Son 17 los estados de la república que incluyeron en su constitución local la “protección de la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural.” Entre ellos se encuentran Guanajuato y Puebla. El caso de Guanajuato es conocido (y ampliamente debatido en Vivir México), se trata de un gobierno que no ha tipificado el delito de aborto, pero que encarcela mujeres por “asesinato con agravante de parentesco” y luego se lava las manos declarando que en ese estado no hay mujeres pagando pena de prisión por aborto.

El caso de Puebla es un poco diferente. En su código penal se establece que la pena por aborto ilegal es de cinco años. Es decir que, al igual que en el resto de la república, el aborto no está penado cuando sea causado por imprudencia de la mujer, cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando la vida de la madre esté en riesgo y cuando el feto tenga malformaciones genéticas. Sin embargo, por falta de entendimiento de la ley o por simple convicción personal, los doctores se niegan a practicar abortos legales y denuncian a cualquiera que lo haga o lo reciba.

Sin embargo por su cercanía con la Ciudad de México, donde el aborto es legal por cualquier causa, muchas mujeres poblanas optan por practicarse una interrupción legal del embarazo (ILE) en dicha ciudad. De hecho, Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional de abortos practicados de manera legal en el Distrito Federal con 72 abortos entre abril de 2007 y marzo de 2009. Es por ello que en años pasados no han sido muchos los casos de abortos penados en el estado, hasta el año pasado, cuando se realizaron aproximadamente 90 demandas a mujeres por abortos ilegales.

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP), son pocos los casos en los que las inculpadas piden ayuda para iniciar un juicio de amparo. Y aún así, dicha institución no ha iniciado dichos procesos en mucho tiempo por considerar que en realidad no se violan los derechos fundamentales de la mujer al ser encarcelada por aborto. Esta postura es hasta cierto punto comprensible. Después de todo, si al aborto está tipificado como delito en el Código Penal del estado, sería ilegal que los jueces y ministros no dictaran auto de formal prisión a cualquier persona encontrada culpable por esta causa. Pero si a las leyes nos queremos atener, ahí tenemos el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga derechos reproductivos a la mujer. Y al no informar a la mujer de la situación jurídica del aborto en el estado, no proporcionar servicios de salud y prevención adecuados e imposibilitar la práctica de abortos legales, el estado de Puebla pudiera estar violentando dicho artículo.

El caso que llamó la atención de medios a la situación del aborto en Puebla es el de María de la Paz, mujer de 23 años con un embarazo de riesgo. Solicitó un aborto legal en Puebla sin saber que podía realizarse uno en el DF, pero le fue negado a pesar de que tres doctores ya habían calificado su estado de “sumamente riesgoso”. Ella tiene dos hijos menores de dos años y, aunque preferiría no tener que abortar, es consciente de que podría dejar huérfanos a sus dos hijos mayores y al nuevo bebé, por lo cual optó por un aborto. La solicitud fue negada y ahora María de la Paz tiene cinco meses de embarazo.

Esta situación, aunque lamentable, sirve para renovar el debate sobre la legalidad del aborto en Puebla, una entidad más famosa por los escándalos de sus políticos que por el avance en materia de equidad y derechos reproductivos.

Foto: Las telas de araña de mi trastero

El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, presentó ante el Congreso local una propuesta para reducir la pena por aborto homicidio en grado de parentesco en el estado. Tras meses de intensa campaña por parte de diferentes organizaciones civiles y grupos jurídicos para liberar a las mujeres presas por abortos espontáneos, lograron que al menos los gobernantes aceptaran que la pena por este delito es demasiado alta.

Sin embargo reducir la pena por homicidio en grado de parentesco pudiera no ser la medida adecuada. En Guanajuato se utiliza este término sólo para que el gobierno estatal pueda jactarse de que no hay mujeres presas por aborto. Pero si se insiste en condenar la terminación del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, entonces que mínimo lo hagan bien. Tipificar el delito de aborto en el código penal estatal haría más rápidos los procesos en contra de estas mujeres, pero también haría más fácil una campaña a favor de la despenalización del mismo… claro, en un futuro muy lejano en el que en Guanajuato no se privilegie a la religión sobre la Constitución.

Además, al mantener la pena de 25 por el delito de homicidio en grado de parentesco se asegura que aquellos padres que cometan ese delito en contra de sus hijos (en un principio deseados) paguen una condena justa en prisión.

Esta propuesta se debatirá en pleno el día de hoy, pero se adelanta que la bancada panista, mayoritaria en el congreso, apoya plenamente la propuesta del gobernador. De ser aprobada, esta reforma debería aplicarse de manera retroactiva en beneficio de María Araceli Camargo, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón y Susana Dueñas, presas por lo que hasta ahora se demostró que fueron abortos espontáneos. Estas seis mujeres podrían ser liberadas muy pronto.

Una de cal por 40 millones 573 mil 250 de arena. El aborto seguirá siendo ilegal en Guanajuato.

Foto: Correo

En pocos meses, Aguascalientes podría unirse a la corta lista de estados que han aprobado la despenalización del aborto. La actual diputada local y precandidata perredista a la gubernatura estatal, Nora Ruvalcaba Gamez, presentó una propuesta de reforma ante la oficialía de partes de la Legislatura.

La reforma, bastante similar a la aprobada en el Distrito Federal, propone modificar dos marcos legales: la Ley de Salud y el Código Penal Estatal. De ser aprobada en su totalidad, dicha reforma redefiniría la concepción de aborto y el carácter legal de los fetos menores a 12 semanas de gestación.

Ruvalcaba justificó su propuesta basándose en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona el derecho a la salud y a decidir libre e informadamente el número de hijos que se quiere tener.

Por su parte el obispo de la Diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre, recordó a los legisladores su compromiso de hacer cumplir la ley, en especial el artículo 14 de la Constitución, el cual “es muy claro al señalar que nadie podrá ser privado de la vida.” El artículo 14 menciona que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y defiende el derecho a la propiedad privada y a la libertad.

Otros opositores a la reforma como los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), planean no sólo votar en contra de la propuesta, sino anular las disposiciones que permiten el aborto en casos de violación o malformaciones del producto.

El voto de unidad priísta será elemental para aprobar o rechazar por completo esta propuesta en junio de este año, cuando sea discutida en pleno. El PRI cuenta con 14 de 27 curules en el Congreso local mientras que el PAN tiene 9 y Ruvalcaba es la única diputada perredista.

Foto: Milenio/Notimex

Ya anteriormente habíamos platicado como en diferentes estados se ha prohibido el aborto de una manera u otra, pero hoy el estado de Hidalgo comienza a legislar en torno a él.

Hay una gran probabilidad de que los legisladores de ésa entidad se sumen a los otros 16 estados que ya han reformado su Constitución para proteger la vida desde la concepción y enunciarse en contra del aborto como una decisión de la mujer.

Pero, aún con este panorama de amenza, un grupo de mujeres entregó al Congreso un oficio donde se les pide a sus legisladores respetar la decisión y los derechos de la mujer y no legislar para prohibir la interrupción del embarazo.

Este documento cuenta con las firmas y respaldo de investigadoras y protectoras de los derechos de la mujer, pues son ellas las que ante la amenaza de dejar sin esperanza a las mujeres más pobres del país para acceder a un aborto legal y sin consecuencias en su salud, están preocupadas por la decisión que en su legislatura se tomará.

Las mujeres que entregaron dicho documento, dicen que si se legisla para prohibirlo, habrá consecuencias en las urnas para los que no defendieron los derechos de la mujer, pues ante una inminente renovación de los poderes en el estado, esta ley podría ser el motivo para cambiar el partido mayoritario.

Es bueno resaltar que en este estado hay 4 formas de permitir un aborto: por malformaciones, cuando la madre se encuentra en peligro de muerte, por violación y accidente. Pero dados los huecos legales que hay en nuestra constitución, se registran varios casos de mujeres presas que ingresaron al penal por “infanticidio” al practicarse un aborto.

Ya estaremos informando en que termina esta nueva propuesta de los Legisladores de Hidalgo.

Imagen: TuTuWon

El domingo les comentábamos que la Iglesia Católica pide ser escuchada en temas sociales que particularmente tienen que ver con el derecho a la vida; aunque sabemos también se declaran en contra o favor de temas políticos, como podría ser candidaturas de ciertos personajes y suelen tomar más partido del que deberían.

Algunos de nuestros lectores opinan que la Iglesia no debería de tener voz en temas políticos y que nuestros gobernantes antes de escuchar lo que el clero quiere, debería de saber lo que el pueblo desea.

Pues parece ser que nuestros diputados piensan más o menos igual que algunos de nuestros lectores: creen que la Iglesia no debería de inmiscuirse en temas “sociales” que terminan siendo posiciones políticas con tintes de apoyo electoral hacia alguna persona u organización.

Además, opinan que la Iglesia de México tiene una visión sesgada, politizada y mal informada respecto a los temas sociales en los que quieren participar, pues generalmente apoyan propuestas que vulneran a los sectores sociales más inocentes y que suelen ser una minoría.

Personalmente creo que la Iglesia de México no debe tomar una posición en ninguna política, sí podría opinar, pero de éso a pedir que los escuchen para legislar, hay una gran diferencia.

Enlace: Diputados rechazan que la Iglesia Intervenga | Foto: Flickr

Finalmente después de meses de campañas mediáticas, argumentos y una clara polémica en un país que presume ser católico, la SCJN ha declarado la legalidad del aborto en el Distrito Federal siempre y cuando se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación, rechazando tajantemente el argumento de inconstucionalidad presentado con anterioridad por la PGR y la CNDH.

Un triunfo de la razón sobre la ceguera moral sin duda, el problema radica en que muchas mujeres (sobre todo menores de 20 años) comienzan a ver el aborto como un método anticonceptivo, algo que no solo es un error sino también representa riesgos para su salud al practicarlo de manera reiterada, obviamente debido a una pésima cultura sexual real más allá del comercial de preservativos en turno.

Si bien la cifra de muertes por problemas en abortos clandestinos es prácticamente nula en el Distrito Federal, los números de abortos realizados en el D.F. suenan alarmantes (alrededor de 4,500 abortos desde que se despenalizó) aunque todavía no sé si en un país de 100,000,000 de habitantes sea una cifra elevada.

En fin, un paso hacia una sociedad lógica y civilizada, aunque en lo personal a mí no me agrada el aborto, seguramente esta decisión de la SCJN abre las puertas a que más entidades lo legalicen (de hecho deja en mano de los congresos locales la legislación al respecto), el problema es que la moral y el populismo van a pesar más que la razón en muchas de estas.