Otra impresionante toma desde las alturas regiomontanas. Pero a diferencia de Alba sobre las mitras, esta fotografía de Demodragon, titulada
Between the clouds, nos muestra el cerro de la Silla. Igualmente impresionante es la fotografía que nos muestra el “detrás de cámaras” de esta imagen.

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Hace unos días se hablaba de las cifras nacionales de muertos por la lucha contra el narcotráfico: 47 mil 515 según cifras oficiales; más de 50 mil según cifras extraoficiales. Pero el saldo aun más incierto de víctimas es el de los desaparecidos. Aquellos que sus familias tienen la esperanza de encontrar con vida, pero viven el día a día con el dolor de su pérdida como si estuvieran muertos. Coahuila lo calculó en este mes como de 1600, y en esta ocasión en el estado de Nuevo León se calcula sea de 800, según Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos (CADHAC) citados por Reforma.

Dicha organización lleva el registro en este estado y reporta 117 casos de desaparición forzada sólo entre 2011 y lo que va de este año, pero estiman que hay hasta 800 desaparecidos pues la mayoría no han sido reportados. De los sí registrados por la CADHAC aproximadamente en un 35 por ciento de los casos están involucrados agentes policiacos (locales y federales), elementos de Marina y el Ejército. El porcentaje restante, 65 por ciento, apunta a la delincuencia organizada, afirmó la directora de la asociación civil, la religiosa Consuelo Morales.

La CADHAC junto con familiares de personas desaparecidas que conforman LUPA (Lucha por amor, verdad y justicia) acudieron al congreso para presionar a los diputados para incluir la propuesta de tipificar el delito de desaparición forzada, en la agenda del período extraordinario de sesiones. “El tema no se ha dictaminado y podríamos decir que nos extraña y mortifica, porque este tema ya los hemos venido trabajando con el diputado César Garza en donde él convocó a los miembros de los partidos” comentó Morales, quien cuestiona los motivos por los cuales sigue detenida esta ley cuando en reuniones durante el 2011, señala, se realizó trabajo serio y técnico en torno a la legislación.

Foto: CADHAC

Bajo el agua hay toda clase de cosas: peces, algas, seres vivos misceláneos y, en el caso de esta imagen, lo que parece ser un pequeño muelle sumergido. Under water de Demodragon, fue fotografiada en Laguna de Labradores, en Galenana, Nuevo León.

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Una de las mayores tragedias que sacudieron a nuestro país durante 2011 fue sin duda el ataque perpetrado contra el Casino Royale en Monterrey en el que perdieron la vida 52 personas. Autoridades de Nuevo León presentaron hoy a Baltazar Saucedo Estrada, conocido como “El Mataperros” autor intelectual del incendio del Casino Royale el pasado mes de agosto, además de algunos otros delitos relacionados con el crimen organizado.

En conferencia de prensa donde estuvieron el vocero Estatal de Seguridad Jorge Domene, el Procurador Adrián de la Garza y el Secretario de Seguridad Pública Jaime Castañeda, también se le atribuyeron a “El Mataperros” las ejecuciones de Germán Quiroz Pérez, jefe de Policía de Santa Catarina quien fuera asesinado en su oficina el pasado 27 de junio y de Homero Salcido, titular del C5, además de la desaparición de varios uniformados de Santa Catarina.

El Procurador Adrián de la Garza informó que Saucedo Estrada se encontraba a las afueras del Casino Royale, supervisando que el incendio del lugar se llevara a cabo, ejecutando la orden que recibiera de sus superiores debido a que los dueños del lugar se habían negado a pagar la cuota por cobro de piso. Se supo que posteriormente “El Mataperros” huyó a varios estados de la República y fue aprehendido cuando regresó a Nuevo León.

La detención se llevó a cabo cuando Saucedo Estrada intentara huir a bordo de una camioneta Windstar con reporte de robo, después de que integrantes de la Fuerza Civil le marcaran el alto. Así fue como, en un hecho fortuito, se llevó a cabo la detención de un sicario buscado por la PGR desde hace meses, cuya cabeza tenía un valor de 15 millones de pesos.

Imagen: SDP Noticias

A veces, lo único que necesitamos para quedar incluso más maravillados con algo, es verlo desde otro ángulo. Algo así sucede con la Sierra de las Mitras en Monterrey. Un sistema montañoso de por sí imponente se vuelve impresionante en Alba sobre las Mitras, una toma aérea de Hotu Matua.

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Vivimos tiempos difíciles. Durante este año, el repunte en la violencia asociada al crimen organizado ha tomado por sorpresa a varias escuelas del país. Gracias a los videos que, tanto alumnos como profesores, han filmado durante balaceras desatadas a escasos metros de sus instituciones educativas, nos hemos enterado de las medidas que los directivos y cuerpo docente han tenido que “improvisar” para poner la vida de los estudiantes a salvo. Ante esta situación alarmante, la Secretaría de Educación Pública ha comenzado a repartir un manual de seguridad escolar, donde además de instruir sobre qué hacer ante la amenaza de un sismo o un incendio, incluye las normas de seguridad básicas a seguir durante un enfrentamiento armado.

La presentación de este manual de seguridad escolar tuvo lugar el día de hoy durante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, presidido por Alonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública. En él, informó que el propósito de esta guía de procedimientos es instruir al alumnado sobre qué hacer frente a situaciones violentas, como un enfrentamiento armado, rumores de actos violentos o, incluso, la presencia de armas en su escuela. Este manual será repartido en todas las instituciones de educación básica, así como a las autoridades estales y municipales correspondientes.

Esta medida dentro de nuestro sistema educativo no es inédita. En junio del año pasado, las secretarías de Educación, Seguridad Pública y Protección Civil de Nuevo León habían publicado y distribuido el Manual y Protocolo de Seguridad Escolar; una guía de 16 páginas donde se recomendaba a docentes y pupilos no asomarse por las ventanas durante un enfrentamiento amado, ponerse bajo tierra al escuchar detonaciones, entre muchas otras. La publicación de este breve manual de seguridad escolar se anticipó a la crisis que vivimos durante este año, cuando escuelas del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, suspendieron clases de forma masiva debido a amenazas del crimen organizado. Trayendo a la mesa del debate la seguridad en las escuelas de todo el país en estos tiempos signados por la violencia producto del Narco.

La medida es, por un lado, dolorosa; pero también necesaria. Dolorosoa y necesaria porque, así como enseñamos a nuestros niños y adolescentes qué hacer ante un sismo —pues vivimos en una zona de gran actividad sísmica—, también ahora debemos prepararlos para que sepan reaccionar ante un enfrentamiento armado o una amenaza de bomba. La violencia continúa volviéndose parte de nuestro día a día…

Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Pero esto es un exceso. El martes pasado —a casi cuatro meses de ocurrido el atentando—, el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, y el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Cuitláhuac Salinas Martínez, ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Monterrey. En ella, ambos funcionarios aseguraron que el inmueble donde operaba el Casino Royale cumplía con todas las normas de seguridad que establece la Ley. Eximiendo de toda responsabilidad jurídica, tanto a los dueños del casino como a los funcionarios implicados en su operación. Sorprende entonces que, un día después —el miércoles 7 de diciembre—, la Procuraduría General de la República —órgano al que ambas dependencias están supeditadas— envió un comunicado de prensa donde se retracta de estas afirmaciones.

En pocas palabras: “dice mi mamá que siempre no”. Contrario a las declaraciones del procurador de Nuevo León y el titular del SIEDO, el comunicado de prensa elaborado por la PGR afirma que las instalaciones del Casino Royale no cumplían con la normativa vigente:

El inmueble denominado Casino Royale, no cumple con las condiciones de seguridad acorde a la Normatividad en Materia de Seguridad Industrial y Protección Civil.

Y no sólo eso, más allá de deslindar del caso a los dueños y funcionarios públicos implicados, afirma que continúan las investigaciones en torno a opacidades legales en su funcionamiento. ¿Y adivinen quién se supone está llevando a cabo las averiguaciones? La misma procuraduría cuyo titular, un día antes, los habías deslindado de toda responsabilidad jurídica:

Al respecto la Procuraduría del Estado [de Nuevo León] informó del inicio de la indagatoria a fin de determinar si en la solicitud y expedición de las licencias de funcionamiento de ese lugar hubo responsabilidad penal atribuible a los propietarios y servidores públicos relacionados; esas investigaciones corresponden a las autoridades locales y podrán encaminarse a indagar respecto de los delitos de fraude específico y ejercicio indebido del servicio público.

Adrián de la Garza, procurador del estado de Nuevo León, afirmó durante la rueda de prensa del martes que no existían indicios para ejercer acción penal contra los dueños del casino, ni contra los funcionarios implicados en su operación. ¿Por qué? Según los peritajes que dieron a conocer ambas dependencias, la muerte de las 52 personas atrapadas en el Casino Royale se debió a la magnitud del incendio, y no a la ausencia de medidas de seguridad en el inmueble. Por lo que, tras compararlo con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, afirmó que “cualquier medida de seguridad no hubiera sido suficiente para detener el siniestro”.

En el mismo comunicado de prensa, la PGR informó que, además de continuar investigando a los miembros del crimen organizado que iniciaron el fuego rociando gasolina en el interior del inmueble (200 litros según los peritajes dados a conocer en la rueda de prensa), también se mantiene una averiguación previa contra servidores públicos involucrados en las opacidades de su funcionamiento. ¿Y ésta quién la está llevando a cabo? Ni más ni menos que el SIEDO, cuyo titular también deslindó a los funcionarios públicos de toda culpa:

Adicionalmente una averiguación previa que se sigue en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, por las probables responsabilidades en que pudieran haber incurrido servidores públicos federales en relación con la obtención de la licencia de funcionamiento del casino y por las máquinas de juegos encontradas en el lugar.

Las declaraciones de ambos funcionarios desataron ayer la inconformidad entre los legisladores de Nuevo León y los deudos de las víctimas. Diputados del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza calificaron los resultados de los peritajes como “un atentado a la inteligencia de los neoleoneses”. Lo cual es comprensible cuando tomamos en cuenta los testimonios de bomeberos y sobrevivientes al ataque perpetrado contra el Casino Royale, donde se informó que incluso existían “salidas de emergencia falsas”.

Imagen: M Noticias

Las concentraciones masivas representan, por regla, un riesgo para la Seguridad Pública; sea un mitin político, un concierto o un partido de fútbol. Basta con pensar en uno de los peores escenarios para entender por qué son un auténtico dolor de cabeza para las autoridades. Imaginemos estar a cargo de la evacuación del Estadio Azteca por una amenaza de bomba. Compliquemos el asunto: imaginemos que esta emergencia ocurra a la mitad de “el Clásico”; es decir, de un partido de América contra Chivas. Desalojar a 105 mil 64 aficionados enardecidos por la interrupción del partido resultaría una auténtica misión imposible. Y sería todavía peor si la alarma comienza a correr entre los espectadores. ¿Puedes imaginar el caos que se viviría al interior del estadio? ¿Podrías estimar el número de víctimas fatales o con lesiones que resultaría? Controlar a las masas no es un asunto fácil.

Sin embargo, ¿hasta qué punto podríamos justificar cualquier acción en aras de mantener la seguridad en los estadios? En nuestro país, como en otras latitudes del mundo, el fútbol enciende pasiones. Los encuentros —a veces, violentos— entre porras enemigas al finalizar las justas se han convertido en un auténtico problema que han orillado a las autoridades, tanto públicas como deportivas, a pedirle a los integrantes de las barras o porras del equipo visitante a que desalojen los estadios cuando restan diez minutos para que termine el partido. Esto con la intención de evitar su encuentro con los aficionados locales. Sin embargo, el día de ayer, durante el encuentro entre los Gallosy los Tigres en el estadio de La Corregidora, en Querétaro, no se aplicó esta medida. En su lugar, elemento de seguridad dispararon balas de, presuntamente, pintura como las que se utiliza en el Gotcha contra las láminas y al aire para “controlar” a la porra del Tigres.

No existe un consenso en qué tipo de balas fueron utilizadas. Medios como Milenio afirman que las balas rebotaban contra las láminas, descartando así que fueran de pintura. Bien podría tratarse de balas de goma, utilizadas por los escuadrones anti-motines alrededor del mundo. O también pudieron ser salvas. Lo cierto es que a través de Twitter, usuarios reportaron la presencia de estos elementos de seguridad apuntándoles con rifles, tal y como se muestra en la imagen que encabeza esta entrada. Según Terra —y en esto coincide con Milenio— hubo reportes a través de esta red social de que existieron disparos. Otros medios, como Excelsior reportan que sólo fueron amenazados. Sea como haya sido, cabe preguntarnos si ésta era la manera más eficiente de controlar a una porra que en el momento no estaba fuera de control, y a la cual no se le había dado la orden de despejar.

Imangen: Regio Blogs

La educación sexual es importante; tanto las enfermedades de transmisión sexual, como en los embarazos no deseados son dos problemas delicados que pueden traer grandes repercusiones y que afectan cada vez a más jóvenes de corta edad. En vista de los 3 mil embarazos en niñas menores de 15 años, Jaime Rodríguez, alcalde del municipio de García, Nuevo León, comenzó un programa de valores para los jóvenes que incluye la firma de un voto de castidad.

El programa “Yo me espero” será impartido a cerca de 18 mil alumnos de educación básica y preparatoria, que además de pláticas sobre valores y talleres, los alumnos voluntariamente firman junto con un testigo un voto de castidad, del cual a continuación presentamos un extracto:

Creyendo en que voy a guardarme para el matrimonio, hago este compromiso para mí, mi familia, mis amigos, mi futuro (a) cónyuge y mis futuros hijos de practicar la abstinencia sexual desde este día y hasta aquel en que entre en un compromiso matrimonial dedicado, monógamo y para toda la vida.

Por otra parte, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez, advirtío que la firma de dicho voto de castidad puede incurrir en vicios de inconstitucionalidad y que el tema seguramente llegaría a la Corte debido a la posibilidad de violar derechos fundamentales al firmar acuerdos con menores. Asimismo, Graciela Buchanan, la presidente del Tribunal Superior de Justicia añadió que menores de edad no se pueden suscribir a acuerdos sin la anuencia de los padres.

Para algunos, lo hecho por el alcalde Rodríguez es digno de aplaudirse, pues busca atacar uno de los problemas que atañen a su municipio y, como se trata de un acuerdo moral voluntario, no se incurre en ninguna falla. Por otro lado, la firma de un voto de castidad no tiene mucho sentido. Una vez más, por sentido común sabemos que cuando se intenta solucionar un problema mediante la prohibición, normalmente se obtienen resultados diferentes a los esperados; además de que el documento tiene “vigencia” hasta el matrimonio, basándose en los ideales religiosos, en lugar de la simple mayoría de edad legal. Personalmente, respeto la decisión de tomar un voto de castidad, pero me parece algo que se determina individualmente, no por la propuesta del alcalde.

Imagen: Terra

Las investigaciones que siguieron al atentado contra el Casino Royale retiraron la rejilla que ocultaba una cloaca enorme, extendida por todo el subsuelo de Monterrey. Esta lamentable tragedia —que cobró la vida de 53 personas—, puso de manifiesto que la tan cacareada “guerra contra el crimen organizado” emprendida por el Gobierno Federal se ha quedado corta. No sólo ante la saña e inhumanidad que no duda en desplegar el crimen organizado —siempre un paso delante de las agencias de inteligencia militar—, sino también en el desarrollo de estrategias que, más allá de jugar a policías y ladrones, logren ponerle un alto a los grupos delictivos sin arriesgar por ello la integridad de los civiles.

El papel del Poder Legislativo —en todos sus niveles— es fundamental para la consecución de dichas estrategias. Sin embargo, aún no existen propuestas legislativas concretas que busquen solucionar de fondo problemas como el lavado de dinero y la corrupción no sólo al interior de las distintas organizaciones policiacas, sino también entre los funcionarios de las diversas dependencias y organismos de gobierno. Parece que, al igual que el Congreso de Nuevo León, se busca más tapar el pozo que evitar que el niño se ahogue. Esto viene al caso porque ayer, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de dicho Congreso, aprobó la iniciativa del gobernador Rodrigo Mediana para prohibir la instalación de nuevos casinos, casas de apuestas y de sorteo en todo el estado.

Esta propuesta muy à la muerto el perro se termina la rabia, será discutida en breve por el pleno, donde de ser aprobada, deberá tener el visto bueno de Secretaría de Gobernación, quien es la encargada de regular todo lo concerniente a juegos de azar y concursos en nuestro país. Lo más seguro es que dichas modificaciones a la constitución local sean aprobadas sin grandes reparos; no porque sea una medida exenta de controversia, sino porque el tema de los juegos de azar, tras el incidente del Casino Royale se ha convertido en un tabú. Si bien la dinámica comercial actual de los casinos se presta para crímenes como el lavado de dinero, ello no implica que uno conlleve lo otro. Significa más bien que hay problemas estructurales que no terminarán con prohibir los casinos, sino que sólo buscarán otro rubro donde poder ampararse, como la venta de bienes inmuebles o bares y centros nocturnos.

Sin embargo, siempre es más fácil —y electoralmente redituable— una reforma que pueda anunciarse con bombo y platillo a una serie de cambios estructurales que incomoden a más de uno.

Imagen: El Weblog de Rapé