su “buena fama moral”— fungieron como los encargados de conducir este acto cívico en el sentido pleno de la palabra. Con él se buscó determinar la responsabilidad del Gobierno Federal en la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida y otros 70 presentan lesiones de distinto grado. El juicio que —digámoslo de frente: es simbólico— dictaminó al Estado mexicano como culpable y le impuso una serie de sanciones que buscan ponerle fin a la ineficiencia que ha demostrado hasta el momento para impartir justicia.

Los pilares de nuestro Gobierno fueron convocados para ser partícipes del acto: los tres poderes supremos (ejecutivo, legislativo y judicial), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)… y ninguno se presentó. Vamos, ni un becario, ni un Gutierritos despistado, ni nada: sólo sillas vacías que pusieron en evidencia una realidad que día a día vivimos: al Estado ya ni siquiera le importa guardar las apariencias; es más, eventos de este tipo le vienen haciendo lo que el viento a Juárez. ¿Podríamos calificar esta ausencia como una muestra de soberbia? ¿O tan sólo como una insensibilidad política desmesurada (de ésas a las que ya nos tienen acostumbrados)? Y vamos, que no se presentaran los peces gordos era previsible. ¿Pero la ausencia de la CNDH? ¿El organismo que se supone está de nuestra parte y nos cuida de los abusos de quienes nos cuidan?

El juicio ciudadano fue convocado por el Movimiento 5 de Junio, conformado por los padres de niños fallecidos y heridos en este lamentable suceso. Y aunque es el tercero que realizan, éste es el primero en el que llaman al banquillo al Estado. Y ojo, esta no es una de esas acusaciones simplistas al Gobierno, no se está llamando a juicio a ellos por haber prendido fuego directamente a la Guardaría, ni por acciones corruptas emprendidas por gobiernos anteriores. No. Se les está acusando de no realizar su trabajo. Y las condenas que el jurado impuso son ejemplos de acciones paralelas a la cárcel, de acciones con las que se busca impedir que esto vuelva a pasar, pues los daños, de ninguna manera, pueden ser reparados.

El juez, representado por Emilio Álvarez Icaza, dictó la sentencia que deben cumplir el Estado Mexicano:

1.- Modificar el esquema de subrogación de guarderías violatorio de la Constitución
2.- Cada uno de los niveles de gobierno deberá impulsar políticas públicas de protección a los infantes, niños y jóvenes
3.- Observar y proteger los derechos de los niños en la primera infancia
4.- Desahogar con prontitud los juicios a servidores públicos sujetos a proceso y ampliar acción penal según las denuncias
5.- Ofrecer una disculpa pública a las víctimas, familiares y sociedad por agravios derivados del incendio en la Guardería Abc.
6.- Dotar de atención de por vida a infantes afectados por el incendio
7.- Modificar la Ley Símbolos Patrios para declarar el 5 de junio como día de luto nacional
8.- Juan Molinar Horcasitas y a Daniel Karam fueron condenados a un mes de trabajo comunitario por cada niño afectado en la Guardería Abc y a ser inhabilitados por 20 años de cualquier cargo público.

¿Son demandas imposibles? No lo creo… pero para un grupo de sillas vacías creo que será una tarea titánica.

Imagen: Daniel Gershenson @alconsumidor vía @Pájaro Político

Varias de las dependencias del gobierno federal han sido reprobadas por incumplimiento de metas y por no dar información transparente sobre sus actividades durante el sexenio. Así lo menciona Luis Foncerrada director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el cual presentó un estudio Evaluando el desempeño del gobierno federal 2007-2012.

Los resultados no son nada agradables, pues las** Secretarías de Desarrollo Social** (Sedesol) y Reforma Agraria ocupan el último lugar en la lista debido a que no facilitaron información a la encuesta. Mientras tanto, las demás dependencias alcanzan un promedio de 37% a 43% en cuanto a resultados obtenidos, siendo la mayor nota a sacar un 100%.

Una de las preocupaciones del directos del CEESP, es que con miras a las elecciones del 2011 y 2012, las dependencias y los gobiernos tanto federal como estatales, olviden los objetivos trazados al principio de sus gestiones y fijen miras y recursos con el fin de apoyar a sus candidaturas y campañas próximas.

Y tiene mucha razón, pues se nota el trabajo que falta por hacer en todos los niveles de gobierno, y a pesar de que todavía tenemos dos años más de gobierno federal, nos preocupamos más por quién será el próximo mandatario en vez de pedir resultados actuales. No todo es lucha contra el crimen organizado, por lo que hay que exigir y poner nuestra atención en aquellas dependencias que ni están sonando actualmente, como las antes mencionadas o la Secretaría de Economía que tiene una nota de 12.9% sobre 100%.

Finalmente les dejo las calificaciones de todas las Secretarías, donde las únicas que han aprobado —y no de manera muy vistosa— son la Secretaría de Marina y la de Defensa Nacional.

• Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), 0% de 100%
• Secretaría de Reforma Agraria, 0% de 100%
• Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 8.6% de 100%
• Secretaría de Economía (SE), 12.9% de 100%
• Secretaría de Gobernación (Segob), 14.1% de 100%
• Secretaría de Energía (Sener), 23% de 100%
• Secretaría de Turismo (Sectur), 32.7% de 100%
• Secretaría de Función Pública (SFP), 35.5% de 100%
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 38.1% de 100%
• Secretaría de Trabajo (STPS), 39.9% de 100%
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), 40.4% de 100%
• Secretaría de Educación (SEP), 44.9% de 100%
• Secretaría de PRG, 45.3% de 100%
• Secretaría de Salud, 45.7% de 100%
• Semarnat, 47% de 100%
• Sagarpa, 48.1% de 100%
• Secretaría de Hacienda (SHCP), 49% de 100%
• Secretaría de Marina 67.1% de 100%
• Secretaría de Defensa Nacional 70.3% de 100%

Estaría bueno saber las calificaciones que tienen cada estado para saber cuál sería la mejor gestión y con números comprobables. Mientras tanto habrá que rezarle al patrón de la foto para que nos vaya mejor.

Foto: Factoría de Santos

Este jueves, el gobierno federal mostró un comunicado sobre los alcances que ha tenido en su lucha contra el crimen organizado a lo largo del 2010, donde aseguran tener avances significativos presumiendo la captura de casi 30 mil delincuentes.

Destacan dentro de esta lista algunos criminales peligrosos como la Barbie, el Teo y el Grande, además de presumir números en materia de decomiso de armas y drogas así como el combate contra bandas y grupos delictivos dedicadas al secuestro. Estos datos pueden parecer impresionantes pero uno se tiene que preguntar: ¿será suficiente?. Yo creo que no

Lamentablemente estamos en tiempos muy violentos a nivel nacional donde solamente a medio año se habían perdido 30 mil vidas inocentes todo por culpa de esta lucha. Ese sí que no es un número alentador, pues si eso pasó en un periodo de seis meses, seguramente el número se habrá duplicado para finales de este año, lo que da como resultado alrededor de unas 60 mil pérdidas humanas — sin saber si los datos proporcionados por el gobierno son los datos verdaderos.

Estamos hablando de una proporción de dos muertes por cada delincuente arrestado, cuando debería de no haber casi muertes y sí muchos más delincuentes arrestados, a esta perspectiva el número que se veía muy grande ahora se ve ínfimo.

Como se puede ver, este comunicado no es para nada alentador, a esta lucha le quedan más batallas y aunque se agradece el esfuerzo que pueda estar haciendo el gobierno y sus fuerzas por la seguridad de los mexicanos, simplemente no alcanza, el nivel delictivo aumenta con el paso del tiempo así como la cantidad de víctimas a causa de sus actos, por lo que las autoridades deberían de analizar dicha estrategia que de seguridad nacional nada más tiene el nombre.

Foto: Jesús Villaseca Pérez

¿Cansado de los trámites que tienes que hacer cuando vas a una oficina de gobierno? Todos, ¿no crees?. El día de ayer el Gobierno Federal presentó una reforma que propone eliminar 7,311 normas administrativas que dificultan trámites ante el Estado como ventas al gobierno, licitaciones y obras públicas.

En un censo previo se registró que había un total de 34,457 normas. A estas planean eliminarle unas 14 mil antes de terminar el 2010. Ya se habían eliminado 5 mil paulatinamente, por lo que con estas 7 mil sumarían un total de 12 mil, a solo 2 mil de la meta.

En un informe hecho por el Banco Mundial, para abrir una empresa en el 2008 en México se requerían nueve trámites que demorarían unos 27 días; muy contrastante con Australia quienes solo necesitan un trámite que tarda menos de dos días.

Sin embargo, estos cambios solo aplican a trámites directos con el Gobierno Federal; por lo que Calderón invitó a los gobiernos estatales y municipales a que sigan el ejemplo, ya que elimina la burocracia y disminuye los espacios para la corrupción.

Espero que pronto los ciudadanos podamos percibir estos cambios; sería algo que se aplaudible si se implementan correctamente. Pero lamentablemente en muchos casos el problema es la falta de capacitación del personal y funcionarios prepotentes. Eso sí es un poco más difícil de erradicar.

Foto: charolet

Las empresas involucradas habían esgrimido el recurso de reconsideración ante la resolución dictada el pasado mes de febrero, argumentando que sus medidas correspondían a acciones unilaterales basadas en previsiones sobre el comportamiento de los competidores y no favoreciendo prácticas monolópicas, mismo que fue desechado por mayoría de votos por el pleno de la CFC.

La técnica utilizada por las farmacéuticas era la siguiente: la empresa ganadora incrementaba el precio en licitaciones posteriores para dar paso a otro ganador (que a su vez ofrecía una cotización similar a la ofrecida por el ganador de la licitación anterior), ello explicable si hay colusión entre competidores asegurando una secuencia preestablecida de posturas ganadoras y perdedoras, en este caso en perjuicio del IMSS.

A pesar de lo contundente de la resolución, una de las empresas afectadas, Eli Lilly México considera que no están obligadas a pagar ya que la CFC no puede ser juez y parte, e iniciarán un proceso legal “para hacer valer su inocencia”, según declaraciones de su Director general, Carlos Baños. Y a como suelen cocinarse las cosas en este país, no dudemos lo consigan.

Imagen: ep_jhu