¿Qué pueden y qué no pueden hacer los “precandidatos únicos”? Es un problema “de ley”. Y cuando digo “de ley” quiero decir tanto literal —el término “precandidato único” no figura en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)— y en el figurado, es decir, es obvio que si no existe la figura, habrá problemas en los límites. Así que no es de extrañar que se tengan que resolver los problemas que se presentan “en la marcha”.

López Obrador entendió bien el asunto cuando preguntó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “¿Papá, puedo?”, con todo y la molestia de consejeros como Marco Antonio Baños, por lo sui generis de la sesión. Esto suena a canción “malo si sí, malo si no”. Porque si el candidato de la Izquierda hubiera aplicado la de “más vale pedir perdón que pedir permiso”, las quejas tampoco se hubieran hecho esperar.

No tener una regulación clara al respecto se presta mucho para jugar “a valores entendidos” y si eso es un problema cuando se trata de dos personas, lo es mucho más cuando se refiere al proceso electoral de un país. ¿Acaso el PRD y el PRI tienen la culpa de haber sacado a sus quinceañeras sin ocupar todo el tiempo que el show melodramático acostumbra? Tal vez. Y digo tal vez porque entonces la figura de la precampaña perdió sentido.

¿Para qué es una precampaña? Para fingir que somos democráticos “hasta las cachas” y tratar de olvidar el fantasma de “dedazo”, para hacer un buen show antes del juego con el fin de posicionarse entre el electorado y, claro, para hacer gala de la bondad presupuestal en materia electoral, ¡ay! Nuestra democracia tan cara, seguro nos sale buena ¿no?

Las precampañas son un acto de legitimación para el abanderado de cada partido, pues si bien, en algunas ocasiones las luchas internas son colosales, en otras nada más es cosa de pasear y tomarse fotos para aprovechar el tiempo porque ya todos saben quién “es el bueno”.

Otro problema “de ley” en esto de las precampañas es que reclaman: no, las precampañas son para la militancia y las campañas para toda la sociedad; pero el Cofipe no dice eso, dice en el párrafo segundo del artículo 212:

Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular (el subrayado es mío).

Y es la misma ley la que determina que los precandidatos debidamente registrados tengan acceso a radio y televisión (párrafo cuarto del artículo 211), y no hay ninguna acotación que diga “salvo que se trate de `candidato único´” o una cosa así.

El caso es que se sigue remendando la ley como se puede porque “a la quinceañera no le queda el traje”. Al Instituto Federal Electoral (IFE) no le quedó más que avalar los mítines —porque nunca tendremos suficientes— y vetar la aparición de los “candidatos únicos” en espots. Y es cosa que se agradece, ni que estuvieran guapos, o fueran inteligentes, o algo.

Imagen: RCMultimedios

Es un hecho que en México tenemos varias leyes que no sirven de mucho, que obstaculizan el desarrollo del país, y algunas que por su naturaleza son injustas. Pero existen aquellas leyes, de las que tal vez no estábamos enterados, que promueven antivalores y fomentan prácticas como el machismo. Resulta que en México (al menos en 14 estados), asesinar a una mujer por celos no es tan grave, de hecho dichos celos son una atenuante para la sentencia final, porque según se argumenta, el hombre se ve afectado en su honor. Lo opuesto no ocurre, es decir, si una mujer mata a un hombre por celos, dicho argumento no sirve para reducir la sentencia que tendría que cumplir.

Esta ley de carácter machista y anacrónica, que más bien recuerda las costumbres del siglo XIX, permite que un hombre que se vea orillado a asesinar a una mujer por infidelidad, o por la simple sospecha de esta  -como afirma Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres- pueda salir libre pagando una fianza y contratando un buen abogado. Dicha ley contraviene los tratados internacionales, pero nuestros queridos diputados se han opuesto a derogarla. Los estados donde esta ley está vigente son: Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Las leyes son muy laxas y permisivas para que un hombre pueda asesinar a su pareja por haberle sido infiel o simplemente tener la sospecha, como lo plantea el artículo 275 del Código Penal de Campeche:

Se impondrán de tres días a tres años de prisión al que, sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o próximo a su consumación, mate o lesione a cualquiera de los culpables, o a ambos, salvo el caso de que el matador haya contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este último se impondrán de cinco a 10 años de prisión.

Las mujeres en cambio reciben condenas 30% más altas, a pesar de que la reincidencia femenina es del 2% mientras que la masculina es del 70% según una investigación que realizó Inmujeres en conjunto con la UNAM y el Poder Judicial de la Federación.

Es cierto que México se ha caracterizado por ser un país conservador, pero me parece increíble que este tipo de leyes todavía existan. Leyes que discriminan a las mujeres y que prácticamente otorgan a los hombres la facultad de vengarse fatalmente de una supuesta infidelidad.

Imagen: La Warra de los Mundos

Jean Succar Kuri invitaba a sus víctimas –menores de edad- sin el consentimiento de sus padres a su hotel Solymar, en Cancún, donde intercambiaba diversos bienes materiales por favores sexuales. Succar Kuri además filmaba su reprochable comportamiento para compartirlo a través de Internet.

La relación del magnate con los crímenes de esta índole se remontan a más de 7 años, pues en 2004 fue detenido en Arizona y extraditado a México para ser juzgado por pornografía infantil. Lamentablemente, sabemos de lo flexibles que pueden ser las leyes en nuestro país, por lo que Succar Kuri permaneció libre hasta que declaraciones de al menos siete menores de edad, dictámenes periciales en informática, psicología, criminología, fotos y video fueron suficientes para que se dictara sentencia condenatoria en su contra.

Está de más mencionar los daños que sufren las vidas de las víctimas de estos soeces delitos, pues el daño psicológico que se les ocasiona puede desembocar en drogadicción, trastornos alimenticios, depresión o inclusive hasta el suicidio. Además del tiempo en prisión, Succar Kuri tendrá que pagar una multa por poco más de 85 mil pesos e indemnizar por 350 mil pesos a cada una de las víctimas como reparación del daño moral ocasionado.

Personalmente, 13 años y unos cuantos pesos me parece muy poco para los crímenes cometidos por Jean Succar Kuri, las leyes deberían ser mucho más estrictas cuando se trata de pederastas que ocasionan daños irreparables a las vidas de inocentes menores de edad. La pornografía infantil y la corrupción de menores son delitos atroces, y quienes incurran en ellos deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Foto | El País

Dentro del Programa de Comunidades Seguras en Nuevo León, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, dijo que se esta desarrollando una ley contra el lavado de dinero, con el fin de desarticular a las bandas del crimen organizado.

Para ello buscarán bloquear a las bandas criminales donde más les duele, que es precisamente en el dinero, decomisando las cuentas bancarias de cualquier organización del crimen, sea del Golfo, sea del Pacífico, sean Los Zetas, sea La Familia o sean otros carteles de la droga.

Además ha mencionado que ya tienen una nueva estrategia de seguridad por medio de una fuerza unida, integrada por todos los sistemas policiales del país. Busca también la profesionalización de los policías para que esten mejor preparados ante las bandas criminales. Finalmente menciona que el gobierno federal ha aprobado un subsidio de dos mil 400 millones de pesos para la creación de nuevos cuerpos policiacos y el mejoramiento de los existentes.

La idea de bloquear cuentas bancarias y evitar el lavado de dinero suena bastante interesante, creo que es una buena oportunidad de debilitar a todas las organizaciones delictivas con más presencia en el territorio nacional ó aquellas con mayor número de integrantes. No se sabe si al final pueda ser aceptada la ley, ya que no sería nada raro que con este tipo de reformas se puedan descubrir cuentas dudosas de varios de nuestros gobernantes.

Sobre la inyección de dinero al sistema de seguridad a primera vista parece correcto, pero uno se pregunta si con esto será suficiente. Creo que sí tiene toda la razón en profesionalizar el trabajo de un policía, con eso se crearán mejores cuerpos policiacos y sus salarios serían mejor remunerados. Pero para poder profesionalizar a la policia, sinceramente siento que una cantidad de dos mil 400 millones de pesos es insuficiente para ser distribuida en todo el país; sobre todo si estamos en un país donde la corrupción alcanza niveles muy altos, por lo que seguramente esos dos mil 400 millones de pesos, no terminarán llegando a cada municipio y poblado del país.

Foto: Carlos R. González Vera

El ejército combate al narcotráfico. También alfabetiza, aplica vacunas, reforesta y reconstruye Haití. Y ahora el ejército ayuda a purgar a las policías municipales y estatales de elementos corruptos.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública plantea la completa limpieza y depuración del aparato de seguridad en el país para el año 2013 y, bajo sus directrices, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han implementado varias labores anti-corrupción.

Esto presenta dos principales problemas: la sobre-extensión de las misiones tácticas del ejército y la creciente debilidad de la policía local. Es un hecho que el ejército abarca más de lo que puede apretar. En teoría sólo debería ocuparse de situaciones de defensa nacional (misión DN-1) y reconstrucción en caso de desastres (misión DN-3).

Sin embargo se ocupa de mantener (o intentar mantener) la seguridad interna. La seguridad interna es responsabilidad de la Procuraduría General de la República, así como la alfabetización, la aplicación de vacunas y la reforestación son tareas de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales respectivamente.

En todos los casos anteriores, el ejército mexicano cuenta con más recursos y facilidad de despliegue que cualquier otra dependencia gubernamental. Es por ello que, ante la falta de coordinación entre las diferentes policías estatales y municipales, la milicia se convirtió en la primera opción para combatir a los cárteles de la droga. Pero a mayor cantidad de misiones, menor es la efectividad con la que éstas se cumplen. Que el ejército esté en las calles no beneficia ni al ejército mismo.

Además la purga indiscriminada de elementos policiales debilita al aparato de seguridad pública nacional y hace que la opción de un repliegue militar se vea incluso más lejano que antes. Se calcula que el 88.5% de los ayuntamientos en México cuentan con menos de 100 elementos policiales para mantener el orden público y al menos el 50% de los policías en todos los niveles han sido descritos como poco confiable.

La respuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores fue proponer formalmente la creación de una policía nacional. Sin embargo la propuesta fue rechazada por diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) bajo el argumento de que los fondos destinados a mantener a los policías municipales y estatales caerían bajo el control exclusivo de los gobernadores, dándoles más poder.
¿No sería lógico que dicho porcentaje del presupuesto estatal se re-distribuyera para conformar y entrenar a la policía nacional?

Foto: Delicias

En pocos meses, Aguascalientes podría unirse a la corta lista de estados que han aprobado la despenalización del aborto. La actual diputada local y precandidata perredista a la gubernatura estatal, Nora Ruvalcaba Gamez, presentó una propuesta de reforma ante la oficialía de partes de la Legislatura.

La reforma, bastante similar a la aprobada en el Distrito Federal, propone modificar dos marcos legales: la Ley de Salud y el Código Penal Estatal. De ser aprobada en su totalidad, dicha reforma redefiniría la concepción de aborto y el carácter legal de los fetos menores a 12 semanas de gestación.

Ruvalcaba justificó su propuesta basándose en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona el derecho a la salud y a decidir libre e informadamente el número de hijos que se quiere tener.

Por su parte el obispo de la Diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre, recordó a los legisladores su compromiso de hacer cumplir la ley, en especial el artículo 14 de la Constitución, el cual “es muy claro al señalar que nadie podrá ser privado de la vida.” El artículo 14 menciona que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y defiende el derecho a la propiedad privada y a la libertad.

Otros opositores a la reforma como los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), planean no sólo votar en contra de la propuesta, sino anular las disposiciones que permiten el aborto en casos de violación o malformaciones del producto.

El voto de unidad priísta será elemental para aprobar o rechazar por completo esta propuesta en junio de este año, cuando sea discutida en pleno. El PRI cuenta con 14 de 27 curules en el Congreso local mientras que el PAN tiene 9 y Ruvalcaba es la única diputada perredista.

Foto: Milenio/Notimex

En menos de una semana Felipe Calderón anunció una importante recuperación económica para el 2010… y la oposición bloqueó por completo la propuesta panista de reforma laboral. Dicha reforma planteaba cambios importantes en los rubros de discriminación por género, sindicatos, huelgas y salarios, entre otros.

Algunos de los puntos tratados en la reforma son:

• Las huelgas deberán tener argumentos fuertes y bien presentados.
• Parar el descuento de cuotas sindicales del salario de los trabajadores.
• Obligar a los patrones a inscribir a sus trabajadores al Fonacot e incorporar derechos de seguridad e higiene.
• Privilegiar productividad sobre antigüedad.
• Prevenir y castigar el acoso sexual.
• Prohibir la exigencia de constancias de ingravidez.
• Abrir la opción de pago por hora.

A simple vista, el principal objetivo de Acción Nacional con esta reforma es promover la profesionalización en diversos sectores, disminuir la discriminación por género, aumentar la calidad de vida del trabajador y añadir mayor transparencia a las actividades sindicales.

Sin embargo la oposición opina diferente.

En una reunión privada, miembros de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia decidieron congelar por completo cualquier negociación con el PAN concerniente a la reforma, así como el análisis de la misma en las comisiones correspondientes. Integrantes de diversos sindicatos como el del IMSS, la Unión Nacional deTrabajadores y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) expresaron también su desacuerdo ante la propuesta y establecieron comités técnicos para redactar un documento alterno.

Todo lo anterior levanta diferentes cuestionantes. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la reforma? ¿Debilitar a los sindicatos quitándoles las cuotas salariales y dificultando el proceso de huelga? ¿O favorecer a los trabajadores exigiendo mayores derechos para los mismos?

Foto: Arqhys

Hace unas horas leí que la Ley de Salarios Máximos estaba a punto de ser enviada al Poder Ejecutivo para ser aprobada por última vez y aplicada al país entero.

Ya les comentábamos meses atrás, que esta ley fue propuesta para evitar que cualquier funcionario público gane más o igual que el Presidente de la República y con ello se pretendía poner un freno a la corrupción en las percepciones que aún existe entre nuestros representantes.

Recapitulemos, antes de ser enviada a los Congresos Estatales para su aprobación esta ley indicaba que:

Los únicos funcionarios que conservarán sus salarios por el tiempo que dure su puesto serán los ministros de la Corte, los jueces de Distrito, los magistrados electorales y los consejeros de la Judicatura Federal y del IFE, aunque estos sean mayores a los del Presidente de la República.

Las modificaciones que se hicieron y que serán turnadas al Diario Oficial de la Nación, indican que se reformaron los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución para lograr establecer esta ley.

Con estas modificaciones hechas se estableció que ningún servidor público tendrá la posibilidad de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.

¿Muy buena reforma, no creen? A mi lo que me gustaría ver más adelante es que los sueldos de todos los funcionarios públicos sean más bajos y que por ejemplo, se eliminara la pensión de por vida de los ex presidentes. Creo que eso sí marcaría un ahorro en el erario público.

Hace unos días, a raíz de que la propuesta del Partido Verde sobre la pena de muerte salió a relucir, he tenido conversaciones con amigos y compañeros acerca de lo mucho que urge una reforma penal en nuestro país, pues sin duda la mayor parte de los crímenes en México no tienen una correcta penalización.

Podemos ahondar en opinar qué cosas cambiar y corregir, como penas más estrictas para secuestradores y crimen organizado, el uso de la Ley de Extinción de Dominio para emplear el dinero mal habido en cosas realmente productivas, pero todo esto se queda en palabrería si el país no exige una reforma Penal con urgencia.

Hoy leo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, pide que se unifique los criterios a tratar en esta reforma y que en cuanto más pronto se realice mejor, pues de no ser así la reforma corre el riesgo de quedar en el olvido, dejando al país en la misma situación que vivimos: inconformidad con las autoridades.

Por primera vez coincido plenamente con un trabajador del gobierno, creo que es de urgencia que una reforma a las leyes penales se realice.

¿Tu qué opinas de ello?

Foto: El_Enigma

En el Distrito Federal ya se aprobó la Ley para la Extinción de Dominio y siguiendo el ejemplo de esta nueva ley, el Estado de Nuevo León propone crear la misma ley para despojar a los criminales de sus bienes.

Esta Ley, propuesta por el PAN, sería la apertura para poder confiscar bienes muebles, inmuebles y económicos producto de cometer como secuestro y robo de vehículos. Eventualmente dentro de esta ley podría integrarse inmuebles obtenidos por la trata de personas.

En el DF dicha ley tiene dos objetivos:

• Se dispone de todos los bienes inmuebles y se usan para acciones de bienestar social.
• Los bienes inmuebles o fungibles, se destinan en un 50% para la procuración de justicia y el otro 50% para seguridad pública.

La de nuevo León tendrá también dos objetivos pero un tanto diferentes:

• Crear un fondo de apoyo a víctimas de estos delitos.
• Y combatir a la inseguridad.

Lo que me parece muy “curioso” de esta propuesta, es que en ella no se incluye adueñarse de las propiedades que se generen por narcotráfico y delincuencia organizada y si no mal recuerdo, Monterrey como ciudad fronteriza que es tiene estos dos problemas como los principales agravantes de su población, ¿no lo creen?

Extraño que no se incluyan, pero ojalá al ser votada en el Congreso Local se modifique para asemejarla a la del la capital. ¿Qué opinan de esta iniciativa en Nuevo León?

Foto: Proponen iniciativa de Ley de Extinción de Dominio