El camino del autogobierno no es cosa fácil. Una vez más, hubo tensión en Cherán, la comunidad en la meseta Purépecha de Michoacán que se gobierna por usos y tradiciones -si las autoridades no los representan, tampoco los gobiernan-. Parece que la lucha entre la comunidad de Cherán y los taladores de bosques se basa en “tú secuestras, yo retengo”. El conflicto se dio a conocer ayer en la mañana, cuando habitante de Cherán reportaron el secuestro de once indígenas del lugar, entre los que se encontraban maestros de primaria que fueron interceptados cuando se dirigían a su trabajo en la comunidad de Carapan, enfermos que iban al doctor, un matrimonio de ancianos y mujeres. Los secuestradores fueron presuntos talamontes del rancho El Cerecito, quienes aparentemente fueron apoyados por pistoleros del crimen organizado.

Una vez enterados del plagio, los pobladores de Cherán cerraron todos los accesos, retuvieron camiones de empresas y del estado en la plaza principal, informaron al gobierno estatal, amenazaron con tomar acciones -movilización que incluiría bloquear la carretera Uruapan-Carapan-Zamora como medida de presión y una marcha a la capital del estado el día de hoy-. De igual forma, responsabilizaron al gobierno estatal y federal de las consecuencias físicas y mentales que pudiesen sufrir los secuestrados.

Ágil en su respuesta, como suele ser el gobierno, los funcionarios llegaron a la zona para negociar la libertad de los secuestrados con los talamontes hasta la cinco de la tarde, habiendo sido notificados del conflicto desde las nueve de la mañana. Tras varias horas de negociación, hacia las diez de la noche, se firmaron los acuerdos que permitieron la liberación de los secuestrados y de las unidades retenidas. Los plagiados fueron revisados médicamente para comprobar su estado de salud.

Aunque el conflicto se dio a conocer tras el secuestro de los once habitantes de Cherán, no inició ahí, sino la noche anterior. La versión extraoficial advirtió que ese “tú secuestras, yo retengo” fue el resultado de un enfrentamiento entre comuneros y talamontes, en la zona boscosas de la parte norte del municipio. La versión oficial afirmó que el conflicto inició luego de que habitantes de Cherán detuvieron tres camionetas en donde viajaban habitantes de El Cerecito, hecho en el que resultaron lesionadas dos mujeres.

Sin importar las versiones, es un hecho que el conflicto entre los habitantes de Cherán y los talamontes no tiene visos de resolverse, baste recordar el episodio del 15 de abril del año pasado, cuando la comunidad indígena se atrincheró para defenderse de los talamontes y narcotraficantes que estaban acabando con su bosque. Como es una comunidad con autogobierno, no pueden realizar acciones efectivas que detengan a los talamontes, pero el gobierno si podría -en teoría, si quisiera-, al respecto, un comunero advirtió: “nosotros les hemos informado muchas veces quiénes son los talamontes, dónde están y no han hecho nada”. ¿Alguna vez las autoridades harán algo o se seguirá este “tú secuestras, yo retengo” hasta que en lugar de liberados haya muertos?

Entre los grandes rezagos que tiene el país definitivamente está la educación. Pero profundizando aún más en una temática de por si ya deprimente, aún hay más malas noticias al respecto y es la educación de la población indígena. Ya que de acuerdo al Secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, la tasa de analfabetismo en dicha población es tres veces más alta que la media nacional.

Cuando vemos estos datos no es de extrañar el porque gran parte de las poblaciones indígenas viven en extrema pobreza, no tienen acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población e incluso, en muchas ocasiones, son víctima de abusos y procesos judiciales en los cuales no pudieron defenderse o demostrar su inocencia por no saber español, o por desconocimiento de los procesos y sus derechos.

De acuerdo al Secretario, el 64% de la población indígena de entre 15 y 64 años sólo cuenta con educación básica. Y sólo entre 2 y 3 por ciento cuenta con educación superior. Una cifra bastante desanimadora y que explica la dificultad de estas poblaciones para salir adelante y contar con una mejor calidad de vida.

Sin afán de consolación, Canadá padece también un alto rezago entre sus poblaciones indígenas, como es que el 40% de entre los que tienen de 20 a 24 años no ha completado la escuela secundaria, se señaló en la inauguración de una mesa redonda entre Canadá y México sobre programas de educación superior intercultural e indígena. Sin duda alguna esta es una deuda pendiente en muchos países, pero en México, que nos jactamos de poseer una valiosa historia prehispánica y una gran riqueza cultural deberíamos entonces darle más importancia a la población indígena y no quedarnos sólo en el orgullo vacío.

Foto: OrniCosa

La imagen representativa de la justicia nos dice que es ciega; imparcial. Pero para los indígenas mexicanos no sólo se quita la venda de vez en cuando, también tiende a hablar un idioma desconocido. ¿Han escuchado a algún abogado hablar de su trabajo? Si para el mexicano que tiene como lengua materna el español, el lenguaje jurídico puede ser complicado, ¿cómo será para aquellos que hablan este idioma como segunda lengua?

El Poder Judicial del Estado de Yucatán comenzará a proporcionar traductores para su población maya en caso de que tenga que pasar por cualquier procedimiento jurídico, no sólo un juicio. En el marco del Encuentro Nacional de las Lenguas Maternas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, Marcos Alejandro Celis Quintal, expresó que el poder judicial estatal considerará a los miembros del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) expertos certificados en lenguas indígenas para efectos de cualquier procedimiento judicial que involucre a una persona de origen maya.

De acuerdo a Celis Quintanal, el convenio con el INALI consiste en un paso más para asegurar que los indígenas del estado cuenten con un juicio justo y será una garantía indispensable a cualquier maya que enfrente un procedimiento en su contra:

Sólo puede haber la garantía de un juicio justo si las personas, cuya lengua materna es el maya, cuentan no sólo con un traductor, sino con un intérprete que entiende su cultura e idiosincrasia, que comparte su visión y sus costumbres, y esas son las características de los intérpretes del INALI.

El convenio permite acceso Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI) vía internet por parte del personal del poder judicial estatal y fue firmado por Javier López Sánchez, director general del INALI; Abigail Uc Canché, directora general del INDEMAYA, y por el titular del Poder Judicial, Celis Quintal.

Sería importante que, de mostrar resultados positivos en el mediano plazo esta medida fuese replicada por otros estados, en especial por aquellos con una muy particular incomprensión hacia las culturas indígenas.

Imagen: Maya sin fronteras

Si hay algo que me parece realmente complejo de solucionar es esto ¿Cómo ayudar a las comunidades indígenas, sacarlos de la pobreza, darles oportunidades pero sin masacrar sus costumbres? Tal vez los especialistas en el tema no lo consideren tan complejo, pero para mi como ciudadana si. Y es que la complejidad posiblemente no radique en el qué necesitan, eso las comunidades pueden tenerlo claro, lo complejo es entender por parte de gobierno, organizaciones de ayuda y población en general la forma en que el apoyo debe de darse; la manera en que debe ser proporcionado para que realmente les beneficie, ayude al fortalecimiento de la comunidad y respete sus tradiciones.

En las últimas semanas los rarámuris han estado continuamente en las noticias, por la sequía que están padeciendo, la carencia de alimentos que ésta ha provocado, los rumores de suicidos y el movimiento que a partir de ésto se dio, generando la distribución de ayuda de gobierno y de ciudadanos para poner una curita al problema. Ahora Notimex a través de Milenio informa que el DIF en Ciudad Juárez ha recogido niños de la etnia por considerar que piden “limosna” cuando en realidad lo que ellos hacen es “Korima” (compartir).

“Korima” no quiere decir limosna, sino compartir, ya que la misma palabra significa dar y recibir, los rarámuris tienen la obligación de compartir y por ello todo tarahumara tiene derecho a solicitar ayuda.

Dice Federico Fuentes Moreno, gobernadorcillo y además owirúame o curandero de la comunidad de aproximadamente unas 150 familias tarahumaras que viven en una colonia de Ciudad Juárez al pie del cerro de la Biblia, de acuerdo a la nota.

Cuando recogíamos la cosecha allá en la sierra, entonces nos reuníamos todas las familias y hacíamos la”korima” (…) A veces a una familia se le acaba el maíz y entonces el hombre va y se para a la entrada de un jacal. La gente de esa casa se debe sentir honrada por haber sido escogida para ayudar a un hermano en desgracia”.

María Chavéz Chávez, mujer de  la comunidad, comentó que por no haber trabajo, no hay qué comer y por eso salen a pedir, pero el DIF le quitó a su hermanito Juan. “No lo entiendo” dice ella “¿Qué vamos a hacer? No hay comida y no podemos ir a la ciudad a pedir korima, en la sierra la situación está peor, pero ya no bajan las mujeres porque bajan con niños pero suben solitas, sin niños” denuncia ella. Antonio Pérez Pérez, gobernadorcillo también, está averiguando en las oficinas del DIF, comentan, para que le regresen a sus nietos también recogidos por la institución.

Lo que hace el DIF, para las personas que hemos vivido siempre en ciudad y nuestra forma de vida empata con los procedimientos de las instituciones, ésa práctica se nos hace común. De hecho la institución creada como su nombre lo dice para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene la obligación de proteger sobre todo a los niños que están en la calle pidiendo limosna, en situación de pobreza y por consecuencia en situaciones de abuso. Pero es en estos momentos cuando las “buenas intenciones” y prácticas de programas creados en base a las características de la mayoría de la población, encuentran su punto de quiebre al no considerar las excepciones a la regla y no tomar en cuenta que en nuestro país hay una gran diversidad de culturas, con formas diferentes de concebir el mundo y que deben ser respetadas, sobre todo cuando no agreden a otros ni a ningún otro derecho humano.

Por ahí dicen (dramáticamente pero no por eso falso) que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. No podemos quedarnos satisfechos con el hecho de haber mandado despensas (útiles y de gran ayuda momentaneamente) pero después olvidarnos de la situación como si ya no existiera el problema. Debemos preocuparnos más por solucionarlo de raíz y no estar poniendo curitas. Pues esta es sólo una muestra de un problema tan profundo, de tanto tiempo y tan extenso que no radica solamente en Chihuahua como se expone en esta ocasión, sino a lo largo del país con todas las comunidades indígenas.

¿Cuándo será el momento que logremos tener políticas y programas adecuados para la diversidad de la población, mayorías y minorías? Las comunidades indígenas llevan muchos siglos aceptando y adaptándose a las formas de la mayoría de conducir el país. ¿Cuándo será el momento en que nosotros demos el paso para entenderlos a ellos? Esto es una verdadera prueba de apertura, respeto y empatía, que tenemos que resolver.

Foto: VHGU

Entre las deudas históricas de nuestro país está la del trato digno a indígenas y afromexicanos, a últimas fechas, los migrantes se han sumado a esta deuda. No es gratuito que Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI) sobre México, haya advertido que la discriminación sigue siendo generalizada y constante.

El Comité para la Eliminación de todas las formas de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evalúa la actuación de México en materia de discriminación racial, para ello, tomará en cuenta tanto los reportes enviados por organizaciones no gubernamentales, como el informe presentado por la delegación mexicana.

AI, en su papel de “fiscal”, entregó información al Comité sobre los abusos padecidos por migrantes y pueblos indígenas. El informe es fruto de dos años de investigación y documenta los abusos sistemáticos cometidos por bandas delictivas y funcionarios públicos contra migrantes en situación irregular que atraviesan México, en su mayoría procedentes de Centroamérica. En el informe, AI concluye que decenas de miles de migrantes que viajan por nuestro país habitualmente caen víctimas de extorsión, malos tratos, secuestros, violación, asesinato y reclutamiento forzoso por las bandas delictivas. Con respecto a los indígenas mexicanos, el organismo advierte que la discriminación que aún se practica se traduce en pobreza, marginación extrema, indefensión y falta de acceso absoluto a la justicia.

En respuesta a las acusaciones, Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), expuso los avances y desafíos del Estado en su lucha contra la discriminación. Destacó que en México se da un reconocimiento constitucional a los derechos humanos, se amplía su cobertura y se pone en el centro del primer capítulo a los derechos humanos y sus garantías. Señaló que se elevaron a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país, y que se mejora el marco legal para el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Apuntó además que se estableció la educación en materia de derechos humanos y diversidad cultural en todo el sistema escolar nacional, particularmente en materia de la lucha contra la marginación.

Por su parte, Janitzio Durán, titular de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, consideró que se ha avanzado considerablemente en el acceso a la justicia efectiva de los casi 16 millones de indígenas. Habló sobre el esfuerzo importante que se ha hecho para que la mayoría cuenten con asistencia letrada e interpretes, que no sólo traducen, sino que además conocen sus usos y costumbres. Señaló que entre 2009 y 2011 se excarcelaron más de 3 mil reos indígenas. Y como muestra del compromiso, destacó el incremento de recursos en el presupuesto federal para la atención de esta población.

Esas son las dos caras de la moneda, con sus dos versiones con respecto a la discriminación en nuestro país. ¿Qué piensan los miembros del Comité evaluador? Pastor Murillo Martínez, relator del CERD para México, expresó que a dicho órgano le preocupa las faltas de garantía en el sistema judicial en favor de los pueblos indígenas. Manifestó que otro punto de inquietud es hasta dónde el impacto de la lucha contra el narcotráfico puede ocultar la dimensión de la situación de racismo y la discriminación racial en el país. Alertó en cuanto a lo vulnerables que son los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, que aún siguen siendo invisibles en la sociedad mexicana. Por ello, adelantó que seguramente el CERD instará a México a que profundice sus esfuerzos para evitar que los migrantes sigan siendo objeto de vulneración de sus derechos.

Sí, la discriminación en México sigue siendo una deuda para diversos grupos. Lo sabe AI, lo saben los del CERD, lo saben las autoridades, lo sabemos nosotros y, lo peor, lo saben y lo sufren indígenas y migrantes. Cuando se habla de discriminación, no bastan las recomendaciones de todos los organismos del mundo, ni los programas o dineros que destine el gobierno en turno, se trata de un problema estructural incardinado en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Discriminar es parte subyacente de la identidad, nos reconocemos con los iguales en contraposición de los diferentes y tenemos actitudes discriminatorias todos los días, contra indígenas y migrantes, pero también contra mujeres, ancianos, niños, personas con capacidades diferentes, gordos, feos, chaparros, altos… En discriminación, el que esté libre de pecado… No por ello podemos cruzarnos de brazos. Es necesario que las autoridades sigan las recomendaciones y hagan todo lo que esté a su alcance para subsanar la situación, pero también lo es que nosotros, en nuestro día a día, pensemos más en el otro diferente y seamos un poco más conscientes y respetuosos con los demás.

Imagen: Agua, ríos y pueblos

Hace unas semanas, el gobierno federal y del estado de Chihuahua pidieron perdón a las familias de ciudad Juárez que han perdido a alguna de sus hijas, hermanas, madres o esposas o en la ola de feminicidios que ha azotado a la ciudad fronteriza. El memorial para recordarlas no causó el efecto esperado, indignando a la mayoría de los actores de la sociedad civil. El día de hoy también hemos sido testigos de una disculpa dirigida a Valentina Rosendo, una mujer que, tras ser violada por soldados del ejercito mexicano, emprendió un viaje de casi una década para exigir justicia. Misma que apenas comienza a bosquejarse en su caso. No está de más realizar una cronología de estos nueve años. Sin embargo, vale la pena hacerla a la par de un ejercicio de memoria.

A veces, cuando leemos este tipo de cronologías, saltamos de fecha en fecha y perdemos la consciencia de cuánto tiempo ha transcurrido en realidad. Te propongo un ejercicio sencillo que en muchas organizaciones de la sociedad civil y empresas se utiliza para que nos volvamos plenamente conscientes del paso del tiempo. Toma lápiz y papel —o abre alguna aplicación de notas en tu computadora— y trata de ir ligando el caso de Valentina Rosendo con tu vida personal, escribiendo qué pasaba en tu día en los días, meses o años mencionados. Yo iré poniendo el ejemplo, aunque sólo de vez en cuando para que la lectura no te sea cansada. Te prometo que el resultado será impactante. Empecemos por el 2002, cuando inició todo.

2002

Remontémonos al año de 2002. ¿Qué estabas haciendo en ese entonces? En mi caso, tras dar algunos tumbos como estudiante de veterinaria, decidí iniciar la licenciatura en Psicología.

16 de febrero. Mientras yo estaba tratando de liarme con las primeras teorías de la personalidad, en Caxitepec, estado de Guerrero, Valentina Rosendo —en ese entonces, de 17 años— lavaba ropa en un río cercano a su casa. Dos soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano se acercaron a ella. Tras preguntarle por un supuesto “encapuchado”, la amenazaron, golpearon y violaron.

18 de febrero. Han pasado dos días desde su encuentro con los militares. Valentina acude a la clínica de salud de su comunidad, Caxitepec —ubicada en el municipio de Acatepec, Guerrero—. Como es de esperarse, tras la violación y los golpes que le propinaron, se encuentra en un evidente mal estado. Sin embargo, el médico en turno se niega a atenderla. ¿Por qué? Tal y como sucede en muchas comunidades, el médico encargado tiene miedo de que atenderla conlleve represalias por parte del ejercito.

26 de febrero. A los diez días del ataque, Valentina se dirige al Hospital Central de Ayutla. El cual está más de ocho horas de su casa. Ahí también le niegan el servicio. Y quizá a ti también te haya pasado: no llevaba una cita y, por ende, no pueden prestarle servicio. “Órdenes son órdenes”.

27 de febrero. Tras haber concertado una cita la tarde anterior, Valentina es examinada. Sin embargo —continúan los peros— el médico sólo examina su estómago. Pretexta que, como no hay una médica, no puede practicar los demás exámenes. Ella, seguramente frustrada, regresa a su comunidad; un viaje de más de ocho horas.

3 de marzo. Valentina se lleva una sorpresa. Este domingo, a unos días de haber regresado de Ayutla, 50 soldados del ejercito se aparecen en su casa. Le obligan a señalar a sus agresores. Este día será importante para fechas futuras, pues el gobierno de nuestro país argumentará en contra de Valentina —y las organizaciones que la defienden— que ella no pudo ser capaz de reconocer a sus agresores.

8 de marzo. Valentina acude al Ministerio Público del fuero común en Ayutla de los Libres, Guerrero. Ahí, interpone una denuncia por los hechos sucedidos hace casi un mes.

19 de marzo. El médico legista Enoch Dolores Flores, perteneciente al Distrito Judicial de Morelos, la examina. En el certificado médico ginecológico que extenderá, aparece señalado que aún existen huellas de violencia física. Toma en cuenta que ya han pasado cuatro semanas desde que fue atacada cerca de su casa.

5 de abril. ¿Cuántos meses llevamos envueltos en este embrollo? Prácticamente, dos. Para estas fechas, yo estoy preparando mis entregas finales. Estoy por concluir el primer semestre de mi nueva carrera. El caso de Valentina, mientras tanto, avanza; aunque a paso de tortuga. En este día, la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado le pasa la averiguación previa a la titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de Morelos.

8 de abril. La Procuraduría General de Justicia de Guerrero se declara incompetente, pues el caso corresponde a la justicia militar. Su caso será archivado en 2004 por —y ojo con esto—: “no acreditar la violación sexual”. Es decir, se pasa por alto el certificado médico ginecológico que se emitió el 19 demarzo

6 de junio. Vacaciones. Al menos para mí y todos los que estábamos en la universidad en ese año. Pero en el caso de Valentina no hay tal. Ese día, ella presenta un amparo donde se solicita a las autoridades declinen su competencia, regresando la responsabilidad a las autoridades civiles.

2003

Ha pasado un año. Yo, como muchos, estoy en el segundo mes de mi tercer semestre. Para ese entonces, llevo en mi haber 14 materias de la licenciatura completadas. ¿Y en el caso de Valentina?

11 de febrero. A unos días de que se cumpla un año de la agresión. Valentina ahora interpone en el Juzgado Quinto de Distrito “B” de Amparo en Material Penal en el Distrito Federal un amparo para que su caso tenga continuidad y no quede en el olvido. Sin embargo, más tarde, se lo negarán.

6 de noviembre. Llevo 21 materias completadas. Estoy iniciando el último mes de mi cuarto semestre de licenciatura. Valentina, mientras tanto, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, exponiendo su caso.

10 de noviembre. Tres organizaciones, la del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), el Centro Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandan a la CIDH que el caso de Valentina sea tomado.

2006

Gracias a los “veranos”, tomar más materias y la presión económica, logro graduarme. En julio de este año, recibo mi título y en agosto soy admitido a la maestría en Letras. Comienzo a trabajar como profesor en algunas universidades y como creativo en una gestora cultural. Un buen año para mí. Y uno también de avances para el caso de Valentina.

21 de octubre. ¡Por fin! A casi un año de que las tres organizaciones pidieran se admitiera su caso, la CIDH les notifica que ha sido admitido. Comienzan, de nuevo, los papeleos, entrevistas e investigaciones.

2007

¿Cuánto tiempo ha pasado hasta ahora desde febrero de 2002? Más de cinco años. El tiempo que, en promedio, se requiere para hacer una licenciatura. ¿Qué no ha pasado en estos cinco años? En el caso de Valentina, siendo objetivos, realmente poco.

12 de octubre. Primera audiencia pública ante la CIDH. Un momento difícil. En la sesión, ella debe narrar con lujo de detalles todos los hechos. Desde el ataque, hasta las trabas para, primero, recibir atención médica, y después, que su caso sea investigado. Nuestro País, en su defensa, argumenta que:

• 1 la violación no fue comprobada.
• 2 Valentina no identificó a los militares que la agredieron
• 3 que los soldados no incurrieron en faltas disciplinarias

2009

Llevo tres años trabajando como profesor y estudiando la maestría. Mis primeros amigos de la infancia se casan; mis primeros amigos de la universidad, se divorcian. Han pasado siete años desde el día en que cambié de carrera. Mismos que el caso de Valentina lleva sin ser resuelto.

27 de marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite por fin su informe de fondo donde se acredita la violación sexual. Y más importante aún, se responsabiliza al Estado mexicano como culpable. ¿Por qué? Por no hacer el mínimo esfuerzo en investigar su caso, ni en sancionar a los solados responsables de la agresión sexual.

¿Te suena familiar el 2009? Claro, fue el año de la influenza. Le cayó como anillo al dedo a nuestras autoridades, pues debido a la contingencia sanitaria, se pidió una prórroga para informar los avances del caso. Prórroga señalada al 17 de julio de ese mis año.

4 de mayo. Las organizaciones piden que el caso pase de la Comisión a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CoIDH) para que la presión sea mayor. Su deseo se verá concedido el 31 de julio, cuando la prórroga vence y nuestro gobierno no da señales de vida a la CIDH.

2010

Mi último año en la maestría y, de paso, como docente. Después de vivir nueve años en Puebla, decido regresar al DF y comienzo a trabajar, primero, para una revista, después, para un call center. Mi vida no parecía ir para mejor. Tampoco el caso de Valentina Rosendo, quien lleva ya ocho años atrapada en esta maraña, buscando el camino que la conduzca a la justicia. Ubiquémonos en abril de 2010.

6 de abril. Dos organizaciones involucradas (Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y la OPIM) comienzan una camapaña para visibilizar el caso y hacerlo llegar a la opinión pública. Lleva por nombre: “Rompe el Muro de la Impunidad”.

27 de mayo. Valentina y sus abogados compadecen en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, capital de Costa Rica. Representantes del Estado mexicano están presentes para hacer lo propio.

31 de agosto. La CoIDH emite su sentencia. El Estado mexicano es encontrado culpable de violaciones a:

• la integridad personal
• la dignidad
• la vida privada
• los derechos del niño
• las garantías de acceso a la justicia y a la protección judicial

Todas en perjuicio de Valentina Rosendo. México fue condenado a:

• reformar la legislación militar
• pagar una compensación económica a Valentina Rosendo Cantú y a su hija
• brindarles tratamiento médico y psicológico
• otorgarles becas de estudios.

2011

Ha pasado casi una década. ¿Cuántos años tenías en 2002? ¿Cuántos tienes ahora? Estamos a nada de terminar el 2011 y apenas hoy el gobierno mexicano aceptó su culpa.

15 de diciembre El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y la titular de la PGR, Marisela Morales, se disculparon con Valentina Rosendo a nombre del gobierno.

Hoy el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia, este acto público es prenda de esa convicción y a sabiendas de que parte de su sufrimiento es irreparable, esperamos que para usted, la pequeña Jenny, para todos sus familiares, este acto simbólico contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida. Una vez más, una disculpa, una vez más gracias a todos por estar aquí.

Por su parte, Marisela Morales, anunció que el caso lo atrajo la PGR desde el 20 de septiembre de este año, realizando actualmente una “investigación exhaustiva” mediante un equipo multidisciplinario. Asimismo, se dio a conocer que las becas mencionadas en la sentencia, ya han sido pactadas con Valentina Rosendo y su hija. Alejandro Poiré, durante esta disculpa, calificó a Valentina como una “ejemplar mujer que fue hilvanando una lección para todo México”. Demagogia y retórica a un lado, este calificativo es correcto. ¿A los cuántos años algunos de nosotros habríamos dejado este incidente atrás, tratando de continuar con nuestra vida, a pesar de la indignación, el coraje y los tragos amargos?

Cuando Valentina inició este largo peregrinaje, yo tenía 19 años. Ahora estoy próximo a los 29. Ella ahora tiene 26. Nueve años de su vida se han ido en darnos esta lección que debemos aprender. Especialmente porque en estos momentos, en alguna parte del país, existen otras Valentinas que no han contado con la ayuda de organizaciones, o cuyos casos no han prosperado en cortes internacionales. Un ejemplo de esto es el caso de Inés Fernández, otra mujer indígena que fue violada, amenazada y golpeada en marzo de 2002, y cuyo caso también ha sido llevado a la Corte Internacional de Derechos Humanos por enfrentar los mismo problemas que Valentina Rosendo.

Una reforma a nuestro sistema de procuración de justicia se vislumbra como más que urgente.

Imagen: CUARTOSCURO

Conocidas popularmente como los Indios Verdes, debido al tono verdoso que con el tiempo y la humedad ha cobrado el bronce que las constituye, las esculturas de los gobernantes mexicas Itzcóatl y Ahuizotl han protagonizado un auténtico peregrinaje por la ciudad de México. Hoy, durante el arranque de la campaña para prevenir la discriminación racial en México, El Regreso de los Indios Verdes, estos personajes regresaron a su ubicación original en el cruce del Paseo de la Reforma con Bucareli, abordando el metro en la estación Indios Vedes y descendiendo en su entronque con la línea azul, donde para sorpresa de propios y extraños tomaron las calles con una consigna clara: ¿Sabe México que es racista?

Los resultados de la pasada Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) revelaron que en México la discriminación es el pan nuestro de cada día. Ello a pesar de reconocerse —e incluso autoexaltarse— como una nación multicultural. Caracterizados como los Indios Verdes del escultor Alejandro Casarín, dos actores con el cuerpo recubierto de pintura, realizaron la travesía en metro desde el norte de la ciudad, repartiendo separadores y buscando visibilizar uno de los motivos de discriminación más comunes, pero, al mismo tiempo, más invisible: la discriminación racial. Santiago Corcuera Cabezut, durante un curso impartido a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco de esta campaña, puntualizó que en nuestro país corremos el riesgo de ser “discriminadores de closet”. Es decir, de discriminar de manera inconsciente y no aceptar que lo hacemos.

Olivia Gall, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señaó en el mismo curso que la discriminación racial continúa siendo una de las que más afectan a nuestra sociedad, pues en nuestra cultura aún “persiste la idea de que el color de la piel es un factor que determina la pertenencia a cierta raza o clase social”. No en balde más de la mitad de las mexicanas se describen a sí mismas como de “tez clara”, según reveló la misma ENADIS. Durante la intervención urbana, este para de actores que emularon a los colosos de casi cuatro metros de altura y más de tres toneladas de peso, sostuvieron una pancarta donde se podía leer: ¿Sabe México que es racista?

El peregrinaje de estas esculturas, actualmente asentadas en el Parque del Mestizaje, inició en el Paseo de la Reforma, de donde fueron desplazadas a la Calzada de la Viga. De ahí fueron transportadas al extremo norte de la avenida de los Insurgentes, donde le dieron su nombre a la terminal de la línea verde del metro. Sin embargo, en 2005, tras la inclusión del Metrobús, debieron ser removidas, encontrando su reposo —hasta ahora— en el parque mencionado. Al igual que estas esculturas monumentales, los pueblos indígenas y afromexicanos han sido relegados de la agendas políticas y del reconocimiento social. Al grado de que palabras como indio o negro son tomadas como insulto, o de que no son reconocidos como ciudadanos mexicano, en el caso de los afrodescendientes.

Imagen: Conapred

La diversidad cultural es sinónimo de riqueza. Pero también de conflictos. Especialmente cuando de creencias religiosas se trata. Indígenas wixárica —para nosotros conocidos como la etnia huichol— han manifestado su descontento hacia una de las mascotas de los Juegos Panamericanos por considerar que trivializa sus creencias espirituales. Irónicamente, se trata de “Huchui”, caricatura de un venado que representa al “arte huichol y la cultura mexicana” según su plica de identidad gráfica. Los representantes de esta etnia la han considerado como una falta de respeto por tratarse de la representación de una importante figura sagrada dentro de su cosmogonía: el ciervo, que junto al maíz, las águilas y el peyote conforman sus cuatro deidades principales.

Para nosotros puede resultarnos difícil comprender su molestia. Estamos acostumbrado a que los diferentes iconos de la variadas religiones que existen en nuestro país se comercien. Sin embargo, habría más de una persona molesta si hubieran vuelto mascota de los Juegos Panamericanos a la Virgen de Guadalupe, tal y como a judíos, mahometanos, budistas y ateos nos incomoda que tilden a nuestro país como una nación exclusivamente católica. De igual forma, los representantes de la étnica huichol han vuelto a manifestar su descontento a que se les considere piezas vivientes de folclor, marginados a los carteles y folletos turísticos de nuestro país. Su descontento no es con los Juegos Panamericanos, al contrario. Lo que les molesta es que se les tome como un estandarte nacional, pero no se les permita la vida “fuera del museo”:

De ninguna manera estamos en contra de los juegos panamericanos, pero sí nos parece una falta de respeto que nos vean a los indígenas como un folclor y encima, también convirtieron en una imagen caricaturesca a un ser venerado por nosotros.

Un doble juego al que ya nos hemos acostumbrado. Nos enorgullecen nuestras “raíces prehispánicas”, pero no estamos interesados en un acercamiento directo a los problemas que viven sus herederos directos. Para muestra basta un botón: como parte de la “limpia social” que el munícipe de Guadalajara propuso hace unos meses, consideró a los indígenas un blanco a barrer del centro tapatío; a pesar, incluso, de que la venta de artesanías es uno de los ingresos más fuertes de esta comunidad. De hecho, los levantamientos violentos contra los comerciantes del Callejón del Diablo (a un lado del Teatro Degollado) han sido frecuentes. Sin embargo, hace poco, se dieron a conocer los uniformes de la delegación mexicana que están decorados “con motivos huicholes” y de otras etnias de nuestro país.

Diversas organizaciones propusieron soluciones a la “limpia social” del centro de Guadalajara; alternativas donde en lugar de marginar, se integrara a las poblaciones “incómodas” para el gobierno. Sin embargo, con todos los problemas, dimes, diretes y opacidades que están formando parte de la organización de la “fiesta de América”, poco tiempo han tenido las autoridades para integrar en vez de segregar.

Imagen: Sitio Oficial de las mascotas de los Juegos Panamericanos

La comunidad de migrantes hispanos asentados en los Estados Unidos ha alcanzado avances insospechados en los últimos años. Sin embargo, aún existen sectores que, debido a su escaso dominio no sólo del inglés, sino también del español, se encuentran indefensos ante los ataques cometidos por otras minorías raciales y los abusos de elementos de la policía norteamericana. Éste es el caso de los integrantes de la etnia Triqui, quienes han emigrado desde sus comunidades en la mixteca oaxaqueña hacia el norte del estado de Nueva York.

Su desconocimiento tanto del inglés como del español, aunado a su estatus de migrantes ilegales, los han marginado de la vida pública, volviéndolos un objetivo fácil para ser víctimas de delitos como el robo a mano armada. Incapaces de comunicarse, también han desarrollado desconfianza a la policía, quienes están más interesados en saber su condición migratoria que en prestarles atención a la hora de denunciar un delito. Faustino de Jesús Ramírez, presidente de la organización “Sueños de los triquis del estado de Oaxaca”, ha denunciado a diversos medios que los ataques contra los triquis se han vuelto más constantes.

Ahora nos atacan una o dos veces por mes, mientras que hace un año la frecuencia de los ataques era como de uno cada dos meses

Asentada en la ciudad de Albany, la comunidad de triquis ha experimentado también el abuso de autoridad por parte de la policía cuando se presentan a denunciar. “No hemos recibido ayuda. Al contrario, nos preguntan si somos ilegales o indocumentados. Eso nos asusta más”. Asimismo, debido a que todo el dinero que ganan es enviado a sus familias en Oaxaca —y el mencionado temor a ser deportados— también evitan ir a clínicas u hospitales para ser atendidos después de un ataque. La mayoría perpetrados por integrantes de la comunidad negra, quienes a su vez continúan viviendo en condiciones de rezago y marginación.

Los morenos saben que los triquis son cortos de estatura y que tienen miedo, por eso creen que nos pueden asaltar con facilidad

La comunidad de triquis está asentada principalmente en Saratoga Springs, Schenectady y Albany. Según datos de la organización, está conformada por entre 300 y 400 personas, de las cuales ninguna tiene al español como su lengua materna y muy pocas dominan el inglés. Asimismo, Faustino de Jesús Ramírez también denunció que todos han sido víctimas de estos ataques violentos. Incluso él mismo, que fue víctima de un asalto donde con un martillo le hicieron daño. La reticencia hacia la denuncia proviene en gran parte del caso de Marcos De Jesús Álvarez, un hombre triqui que fue asesinado por dos policías norteamericanos.

Marcos de Jesús Álvarez se desempeñaba como agricultor. Hablaba poco español y desconocía en su totalidad el inglés. La noche en que fue asesinado, caminaba cerca del aeropuerto de Albany, cuando fue detenido por dos policías. Estos le pidieron que se deteniera, sin embargo, él se dio a la huida —seguramente atemorizado por no entender—, provocando que lo mataran a tiros. Marcos de Jesús había sido deportado en ocasiones anteriores, llegando a pagar hasta 3 mil dólares a un coyote para que lo ayudara a cruzar la frontera.

La desconfianza de estas comunidades se extiende incluso a las autoridades mexicanas, antes quienes también muestras reticencia.

Imagen: Fundación Tinunjei

Los abusos por parte de las autoridades continúan en las cárceles chiapanecas. Esta vez, a los del penal de San Cristobal de la Casas se les suman los de Catazajá que van no sólo contra los reos, sino contras sus familiares, quienes son expuestos a tratos humillantes de índole sexual durante las visitas. Las y los afectados declararon que antes de pasar al interior del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) en Playas de Catazajá, Chiapas, los obligan a desnudarse totalmente para después hacer sentadillas. Y cito la denuncia que el centro Fray Bartolomé de las Casas ha interpuesto:

A partir de la fecha que asumió el cargo, David Montero Montero ordenó una revisión drástica exageradamente abusiva para todas nuestras visitas, principalmente para las mujeres —llámense esposas, madres, hermanas, abuelas e hijas— a quienes les exigen quitarse toda la ropa, incluyendo las ropas íntimas (brassier y pantaletas) de una manera morbosa por las custodias; y una vez desnudas, las hacen hacer sentadillas, les levantan los senos para revisar debajo de ellos; por si fuera poco, las obligan a que se abran los labios vaginales y los glúteos (nalgas).

Por si esto fuera poco, se han suspendido también las visitas conyugales y se les retiran los alimentos que llevan para el momento de convivencia con sus familiares, los cuales, como suscriben en el documento, son traídos “con esfuerzo” debido a su condición económica. Las decenas de familiares que denunciaron estos hechos responsabilizan al director del penal David Montero Montero, de quien dice tiene “un historial nada bueno”.

Las familias aducen que cuando se han quejado de los tratos que violan sus Derechos Humanos, las autoridades del CERSS afirman que se tratan de “órdenes superiores”, dictadas desde la oficina del secretario de Seguridad y Proteccion Ciudadana, general mayor de caballería Rogelio Hernández de la Mata, a quien le dirigieron un comunicado pidiendo su intervención en este caso, donde también están involucrados el personal de custodia y el caide del penal, David Arias Jiménez. En la misiva que enviaron al secretario, los inconformes con estos tratos humillantes afirman que el personal del penal ha tratado de disuadirlos, argumentando “que hagamos lo que hagamos no nos van hacer caso, ya que dice tener muchas influencias”.

Según el mismo documento, David Montero Montero cuenta con un elevado número de denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que han sido difundidas por los distintos medios de comunicación de la entidad. Por ello piden que se abra una investigación en su contra, así como su destitución. En esta cárcel, como en otras del estado, se encuentran personas de quienes se presume su inocencia y encarcelamiento injustificado. Tal de es el caso de los cinco indígenas miembros de la Otra Compaña que fueron encarcelados el 3 de febrero de este año; Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo García Gómez y Domingo Pérez Álvaro. A ellos se las ha considerado presos políticos pues según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa, su inocencia ha sido probada.

A ellos se les tiene encarcelados por oponerse a los planes del gobierno estatal de implementar un programa turístico en la región de las cascadas de Agua Azul. El número de detenidos por esta oposición fue en un principio de 117, sin embargo, la mayoría salió libre al poco tiempo, excepto estos cinco miembros de la comunidad que aún permanecen encerrados. Desde febrero han ocurrido movilziaciones y campañas internacionales para exigir su liberación. Se piensa que los malos tratos que reciben prisioneros y familiares son consecuencia de estas acciones para liberarlos.

Imagen: SDP Noticias