Mañana se reinician las clases y siete municipios se suman al Programa de Escuela Segura (PES). Recordemos que Felipe Calderón inauguró este programa en febrero de 2007, con el objetivo de buscar soluciones a la violencia, delincuencia y adicciones en el entorno escolar. La pregunta es si en vísperas de que termine su administración, las encontró.

Veamos, en diciembre de 2008, la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentó una evaluación del diseño del Programa Nacional Escuela Segura y reprobó. De 34 aspectos a considerar, sacaron 21 taches -es decir, respuestas negativas al tópico que se analizaba-, 4 palomitas y 9 “recomendaciones”. La sugerencia fue “vuelve a hacer la tarea”.

¿Y la hicieron? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en 2009 el programa atendía a 150 municipios y en este 2012 se implementará en 358; es decir, en sólo este periodo, la cobertura creció 138 por ciento, dejando lejos el incremento presupuestal que sólo creció un 67.9 por ciento -para este año no les tocará un centavo más del asignado el año pasado-.

El malogrado programa ¿ha servido? Unos dicen que sí, gracias al programa, en un municipio de Sonora, se detuvieron a tres menores por grafitear un jardín de niños; otros dicen que si no se perciben resultados inmediatos es porque se trata de un programa a largo plazo y que sólo se podrá evaluar su efectividad con las futuras generaciones -cabe mencionar que uno de los taches de la evaluación al programa era que no contemplaba el asunto de cambio de administración federal-; encuestas nacionales indican que la percepción de inseguridad en las escuelas creció 5.9 por ciento.

En un estudio que atiende a la parte cualitativa del programa, realizado en Cuernavaca, Morelos, y presentado en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa, advirtieron que a 12 escuelas inscritas en el programa desde el principio, no les habían llegado los recursos -casi dos años después-, ni se habían dado cursos al personal docente al respecto, vaya, los directivos de las escuelas ni siquiera sabían cómo funcionaba.

Al parecer, el programa se la ha pasado “en obra negra”, a pesar de los esfuerzo del gobierno federal. Hay balaceras en las inmediaciones de los institutos, a tal grado que en los manuales de seguridad escolar se agregaron las normas de seguridad básica a seguir durante un enfrentamiento armando, junto con las indicaciones en caso de sismo o incendio. Y no hay que olvidar el caso de Acapulco, Guerrero, en donde más de 100 escuelas tuvieron que cerrar por amenazas de extorsión.

¿Qué queda de esos días en los que inseguridad en el entorno escolar era la supuesta venta de calcomanías rascahuele que contenían droga o el acoso de exhibicionistas a menores? Ahora de lo que hay que cuidarse es de no recibir una bala perdida en medio de la guerra contra el narcotráfico.

Imagen: Milenio

Turismo cinegético se define como el desplazamiento momentáneo de personas a cierto lugar a fin de practicar la caza deportiva. Quienes practican este deporte gastan en promedio entre mil y mil 500 dólares para una estancia de 3 días, por lo que es una actividad bastante lucrativa para las regiones donde se lleva a cabo. En lo que algunos pueden considerar una buena noticia en vista del cuidado de los animales –aunque económicamente no lo es—, a lo largo de los últimos tres años el turismo cinegético en Tamaulipas ha caído en un 70% lo que se traduce en pérdidas de, por lo menos, 11 millones 250 mil dólares.

El desplome de esta actividad en la Entidad tamaulipeca es causado por la situación de inseguridad que se vive en el Estado y, según informa el vicepresidente de Fronteras de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de Tamaulipas (Fecanaco), Julio César Almanza Armas, los cazadores de venado cola blanca ahora frecuentan ranchos de Texas, Estados Unidos, en lugar de los de nuestro país.

En 2008, esta actividad dejó una derrama económica por 16 millones 500 mil dólares, mientras que para esta temporada que tendrá lugar entre el próximo 25 de noviembre y el 30 de enero, se espera que ascienda apenas a 5 millones 250 mil dólares. Por otro lado, en 2008 fueron solicitados cerca de 11 mil permisos de caza al Gobierno de Tamaulipas, mientras que el año pasado la cifra registrada fue de tan solo unos 3 mil 500 y se espera algo similar para la próxima.

La situación de inseguridad que se vive en el país es muy grave, pero particularmente en Tamaulipas es bastante crítica. Recordaremos que en la lista de 19 ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo figuran tres de la Entidad al noreste de México. El turismo cinegético es tan solo uno de tantos aspectos de la vida cotidiana que se han visto corrompidos por esta situación que lamentablemente parece no tener fin.

Imagen: México Armado

El 21 de septiembre, la ONU celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz, y a pesar de que en México contamos con un premio Nobel, las cosas van de mal en peor. México ha caído 14 lugares dentro del Índice Global de la Paz (IGP), calculado por el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Sydney, Australia; nuestro país ahora se ubica en el puesto 121 de la lista que incluye 153 países.

El Índice Global de Paz se calcula en cuanto a conflictos internos, externos, seguridad y militarización. Entre los indicadores que más afectaron a nuestro país se encuentran: acceso generalizado de armas, nivel de violencia en los crímenes, número de homicidios por cada 100 mil habitantes, falta de respeto a los derechos humanos y la percepción de la sociedad hacia el crimen.

El alarmante lugar 121 coloca a México como uno de los cuatro países más conflictivos en Latinoamérica. Lo preocupante es que nuestro logar nos lo hemos ganado, pues según cifras del INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de seguridad, durante el 2010 se cometieron 22 millones de delitos, lo que se traduce en cerca de 60 mil personas afectadas diariamente.

Económicamente, las pérdidas ascienden a 210 mil millones de pesos, pero el principal problema radica en la pérdida de la seguridad y confianza en las autoridades, pues 92% de los delitos no fueron denunciados, y no suena nada descabellado pensar que del 8% restante la mayoría lo hizo por obligación, más que por la esperanza de que se hiciera justicia o recuperar lo que les fue robado.

En 2011 las cosas tampoco marchan del todo bien, con decenas de muertos diariamente en el territorio nacional o casos como el del Casino Royale en Monterrey, al grado que la sociedad civil parece buscar una salida en la creación de grupos paralimitares. Lo que es cierto es que México no pasa por su mejor momento, pero creo que cuando nos demos cuenta de que tampoco todo está mal, tendremos un punto de partida para comenzar con los retos que conlleva mejorar los aspectos que sí lo están.

Imagen: Códigos Guanajuato

A principios de 2010, la situación de inseguridad en Monterrey generaba una situación de impotencia a causa de la violencia desmedida y la poca respuesta por parte de las autoridades. El sentimiento generalizado era “¿cuándo va a terminar esto?” e incluso los habitantes organizaron una marcha silenciosa para protestar y proponer al Gobierno Estatal. Un año después, la situación no mejoró mucho, sino todo lo contrario. En 2011 la cifra de menores detenidos en el primer semestre registró una alza histórica del 462% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras que entre enero y junio de 2010 la Policía Regia remitió por delitos y faltas administrativas a 286 menores, este año el número aumentó a mil 606 detenidos. Y, ¿qué pasa con estos menores? Lamentablemente, nada. De los 3 mil 576 menores presentados el año pasado ante el Ministerio Público por cometer un delito, 90 por ciento fueron puestos en libertad.

Cuando la Policía Regia detiene a un mayor de edad, se hace la distinción entre si cometió algún delito o fue remitido por una falta administrativa, pero con los menores no se hace así; por lo tanto, no es posible determinar la gravedad de los hechos por los que fueron detenidos los mil 606 menores entre enero y junio del año en curso. No obstante, se sabe que la policía municipal no interviene en asuntos relacionados con el crimen organizado, por lo que seguramente un gran porcentaje de ellos estarán relacionados con robos en cualquiera de sus modalidades.

Cifras como esta motivan la discusión en el Estado sobre la posible reducción de la edad penal para casos de delitos graves o relacionados con el crimen organizado; lo cual tiene cierta lógica: “si tiene edad para cargar una metralleta, también la tendrá para pasar un tiempo en la cárcel”. Sin embargo, probablemente sería una mejor opción invertir en educación; pero prevenir siempre es más difícil que tomar medidas que ofrezcan una aparente solución temporal.

Lo que está claro es que todos debemos pagar por las consecuencias de nuestros actos, sin importar nuestra edad. El resto de la población tampoco puede vivir en una ciudad donde un chico que debería estar en clases te roba tu coche a las 11 de la mañana, o te saca una pistola y te hace desprenderte de tus posesiones. Lamentablemente, mientras se mantenga la impunidad, se podría decir que el crimen sí paga.

Imagen: San José Hoy

El Gobierno de Nuevo León ya no sabe qué inventar. La Agencia Estatal del Transporte exigirá a todos los concesionarios de taxis instalar al menos un botón de pánico en cada una de sus unidades, esto a fin de evitar que los taxis sean utilizados en actividades delictivas. Asimismo, se buscará que estos cuenten con un sistema de localización satelital –GPS, por sus siglas en inglés– y un sistema de apagado remoto.

Se creará un padrón de empresas autorizadas para que los concesionarios de taxis elijan a su proveedor de estos nuevos servicios exigidos por la Agencia Estatal de Transporte. Las empresas que conformen el padrón deberán contar con una central de monitoreo para cada unidad, el registro de los choferes y la notificación a las autoridades en caso de incidentes. También deberán brindar la ubicación, dirección y velocidad de las unidades cada dos minutos, al menos un botón de pánico dentro de ellas y comunicación de voz bidireccional con el centro de monitoreo.

¿Por qué esto está mal? En pocas palabras, porque el cuidado de la seguridad debería ser trabajo de las autoridades, no de una empresa externa que presta un servicio; además, la atención a casos de emergencia elevaría mucho las tarifas –de por sí altas–. Por si fuera poco, muchos taxis ya cuentan con GPS, pero esto no ha ayudado a reducir el número de unidades pirata a causa de la incompetencia de las autoridades para afrontar el problema de robo de vehículos. La medida también resulta incongruente, pues deberían comenzar por lo más básico —y necesario—: verificar los registros de los taxis en circulación y retirar de las calles las unidades pirata.

El Gobierno de Nuevo León debería dejar a un lado este tipo de disposiciones que únicamente sirven para simular que se hace algo por luchar contra la inseguridad, pero que lejos de presentar resultados, terminan siendo medidas que atentan contra el pueblo. Por cierto, otra de ellas, la de multas para los conductores que traen polarizados los vidrios de sus vehículos entró en vigor el día de hoy, con sanciones que ascienden hasta los 4 069 pesos. En caso de ser sancionado, el conductor tiene 15 días para demostrar que se retiró el empapelado y que se cancele su infracción.

Imagen: Machacado regio

Una gran cantidad de personas evitamos salir por las noches para no exponernos a ser una víctima más de la inseguridad. El miedo se ha apoderado de la población y no es para menos, pues secuestros, robos, asesinatos y demás están a la orden del día. A pesar de todo, Jorge Domene, vocero Estatal de Seguridad, aseguró que la inseguridad nocturna es cuestión de percepción de los habitantes, pues las estadísticas indican que la inseguridad es mayor durante las tardes.

Las declaraciones de Domene son en respuesta a que muchosnegocios en Monterrey y su área metropolitana se impusieron una especie de toque de queda, a fin de cerrar más temprano. Personal de taquerías, farmacias y tiendas de autoservicio mencionan que modifican sus horarios tanto para evitar ser víctimas de la delincuencia, como por la marcada disminución de clientes en horario nocturno. Asimismo, cifras de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey indican que las ventas de estos establecimientos han caído en un 25 por ciento respecto a años anteriores.

El argumento del vocero de seguridad es que, según las cifras de incidencia delictiva, es más probable ser víctima de la inseguridad durante el día que después de las 22 horas. No dudo que esto sea verdad, sin embargo, me parece que la declaración de Domene parte de una malinterpretación de los datos. Si la incidencia delictiva es menor durante la noche me parece más lógico pensar que es por el hecho de que hay considerablemente menos personas en las calles, a que la ciudad es más segura.

A los habitantes no nos queda más que sobrellevar la situación y tomar las precauciones posibles, ya que no podemos dejar nuestras vidas. A pesar de la crisis de seguridad, tenemos que seguir yendo a trabajar, a la escuela, alguna salida recreativa, etc., aunque esto represente exponer constantemente nuestra integridad en un Estado que mes con mes bate el récord de robo de automóviles. Si la autoridad va a combatir la inseguridad con medidas infructuosas, al menos debería evitar faltarnos al respeto y no decirnos que es “cuestión de percepción”. La inseguridad está en las calles, no en nuestras mentes.

Imagen: GoodReads

La labor de policía en México no es fácil, percibiendo –en la mayoría de los casos– el salario mínimo a cambio de arriesgar la vida en el combate al crimen organizado que envuelve al país. Los estereotipos de policías oscilan entre los extremos: pasamos del agente honrado, que da la vida por cumplir de mejor manera su trabajo; al corrupto, ese que guarda una relación con el crimen organizado y que lejos de proteger, siembra miedo entre la población.

Un ejemplo del segundo estereotipo que menciono ocurrió la madrugada del domingo pasado en el Café Iguana, en el centro de Monterrey. Después de que elementos del crimen organizado ejecutaran a cuatro personas afuera del bar, policías del sector evitaban llegar a la zona del crimen a fin de permitir que los criminales se llevaran los cadáveres.

Una situación prácticamente igual a la anterior tuvo lugar en el operativo en que se encontró el cadáver de un conductor de televisión local, conocido como “La Gata”. En aquella ocasión, los efectivos policiales que resguardaban el cadáver comenzaron a pedir a los medios de comunicación que se retiraran, pues un grupo delictivo iba a levantar nuevamente el cuerpo del occiso. Aquella vez la noticia sonaba indignante, pero al parecer el mal accionar de los miembros de la policía es un elemento recurrente en nuestro país cuando se trata de combatir al narcotráfico.

Considero que es parte de su trabajo hacerle frente a estas situaciones, existen procedimientos como cerrar calles aledañas o simplemente resguardar la zona, en lugar de esperar cobardemente a un par de cuadras de distancia. Por otro lado, de enfrentarse directamente con los criminales, los policías no tendrían oportunidad, debido a que cargan con armas de mucho menor poder; sería casi como cavar su propia tumba, dejando a un lado a sus familias.

Sin embargo, si los oficiales no pueden cumplir con su labor, ¿cuál es el lugar que ocupan? Recoger casquillos y limpiar la sangre en escenas de crimen lo puede hacer perfectamente el personal de servicios primarios. Actualmente el trabajo de policía se encuentra en una situación crítica y, lamentablemente para la población, me parece que el estereotipo de policía honrado suena cada vez más idealista.´

Imagen: MassMarrier

En teoría, cuando alguien ingresa a un Centro de Readaptación Social (CERESO) es un castigo por cometer un acto ilícito donde, al mismo tiempo, se busca rehabilitar a las personas para que vuelvan a la sociedad, pero esta vez respetando las normas que la rigen; lamentablemente no siempre es así, muchas veces estos centros no cumplen con su función. Tal es el caso del ubicado en Chihuahua, en donde autoridades federales y estatales desmantelaron un bar que operaba dentro de la prisión.

Carlos González Estrada, vocero de la Fiscalía General del Estado, detalló que durante el cateo que duró cuatro horas se aseguraron bebidas alcohólicas, entre ellas 200 botes de cerveza y algunas botellas de vodka y tequila; además de armas de fuego, celulares y droga, 180 dosis de marihuana y 90 grapas de heroína. Asimismo, el bar operaba con aparatos electrodomésticos obviamente no permitidos dentro del penal y hasta mesas de billar.

González Estrada agregó que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad inició una investigación a fin de aplicar las sanciones pertinentes en el lugar; un proceso que me parece meramente burocrático, pues si hay un bar dentro de un reclusorio claramente todos conocen la situación y sería sencillo deslindar responasbilidades. El problema de la corrupción en nuestro país a veces llega a niveles en que ya no sabemos si reír o llorar.

Resulta indignante que la autoridad de un Centro de Readaptación Social permita que los presos cuenten con algo así dentro del reclusorio, que incluso sean lo suficientemente cínicos como para meter mesas de billar. Es una vergüenza que nuestros impuestos sirvan para alimentar un lugar así, en donde lejos de buscar el bien para la sociedad, sus autoridades permiten que los reos sigan con sus descarriados estilos de vida. Ojalá que después de este operativo se mantenga el orden dentro del CERESO de Chihuahua, y que en los del resto del país sí se cumplan los reglamentos, aunque en primera instancia parece poco probable.

Imagen: Varadinum

A raíz la guerra contra el narcotráfico que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón se han desatado otras actividades ilícitas, además de enfrentamientos armados, todo tipo de conflictos derivados de la inseguridad y la corrupción. Uno de ellos es el incremento en el robo de acero dentro del país, pues productores denunciaron que, tan solo durante el primer trimestre del año en curso, grupos armados les han robado 17 mil 500 toneladas de material.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), Raúl Gutiérrez, se mostró preocupado de que la cifra vaya en aumento respecto al año pasado, durante el cual los robos fueron entre 45 y 50 mil toneladas, a lo largo de los doce meses. Gutiérrez mencionó que los Estados en donde este delito se presenta en mayor cantidad son Nuevo León, el Estado de México y Guanajuato; siendo la chatarra, el alambrón, la varilla, la lámina, la placa y la tubería los productos más robados.

Además, la mayoría de los asaltos ocurren durante el transporte de la carga, ya sea que este se realice por carretera o por ferrocarril. El presidente de la Canacero explicó que se están tomando medidas, como la implementación de sistemas de rastreo (GPS) en todos los camiones de carga, sin embargo se mostró impotente, pues como los robos se dan principalmente fuera de las plantas, no hay mucho que ellos puedan hacer, además de que los camiones generalemente son recuperados.

Los productores de acero tienen razón, no hay mucho que ellos puedan hacer para evitar este problema, al que han calificado de ‘incontrolable’. El Gobierno es el encargado de garantizar la seguridad en las carreteras, y al parecer no está cumpliendo bien con su trabajo. Los robos están aumentando tanto en variedad como en violencia, lo que nos habla de un problema de trasfondo aún mayor: la gente que opera en la ilegalidad está fuera de control, superando a una autoridad que se queda sin ideas.

Imagen: Cuida Caídas

La semana pasada dentro de Vivir México, se daba la noticia de dos asesinatos con tintes homófobos en nuestro país. Uno perpetrado en la entidad poblana y el otro en el estado de Guerrero. Particularmente el crimen cometido en Guerrero ha hecho muchísimo eco en la entidad y dentro del colectivo homosexual, pues se trata de la muerte del activista y director del CEPRODEHI del estado, Quetzalcótal Leija. Quien fuera brutalmente asesinado prácticamente en el zócalo de Chilpancingo.

Poco tiempo tuvo que pasar para que la respuesta de la sociedad homosexual alzara la voz dentro de las redes sociales para difundir la noticia, llegando a organizar una recolección firmas para exigir justicia y esclarecimiento de hechos en la entidad guerrerense.

Y así se han añadido activistas y organizaciones de diferentes estados a la causa. En Pachuca por ejemplo, dedicaron la X Semana Cultural de la Diversidad Sexual a su nombre, en algunos otras entidades como Colima o Oaxaca lamentaron el hecho urgiendo a la comunidad gay a ejercer una mayor presión a las autoridades federales para endurecer los castigos por crímenes de odio en nuestro país. Además, varias personas salieron a marchar en compañía de miles de mexicanos en la ya sonada Marcha Nacional contra la Inseguridad. Y ¿cuál ha sido la respuesta?, lamentablemente la misma que siempre en este tipo de crímenes: NULA. Qué podemos esperar de un gobierno que hace oídos sordos incluso para otorgar seguridad social, un derecho considerado básico entre los habitantes de nuestro país.

Pero a pesar de que no se ha dado respuesta ante el suceso, más que la de afirmar que en Guerrero no hay un asesino serial contra homosexuales —¡uff que alivio!—, parece que el crimen del activista ha sido la gota que derramó el vaso dentro del estado. Hace poco el periodista Carlos Loret realizó y acusó una investigación sobre el gabinete actual en el estado comandado por el gobernador Ángel Aguirre y su casta de trece personas, entre los que figuran sus hermanos, sobrinos y hasta su hijo —y así dicen combatir la corrupción—.

Además de ese peculiar detalle, se han dado cifras sobre la cantidad de crímenes de odio contra homosexuales registrados en nuestro país, la cual asciende a más de 600 en 14 años. Lo curioso es que dentro del estado de Guerrero sólo se ha denunciado un caso en tres años —recuerden, datos oficiales—, sin tomar en cuenta el del activista. Cuando él mismo, denunció 16 crímenes de este tipo sin recibir ninguna respuesta. Entonces, ¿Qué podemos deducir de esto? pues que se han ocultado datos durante éste y el sexenio anterior o tal vez que a la gente le está dando más miedo denunciar para evitar represalias o burlas en vez de exigir justicia y no sólo en Guerrero sino en partes del territorio nacional.

Yo no se ustedes pero a mí me parece lamentable todo el asunto, ya lo he dicho antes y no me voy a cansar de decirlo. Se que en México se ha avanzado en materia legal y en el papel, pero en la práctica estamos muy pero muy lejos de lo que dictan las leyes. Estamos a una semana del día internacional contra la homofobia y me he enterado de más noticias negativas que a favor de la aceptación de la comunidad homosexual. Así como el lamentable deceso del activista ayudo a destapar un caso de corrupción muy grande, espero que el hecho ayude a reflexionar a todos —homosexuales y heterosexuales— sobre el camino que debemos llevar para mejorar como comunidad y sobretodo como un grupo de personas e individuos inmersos en la sociedad. El colectivo LGBT también es víctima de la inseguridad y exige un respeto, por un México sin Violencia también nosotros alcemos la voz, sí Calderón, nosotros también lo hacemos y lo exigimos.

Descanse en paz Quetzalcóatl Leija, uno de los activistas más reconocidos de Guerrero.