Al más puro estilo de James Bond, se desató un escándalo en la Cámara de Diputados por presuntos actos de espionaje. Tras la detección de “aparatos” de intervención telefónica, la paranoia embargó a los legisladores, mandando revisar oficinas, clausurando áreas y, obviamente, interponiendo la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.

La información en los medios es mucha y fragmentada, así que aquí nos dimos a la tarea de tratar de hacer la reconstrucción, de acuerdo con lo vertido en algunos de ellos -siguiendo con el espíritu detectivesco que amerita la ocasión-:

• Guadalupe Acosta Naranjo, Diputado Federal por Nayarit y ex presidente interino del PRD, fue electo presidente de la Mesa Directiva -cuyo predecesor en el cargo es el priísta Emilio Chuayffet, dato interesante por mero sospechosismo-. Al tomar la oficina correspondiente a su nueva posición, pidió que revisaran las líneas para garantizar condiciones de seguridad. Otros dicen “solicitó un barrido”, “revisión de rutina”, “revisión de seguridad”, etc.

Primeras dudas: ¿si es una “revisión de rutina” por qué no habían detectado los aparatos anteriormente -la antigüedad se verá más adelante-? ¿El señor diputado es sumamente cuidadoso y pide expresamente que revisen las líneas cada vez que toma una oficina? ¿Se trató de un caso de serendipia?

• Las versiones de lo que encontraron varian de acuerdo al medio. La Crónica dice: “Entre las pruebas entregadas a la dependencia están aparatos que supuestamente sirven para intervenir y escanear llamadas telefónicas, así como transcripciones de charlas y otros documentos cibernéticos”. El mismo medio en otra nota indica “se detectaron este tipo de aparatos de intervención telefónica y de videograbación”. El Universal fue más conservador, sólo dijo: “se detectaron aparatos de espionaje -grabadoras-“. Grupo Fórmula, en una entrevista a Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, hecha por Ricardo Rocha, advierte: “haber encontrado varios aparatos y equipos en distintas oficinas”. También Grupo Fórmula, en otra entrada, señala: “la existencia de los aparatos que se presumen son de intervención telefónica”. Hasta aquí paramos el muestreo de medios para evitar saturación.

Exactamente ¿qué encontraron? Todos coinciden en “aparatos”, pero ¿qué tipo de aparatos? Si se dan cuenta, no se especifica. Se podrá aducir que esto es así por la secrecía obvia que se ha pedido en la investigación. Pero no deja de llamar la atención que ni se dice con precisión qué encontraron, ni hay igualdad en los reportes. Hablan también de “transcripciones y documentos”, de “videograbación”, de “grabadoras”, incluso “micrófonos” -en otra versión no citada líneas arriba-. Vaya, uno se puede poner a lucubrar lo que se nos dé la gana. Yo me imaginé algo así como los aparatos que salen en CSI.

• ¿Qué se indujo a partir del hallazgo? Además de la obvia respuesta de “espionaje”, los “aparatos” se convirtieron en “evidencia robusta” de que el referido espionaje se hacía desde hace tiempo. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Porque, de acuerdo con información de este órgano de gobierno, algunos equipos tenían una antigüedad de tres años y otros fueron renovados los últimos meses -si esto es así, descartamos a Chuayffet como la mente maestra detrás del revuelo porque entonces a él también le tocó-.

¿Esa conclusión de dónde salió? Seguro expertos fueron los que determinaron la antigüedad de los equipos, porque no me imagino a los señores diputados en papel de Sherlock Holmes, revisando con lupa los equipos y sacando conclusiones al respecto -pero eso también es un ejercicio especulativo, tal vez nuestros diputados son expertos en tecnología de espionaje-.

• ¿Qué pasó tras el hallazgo? En la entrevista citada líneas arriba se afirma:

“…después se procedió a hacer una revisión en la Junta de Coordinación Política y ocurrió lo mismo, se revisó la oficina mía, la de la Coordinación de los diputados federales, se encontraron algunos micrófonos y así sucesivamente fueron apareciendo más aparatos que ahora lo que dejan es por lo menos información de que son varias las oficinas que tienen o enfrentan esta actividad clandestina”.

• Es decir, el espionaje era general, no era para algún partido en específico, ni una comisión en particular. ¿Qué más hicieron? En El Universal se reportó la clausura de 25 puertas y áreas que daban acceso a los servidores de telefonía e internet, y agregan: “cuyos sellos fueron rotos por un funcionario de San Lázaro que fue despedido” -inserte música de suspenso-. Un medio mucho menos conocido, llamado Puente libre reporta: “el Departamento de Telefonía en el basamento del edificio A de San Lázaro se clausuró con sellos de protección, donde personal de Seguridad y Resguardo Parlamentario vigila dichas oficinas. Asimismo la bodega que se encuentra junto a dichas oficinas y los conmutadores telefónicos están clausurados y vigilados por ese mismo personal de seguridad. Varias oficinas de los legisladores federales, entre ellas la de la diputada del PRI, Carolina Viggiano, tienen sellos de clausura”.

La situación no era para menos, la revisión y clausura de espacios era una medida lógica a tomar después de hallar estos “aparatos”. El detalle de que un funcionario haya roto los sellos ya empieza a señalar posible involucrados. Seguramente las medidas de seguridad se incrementaron y pasaron lista a todos los empleados, particularmente a los responsables de que estos hechos no sucedan, habrá que empezar a depurar para saber dónde está el topo.

• Ahora sí, ya con los “aparatos” en la mano, a las 12:25 horas del martes 24, la Dirección Jurídica del órgano legislativo presentó la denuncia ante la PGR, dependencia que abrió la averiguación previa AP/PGR/ UEIDCSPCAJ/037/2012, por el ilícito de intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial competente, ilícito que prevé sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa -o sea, una nadería si consideramos costo-beneficio de quienes hayan sido los presuntos implicados, y con lo dados que son en este país a fabricar culpables, los responsables están del otro lado (¡Hola, Jorge Hank!)-.
  La procuradora Marisela Morales Ibáñez se comprometió a realizar una investigación imparcial, profunda y eficaz. El área que inició las diligencias fue la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, a cargo de Víctor Miguel Guerra Enríquez, y dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF).

Aquí brinca de inmediato la frase “sin mandato de la autoridad judicial competente”. O sea que si era orden directa del de arriba, se aguantan. Claro que el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), -mejor conocidos como orejas- ya se lavó las manos negando que hayan sido ellos. Aunque no faltó el priísta, en este caso, Jorge Romero, diputado por Hidalgo, que levantó su dedito índice acusando al Gobierno Federal -¿acaso conocedor y nostálgico de estas prácticas priístas que en su calidad de mito urbano, todos sabemos y todos callamos?-.

Entonces ¿a quién le echamos la culpa? Después de todo, no debe ser tarea fácil entrar al recinto legislativo armado de “aparatos”, con los cuerpos de seguridad que verifican el acceso y la red de cámaras instaladas -salvo que seas personaje de acción en alguna película gringa o… (inserte música de suspenso)-. Algunos legisladores empiezan a barajar las posibilidades: adversarios políticos, gobierno, crimen organizado -un elefante que confiese que es conejo, el chupacabras (mejor conocido como Salinas), James Bond, el mayordomo con la lámpara en la biblioteca, etc.-.

Si no tienen cola que les pisen -ajá-, ¿a qué le tienen tanto miedo, qué información ultrasecreta y confidencial corre por los pasillos y líneas telefónicas de San Lázaro? De acuerdo con Armando Ríos, también coordinador de los diputados del PRD, lo que les preocupa es que la información generada sea utilizada para obtener algún tipo de beneficio económico, es decir, temen que los quieran chantajear. Pero, como bien advierte el panista Arturo García -sí, esta vez le doy la razón, pero poquito-, ¿no se supone que los temas legislativos son públicos?

Desde luego, sentirse vulnerados y saber que conocen santo y seña de lo que han dicho -¡y vayan a saber qué tanto dijeron los legisladores y demás trabajadores del órgano colegiado!- los debe poner muy paranoicos e indignados, por algo existe el derecho a la privacidad, pero seguro más de uno tiene algo qué esconder -y se están mordiendo las uñas y tomando su Tafil-, ¿temerán que nos enteremos cómo cocinan en lo oscurito las iniciativas, de los cabildeos, de cómo les dan línea, que sepamos que son el congreso más perezoso del mundo? Descuiden, eso ya lo sabemos. Aunque si eso es lo público, ¿cómo estará lo privado?

Y usted, estimado lector, ¿quién cree que fue el responsable? ¿Qué cree que oculten nuestros legisladores? ¿En cuánto tiempo creen que se identifiquen a los culpables? Las apuestas están abiertas.

Imagen: Fondos de cine

Ya lo sabemos, no es nada nuevo, es el motivo principal por el que los mexicanos estamos tan decepcionados de la clase política de nuestro país y cuando nuevamente en los periódicos nos restriegan con cifras el vergonzoso congreso que tenemos, la indignación nos vuelve a hacer un hoyo en el estómago del coraje. En esta ocasión fue la revista londinense The Economist la que publica un artículo sobre la legislatura del no hacer nada de México.

De acuerdo al artículo nuestros legisladores mexicanos se sientan (y sí, se “sientan”, no podemos garantizar que el verbo sea “trabajan”) sólo 195 días al año, la menor cantidad entre los países más grandes de América Latina pero sus salarios de 11.200 dólares mensuales son los más altos después de Brasil.

Reporta que después de las fiestas navideñas, algunos de ellos no regresaron de vacaciones hace dos semanas, como debía ser, extendiéndolas hasta febrero. ”Cuando votan lo hacen más para bloquear a los rivales que para aprobar reformas” señala el artículo y critica su incapacidad para formar coaliciones al estar casados con sus partidos.

“… desde que la mayoría de un solo partido terminó en 1997. Ningún presidente ha tenido una mayoría legislativa desde entonces”. Algo que en teoría debería de ser bueno para evitar que se haga sólo lo que un partido dicta, los otros hagan contrapeso y se logren mejores reformas y más equitativas para la pluralidad del país. Pero parece que este es el país en que las teorías encuentran su punto de quiebre pues lo único que hemos tenido como resultado son sexenios con contadas reformas y de las que logran pasar, son muy pobres en cuanto a los cambios que establecen.

Lo más triste de esto a mi parecer es que no se vislumbra un panorama mejor, al menos a corto plazo. Tendremos elecciones este 2012 pero ningún partido muestra cambios de mentalidad y de actitud que nos hagan pensar que el próximo sexenio será diferente (gane quien gane). Tampoco me gusta caer en absoluto pesimismo y la actitud de “no hay forma de hacer nada”, pero sí he de aceptar que nos pinta difícil. Parece que los ciudadanos tendremos no como tarea, como manda (si es que sí queremos ver una diferencia) organizarnos mejor y presionar de formas más fuertes para que los políticos realmente actúen como lo que son: servidores públicos elegidos por nosotros y para trabajar por nosotros, no por sus intereses particulares y de partido.

Acusar a los diversos medios de comunicación de fomentar prácticas discriminatorias no es nada nuevo, y en algunos casos está totalmente fundamentado, ¡hasta hay anti premios para aquellos que lo hagan! Pero acusar a un canal de fomentar la violencia es harina de otro costal, sobre todo cuando se trata de un canal abierto que próximamente podrá ser sintonizado en toda la república: Canal Once.

El canal del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue acusado por diputados panistas en San Lázaro de fomentar la violencia. De ser ciertas estas acusaciones, Canal Once estaría actuando en contra de lo acordado en la última edición de Diálogos por la Seguridad. En los Diálogos, diferentes medios de comunicación acordaron con el presidente Felipe Calderón hacer lo posible para que sus contenidos dejaran de hacer apología a la violencia y el crimen organizado.

Sin embargo los diputados se referían a otro tipo de violencia, esa que no está en la agenda de seguridad pública: la violencia contra los animales. A los diputados panistas les pareció que al transmitir el programa “Toros y Toreros” Canal Once fomenta una cultura de maltrato y violencia hacia los animales. Esto no representaría ningún problema, de no ser porque Canal Once está fuertemente subsidiado por fondos federales, como recordó el legislador michoacano Agustín Torres Ibarrola:

El canal Once, por ser del Estado, tiene la obligación de cuidar la calidad de su programación, debe seguir una línea de promoción de buenos valores y acciones, como es la educación sobre el medio ambiente.

Pero eso no es todo. Cómo evidentemente el maltrato animal aún no ocupa los primeros lugares en la agenda nacional, los diputados expresaron que al acostumbrarse los niños a ver la violencia como algo tan cotidiano eran más propensos a desarrollar actitudes agresivas en un futuro. Traducción: se harán sicarios en un par de años.

En lo personal no me gustan las corridas de toros, pero no soy lo suficientemente hipócrita como para descalificar una actividad considerada por muchos como un arte o deporte alegando que es cruel contra los animales mientras me como una hamburguesa doble. Además, no he visto el programa, pero considerando que es transmitido por Canal Once no dudo que su contenido sea de calidad ni que cuente con los más altos estándares que la televisión puede ofrecer.

Sí, las corridas de toros pueden ser violentas, pero también influye mucho cómo se maneja la información. Dudo mucho que el programa de Canal Once en realidad fomente una cultura de maltrato animal, probablemente explora las corridas de toros desde la parte histórica y cultural, después de todo, ¡es Canal Once! Por otro lado, ¿no debería fomentarse el que los niños fueran orientados por sus padres al ver la televisión? La futura conducta destructiva (hacia humanos y animales) de nuestra niñez no es sólo responsabilidad de los medios, sino del núcleo familiar y de la sociedad en general.

Al sacar este programa del aire e incluso multar a Canal Once los diputados habrán cumplido con las organizaciones civiles de defensa de los animales, pero no se encontrarán ni siquiera a la mitad del camino de resolver el verdadero problema.

Foto: Redmex Ciudadanos

Para los ñoños que como yo sintonizan de cuando en cuando el Canal del Congreso, es una verdadera vergüenza ver como una gran parte de los asientos están vacíos. Si hay algo que reclamamos a nuestros representantes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, es su falta de acción, su falta de compromiso… y sus faltas, en general. Por desgracia, los excesos de faltas no es un fenómeno exclusivo del Congreso de la Unión, se da también en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en los congresos locales.

Pero la medida que se implementará para castigar a los faltistas concierne sólo al Congreso de la Unión, tanto a diputados como a senadores. En vista de la cantidad tan enorme de faltas que acumulan los legisladores, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias publicó una nueva norma que sancionará a todo legislador que acumule cuatro faltas a sesiones.

¿La pena? Darlo de baja. Y cuando entre en vigor este nuevo reglamento, la ausencia de voto será tomada como falta presencial, así que ¡nada de dormir en sesiones señores legisladores!
La baja de determinado diputado o senador significa que su suplente entrará en labores y que el amonestado no percibirá ningún sueldo. Sin embargo es relativamente fácil dar de alta nuevamente a un diputado, eso sí, después de horas de papeleo y trámites.

¿No se merecerían nuestro apreciados legisladores un castigo ejemplar? Si hasta Lindsay Lohan tuvo que ir a la cárcel y ella no es un funcionario público. En mi opinión, el castigo debería establecerse en relación a lo que se espera de los funcionarios transgresores. Un legislador es electo por la gente, debe trabajar a favor de sus votantes y cada vez que no asiste a trabajar es nuestro dinero el que se va por la borda. Para empezar, una cuantiosa multa sería un mejor castigo para los faltistas. Pero claro, son ellos los que deben aprobarlo primero…

Foto: Vivir México

Sé que suena a chiste, pero es una iniciativa muy, muy creativa. La idea es muy simple: 500 observadores ciudadanos para 500 diputados. De este modo, una persona adopta a un diputado para revisar sus acciones y generar información respecto a su desempelo. El objetivo es generar mecanismos nuevos para impulsar la transparencia, y mejorar el sistema de rendición de cuentas de los legisladores.

El proceso consiste en registrarse en el sitio, elegir al funcionario de tu preferencia, y ¡voilá! Cada tres meses, recibirás un reto para seguirle la pista al diputado. El primero es consultar sobre el ejercicio del presupuesto destinado a atención ciudadana:

1. Consúltale a tu diputado vía telefónica como ha empleado mensualmente el presupuesto que tiene destinado para atención ciudadana, desde que tomó protesta a la fecha.
2. Consúltale a tu diputado vía correo electrónico como ha empleado mensualmente el presupuesto que tiene destinado para atención ciudadana, desde que tomó protesta a la fecha.
3. En caso de que no te hayan atendido deberás realizar una solicitud por medio institucional, esto es mediante la oficina de información pública de la Cámara de Diputados. Esta solicitud puede ser electrónica y para ello se deberá acudir al siguiente vínculo: http://transparencia.diputados.gob.mx

¿Qué opinan de esta iniciativa? ¿Funcionará como un mecanismo de presión para los legisladores?

Ayer les platicábamos que el Presidente Felipe Calderón está promoviendo ante el Senado la reelección de Diputados y Alcaldes y algunos lectores nos comentaron que no les agradaba la idea. Otros un tanto más neutros, comentaron que sería cuestión de dialogar y establecer las condiciones para este proceso.

Lo cierto es que el día de hoy, el consejero presidente del IFE Leonardo Valdés Zurita apoyó la propuesta realizada por el Ejecutivo, pues considera que el IFE está preparado para realizar estas modificaciones en los procesos electorales.

Creo que lo importante de esta propuesta, será definir un límite de reelecciones y las condiciones en las que será posible este proceso, pues una opción en manos de cualquier persona con hambre de poder, podría ser muy mala experiencia.

Desde la visión del IFE, solamente podría haber 3 reelecciones por candidato, sumando 9 años lo que una persona podrá estar en el poder. En sus palabras comentó sobre el proceso que

la reelección tal cual la propone nuestro presidente sería un avance democrático que permitiría mejorar la función pública.

Yo insisto, creo que con una reforma de este tipo se debe tener mucho cuidado para establecer los límites que implica un cambio así, pero sí creo que sería una mejora en nuestra política mexicana.

¿Qué opinas al respecto?

Foto: ULE_TJ

¿Han pensado alguna vez en la falta de continuidad que tienen los proyectos realizados por legisladores y alcaldes en todo el país?

Yo sí, y he pensado también que la reelección para ellos no sería mala idea, pero aún con el temor de reelegir a uno con exceso de deseo de poder, también viene la pena de no hacerlo con uno bueno.

Pues en esta línea de cambios, el presidente Felipe Calderón anunció que propondrá al Congreso 5 reformas para cambiar a fondo la política, el tema energético, las telecomunicaciones, el regulatorio y la temática laboral.

En materia política se propondrá la reelección de legisladores y alcaldes, pues se cree con ello estarían obligados a rendir cuentas a fondo y además, a dar seguimiento a los proyectos que comienzan y la mayoría de las veces no terminan.

Dice además, que propondrá apoyar la participación ciudadana con la posibilidad de participar en los procesos electorales siguientes.

Para PEMEX se pretende crear contratos flexibles para crear más inversión para explorar y producir más crudo.

En materia de telecomunicaciones se espera crear una competencia libre y la convergencia tecnológica en nuestro país para lograr una crecimiento simultáneo y sencillo.

Son muchas propuestas para un tiempo muy corto, pero a pesar de ello me parecen coherentes y sobre todo necesarias. ¿Qué opinas de esto? ¿tendrán futuro en el Senado?, yo espero que al menos, resuenen en la sociedad y alguna de ellas se realice.

Foto: Gobierno Federal