La ignorancia en el tema, los prejuicios religiosos, la cultura machista, el exceso de confianza, son factores que incrementan la posibilidad de un embarazo no planeado en la adolescencia, pero también lo es la clase social. De acuerdo con Catherine Menkes Bancet, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, 30 por ciento de las mujeres de 15 a 24 años que pertenecen al estrato socio-económico “muy bajo” tuvieron un embarazo en la adolescencia. El porcentaje disminuye a 23 por ciento en el nivel considerado “bajo”, 10 por ciento en el “medio” y 4 por ciento en el “alto”.

Al parecer sí, la clase social tiene relación con el índice de embarazo en adolescentes, entre más alto, menos probabilidad de quedar embarazada. El dato no extraña, después de todo, es en las esferas más bajas en las que la ignorancia, los prejuicios religiosos y la cultura machista están más arraigados. Aunque no son los únicos factores, sí contribuyen a que este sector de la población sea más vulnerable.

De acuerdo con la experta, 80 por ciento de las adolescentes embarazadas habían abandonado la escuela. Entre las razones más frecuentes por las que los jóvenes abandonan los estudios es por las limitaciones económicas. Así, la probabilidad de que mujeres jóvenes en situación de pobreza que abandonan los estudios queden embarazadas es más alta. No sólo por la condición económica en sí, sino porque lo ven como una alternativa de vida.

En ambientes más tradicionales —como suele suceder en las clases sociales bajas—, el uso de condón no es tan frecuente, la religión tiene algo —o mucho— que ver, pero también el estigma social de que una mujer “no debe pedir condón”, porque corre el riesgo de ser señala como de “moral relajada” —el estigma de puta “fácil” no es privativo de una esfera social, a pesar de todos los esfuerzo que se han dado para tratar de combatir esa imagen denigrante de la mujer, cuando una se muestra abierta, conocedora y segura en cuanto a sexualidad, la reprobación suele darse casi de forma automática—.

Aunque las adolescentes en situación de pobreza son más vulnerables, el resto no se encuentra exento. Siguiendo con los datos, 35 por ciento de los jóvenes no usan preservativo en su primera relación sexual. La falta de uso de preservativo no sólo los expone a embarazos no deseados, también los expone a enfermedades de transmisión sexual.

Consciente del problema, la Secretaría de Educación Pública (SEP) está haciendo su parte al capacitar a los docentes para dar una educación integral de la sexualidad en las escuelas y al agregar el tema en los libros de texto, por mucho que los Caballeros de Colón o A favor de lo Mejor se indignen. Es más indignante ver las condiciones de vida de los involucrados en embarazos no deseados.

Pero no se le puede imponer toda la responsabilidad a la escuela, ellos hacen su parte al proporcionar la información que servirá para tomar decisiones responsables. Tampoco se pueden imponer “votos de castidad” por iniciativa del presidente municipal. Las familias tiene una responsabilidad compartida en el asunto, necesitan más comunicación, clara, sencilla, oportuna, tratando de atender a lo obvio: los adolescentes tienen —o están tentados a tener— sexo, y no a los tantos prejuicios que existen en el tema. Los adolescentes también requieren ser conscientes y responsables de las implicaciones de iniciar una vida sexual activa —aunque pedir que un adolescente sea consciente es oximorónico—.

Sabemos por qué las adolescentes de clases bajas se embarazan más, pero podemos cambiar la óptica: ¿por qué las adolescentes de clases sociales altas se embarazan menos? ¿Es la información, el contexto, los recursos, las costumbres? ¿O será que ellas no están tan sometidas a un sistema patriarcal, misógico y falocentrista que se empeña en verlas como entes pasivos sin derecho a decidir?

Por lo que sea, lo mejor es tener información para tomar decisiones responsables y tener sexo seguro. Así que ya saben: sin globos no hay fiesta.

Imagen: emeequis

A pesar de que se han gestado cambios importantes al interior de nuestra sociedad, las mujeres aún deben enfrentarse a muchas limitantes para abrirse camino en el mundo laboral. La astrónoma Silvia Torres-Peimbert, reconocida durante este año con el premio L’Oreal-Unesco, señaló durante un foro que la problemática de la inclusión de la mujer en la esfera laboral no se limita a “cuántas mujeres” trabajan, sino a las condiciones en que laboran. Perspectiva con la que parece coincidir la Directora General del Instituto Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante Diez, quien recibió el premio “Mujer del Año 2011” otorgado por el Patronato Nacional y la empresa Tiffany.

Durante su discurso de aceptación, la también egresada del IPN y primera mujer en dirigir esta institución, refirió que aún en nuestros días:

subsisten históricas limitaciones legales y culturales que aún constituyen un reto a vencer mediante una política pública de Estado tendente a lograr que la igualdad de mujeres y hombres sea una realidad en todos los espacios del país.

Este premio le fue concedido por su destacada trayectoria laboral en los terrenos de la industria, la educación y la función pública. Terrenos que tradicionalmente han representado obstáculos para que las mujeres se desarrollen laboralmente. Yoloxóchitl Bustamante Diez es egresada de la carrera en Ingeniería Bioquímica del IPN. Obtuvo su Doctorado en Ciencias con especialidad en Bioquímica en la misma casa de estudios. A lo largo de 15 años trabajó como docente en su alma mater e incursionó en la industria privada. Sin embargo, también llegó a ocupar el cargo de Subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública y tiempo después el puesto de Coordinadora General de Vinculación Académica y Secretaria Académica en la casa de los famosos Burros Blancos. Sesde el 2009, Yoloxóchitl Bustamante Diez se desempeña como la primera Directora General del Poli.

Su interés en la equidad de género ha quedado manifiesta a lo largo de su paso por la institución. En el 2010, el IPN fue la primera institución educativa en otorgar una licencia por paternidad de 10 días a sus empleados. Prestación que hasta ese entonces sólo concedían la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Su apuesta, refirió durante la entrega del reconocimiento, es la generación de políticas públicas que ayuden a subsanar la desigualdad entre hombres y mujeres.

Imagen: SIPSE Noticias

Según Teresa Ulloa, la cifra de jóvenes secuestras asciende a las 800 víctimas en todo el país, concentrándose la mayoría de los casos en estados donde se vive de manera más cruda la llamada guerra contra el narco. Tan sólo en Caborca, Sonora, los registros de varias organizaciones feministas revelan que se han registrado hasta 400 casos de chicas levantadas. La noticia no es ninguna novedad. Como todos sabemos, la trata de personas se ha convertido en una práctica terrible y súmamente redituable para el crimen organizando; ya sea comerciando con ellas o utilizándolas como “halconas”, sicarias o esclavas sexuales.

Según cifras de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, se calcula que son casi 500 mil las mujeres y niñas que son víctimas de esta práctica, denominada como “la esclavitud del siglo XXI”. En nuestro país, esta práctica ha echado raíces gracias no sólo al clima de impunidad en el que vivimos, sino a que las diferentes legislaturas de los estados y la capital no se encuentran homologadas ni dirigidas hacia la protección de las mujeres y niñas. Algunos de los estados donde —según Teresa Ulloa— sucede con mayor frecuencia esta práctica con: “Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Hidalgo, México, Chiapas y Quintana Roo”.

Muchas de estas chicas son —literalmente— cazadas de camino a la escuela, donde miembros de los distintos grupos criminales escogen a sus víctimas. Por eso Teresa Ulloa y las diferentes organizaciones dedicadas al combate de la trata de personas han exigido a la Cámara de Diputados que apruebe antes del 12 enero la Ley contra la Trata de Personas que no sólo homologue los criterios para detener y sancionar el delito, sino que establezca un presupuesto para que las procuradurías y oficinas especializadas en los estados puedan obrar en contra de este brazo del crimen organizado.

Imagen: La Laguna

Diariamente, en nuestro país fallecen tres mujeres por complicaciones durante el embarazo, parto o el puerperio. Se estima que al menos el 15 por ciento de los embarazos y partos que se realizan en nuestros país requieren de atención urgente debido a alguna complicación que, de no ser identificada a tiempo, puede derivar en la muerte de la madre. Tan sólo durante 2010, 992 mujeres perdieron la vida debido a alguno de estos problemas. Buscando ayudar a identificar las señales de alarma que pueden indicar la presencia de alguna complicación en la gestación, la Secretaría de Salud ha abierto un centro de atención telefónica: 01 800 0 MATERNA (01 800 0 628 3762).

Esta línea de atención al embarazo, que funcionará de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, provee información a las futuras madres para detectar emergencias obstétricas que puedan poner en peligro su vida; pero también informa acerca de cuál es la unidad médica más cerca de su ubicación para poder tener atención inmediata, sin importar si es derechohabiente del IMSS, ISSSTE u hospitales de SSA. Esta línea telefónica está a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), a quien la Secretaría de Salud comisionó para la apertura de este servicio. Mismo que se espera pueda atender las 24 horas del día, los 365 días del año a partir del 2012. Con la implementación de este tipo de servicios, se busca que las instituciones de salud pública se acerquen a los estándares que la Organización Mundial de la Salud exige.

Aunque esta línea tiene como prioridad la atención de posibles emergencias, disminuyendo cualquier tipo de retraso en la atención, también se podrán canalizar con sus operadores telefónicas las quejas sobre la atención médica relacionada al embarazo y el parto. Por ejemplo, retrasos para prestar el servicio, la negación de éste o incluso tratos inadecuados que sufran las próximas madres o parturientas en las instituciones de Salud Pública. También podrán tener información sobre cómo afiliarse al Seguro Popular; desde qué papeles deben presentarse, hasta los módulos de inscripción más cercanos. Este servicio telefónico está abierto a todas las mujeres del país; es decir, no se necesita ser derechohabiente de alguna institución de seguridad social específica, ni se restringe a alguna zona del territorio.

Imagen: Bebe Feliz

La noción de “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte”, presente en varias constituciones locales, se ha convertido en una verdadera fuente de discordia para la sociedad mexicana. Lejos de zanjar la disputa, el polémico fallo de la Suprema Corte parece haber caldeado aún más los ánimos. En medio de este panorama enardecido, una iniciativa de ley presentada por Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, se ha convertido en auténtica “leña verde” que, además de avivar la disputa en torno a la despenalización del aborto, ha enrarecido la atmósfera poblana debido a su accidentada presentación ante el Congreso local y los medios, así como por las inexactitudes que contiene.

Ayer, el ejecutivo poblano turnó al Congreso local una iniciativa de ley donde se pretende transmutar la pena física —es decir, la cárcel— por una multa y un “tratamiento médico integral” a toda mujer que, de manera voluntaria, interrumpa su embarazo. Esto, siempre y cuando sea la primera vez que se realiza un aborto, pues en caso de reincidencia del delito, la mujer se haría acreedora a una pena mínima de seis meses a un año, tal como quedó establecido desde el pasado sexenio. ¿Qué entiende el gobernador de Puebla por un “tratamiento médico integral”? He ahí la primera causa de discordia.

La iniciativa presentada no especifica puntualmente qué clase de atención sería prestada por los órganos de Salud Pública del estado; a lo sumo señala que “comprenderá la conscientización de la mujer sobre la afectación al bien jurídico tutelado”, teniendo su “tratamiento” una duración que oscila entre un mes y un año (además de la multa mencionada que va de los 50 a 500 días de salario mínimo). Es decir, además de la atención física —recordemos que muchas mujeres pierden la vida al realizarse un aborto clandestino—, las mujeres que interrumpan su embarazo recibirán un tratamiento psicológico, el cual no va encaminado a apoyarlas para superar el trauma emocional, sino a intervenirlas como si se tratara de enfermas mentales.

Feministas y legisladores han alzado la voz en contra de este proyecto impulsado desde el escritorio de Casa Aguayo, sede del gobierno poblano. No es para menos. Lejos de poner una solución, agrava el problema de la criminalización y el estigma que recae sobre las mujeres; de ser considerades criminales, pasan a ser enfermas mentales. Catalina Pérez Osorio, integrante del Colectivo de Mujeres por la Democracia señaló que:

El gobierno del estado pretende tratarnos como unas dementes, como si fuéramos pequeñas mujeres irracionales, sin inteligencia y sin capacidad para tomar decisiones sobre lo que nos pertenece que es nuestro cuerpo.

Pero los sectores a favor del aborto y los derechos de las mujeres no han sido los únicos en mirar con malos ojos a esta iniciativa. El bloque yunquista —la ultraderecha problana— también ha tomado como una afrenta esta proyecto de reforma, pues considera que contribuye a la despenalización del aborto en el estado. Sin embargo, debido a la filiación blanquiazul del gobernador Rafael Moreno Valle han decido apoyar la propuesta siempre y cuando la multa sea elevada:

Consideramos que dicha propuesta debe ser debatida a fondo por los legisladores locales, en quienes recae la responsabilidad de aprobarla o no. Por tanto, Acción Nacional reitera su disposición a la discusión abierta de la iniciativa, buscando determinar si la medida es la mejor solución a dicha problemática social. Desde nuestro punto de vista en dicho debate se debe considerar por ejemplo, elevar la sanción económica para pasar de los 50 a 500 días de salario mínimo que plantea la iniciativa, a una multa de 500 a 5 mil días, buscando inhibir de manera más eficiente la comisión del delito.

Cabe aclarar que vemos con buenos ojos que la iniciativa no proponga despenalizar el aborto, porque Acción Nacional en ninguna circunstancia está a favor de legislar para dejar de considerar al aborto como un delito, por el contrario, respaldaremos principalmente las iniciativas que promuevan políticas públicas que generan más y mejores oportunidades para que las mujeres no tengan que recurrir al doloroso dilema del aborto.

Y en medio de esta polémica, otras iniciativas que buscan darle más alternativas a las mujeres orilladas al aborto han surgido. Una de ellas la creación de centro de adopción para bebés no deseados, donde el estado se encargará de llevar a buen término el embarazo para después poner en adopción al menor. Una idea que sería una medida interesante de no tener nuestra nación un índice tan bajo de adopciones. La polémica en torno al aborto dista mucho de verse concluida.

Imagen: Kinema

Cuando Jorge Pardo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que su fallo poco tenía qué ver con la legalización del aborto no mentía. O al menos no en un —molesto— sentido estricto: los 11 ministros de la SCJN debatían si las constituciones locales de San Luis Potosí y Baja California armonizaban o no con los principios vertidos en nuestra Carta Magna. A saber, “la protección de la vida desde la concepción”, principio que considera son lo mismo un cigoto y un recién nacido, dotándolos de las mismas garantías legales.

Y sí, como dijo Jorge Pardo, éste fallo poco tuvo qué ver con la legalización del aborto… pero sí tuvo mucho qué ver con la criminalización de la mujer. Para muestra, un botón. En Chihuahua, una adolescente de 22 años fue sentenciada a un año de prisión. ¿El delito? Practicarse un aborto clandestino que, además de haber puesto en peligro su vida, ahora le valdrá purgar una condena; un castigo por decidir sobre su propio cuerpo. Los médicos del Hospital General de Chihuahua fueron quienes la denunciaron ante la Fiscalía General cuando ella ingresó con complicaciones derivadas de la práctica no regularizada. La Justicia fue “condescendiente” con esta chica: tras aceptar su responsabilidad, cumplirá la sentencia de un año de cárcel en libertad condicional, firmando todos los lunes como si fuera una criminal.

El fallo de la Suprema Corte poco tuvo qué ver con la legalización del aborto, porque ése no era el tema que se discutía. Es innegable, ministro Pardo. Sin embargo, el fallo de estos cuatro ministros ha abierto la puerta para que más leyes de este tipo florezcan en los Estados de nuestro país. Y lo que es peor, que los 900 mil abortos clandestinos que anualmente se realizan continúen poniendo en peligro la vida de las mexicanas. O que sean tratadas como criminales, aún y cuando ellas lo único que buscaban eran decidir sobre su propio cuerpo. Con sentencias como la que acaba de recibir esta chica de 22 años, sólo podemos concluir que el fallo de los ministros de la Suprema Corte fue un fallo —a nuestras instituciones— a todas la mujeres.

Imagen: Evangelizadoras de los apóstoles

Por multas ridículas e impunidad no paramos. Un funcionario de Quintana Roo, fue acusado de acoso sexual por ocho trabajadoras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde él, hasta hace unos meses, laboraba. El juez de distrito encargado de examinar el caso, determinó que Alfredo Caamal Huchin era culpable de hostigamiento sexual —y no de acoso sexual, como había sido denunciado— imponiéndole lar ridícula multa de 45 pesos. Por si esto fuera poco, a las afectadas nunca se les notificó la sentencia, por lo que no pudieron apelar la resolución.

El caso estuvo lleno de irregularidades. El Ministerio Público Federal no aportó los elementos necesarios para comprobar el delito de acoso sexual. Por ejemplo, desestimó la realización de pruebas psicológicas para certificar el daño que la conducta de Caamal Huchin había provocado en las mujeres, y tampoco se mostró interesado en realizar un careo entre el agresor y las afectadas. Las ocho mujeres que demandaron al funcionario tienen la característica de ser recién egresadas de la universidad, solteras y pertenecientes a la etnia maya. En su denuncia acusaron al Caamal Huchín de tocarlas contra su voluntad e, incluso, obligar a una de ellas a ir con él a un motel.

¿Por qué la denuncia de ocho mujeres fue burlada con una multa de 45 pesos? La respuesta parece estar en las relaciones que este hombre ha forjado a lo largo de su carrera política. Actualmente, Caamal Huchin se desempeña como parte del gabinete de Carlos Mario Villanueva Tenorio, alcalde de Othón P. Blanco. Un gabinete que han levantado suspicacias entre sus habitantes por estar compuesto de varios funcionarios con antecedentes penales. Entre ello, Caamal Huchin, quien desde su comparecencia en este caso se mostró confiado de su “inocencia”, aduciendo que todo se trataba de una maniobra política en su contra.

Image: Stop Sexual Harrasment

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el proyecto de sentencia presentado la semana pasada por el ministro Fernando Franco. En éste se exhortaba al máximo tribunal del país a considerar como inconstitucionales las reformas realizadas a la legislación local del estado de Baja California, donde se ha penalizado el aborto bajo la premisa de “proteger la vida desde su concepción”, dando por sentado que un cigoto y un recién nacido poseen la misma identidad jurídica. Después de tres días de acaloradas discusiones —al interior y exterior del tribunal— el proyecto ha sido desestimado por no alcanzar los ocho votos aprobatorios necesarios.

De los 11 ministros que integran la Suprema Corte, sólo cuatro se manifestaron en contra de declarar la inconstitucionalidad de las reformas. Los siete restantes consideraron que dichas modificaciones no armonizan con lo establecido en la Constitución. Debido a los ánimos caldeados que se han vivido estos días entre grupos pro-abortistas y anti-abortistas en todo el país, el ministro Jorge Pardo —el último en pronunciarse y que consolidó el cuarto voto en contra— hizo énfasis en que la Suprema Corte no estaba decidiendo si estaban sus miembros a favor o en contra del aborto, sino solamente si las reformas a la legislación de Baja California eran inconstitucionales.

Los otros siete ministros que se pronunciaron a favor del proyecto de Fernando Franco consideraron que estas modificaciones proporcionan derechos que desplazan principios establecidos en la Carta Magna —considerar a un cigoto como un ser humano vivo—, creando una colisión contra los derechos de las mujeres y excediéndose en sus atribuciones como congreso estatal. Sin embargo, al no conseguir los ocho votos a favor, la constitución de Baja California permanecerá sin modificación alguna.

Este ha sido uno de los fallos de la Suprema Corte más seguidos en las redes sociales y en los medios tradicionales. Figuras de la política nacional salieron al quite, como fue el caso del presidente Felipe Calderón y la primera dama —participaciones criticadas por la CNDH—, así como todos los aspirantes —y “suspirantes”— para las distintas candidaturas de las próximas elecciones. Queda pendiente aún la discusión en torno a las reformas aplicadas en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, no se tienen muchas expectativas de que el resultado sea distinto al obtenido en la desestimación de este proyecto.

Imagen: Siempre!

En la primaria teníamos un grito de guerra: “el último en llegar es niña”. Después, más avanzados en la educación básica, el “niña” transmutó a “marica”. En la preparatoria, cuando ya no nos importaba ganar una carrera improvisada, la sentencia cambió a “te pones bien nena”. Y así ha continuado en nuestro léxico, variando de cuando en cuando, pero manteniéndose fiel a su esencia: lo femenino como un insulto; como algo degradante; como un instrumento de discriminación. De ahí que la queja realizada por la Conapred no tenga nada de descabellada.

El Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) ha levantado una queja contra la empresa Effem México, responsable por este spot publicitario protagonizado por la cantante y actriz Anahí, perteneciente a la campaña: “No eres tú cuando tienes hambre”. Esto debido a que el anuncio es un flagrante acto de discriminación que reafirma “el esquema de desigualdad de hombres sobre mujeres”, además de incurrir a concepciones machistas y homofóbicas. La queja cuenta con el aval del Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres).

Es un hecho que a la mayoría de los hombres “lo femenino” nos incomoda, especialmente cuando a nosotros se nos tacha de serlo. La frase: “Cada vez que te da hambre te pones como nena” implica una connotación negativa hacia la feminidad; es una forma de reafirmar la creencia de que una mujer está dominada por las “pasiones”, por lo irracional. Y no sólo eso, que su desempeño e interacción interpersonal es más deficiente que la de un hombre. Prejuicios que para muchos es sabiduría del “sentido común”. Incluso para la propia Effem México, quien ha negado ante el Conapred que su publicidad sea ofensiva o misógina. Se defiende diciendo que es una campaña sumamente efectiva, y que ante un grupo piloto no se encontró ningún signo de discriminación.

Pero bueno, todos sabemos que el prejuicio vende. La Conapred tiene la razón y, al menos a mi juicio, el anuncio incurre en actos de discriminación. Sin embargo, como analizaba Pepe Flores en la queja que este Consejo levantó contra el comentarista deportivo Christian Martinoli, la Conapred enfrenta una cruzada perdida de antemano al ser un institución “sin dientes”, creada para mantenerla a raya, gritando desde fuera del escenario sin poder realmente participar en la puesta en escena. No quiero minimizar su labor o dar a entender que no tiene razón de ser. Al contrario, considero que su acción es valiosa y necesaria. Pero mientras esté atada de manos —como la Comisión Nacional de Derechos Humanos— será tan sólo un adorno ruidoso al que todos ningunearán sin la menor afectación.

Imagen: De Chismes

Hay quienes confunden la gimnasia con la magnesia cuando afirman que la tipificación del feminicidio es un “privilegio” (?) concedido injustamente a las mujeres. Llegando, incluso, a compararlo con otras medidas —ciertamente, también polémicas— para salvaguardar la integridad de este sector, como la autorización de los taxis rosas o la destinación de vagones o asientos exclusivos para ellas cuando viajan abordo de los distintos servicios de transporte público. Noticias como la reciente tipificación de este delito en los códigos penales de los estados de Veracruz y Colima podrían llegar a incomodar a quienes ven en estos delitos un “afán separatista” o supuestos planes de dominio mundial à la Pinky y Cerebro por parte de las temibles “feminazis”.

¿Qué es un feminicidio? Ciertamente, es algo distinto a un —llamémoslo “simple”— homicidio perpetrado contra una mujer. En la mayoría de las legislaciones, es posible encontrar la fórmula jurídica de “por motivos de género” cuando se refiere a la causa del asesinato. Esto significa que a la víctima se le asesina por el simple hecho de ser mujer. No para robarle el celular, cobrar una herencia o por accidente. En la mayoría de las legislaciones, para un crimen pueda ser considerado feminicidio debe reunir ciertos elementos, como::

• Que exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad. Incluyendo las relaciones laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad entre el sujeto activo y el pasivo.
  
• Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
• Que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o este sea mutilado.
• Cuando hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, el cuerpo de esta sea expuesto o arrojado en un lugar público y haya sido incomunicada.

Como puede observarse en esta lista, hay varios puntos que implican saña, es decir, inflingir dolor innecesario para quitarle la vida a la víctima; así como muestras simbólicas de degradación, como el mutilamiento del cuerpo después de la muerte o actos de abuso sexual. Mismo caso en los crímenes de odio o por homofobia, donde la razón para que la persona —mujer u hombre— es su orientación sexual. Además, aunque ello no viene especificado, el feminicidio también es una pena que puede ser impuesta a quien cometa este delito contra niñas. De hecho, el primer caso de un criminal procesado por feminicidio en el DF fue el de un hombre que violó y asesinó a su hijastra “porque se mordía las uñas”.

La tipificación de este delito consiste en señalarlo como un crimen distinto al resto. Es decir, del homicidio (un crimen muy general) separar al feminicidio o a los crímenes de odio como asesinatos muy específicos, debido a creencias culturales como “la mujer es propiedad de su padre, su hermano o esposo”, “la mujer es menos valiosa que el hombre”, “la mujer que usa minifaldas provoca a su violador”, etcétera. Al señalar estos crímenes de esta manera, se les pueda conceder penas de cárcel más largas a estos criminales, así como emprender acciones preventivas, como los son las campañas para prevenir la violencia intrafamiliar, o la homofobia. Buscando así reducir la incidencia de estos crímenes.

¿Son estas medidas LA solución? Lamentablemente, no toda. De que son útiles, lo son. Prueba de ellos es que en este momento estemos hablando del tema, al igual que en otros medios de comunicación es abordado. Sin embargo, como menciona la académica Margarita Bejarano Zavala a propósito de la legislación sobre feminicidio en Estado de México:

El OCNF [Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio] ha denunciado que esta clasificación [los elementos enumerados párrafos arriba] se basa en elementos que no se podrán acreditar o que se dejarán a la interpretación del Ministerio Público o los operadores de justicia, abriendo nuevamente la puerta a la impunidad, ya que están cargados de estereotipos y criterios de discriminación que cuestiona la vida personal de la víctima y que son difíciles de probar sin el testimonio de la misma.

Un avance, sí. Pero aún a medias, donde gran parte del trabajo se debe realizar al interior de la sociedad civil, que es más que tú, yo o el vecino. Sino décadas, lustros y siglos de una historia de injusticia y explotación hacia las mujeres y otros colectivos.

Imagen: Medio Ambiente Simbólico